Casi un año después, se ha dado luz verde a ese trámite, cumpliéndose con un deber que parece haberse convertido en la última justicia en el caso Emvicesa, al menos la que afecta a quienes fueron diputados, los expolíticos Susana Román, Mohamed Alí y Rabea Mohamed.

La secretaria general ha trasladado un informe a la Mesa de la Asamblea comunicando que los tres tenían derecho a una asistencia letrada abonada por la Ciudad, ya que se vieron implicados en esta macrocausa por su condición de diputados.

Quedaron absueltos, sin confirmarse las acusaciones que les llevaron a ser detenidos en un operativo de la Policía Nacional que, de hecho, nunca ha vuelto a repetirse con estas características en nuestra ciudad.

Normativa y su cumplimiento

Se cumple con la normativa, igual que en otros casos en los que se han visto afectados políticos que han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados por su propia actividad en la Asamblea.

Los tres expolíticos vieron, en diciembre de 2024, resuelta su situación procesal quedando libres de cualquier condena. Pasaron un auténtico calvario, y así lo contaron en sede judicial. Tuvieron que hacer frente a los costes de la asistencia letrada que buscaron por su cuenta.

Ahora la Mesa de la Asamblea da el visto bueno a lo que es un derecho que viene recogido en el reglamento.

Precisamente esa Mesa se ha reunido este lunes para fijar los días de plenos para septiembre, que tendrán lugar el lunes 29 y el martes 30, es decir, la semana próxima.

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Condenado por un delito intentado de prevaricación y otro consumado y continuado de cohecho, que le valieron cinco años de prisión y cinco años y tres meses de inhabilitación, ha sido presentado como experto inmobiliario y CEO de la empresa Invest Lux Marbella en el programa TardeAR, emitido en Telecinco.

Hay que recordar que esa sentencia de la Audiencia no es firme ya que, de hecho, el equipo de abogados de López prepara recurso ante el Supremo para ser presentado en el momento procesal oportuno. Tienen la certeza de que saldrá absuelto.

La intervención de López no ha pasado desapercibida. Participó en un debate con los colaboradores del magazín presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto para comentar la mansión de lujo que Ibai Llanos visitó recientemente en Marbella, valorada en 70 millones de euros, y que se considera la más cara de España.

Durante su participación, Antonio López aportó detalles del mercado inmobiliario de alto standing en la Costa del Sol, y más concretamente en la urbanización Sierra Blanca. “Cuando uno tiene la posibilidad de gastar 70 millones puede comprar lo que realmente quiere”, aseguró por videoconferencia desde un despacho.

Sierra Blanca: 1.200 euros el metro cuadrado

Según explicó, la propiedad visitada por Ibai Llanos se ubica en una de las zonas más exclusivas del corazón de la Costa del Sol: “Si analizamos exclusivamente el mercado, Sierra Blanca es la urbanización privada más lujosa de Marbella a solo 2 minutos en coche de las playas y amenities de Marbella”.

Además, añadió que solo el valor del terreno ya justifica una gran parte del precio: “En esa urbanización concretamente quedan muy pocas parcelas a desarrollar y aproximadamente el metro cuadrado suele estar en torno a los 1.200 euros. Si multiplicamos por 14.000 metros cuadrados que tiene, ya prácticamente 20 millones son para el suelo”.

 

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López también habló del perfil de los compradores: “Este tipo de propiedades se mueven en círculos muy privados, de alto standing, que realmente la gente no quiere que se sepa quién es la parte compradora ni vendedora, muchas veces también son fondos de inversión (family office) que se dedican a invertir, poner en valor y después vender obviamente con un rédito”.

El experto inmobiliario estimó que el coste mensual de mantenimiento de la mansión ronda los 100.000 euros. En cuanto al alquiler, aseguró que estas viviendas de lujo pueden alcanzar cifras desorbitadas: “Alquiler en Sierra Blanca por casas que hemos gestionado nosotros desde la agencia de 5 o 6 dormitorios, han estado pagando 50.000 euros la semana” y “esta casa no tiene comparación en el mercado. Te puede pedir 250.000 euros la semana, medio millón, lo que se te quiera pedir”.

López: "Se lleva una comisión del 5%"

Preguntado por el periodista Antonio Montero sobre su comisión como intermediario, López se refirió a cláusulas de confidencialidad, pero reconoció que “se lleva una comisión del 5%”.

El perfil del comprador, según López, es internacional: “Generalmente el tipo de público al que va dirigido es no nacional, que normalmente tienen residencias en todo el mundo y que lo que le gusta es pasar aquí una quincena con la familia o los amigos”. Entre sus clientes más habituales citó a “realeza de Oriente Medio, criptomilmillonarios”.

Villa Bellagio, "el Santiago Bernabéu metido en una casa"

El fenómeno mediático que dio pie a este debate fue la publicación de un vídeo del creador de contenido Ibai Llanos, que visitó Villa Bellagio, una impresionante mansión situada en Sierra Blanca, Marbella, valorada en 70 millones de euros. La residencia, construida sobre una parcela de 14.000 metros cuadrados y con 3.724 metros cuadrados habitables, ha sido calificada como “la más cara de España”.

Ibai definió la propiedad como “el Santiago Bernabéu metido en una casa”. El inmueble cuenta con 13 dormitorios y 16 baños (con 25 váteres), un spa de cinco estrellas, piscina cubierta, sauna finlandesa, hamman, gimnasio, salón de peluquería, bolera doble profesional, cine privado para 22 personas y hasta cuatro cocinas, una de ellas de 60 metros cuadrados.

En el exterior, destaca un jardín monumental, 14 terrazas y un garaje con capacidad de exposición para doce vehículos, además de una instalación subterránea adicional con espacio para 30 coches más. La piscina exterior tiene 22 metros de longitud y completa la estampa de lujo que Ibai mostró a sus millones de seguidores.

