La formación localista preguntará sobre la modificación del artículo 33.2 de la Ordenanza Fiscal del IPSI para rebajar el tipo de gravamen de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y de televisión del 10% al 8%, igualándolo al porcentaje aplicado en Melilla.

Según recuerda MDyC en nota de prensa, el acuerdo permitiría "aliviar los bolsillos de aquellos hogares y establecimientos que tienen contratadas varias líneas móviles y acceso a internet".

Un acuerdo que, según han continuado, "se llevaría a cabo tras realizar los correspondientes estudios e informes técnicos, los cuales debían abordarse en la correspondiente Comisión de Hacienda".

Seis meses sin avances en la Comisión de Hacienda

Por ese motivo, el grupo parlamentario va a preguntar al Ejecutivo local "por qué seis meses después de la aprobación de la propuesta, la Consejería de Hacienda sigue sin convocar comisión informativa para abordar el asunto, ni se ha enviado ningún documento que analice y estudie la viabilidad de dicha modificación normativa".

La formación localista quiere que el Ejecutivo explique por qué, medio año después de aprobarse la propuesta, la Consejería de Hacienda todavía no ha convocado una comisión informativa para tratar este asunto.

MDyC reclama equiparar la fiscalidad con Melilla

La formación localista subraya que las telecomunicaciones, especialmente internet y la telefonía móvil, constituyen un "servicio esencial" para las familias, la comunidad educativa y la actividad económica en general. Por este motivo, considera relevante revisar la tributación que soportan estos servicios en la ciudad autónoma.

Finalmente, MDyC sostiene que mantener un tipo del 10% en Ceuta frente al 8% de Melilla supone "un agravio comparativo" entre ambos territorios.

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La formación localista considera que la medida se ha publicado tarde y sin informar previamente a pymes y autónomos, por lo que sostiene que muchos empresarios ya habían pagado el impuesto del tercer trimestre.

El grupo municipal ha dado a conocer este martes la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) del decreto de Hacienda que amplía el plazo de pago.

Según denuncia MDyC, el documento tiene fecha de 19 de octubre, mientras que el periodo para abonar el IPSI del tercer trimestre terminaba el día 20.

MDyC critica la falta de información a los empresarios

Los localistas acusan a la consejera de Hacienda de actuar con “nocturnidad, premeditación y alevosía”, al publicar el decreto el día previo a la finalización del plazo y, según afirman, sin hacer llegar la medida a los empresarios locales para que pudieran posponer el pago.

La formación considera que esta forma de proceder evidencia una “falta de transparencia” y lamenta que la ampliación llegue demasiado tarde para quienes ya han cumplido con sus obligaciones tributarias del tercer trimestre.

Desde MDyC sostienen que el decreto “llegue tarde para el tercer trimestre y con mentiras por parte responsable del Área de Hacienda”, a la que reprochan estar “más preocupada en recaudar que en ayudar a quienes sostienen la economía local de Ceuta”.

Hasta el 20 de abril de 2027 para pagar el IPSI

MDyC recuerda que la ampliación del plazo responde a una propuesta que llevó al Pleno el pasado mes de septiembre. Según explica la formación, la iniciativa buscaba aliviar la carga fiscal de empresarios y autónomos tras la entrada masiva de inmigrantes, al considerar insuficientes las medidas económicas y fiscales recogidas en el Real Decreto-ley 22/2026.

Pese a las críticas por el momento de la publicación, los localistas trasladan a pymes y autónomos que todavía pueden acogerse a la medida. Según la información difundida por el partido, el plazo para pagar el IPSI correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2026 se amplía hasta el 20 de abril de 2027.

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La situación migratoria “sin precedentes” que vive Ceuta a raíz de los acontecimientos vividos los días 30 y 31 de julio “han alterado”, según los localistas, el normal funcionamiento y los recursos de las administraciones públicas y, en definitiva, “la vida cotidiana de la ciudadanía ceutí”.

“La economía local ha visto mermada gran parte de su actividad”

“La economía local que, de por sí, presenta grandes dificultades por las singulares características geográficas y territoriales de la ciudad, también ha visto mermada gran parte de su actividad, lo que ha derivado en una interrupción temporal”, apuntan desde el partido.