La reaparición televisiva de Antonio López

La aparición de Antonio López en un espacio de máxima audiencia como TardeAR y su tratamiento como experto inmobiliario ha causado sorpresa, especialmente en Ceuta, donde su nombre continúa ligado al caso Emvicesa, uno de los más relevantes de los últimos años.

Por ahora, Antonio López parece haberse reinventado como figura del mercado inmobiliario de lujo, pero su pasado reciente sigue proyectando una sombra que, al menos en Ceuta, no pasa desapercibida.

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Una es la reguladora de las actuaciones de protección pública en materia de vivienda en Ceuta, la otra la alusiva al registro de demandantes de vivienda. Ambas cumplen ahora el plazo de consulta pública.

Pues bien, destaca, entre toda la hilera de propósitos contemplados en esta segunda ordenanza, la alusiva al registro de demandantes, la intención que tiene el Ejecutivo de suprimir la Comisión Local de la Vivienda como órgano de selección de adjudicatarios de viviendas públicas protegidas.

La polémica del caso Emvicesa

La denominada CLV arrastra la polémica del Caso Emvicesa, cuya sentencia dictada por la Audiencia de Ceuta derivó en la condena de quien había sido el rostro político del Gobierno en materia de vivienda pública, Antonio López.

El objetivo de la Ciudad es eliminar por siempre dicho órgano. Así se recoge en la memoria de participación de la ciudadanía incluida en el procedimiento de modificación de la ordenanza del registro de demandantes de vivienda.

Tras años bloqueada, debido al escándalo de aquella macrocausa que destapó la Udyco, la Comisión Local de la Vivienda se reunió por vez primera en esta legislatura para desbloquear pisos vacíos en promociones como las de Serrano Orive, Solís y Padre Feijoo.

Ahora la intención del Ejecutivo local es suprimirla.

Las críticas vertidas sobre la Comisión Local de la Vivienda

La gestión de Emvicesa salió muy mal parada en la sentencia de aquel mediático caso. El órgano del máximo órgano judicial en nuestra ciudad aludió a la “absoluta falta de control”, evidenciando la inutilidad de una CLV que no operó como debía.

Como entidad reguladora de ese registro de demandantes dejará de existir, que es lo que se propone la Ciudad.

Con carácter previo a la elaboración del reglamento de demandantes se somete a consulta pública para recabar opiniones acerca de los problemas que se quieren solucionar, la necesidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Criterios de selección y rapidez

“La selección y adjudicación de las viviendas protegidas/con protección pública requieren la tramitación de un procedimiento proceloso que carece de la agilidad necesaria que requiere la entrega de viviendas de protección pública, tanto de nueva construcción como vacías”, avanza la Ciudad en esta memoria.

“En este último aspecto, el proyecto de Ordenanza establece junto al sistema de baremación y el sorteo, la antigüedad de la inscripción en el Registro entre los sistemas de selección”, expone.
“El nuevo Registro de Demandantes simplificará de manera importante los procesos, otorgando desde el momento de la inscripción, la puntuación y el orden del solicitante para cualquiera de los sistemas de selección previstos”.

Un registro de demandantes actualizado

“La existencia de un Registro de demandantes en funcionamiento y la nueva regulación que se pretende debe disponer el régimen transitorio aplicable, a fin de facilitar la incorporación al nuevo Registro de todos los demandantes que acrediten los requisitos de inscripción”, concreta.

Se busca esa aprobación para actualizar y adaptar el registro de demandantes de vivienda.

Entre los objetivos, además de suprimir la Comisión Local de la Vivienda, se aboga por actualizar la normativa obsoleta a las necesidades y cambios normativos, simplificar la participación de los demandantes de vivienda, su proceso de inscripción además de seguridad y actualizar los criterios de ingresos y renta, así como las condiciones de acceso a las viviendas.

Ordenanza en materia de vivienda

En cuanto a la ordenanza de las actuaciones de protección pública en materia de vivienda en Ceuta se busca solucionar la falta de viviendas sociales y asequibles en el ámbito municipal tanto en arrendamiento como compraventa para dar respuesta a la demanda de los sectores de población con problemas de acceso a una vivienda.

“Los distintos ejes del citado Plan y las ambiciosas subvenciones que acompañan su ejecución requieren la calificación de las promociones de viviendas previstas bajo algún régimen de protección pública, al objeto de limitar tanto los precios de venta y renta, como de establecer los requisitos y condiciones de adjudicación”, apunta en la memoria.

Entre los objetivos figuran, por ejemplo, establecer los precios máximos de venta y renta, así como las condiciones obligatorias de los contratos.

PUEDE CONSULTAR LAS DOS MEMORIAS ÍNTEGRAS AQUÍ

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El Ministerio Fiscal, tras escuchar a todos los testigos y acusados, siguió con su escrito inicial pidiendo sentencia condenatoria, mientras que las Defensas pidieron la libre absolución de sus representados.

El miembro del Ministerio Público señaló que se detectaron unas comunicaciones mientras se realizaba otra operación (la de Emvicesa), en la que la investigación policial llevó a que se centrara en dos expedientes. “En relación al primero, no hay objetivo de discusión, que tras su tramitación y adjudicación a Anasal fue finalmente Zaygon el que ejecutó las obras en las 108 viviendas”.

“Todos han defendido que es legal una subcontrata, que es verdad que eso es legal, pero al no avisarlo está provocando una prevaricación. Ha sido un acuerdo privado entre dos particulares que no comunicaron a Acemsa”, ha resaltado.

La adjudicación del contrato de obra

 El segundo de los motivos, que según Fiscalía apunta a que hay indicios de delito, se trata de una segunda adjudicación en Hernández de Soto donde solo presentó oferta la empresa Zaygon.

En este sentido, Fiscalía entiende que hay una prevaricación ya que existe “una clara inducción” en las escuchas telefónicas. “El representante de Zaygon dice perfectamente en la conversación que hagan lo que sea para llevar a cabo las obras y ser ellos los adjudicatarios”.

“Puede ser que todos los trabajadores tengan normalizada esta conducta, pero eso no lo convierte en legal. Que otras veces se haya hecho y no se haya podido ‘pillar’ no hace que estén haciendo las cosas dentro de la legalidad”, ha insistido el fiscal.

La falsedad documental

Además, defendió que existe una falsedad documental por parte del propietario de Anasal y Zaygon, así como el trabajador de esta última empresa. “El trabajador era un cooperador necesario en todo este organigrama. Vale que hiciera las cosas que le mandara el jefe, pero no por eso tiene que hacer todo lo que le diga a sabiendas que es ilegal”.

Sobre el delito de tráfico de influencias que se le acusa al presidente de la comunidad de las 108 viviendas, Fiscalía señala que “se acogieron a su derecho a no declarar y por eso tenemos que dar por válida lo que obra en nuestro escrito”.

Turno de las Defensas

En el turno de las Defensas, el primer letrado fue el que defendía los intereses del propietario de Zaygon. Criticó el escrito fiscal que ha llevado a sentar hasta 8 personas en el banquillo de los acusados. Ha llegado incluso a decir que “no tiene sentido alguno”.

“No hay prevaricación por ningún lado. De relevación de secretos se comprueba que licitación ya había sido publicada por lo que tampoco existe, no hay llamada que diga que se le filtrara antes de tiempo”, añadió.

Las 108 viviendas

La letrada del presidente de la comunidad de las 108 viviendas, señaló que ha sido imposible en esta vista oral que ha durado dos días que se “desvirtuara la presunción inocencia”.

Defendió que Fiscalía señaló que hay indicios de tráfico de influencias, pero que eso, a su juicio, “no acredita que mi representado cometiera el delito”.

“No hay ningún funcionario público, el propietario de Zaygon figura como empresario, es imposible que pueda ser condenado por ese delito. Los 3 testigos han dejado muy claro que los presidentes de comunidad no tienen posibilidad de intervenir en la adjudicación del contrato. Por lo tanto, ¿en quién ha podido influir mi representado?”, ha señalado.

Esta letrada terminó diciendo que la policía ha tenido un esquema en su cabeza desde el principio y que se ha dejado influenciar “por la otra operación” que estaban llevando conjuntamente.

Un acusado en el que no se habló en el juicio

En lo que se refiere a la letrada que defendía los intereses de uno de los acusados que está por salir en un informe patrimonial de la empresa Zaygon, ha ironizado preguntándose que no entiende por qué su representado está como acusado.

“No aparece a lo largo de la investigación policial, solo sale en un informe patrimonial de la empresa Zaygon. El inspector mismo ha dicho que no se le investigó …el Ministerio Fiscal cuando redacta el escrito se equivoca de persona por el apellido, se equivoca hasta en su DNI. Mi representado está aquí de rebote”.

Por último, la letrada lamentó que su representado estuviera sentado en el banquillo ya que “no solo no se ha hablado en toda la investigación de él, sino que tampoco se ha hablado en todo el juicio”.

La Defensa de los trabajadores de Acemsa tiene claro que no cabe otra sentencia que la absolutoria, no solo para sus representados sino para todos los acusados.

“De la prueba practicada no existe ningún indicio que pueda servir para condenarlo. La única prueba cargo se basa en un informe de la policía que está sacado de contexto”.

Crítica al informe policial

En ese sentido, enumeró diferentes datos del informe policial que a su juicio son criticables. “Decía que su grupo no se dedicaba a este tipo de delito, sino a la droga. Ha señalado que no conoce las peculiaridades de las licitaciones, de los sobres, de las adjudicaciones. No conoce la figura de la subcontrata de una obra…”, ha reprochado sobre la labor de quien llevó la investigación.

Además, criticó que se tardara hasta 11 meses para presentar el atestado policial, desde que tiene conocimiento de la primera escucha. “Vulnera la inmediatez de los hechos delictivos”.

Por último, señaló que presentaron dos certificados de la ciudad autónoma que demuestra que no hay quebranto alguno. En caso de condena, el letrado pidió que se aplicara una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

El trabajador de Zaygon

 En lo que se refiere al letrado de la Defensa del trabajador de Zaygon, éste se adhirió a lo manifestado por sus compañeros y pidió la libre absolución de su representado.

Más crítico fue el letrado del dueño de la gestoría, que señaló que podrían haber estado celebrando durante 10 días el juicio y “nunca hubiera salido el nombre de mi representado.

“Se sienta aquí después de 7 años y todavía no sabemos el porqué. Le acusan de prevaricación como cooperador cuando ni siquiera conocía personalmente a uno de los trabajadores de Acemsa”.

El último letrado fue el que defendía los intereses del propietario de Anasal. Éste explicó que el no quería dinero, “solo la baremación por lo que no hay ánimo de lucro”.

Insistió que la subcontratación de Anasal a Zaygon estaba dentro de la legalidad, que así lo manifestaron todos los testigos. Por último, que el inspector de policía, en su informe, manifiestó que no se veía indicio para llevar a su representado como investigado, sino que debía ser citado como testigo.

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¿Se hacían chanchullos para adjudicar obras menores del sector público o era una tónica habitual en las empresas que trabajaban para Acemsa dentro de la legalidad?

Esa es una de las respuestas que tiene que dar el tribunal de la Sección VI con sede en Ceuta tras las declaraciones que han ofrecido este miércoles tanto el inspector jefe de la Udyco que se encargó de la investigación como tras la declaración de los propios acusados.