Desde el MDyC califican de “insuficientes” las medidas económicas y fiscales destinadas a empresarios y autónomos publicadas en el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por lo que consideran necesario que el Ejecutivo local adopte medidas encaminadas a reducir la carga fiscal de PYMES y autónomos tales como la suspensión de los plazos del IPSI del último semestre del año 2026 con el objetivo de paliar las consecuencias económicas tras la entrada masiva de personas migrantes.

Qué es el IPSI para pymes y autónomos

El IPSI para pymes y autónomos es el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, un tributo propio de Ceuta que grava determinadas actividades económicas, servicios y operaciones de importación.

Para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, su aplicación forma parte de la gestión fiscal habitual de sus negocios.

El impuesto cuenta con particularidades y tipos específicos, así como posibles bonificaciones, deducciones o medidas de apoyo según la actividad y las circunstancias de cada contribuyente.

Su régimen fiscal está vinculado a las características económicas de Ceuta y constituye uno de los principales elementos diferenciadores de su sistema tributario.

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En este contexto, han surgido numerosas dudas sobre si vivir en casa de los padres puede conllevar algún tipo de obligación fiscal.

Aunque en los últimos meses han circulado titulares alarmistas sobre un supuesto impuesto para quienes residen con sus progenitores, la realidad es diferente. La normativa vigente no establece que un hijo tenga que pagar impuestos simplemente por compartir la vivienda habitual con sus padres.

Sin embargo, sí existen determinados supuestos relacionados con la cesión gratuita de una segunda residencia que pueden generar consecuencias tributarias para los propietarios del inmueble.

La diferencia entre la vivienda habitual y una segunda residencia

La clave reside en distinguir entre convivir en la residencia habitual de la familia y ocupar una vivienda distinta propiedad de los padres. Mientras el primer supuesto no supone ninguna novedad fiscal, el segundo puede activar determinadas obligaciones contempladas en la legislación del IRPF.

Cuando un hijo vive junto a sus padres en la residencia habitual, Hacienda no considera esta situación como una donación ni exige el pago de impuestos adicionales. Se trata de una convivencia familiar ordinaria que no genera ninguna obligación tributaria específica ni para el hijo ni para los progenitores.

La situación cambia cuando los padres permiten que un hijo ocupe gratuitamente una segunda vivienda, como un piso heredado, un apartamento o cualquier inmueble distinto del domicilio habitual. En estos casos, la legislación establece que los propietarios deben declarar la denominada imputación de rentas inmobiliarias, prevista en el artículo 85 de la Ley del IRPF.

Esta obligación implica que los titulares del inmueble deberán incluir en su declaración de la renta un rendimiento teórico calculado sobre el valor catastral de la vivienda, aunque no perciban ningún alquiler. Se trata de una obligación que corresponde exclusivamente a los propietarios y no al hijo que reside en el inmueble.

La importancia del contrato de comodato

Los especialistas en fiscalidad recomiendan formalizar la cesión gratuita mediante un contrato de comodato o un documento similar que acredite que la vivienda ha sido cedida sin contraprestación económica. Este documento puede resultar especialmente útil en caso de una comprobación por parte de la Agencia Tributaria.

El contrato puede firmarse de forma privada entre ambas partes y posteriormente presentarse ante la administración competente para dotarlo de una fecha acreditada. Aunque este trámite no supone el pago de impuestos, sí aporta seguridad jurídica y ayuda a demostrar que no existe un alquiler encubierto.

Los expertos recuerdan que el simple empadronamiento del hijo en la vivienda no acredita las condiciones económicas de la cesión, por lo que disponer de un contrato puede evitar problemas en futuras inspecciones.

Qué gastos pueden generar problemas con Hacienda

Otro de los aspectos que conviene tener en cuenta es el reparto de los gastos asociados a la vivienda. Según los especialistas, el hecho de que el hijo pague los suministros habituales, como la luz, el agua o el gas, no modifica el carácter gratuito de la cesión.

Sin embargo, si el ocupante comienza a asumir gastos que corresponden normalmente al propietario, como el IBI, las cuotas de la comunidad de propietarios u otros costes estructurales del inmueble, la Administración podría interpretar que existe una contraprestación económica y considerar que la cesión deja de ser completamente gratuita.

Por este motivo, los asesores fiscales aconsejan documentar correctamente cualquier acuerdo entre padres e hijos cuando la vivienda cedida no sea la residencia habitual de la familia.

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España ingresará 50 millones de dólares, cerca de 43,6 millones de euros al cambio actual, por conquistar el torneo ante Argentina con un resultado de 1-0.

De ese premio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinará el 45% a los jugadores que han formado parte del equipo campeón.

La distribución del dinero hará que cada futbolista perciba, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, alrededor de 754.701 euros brutos.

Sin embargo, la cantidad final que recibirá cada jugador será diferente en función de su residencia fiscal. La tributación del premio del Mundial 2026 no será igual para todos los futbolistas, ya que cada territorio aplica sus propios tipos impositivos y los internacionales que viven fuera de España deberán cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes en sus respectivos países.

Cada jugador percibirá 754.701 euros brutos

La diferencia puede ser especialmente significativa entre jugadores que residen en comunidades autónomas con tipos máximos de IRPF distintos. Según las estimaciones realizadas por Europa Press, Lamine Yamal y Ferran Torres, residentes fiscales en Cataluña, pagarían unos 37.700 euros más que Marcos Llorente, que tributa en la Comunidad de Madrid.

Los cálculos de los Técnicos de Hacienda apuntan a que los jugadores percibirían una cantidad bruta individual cercana a los 754.701 euros. Sobre esa cantidad se aplicaría la tributación correspondiente en España o en el país donde cada futbolista tenga su residencia fiscal.

Estas estimaciones no contemplan una eventual tributación previa en Estados Unidos ni posibles deducciones específicas que puedan corresponder a cada jugador en función de sus circunstancias personales. En el caso de los 17 futbolistas pertenecientes a clubes españoles que integran la selección, la factura fiscal conjunta podría acercarse a los seis millones de euros.

¿Cómo tributa en España el premio por ganar el Mundial 2026?

Los futbolistas que tengan su residencia fiscal en España deberán declarar el dinero recibido por el Mundial 2026 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, conocido como IRPF. Este impuesto combina una parte estatal y otra autonómica, por lo que la cantidad que finalmente se paga puede variar en función de la comunidad autónoma de residencia.

La tarifa estatal del IRPF es progresiva y contempla seis tramos que oscilan entre el 9,50% y el 24,50%. El tipo máximo estatal se aplica a partir de los 300.000 euros de base liquidable. A esta escala se añade posteriormente la tarifa autonómica, que cada comunidad establece dentro de su marco fiscal.

Según el Consejo General de Economistas, las escalas autonómicas pueden presentar diferencias tanto en el número de tramos como en los tipos aplicados. Por este motivo, la factura que Hacienda reclama a cada futbolista por el premio del Mundial 2026 depende, entre otros factores, de dónde tenga fijada su residencia fiscal.

Los jugadores de la selección que se encuentran en los niveles más elevados de renta tributan por los tipos marginales máximos. En España, estos porcentajes pueden situarse aproximadamente entre el 45% y el 54%, dependiendo de la comunidad autónoma.

¿Cuánto pagarán los futbolistas a Hacienda según dónde vivan?

Los futbolistas de la selección que tienen residencia fiscal en España se distribuyen principalmente entre Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia y Navarra. A ellos se suman los internacionales que viven y tributan en otros países europeos, como Reino Unido, Francia y Alemania.

Las estimaciones elaboradas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda sitúan a Cataluña como el territorio con una tributación más elevada de los analizados, con un tipo del 50,14%. Le siguen Galicia, con un 47,14%; Navarra, con un 45,94%; la Comunidad de Madrid, con un 45,14%; y el País Vasco, con un 39,53% en Gipuzkoa y un 39,28% en Bizkaia.

En Madrid tienen su residencia fiscal Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill. Según las estimaciones realizadas a partir de los datos de los Técnicos de Hacienda, estos futbolistas recibirían algo más de 414.000 euros netos después de abonar aproximadamente 340.600 euros a Hacienda.