El policía que llevó la operación

El primero en comenzar estas declaraciones fue el agente policial, que señaló que estas investigaciones surgen tras unas escuchas telefónicas en las que se “deduce” un presunto tráfico de influencias por la adjudicación de obras a una sociedad de construcción de la que era copropietario uno de los empleados de Emvicesa, que fue acusado en la trama dirigida por Antonio López y posteriormente quedó absuelto.

“No tenía nada que ver con la operación que se llevaba a cabo (la de Emvicesa) y se decidió hacer una paralela para no viciar ninguna de las dos operaciones”, ha puntualizado.

En esta sesión se han oído las escuchas telefónicas. Unas llamadas que ha ido relatando el inspector jefe de la Policía Nacional y por las que decidieron llevar a cabo esta investigación.

La primera conversación es el propietario de la empresa Zaygon con un trabajador de Acemsa sobre unas obras en las 108 viviendas. Según el policía se le facilitó información previa para que terminara siendo el adjudicatario. “La primera conversación ya se detonaba que estaban seguros que la obra se la iban a dar a ellos sí o sí”.

Conversaciones telefónicas

Esas primeras conversaciones surgen en noviembre de 2016, el policía ha explicado que este trabajador le daba todo tipo de documentación previa y que se la hacía llegar a través de un trabajador de Zaygon o de una gestoría de otro de los acusados.

Para la forma de entender del agente, se denota cierta irregularidad cuando finalmente la obra es adjudicada a Anasal SL. “Esa información se la da el trabajador de Acemsa al propietario de Zaygon, dándole información de que había sido adjudicada porque fue económicamente más ventajosa por un céntimo”.

En este sentido, se escucharon en la llamada las quejas de este empresario, diciendo expresiones como “que forma de putearme”. Posteriormente llamó al trabajador de su empresa y le dijo “vete a hablar con el presidente de la comunidad de las 108 y que hagan lo que sea pero que las obras no comiencen”.

Enfado por la adjudicación

En otra de la llamadas se puede escuchar como habla el propietario de la empresa de Zaygon con el de Anasal. “En esta conversación, tras hablar con su socio, el propietario de Anasal le propone que ellos hagan la obra pero que él las factura”, ha detallado el policía.

“Se denotan ciertas irregularidades, había otra investigación al paralelo que era muy importante y no podíamos tocar a las instituciones para no entorpecer la operación”, ha detallado.

Además, el agente no ve “lógico” que todo se solucionara en una conversación entre los propietarios de la empresa de Zaygon y Anasal. “No es lógico, a nuestra forma de entender, que una empresa facture pero que sea otra la que realice las obras. Eso nos hizo pensar en las irregularidades y por eso quisimos ponerlo en conocimiento de la justicia. Lo hicimos para así poder pedirle explicaciones a Acemsa”.

La Defensa cuestiona el trabajo policial

El proceso de adjudicación se realiza, después de 2015, presentando diferentes ofertas en sobres cerrados y una vez termina el plazo se ve cuál es la oferta más ventajosa para realizar los trabajos. Se suele realizar ofertas 15% debajo del precio inicial. “Nos sorprende que por un céntimo se quede sin la obra, porque incluso en una llamada le dice que sabía que iba a ofertar eso cuando se suponía que los sobres están cerrados”.

La Defensa de los trabajadores de Acemsa cuestionó la forma de llevar a cabo la investigación e incluso le llegó a preguntar por qué no se presentó nada en el juzgado hasta 11 meses después. “No se entrega hasta que termina la precedente (la de Emvicesa) porque no había esa urgencia vital. Se hacen informes totalmente distintos para no viciar ninguna de las dos investigaciones”.

Las empresas pueden bajar hasta un 15% y dice el inspector que para él es “irrelevante”. Para esta defensa es lo más relevante de este procedimiento porque “si usted no hubiera hecho esas manifestaciones, no estaríamos aquí”.

La Defensa también quiso explicar que al rebajar el 15% de la oferta inicial puede dar cantidades con decimales, y que eso está permitido “por ley y por eso puede haber ofertas exactamente igual”.

Trabajadores de Acemsa

Los trabajadores de Acemsa, que han ido de testigos y no de acusados, han seguido en la misma línea y han relatado que suele ser habitual avisar a las empresas que se va a sacar cualquier tipo de licitación para que tengan constancia y puedan presentar sus ofertas. “Lo realizamos instados por la Ciudad Autónoma que pide que se haga la mayor publicidad posible para que se presenten las máximas ofertas”.

Otro de los dos testigos, propietario de empresas que trabajan de Acemsa, señalaron que el trato “es cordial” con Acemsa y que es diario.

Tres acusados se acogieron a su derecho a no declarar

Ya en el turno de los acusados, tres de ellos se acogieron a su derecho a no declarar. El propietario de la Gestoría sí ha querido a declarar a su letrado y ha señalado que su secretaria llamó al propietario de Zaygon para darle el acta de reunión de la comunidad de vecinos del portón 3 de las 108 viviendas. “No había nada raro en eso”.

El propietario de esta gestoría ha insistido en que “no tenemos ningún tipo de relación con ninguna de las empresas que están encauzadas, ni le realizamos algún tipo de trámite. No somos gestores somos administradores de fincas”.

Un trabajador que solo “cumplía órdenes”

El trabajador de Zaygon que también está como acusado ha señalado que él no tenía “poder de decisión” y que lo único que hacía era cumplir órdenes de sus jefes. “Nunca le ofrecí dinero al presidente de la comunidad de las 108 viviendas”.

El propietario de Anasal SL señaló que le adjudicaron el trabajo pero el propietario de Zaygon se puso en contacto con él y “como teníamos buena relación y tenía ya todos los materiales comprados le dije que hiciera la obra él, que lo subcontrataba”.