La situación es diferente para los jugadores que tributan en Cataluña. En este grupo se encuentran Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García y Joan Garcia. La aplicación del tipo estimado del 50,14% supondría que cada uno conservaría alrededor de 376.294 euros netos y pagaría unos 378.701 euros a Hacienda.

En el País Vasco también existen diferencias entre territorios. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams tributarían al 39,28% por residir en Bizkaia, mientras que Mikel Oyarzabal lo haría al 39,53%, correspondiente a Gipuzkoa.

Por su parte, Borja Iglesias, residente fiscal en Galicia, asumiría una tributación estimada del 47,14%. Víctor Muñoz, reciente fichaje del Liverpool, tributaría en Navarra con un tipo medio estimado del 45,94%.

Los futbolistas que tributan fuera de España

El premio del Mundial 2026 también tendrá consecuencias fiscales para los internacionales que desarrollan su carrera profesional en el extranjero. En estos casos, los jugadores deberán atender a las normas tributarias del país en el que mantienen su residencia fiscal.

Rodri Hernández, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedro Porro, Yéremy Pino y Marc Cucurella tributarían en Reino Unido con un tipo estimado del 45%. Fabián Ruiz podría afrontar una tributación del 55,4% en Francia, mientras que Álex Grimaldo tributaría en Alemania con un tipo máximo del 47,5%, de acuerdo con los datos recopilados por Tax Foundation en 2024.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha señalado que la tributación española de este tipo de primas se encuentra en línea con la de otros países europeos como Reino Unido, Francia y Alemania.

El régimen de las Haciendas forales

La situación fiscal de algunos futbolistas también está condicionada por el régimen especial de las Haciendas forales. Gestha recuerda que la doctrina administrativa española considera las primas abonadas por la RFEF como rendimientos del trabajo a efectos del IRPF, incluso cuando no existe una relación laboral directa.

Este criterio tiene consecuencias sobre la posibilidad de aplicar determinadas reducciones fiscales. En concreto, no podría aplicarse la reducción del 30% por rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular cuando durante los cinco años anteriores el contribuyente ya hubiera recibido ingresos de naturaleza similar que se hubieran beneficiado de esa reducción.

Esta circunstancia podría afectar a jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal o Ferran Torres, entre otros internacionales.

El escenario es diferente en los territorios sometidos al régimen de las Haciendas forales. En estos casos, existe una limitación de 300.000 euros sobre la que se pueden aplicar los porcentajes de reducción o integración establecidos por cada administración.

Este sistema podría resultar beneficioso para futbolistas como Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que tributan en territorios forales.

Así, el premio del Mundial 2026 no tendrá el mismo impacto económico para todos los integrantes de la selección. Aunque la cantidad bruta asignada a cada futbolista parte de una cifra similar, la residencia fiscal, el régimen tributario aplicable y las circunstancias personales determinarán cuánto dinero terminará llegando finalmente a sus cuentas.

Los internacionales que desarrollan su carrera en ligas extranjeras, entre ellos Rodri, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Marc Cucurella, Pedro Porro, Yéremy Pino, Alejandro Grimaldo o Fabián Ruiz, asumirán una carga fiscal vinculada a las normas de Reino Unido, Francia o Alemania, respectivamente.

De esta forma, la celebración del Mundial 2026 también tendrá una lectura fiscal. El premio económico que España recibirá por conquistar el campeonato generará ingresos para la RFEF y para los futbolistas, pero una parte importante de esas cantidades terminará en las arcas públicas a través de Hacienda y de los sistemas tributarios de los países donde los jugadores tienen establecida su residencia fiscal.

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Todos los asuntos fueron aprobados, aunque con distintos posicionamientos por parte de los grupos políticos.

La reunión estuvo presidida por la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, quien detalló la pasada semana contenido de cada uno de los expedientes y justificó la necesidad de acometer estas modificaciones presupuestarias para garantizar la financiación de actuaciones ya ejecutadas o previstas.

Los expedientes deberán ser elevados para su aprobación definitiva en el Pleno de la Asamblea, cuya celebración está prevista para el próximo 31 de julio, si se cumplen las previsiones del Gobierno de la Ciudad.

Primer expediente calificado como Calimidad pública: 22 millones para financiar actuaciones de emergencia

El primero de los expedientes de modificación de crédito salió adelante con el voto favorable del Partido Popular, Ceuta Ya! y los diputados no adscritos, mientras que MDyC y PSOE optaron por la abstención.

Según explicó Chandiramani, esta modificación presupuestaria responde a la necesidad de dotar económicamente las numerosas obras de emergencia que la Ciudad tuvo que aprobar tras los temporales que afectaron a Ceuta y que ocasionaron importantes daños en distintas infraestructuras públicas.

La consejera recordó que el volumen de actuaciones aprobadas asciende a cerca de 22 millones de euros, una cantidad que permitirá cubrir el 100 % del coste de las intervenciones ejecutadas o en marcha.

Actuaciones en colegios, viviendas, playas y espacios públicos

Entre las inversiones más destacadas figuran los trabajos realizados en colegios y universidades, que cuentan con una dotación de 2,7 millones de euros, así como las actuaciones desarrolladas en viviendas de las barriadas de Juan Carlos I, Loma Colmenar y O'Donnell, con un presupuesto de 6,8 millones.

A ello se suman los trabajos de regeneración de playas y aportación de arena, dotados con 2,4 millones de euros, y las labores de restauración de zonas forestales, que alcanzan los 1,2 millones.

El expediente también contempla la financiación de la actuación en la pasarela de Juan XXIII, cuya estructura provisional ya está siendo instalada, con una inversión de 1,9 millones de euros, además del refuerzo de taludes en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la zona de Alcalá del Valle, por importe de 1,4 millones, y actuaciones en edificios públicos y polideportivos, con una consignación de 2,5 millones de euros.

Segundo expediente: amortización de deuda y refuerzo económica para la AD Ceuta

El segundo expediente, ya dentro de la modificación de crédito ordrinaria, recibió el respaldo del PP y de los diputados no adscritos, mientras que PSOE, MDyC y Ceuta Ya! se abstuvieron.

La principal medida recogida en esta modificación presupuestaria consiste en adelantar la amortización de deuda de la Ciudad por un importe total de 12.786.254,56 euros, utilizando para ello el remanente positivo de tesorería correspondiente al ejercicio anterior.

La consejera explicó que la legislación establece que los remanentes positivos deben destinarse prioritariamente al pago de deuda, ya sea bancaria o comercial, motivo por el que el Gobierno local ha optado por aplicar esos fondos a reducir el endeudamiento de la Administración.

Más fondos para la AD Ceuta y para el colegio Ramón y Cajal

Además de la amortización de deuda, el expediente contempla distintos movimientos entre partidas presupuestarias de Servicios Tributarios y Emvicesa, que permitirán incrementar en 1.350.000 euros la subvención destinada a la Agrupación Deportiva Ceuta.

Según explicó Chandiramani, este aumento responde al incremento de los gastos organizativos que el club ha tenido que afrontar durante la temporada, especialmente los relacionados con la seguridad, la organización de los encuentros y otras necesidades derivadas de la competición.

El expediente también incorpora una partida de 500.000 euros para financiar las obras realizadas en el colegio Ramón y Cajal, cuya actuación se produjo el pasado mes de noviembre.

Tercer expediente: respaldo a los proyectos estratégicos

El tercer expediente obtuvo el apoyo del Partido Popular y de los diputados no adscritos, mientras que PSOE y MDyC se abstuvieron y Ceuta Ya! votó en contra.

Esta modificación presupuestaria permitirá continuar impulsando dos de los proyectos estratégicos promovidos por el Gobierno de la Ciudad. El primero de ellos es la incubadora Odissea, una iniciativa orientada al desarrollo empresarial y tecnológico.

El segundo corresponde a GASIB, la sociedad que asumirá la gestión del gas butano en Ceuta, un proyecto que el Ejecutivo considera estratégico para mejorar la prestación de este servicio en la ciudad.

Aprobación definitiva prevista para finales de julio

Con el visto bueno de la Comisión Informativa, los tres expedientes iniciarán ahora su tramitación final antes de ser sometidos a debate y votación en el Pleno de la Asamblea.