“Fue todo verbal. He subcontratado en otras ocasiones para realizar otros tipo de trabajos. Yo presenté en Acemsa que estaba siendo ejecutadas”.

Además, señaló que él revisaba la obra para que todo fuera según lo acordado ya que si hacían las cosas mal “para ojos de Acemsa era culpa mía”.

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Ahí se encuadra lo que pretendía ser otro escándalo, el caso Acemsa. Que lo sea o no depende de lo que suceda en las siguientes sesiones judiciales que han comenzado este martes y que se van a celebrar en la Audiencia con 8 personas sentadas en el banquillo de los acusados.

La juez que instruyó el caso de la trama ilegal de adjudicaciones de viviendas de protección oficial dirigió otra causa paralela para investigar a personal de la sociedad municipal de aguas de Ceuta por un presunto tráfico de influencias por la adjudicación de obras a una sociedad de construcción de la que era copropietario uno de los empleados de Emvicesa, que fue acusado en la trama dirigida por Antonio López y posteriormente quedó absuelto.

Todo se basó en la información que aportó la Policía Nacional y con la que dio mientras investigan la causa de las VPO.

Testigos y claves

La Sala ha tomado hoy declaración a tres testigos, pero será mañana cuando declarará el agente de la Policía Nacional que dirigió la investigación y que supone una de las claves más importantes.

Hoy, ya sobre el tapete, se han suscitado varias dudas. Por ejemplo, si es importante o no que alguien sepa, antes de haberse publicado, el presupuesto de licitación de una obra. Si esas llamadas filtraciones o conversaciones pueden tener consecuencias determinantes en la adjudicación de obras o no.

Uno de los testigos ha considerado que “no es trascedente” que se sepa antes de su publicación el proyecto o el importe, puesto que luego todos los que se presentan van a disponer de un plazo para cumplimiento. Otro, en cambio, ha detallado que no se debería saber.

También se ha colocado el foco en la subcontratación, si es ilegal o no hacerlo. Las sesiones judiciales van a continuar esta semana.
A pesar de los intentos de las defensas para que se declarara la nulidad del caso al considerarse, por ejemplo, que la investigación fue ilegítima, la Sala no lo ha considerado.

En qué consiste la acusación

La Fiscalía mantiene que uno de los acusados, trabajador de Acemsa, se concertó con otro de los ocho que se sientan en el banquillo, trabajador de Emvicesa y relacionado con una empresa de construcción, para, supuestamente, amañar la adjudicación de diversas obras públicas de la sociedad de aguas de Ceuta a favor de esa empresa.

Mantiene la Fiscalía que al tener el trabajador de Acemsa acceso a expedientes de licitación pública, ya que formaba parte de la comisión de estudio que adjudicaba esas obras, le informaba antes de que se publicara esa licitación de todos sus pormenores. Eso, a juicio de la Acusación, lo ponía en clara ventaja respecto de otros.

Fiscalía entiende que en este caso asoman delitos de prevaricación, tráfico de influencias, delito continuado de utilización de secreto e información privilegiada por funcionario público. Las defensas van a exponer sus propias tesis negando la comisión de delito y apuntillando que nunca hubo perjuicio económico para la sociedad municipal por lo que no cabría la existencia de delito alguno.

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Tal y como se recoge en el escrito a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Fiscal indica que en fecha de 12 de diciembre le fue notificada la sentencia, preparándose recurso de casación por infracción de ley al amparo de lo establecido en el artículo 849.1º, en relación con el artículo 847 de la citada ley, solo en lo relativo a los cinco trabajadores que, estando acusados en este procedimiento, resultaron absueltos.

Respecto de los demás sentenciados, Fiscalía no va a recurrir la resolución conocida a finales del pasado año.

Con dicha comunicación, el Ministerio Fiscal lo que hace es anunciar a la Sala la interposición de ese recurso y ahora es el tribunal de la Sección VI el que debe admitir dicho anuncio para dar paso a la interposición formal de dicho recurso ya ante el Supremo.

Una vez que el máximo órgano judicial notifique que lo tiene por preparado, Fiscalía dispone de 30 días para presentar las alegaciones ante el TS.

La Defensa de Antonio López

De momento esta es la única resolución que se conoce, queda por saber el paso que anunció que daría el abogado de Antonio López, condenado a 5 años y 3 meses de inhabilitación por delito intentado de prevaricación, además de 5 años de cárcel por delito consumado y continuado de cohecho.

No se tiene constancia del trámite presentado ante la Audiencia por esta parte.

Durante todo el procedimiento judicial defendió la inocencia de su patrocinado, señalado en la cúspide de la pirámide delincuencial que se había orquestado en torno a la adjudicación de viviendas de promoción pública, lo que hizo estallar el llamado caso Emvicesa.

¿Cuál fue la sentencia?

En el listado de absoluciones quedaron las de los expolíticos. En el caso de Susana Román quedó absuelta del delito de prevaricación, del delito continuado de falsedad documental dolosa y del delito continuado de falsedad documental imprudente.

Rabea Mohamed, absuelta del delito de prevaricación y del de falsedad documental imprudente, al igual que Mohamed Alí. Los tres expolíticos veían, años después, resuelta su situación procesal quedando libre de cualquier condena.

Los trabajadores de Emvicesa también quedaron absueltos de los delitos continuados de prevaricación de los que habían sido acusados, así como, subsidiariamente, del de falsedad documental dolosa e imprudente.

Ellos también se sentaron en el banquillo acusados de haber coparticipado en un plan para la adjudicación de las viviendas que presentaba en la cúspide a Antonio López, quien llevaba las riendas de la sociedad municipal que dio nombre a este caso. Emvicesa quedará marcada por siempre por la operación policial que puso sobre la mesa presuntas irregularidades en la adjudicación de las casas.

Fiscalía recurre su absolución concreta, la de ninguno más de los acusados en este procedimiento.

Intermediarios, condenados

En el plantel de acusados estaban también los intermediarios o captadores, entre ellos un policía portuario que en la sesión de juicio oral ‘tiró de la manta’ dejando interrogatorios muy llamativos.

Se les condenó por ser cooperadores necesarios de un delito consumado y continuado de cohecho, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas y la analógica de colaboración con la justicia. La pena fue de 9 meses de prisión e inhabilitación para empleo en puestos del Ayuntamiento relacionados con gestión de VPO durante 1 año y 9 meses además de multa de 3 meses a razón de 10 euros diarios.

Una veintena de personas han sido condenadas por delito consumado de cohecho por beneficiarse de VPO, dictándose penas de 9 meses y 3 días de prisión, además de multa. En un caso hay una condena de 1 año, 10 meses y 17 días de cárcel.

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2024 ha sido un año complicado para Ceuta; ya se habrá ido cuando ustedes lean esto y este 2025 que comienza, confiamos de corazón, que deje imágenes algo distintas a las que fueron la tónica entre enero y diciembre.

No nos referimos a otro tema que la tragedia de la inmigración y los grandes dramas que ha dejado a su paso; dramas no sólo en lo personal, pues hemos sido testigos de casos de familias rotas en la ruta emprendida en su afán por llegar a Ceuta: adultos y jóvenes que ven en su escapada hasta la ciudad autónoma la única vía para conseguir aquello que esperan en su vida, aun sabiendo el alto peligro que conlleva para aquellos que no lo han conseguido.

Dramas, también, en una ciudad que, a pesar de la buena voluntad que la ha caracterizado siempre, precisa de unas medidas estructurales que no tiene, y que provocaron que en agosto tuviera que realizar una llamada de auxilio no solo al Estado, sino también al resto de las autonomías en lo que se refiere a la acogida de menores no acompañados.

Han sido situaciones que han puesto a Ceuta al borde de sus recursos económicos cuando se han acogido a cerca de un 400% más de menores que los que aconsejaba la propia capacidad, que no debería superar la tutela de más de 90 jóvenes.

Esta presión migratoria ha dado pie a numerosas visitas ministeriales a lo largo del año, sobre todo la relacionada con quienes tienen responsabilidad en menores y administraciones públicas, pero también en sentido contrario, finalizando el año con la Conferencia de Presidentes en la que el presidente Vivas volvió a exponer la situación de la ciudad con la inmigración.

Juicios, algunos de ellos muy notables como la red de blanqueo, el caso de la estafa de seguros de vehículos, y en la contratación de personas y, cómo no, el comienzo del fin del ‘Caso Emvicesa’, que en principio se ha saldado con grandes absoluciones, como fueron las de Susana Román, Mohamed Alí y Rabea Mohamed, y la condena de Antonio López.

También ha sido un año en el que la solidaridad de los ceutíes se ha puesto de manifiesto tras la Dana que afectó a varias comunidades, fundamentalmente a Valencia, y que provocó una auténtica ola de ayuda por parte de los ciudadanos para llevar apoyo para todos, tanto de medios, como los traslados de bomberos ceutíes hasta tierras valencianas, como de alimentos, ropas y enseres.

De nuevo, luces y sombras de un año en el que, desde hace 9 décadas, El Faro de Ceuta con sus diversos medios de papel, web y televisión ha estado 366 días informando con su compromiso de siempre con la ciudad y los caballas que día a día nos brindan su confianza como el medio de referencia en la ciudad.

Nuestras cámaras, por supuesto, también han sido testigos de gran cantidad de buenas noticias que nos devuelven la esperanza en un futuro mejor, lleno de grandes expectativas. Les deseamos un 2025 lleno de buenas noticias para todos.

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La formación que encabeza Fatima Hamed ha valorado que en este documento presupuestario ya se contaban con medidas que fueron defendidas por MDyC como el aumento de becas en infantil, primaria y secundaria incrementándose la partida del cheque libro, “que es una de las pruebas de que el trabajo que hemos llevado a cabo durante todo este año ha dado su fruto”.

“Gracias a ello, el alumnado de infantil, primaria y secundaria verá notablemente mejoradas las cuantías de las becas para adquirir libros y material escolar para que los bolsillos de miles de padres y madres de alumnos y alumnas ceutíes sin excepción, no se vean tan seriamente perjudicados como lo venían siendo. Son políticas que redundan en la gente”, ha defendido Hamed.

“Nosotros, a diferencia del Ejecutivo, ocupado en defender la economía verde, azul e inteligente, creemos en una economía social basada en la mejora de las oportunidades para nuestra gente”, ha expuesto Hamed, quien ha criticado a la consejera Kissy Chandiramani por su defensa a ultranza de apuestas enmarcadas en el ámbito de lo tecnológico que carecen del impacto publicitado.

La portavoz del MDyC se ha felicitado porque, ahora sí, existirá una acción por la vivienda. “Han tardado unos cuantos años en despertar, bienvenidos sean a reconocer las necesidades reales de nuestra ciudad y, lo más importante, a darles solución”.

“Esperamos que se tomen en serio el Plan Plurianual de Construcción de Viviendas en Ceuta y que las 500 viviendas de protección oficial y las 500 de colaboración público-privada sean una realidad antes de que acabe la legislatura”, ha indicado en su exposición.

MDyC ha defendido la inclusión de la rehabilitación de viviendas de Príncipe Felipe, para la posterior regularización de las mismas, con una inversión superior a los 7 millones de euros.