Si se cumplen las previsiones del Ejecutivo local, las modificaciones presupuestarias serán aprobadas definitivamente el próximo 31 de julio, lo que permitirá disponer de los recursos necesarios para financiar las actuaciones de emergencia ya ejecutadas, reducir deuda, reforzar inversiones y continuar desarrollando los proyectos considerados prioritarios por el Gobierno de la Ciudad.

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De este modo, el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró el mes de junio con una tasa interanual del 3%, lo que supone un incremento de seis décimas respecto al 2,4% registrado en mayo y confirma un nuevo repunte de la inflación en la ciudad.

Así, la subida rompe con la moderación experimentada en mayo y devuelve la inflación a niveles cercanos a la media nacional. En el conjunto de España, el IPC se mantuvo estable en el 3,2%, por lo que Ceuta continúa dos décimas por debajo del dato estatal.

El crecimiento del IPC por sectores

Por grupos de consumo, el mayor incremento interanual corresponde al transporte, cuyos precios aumentaron un 5,7% respecto a junio del año pasado. También destacan las subidas registradas en restaurantes y hoteles (+5%), bebidas alcohólicas y tabaco (+3,7%) y educación (+3%).

Por encima de la media también se situaron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 2,7%, así como ocio y cultura (+2,6%) y sanidad (+2,5%).

En cambio, el encarecimiento fue más moderado en otros bienes y servicios (+1,8%), alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,5%), muebles y artículos del hogar (+1%) y vestido y calzado (+0,6%). La única categoría que registró una caída de precios fue la de información y comunicaciones, con un descenso del 0,3%.

Los datos nacionales

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias (2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Cataluña (+0,1%) fueron las comunidades donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón donde menos, con retrocesos del 0,2%, 0,2% y 0,2%, respectivamente.

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El objetivo de los delincuentes es conseguir que las víctimas accedan a un enlace y faciliten información personal o bancaria.

El engaño llega en forma de mensaje de texto aparentemente enviado por Hacienda, en el que se informa de una supuesta devolución de impuestos, una incidencia relacionada con la declaración de la renta o un trámite fiscal pendiente. Todo ello acompañado de un enlace que invita al usuario a actuar con rapidez.

Sin embargo, se trata de una nueva modalidad de 'smishing', una técnica cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes para obtener datos confidenciales aprovechando la confianza que generan instituciones oficiales.

Así funciona la estafa

Los delincuentes envían mensajes que imitan el aspecto de las comunicaciones oficiales de la Agencia Tributaria. En ellos se hace referencia a supuestas devoluciones económicas, incidencias fiscales o gestiones pendientes, con el propósito de despertar la preocupación o el interés del destinatario.

La estrategia consiste en que la persona pulse sobre el enlace incluido en el SMS. A partir de ese momento puede ser redirigida a una página web que simula ser la sede electrónica de Hacienda y donde se le solicita introducir datos personales, credenciales de acceso o incluso información bancaria.

Los expertos recuerdan que este tipo de campañas buscan robar información sensible que posteriormente puede utilizarse para cometer operaciones fraudulentas o acceder a cuentas bancarias.

Las advertencias sobre estos mensajes no han tardado en difundirse entre los propios ciudadanos, que han compartido capturas de los SMS recibidos para alertar a otros usuarios del intento de estafa.

Hacienda no solicita datos confidenciales por SMS

Ante este nuevo intento de fraude, las recomendaciones son claras. La Agencia Tributaria no utiliza mensajes de texto para pedir números de cuenta, contraseñas, claves de acceso ni datos de tarjetas bancarias.

Por ese motivo, cualquier SMS que solicite este tipo de información debe considerarse sospechoso.

Si existe alguna duda sobre una posible comunicación de Hacienda, lo aconsejable es no acceder nunca al enlace recibido y comprobar cualquier aviso directamente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria o mediante sus canales oficiales.

Los especialistas también insisten en que no debe actuarse por impulso cuando un mensaje exige realizar una gestión urgente o promete el ingreso de dinero de forma inesperada, ya que precisamente esa sensación de urgencia es una de las herramientas más utilizadas por los estafadores.

Qué hacer si recibes uno de estos mensajes

Las recomendaciones de los expertos en ciberseguridad pasan por adoptar una actitud de máxima prudencia ante este tipo de comunicaciones.

Entre las principales medidas destacan:

• No abrir el enlace incluido en el SMS.
• No facilitar datos personales ni bancarios.
• Eliminar el mensaje una vez identificado como fraudulento.
• Verificar cualquier gestión directamente en los canales oficiales de la Agencia Tributaria.

Los especialistas recuerdan además que el 'smishing' se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital con mayor crecimiento en los últimos años. Los delincuentes aprovechan la imagen de organismos públicos, entidades bancarias o empresas conocidas para generar confianza y aumentar las posibilidades de que la víctima caiga en el engaño.

Este tipo de campañas suelen intensificarse durante periodos relacionados con las obligaciones tributarias o con otros trámites administrativos, momentos en los que resulta más creíble recibir comunicaciones aparentemente oficiales.

Por ello, la mejor defensa sigue siendo desconfiar de cualquier mensaje que solicite actuar de inmediato o facilite un enlace para introducir información personal. Antes de realizar cualquier gestión, siempre es recomendable acceder directamente a la página oficial del organismo correspondiente en lugar de hacerlo a través del enlace recibido por SMS.

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Consulte aquí la lista de grandes morosos de Hacienda

Pero para aparecer en este listado no hace falta solo ser deudor con la Hacienda Pública, hay que deberle al erario público más de 600.000 euros, por este motivo los nombres de personalidades y grandes empresas son protagonistas en esta peculiar lista (negra) de la que no es plato de gusto formar parte.

Regresos tras varios años fuera del listado

Entre los nombres que vuelven a aparecer figuran la presentadora Patricia Conde, con una deuda de 714.615 euros, y el colaborador televisivo Kiko Matamoros, que figura con 600.740 euros. Ambos regresan a la lista tras dos y tres años sin estar incluidos.

Nuevas incorporaciones

El informe incorpora también a entidades deportivas internacionales y nacionales. Entre las novedades destacan el Fútbol Club Cartagena, con una deuda de 1,25 millones de euros, y el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con 920.000 euros.

Salidas por regularización o ajustes de deuda

En el lado contrario, abandonan la lista varios contribuyentes por haber saldado su deuda, reducido el importe por debajo del umbral o por aplazamientos o suspensiones. Entre ellos figuran el empresario Diego Torres, la extinta aerolínea Spanair, el Real Jaén o el grupo empresarial de Rafael Gómez Sánchez, entre otros.

Figuras que repiten en el ranking

La lista mantiene a varios nombres conocidos que ya figuraban en ediciones anteriores. Entre ellos aparecen el exbanquero Mario Conde, la actriz Paz Vega, la cantante Isabel Pantoja y el presentador Bertín Osborne, con variaciones en sus respectivas deudas.

Un listado que refleja más de 13.000 millones en deuda

El conjunto de grandes deudores refleja un volumen global que supera los 13.000 millones de euros (13.697 para ser exactos). La Agencia Tributaria recuerda que se incluyen aquellos contribuyentes con deudas firmes superiores a 600.000 euros a cierre del ejercicio 2025.

Un ranking que mezcla deporte, empresa y rostros conocidos

Junto a los perfiles más mediáticos, continúan apareciendo empresarios, exdeportistas y figuras del ámbito cultural y económico, configurando un listado que vuelve a combinar notoriedad pública y grandes cifras de deuda con la Administración.

Entre los contribuyentes que repiten en la lista figuran el banquero Mario Conde (1,92 millones, 1,88 millones menos), la actriz Paz Vega (1,84 millones, 460.000 euros menos) y los cantantes Isabel Pantoja (1,27 millones, 270.000 euros más) y Bertín Osborne (830.000 euros, 70.000 menos).

También continúan en ese ránking el empresario Ángel de Cabo (10,7 millones), el exárbitro José Enríquez Negreira (1,08 millones), el empresario Agapito García (14,93 millones), el empresario y expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart (990.000 euros), el comisionista Luis Medina (640.000 euros), el empresario Francisco Roig (7,95 millones), el exfutbolista Arda Turan (1,26 millones) o el escritor César Vidal (2,13 millones), así como Ramón Olivares (36,93 millones) y Antonio Rivera (1,09 millones).

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