“Una serie de reivindicaciones del MDyC en materia de vivienda que se suman al hito de este año en cuanto al desbloqueo, por parte de Emvicesa, de las viviendas de Serrano Orive, Solís y Monte Hacho, para jóvenes y mayores”, ello sin dejar de lado a la actuación en San José, cuya actuación integral para dinamizar y revitalizar la zona comercial ya está en fase de licitación, “es buen momento para poner la carne en el asador y que crezca en las mismas condiciones. Además, también estamos pendientes de la partida presupuestaria de 300.000 euros para subvenciones destinadas a los comerciantes para que puedan continuar con su actividad mientras dure la obra”.

Ha valorado la promoción de vivienda social, con un plan en el que ha sido determinante la implicación de su grupo municipal.

La “filtración interesada” y las 7 enmiendas

Hamed ha vuelto a la carga, como lo hizo en la sesión inicial de este debate, con el malestar anidado en el partido por “la asunción de nuestras propuestas por parte del PSOE y nos ratificamos de que fue una filtración interesada no sabemos con qué intenciones, pero buenas seguro que no fueron. Esto no fue óbice para poner pie en pared y sacar todas las sombras que tenía el documento que se nos presentaba, a pesar de solo contar con algo más de 24 horas para estudiar todo el documento”, ha denunciado.

Las 7 enmiendas presentadas por MDyC, cuya suma de las mismas asciende a 2.647.000 euros, han puesto el foco en las Brigadas Verdes, un “hito histórico” que permitirá dar estabilidad a los trabajadores. “Esperamos que se anuncie la estabilidad de este personal, que la cuestión económica no sea un impedimento para conseguir esa estabilidad. La integración de las Brigadas Verdes en el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería tiene unos costes inviables sin la enmienda de MDyC y lo que se pretende con esa partida es sufragarlos”.

Por ello, se ha propuesto ese incremento en la partida presupuestaria de la FPAV en 550.000 euros, que era la cantidad que hacía falta para atender esa mejora retributiva tras la adhesión al nuevo Convenio Colectivo Nacional de Jardinería y así terminar la cuadratura del círculo que supone la estabilidad de Brigadas Verdes después de más de dos décadas dependiendo de la FPAV.

Otra de las enmiendas tiene que ver con el fomento del empleo para jóvenes y mayores de 25 años, con el incremento en 700.000 euros de la partida de Procesa relativa al Programa Empleo.

“Justo el lunes de la semana pasada salió la convocatoria de los talleres de empleo para jóvenes desempleados en tres itinerarios, uno para el tramo de edad de entre 25 y 30 años, y dos de 30 a 45 años”, ha recalcado.

Sobre la vivienda social y su demandada construcción, considerada una prioridad para los de Hamed, “no podemos pasar por alto la importancia de tener una mayor atención a las personas que más dificultades puedan tener en el acceso a la vivienda, por lo que proponemos una modificación del Plan de Vivienda 2025-2028 para incrementar las actuaciones encaminadas a la construcción de viviendas sociales en alquiler, aumentando la partida para la Rehabilitación y Construcción de Vivienda Pública y Social en 1.000.000 euros”.

“Si realmente este Ejecutivo quiere hacer algo en materia de vivienda, comiencen por hacer autocrítica sobre la nefasta gestión política y la falta de transparencia que pesa sobre sus siglas, más aún en las últimas fechas”.

“Esperamos que, cuando hablen de la necesidad imperiosa de ampliar el parque de viviendas en Ceuta, también tengan en mente a aquellos ciudadanos que se quedaron en los márgenes de este derecho constitucional por culpa del entramado de Emvicesa. Esas son las verdaderas víctimas de todo esto, muchos daños colaterales en forma de familia que no han tenido ni voz ni voto en todo el procedimiento judicial. Aquellos que siguen luchando por tener un hogar y poder desarrollar su futuro en su ciudad”.

Otra de las enmiendas ha sido para Fampa 4 Culturas para incrementar el importe actual de la subvención en 17.000 euros. Además, en el fomento del lenguaje inclusivo, se dotará de una partida para que sea aplique en la programación de RTVCE.

De igual manera se crea una partida de 100.000 euros para dar sombra en los parques infantiles en verano, con lonas a las que se sumará la ubicación de fuentes de agua.

La realidad social que viven muchos de nuestros vecinos en las distintas barriadas de nuestra ciudad se agrava cada vez más porque no se implementan las políticas necesarias para paliar los altos niveles de fracaso y abandono escolar, desempleo, infravivienda y otros factores que desembocan en una situación de riesgo o exclusión social.

La suma de estas enmiendas asciende a un total de 2.647.000 euros.

Hamed ha sido crítica con Vox y su discurso, tildando a Juan Sergio Redondo de “caudillo” después de la “basura moral” que “hemos tenido que escuchar” con “barbaridades” y su “bazofia racista”.

“Vox no aporta nada, deberían autoenmendarse”, ha denunciado Hamed, que le ha pedido a Redonde que se aplique “los valores cristianos” de los que hace gala “para que Baltasar no le traiga carbón, aunque seguramente le deportarían”.

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Y es que el caso Emvicesa lo tuvo todo: operación policial, registros, detenciones y la política en materia de vivienda puesta en el punto de mira con las adjudicaciones de viviendas de protección oficial.

Ahora se sabe el fallo: la clave es que hay condena para Antonio López (5 años y 3 meses de inhabilitación además de 5 años de cárcel, por un delito intentado de prevaricación y otro consumado y continuado de cohecho, respectivamente).

También absolución para los expolíticos Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí, además de para los trabajadores de la sociedad municipal Emvicesa.

Junto a López resultan condenados los señalados como intermediarios y una veintena de personas por cohecho.

Pero, tras esa resolución hay mucho que contar, porque para llegar a este fallo los tres magistrados han estado debatiendo, perfilando, hablando, consensuando y detallando una resolución que, sabían, iba ser analizada con lupa. Ya hay aviso de recurso: dará ese paso el propio López con advertencia de querellas incluida.

A él lo ubicaron siempre en la cúspide de este caso que por fin pudo juzgarse en la Audiencia en octubre del pasado año con 54 acusados, una Fiscalía y varias acusaciones particulares, así como dos entidades como responsables civiles.

El tribunal tuvo que resolver cuantiosas cuestiones previas planteadas por las partes, algunas alusivas al reconocimiento de los hechos por parte de los acusados. Se trataba de apuntillar cada una de las apreciaciones propuestas en la redacción de una de las resoluciones más complejas habidas.

Tras el examen de todo lo acontecido, si algo se concluye es la “imagen poco favorable y menos aún transparente sobre cómo se ha estado desarrollando durante años la actuación de la Ciudad a través de sus diversos organismos en materia de viviendas de protección oficial”.

¿Cuáles son los hechos probados?: la promoción de las 170

 La Audiencia recoge en los hechos probados de esta sentencia la función que tenía Emvicesa y el papel de la Comisión Local de la Vivienda, “carente de una estructura propia, desarrollando sus funciones a través del personal y los medios materiales” de la empresa municipal de la vivienda.

Antonio López ejerció de gerente y fue viceconsejero de Vivienda y Rehabilitación de la Ciudad desde julio de 2013 hasta el mismo mes de 2015.

Como consecuencia del acuerdo marco entre el Estado y la Ciudad, se promovió la construcción de las promociones 170 y 317 de Loma Colmenar, concretándose cómo habrían de designarse los beneficiarios de ambas, atendiendo a los distintos cupos establecidos según edad, si presentaban alguna discapacidad o eran, por ejemplo, afectados por expedientes de ruina o acciones urbanísticas.

La Comisión Local de Vivienda celebró reunión en febrero de 2013 con la asistencia, entre otros, de Susana Román, Rabea Mohamed, Mohamed Alí y Antonio López, así como el jefe del departamento comercial de Emvicesa, “no pudiendo determinarse si durante la misma se aprobaron con el voto de los tres primeros referidos un listado de las personas que habrían de ser las beneficiarias de las 170 viviendas, además de garajes y trasteros, construidos en la parcela B2 de Loma Colmenar y otro de aquellas con las que se había alcanzado un compromiso para atribuirles tal condición en la siguiente promoción a pesar de que, en todo caso, fueran conscientes de que no los tenían a la vista.

Se recoge en sentencia que la determinación de las personas que habrían de ser los beneficiarios de las viviendas en Loma Colmenar se llevó a cabo “sin intervención alguna de Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí, en su condición de integrantes de la Comisión Local de la Vivienda”, habiéndose efectuado todo ya antes de su reunión.

“No se ha podido determinar”, avanza la Sala, que los expolíticos, al igual que Antonio López o los trabajadores de Emvicesa, “hubieran realizado actuación consciente alguna tendente a que esas personas que fueron designadas finalmente como beneficiarios de las 170 lo fueran al margen de los criterios o sin cumplir los requisitos que hubieran debido guiar la decisión o mediando, sin más, cualquier compensación económica para que fueran incluidas”.

De igual forma, considera el tribunal, “tampoco ha podido determinarse ni descartarse” que la redacción del listado de los compromisarios “respondiera a alguna actuación conscientemente dirigida a procurar que ciertas personas fueran designadas como beneficiarias de viviendas de protección oficial en Ceuta al margen de los criterios o sin cumplir los requisitos que hubieran debido guiar la decisión o mediando, sin más, cualquier compensación económica a tal fin, con independencia de que pudiera ser justificada o no su inclusión como tales en él”, se recoge en sentencia.

Sobre las 317, la lista fantasma y el propósito de López

 Respecto a las 317, la Comisión Local de la Vivienda se reunió en julio de 2014 con la asistencia de Román, Alí, Mohamed y también Antonio López, aprobándose por unanimidad los criterios de adjudicación por cupos.

En junio de 2015 se publica en un medio local un listado de beneficiarios de esas casas que no se correspondía con una decisión real adoptada al respecto, era un listado fantasma, es decir, falso. “Los datos de las personas provenían de Emvicesa siendo facilitados” a ese medio con la finalidad “de hacer aparecer como real una actuación que no se había llevado a cabo, que era la adopción formal y definitiva sobre quiénes habrían de ser los beneficiarios”.

Antes de esa publicación se habían redactado, cuando menos, 304 documentos en papel, duplicados, titulados como ‘contrato de arrendamiento’ firmados solo por López. “En ellos se recogían las diferentes estipulaciones por las que se regía la cesión de viviendas, garajes y trasteros, construidos en Loma Colmenar por el plazo de 1 año, prorrogable, a cambio del pago de una cantidad de dinero mensual en concepto de renta a las personas que allí se indicaba como arrendatarios”.

“Antonio López era consciente de que Susana Román había dado la orden de no culminar las actuaciones necesarias para determinar de manera formal y definitiva los beneficiarios de las 317 hasta después de que se celebrasen las elecciones a la Asamblea y de que se había prescindido total o parcialmente de las exigencias procedimentales establecidas para la designación como cesionarios del uso de dichos inmuebles de las personas que se indicaban en esos, cuando menos, 304 documentos en papel suscritos por el mismo cuando, como poco, impartió las órdenes y dio los datos necesarios para su redacción y puesta a la firma”, se indica en sentencia.

La lista fantasma estaba encaminada a forzar que, de una forma u otra, se acabara designando como beneficiarios de las 317 a quien Antonio López había indicado que figurasen en los primeros.

“Antonio López realizó sus actuaciones con la intención de que todo o parte de las personas a las que habría de cederse el uso de los citados inmuebles en arrendamiento fueran designadas entre aqueellas que él tenía por conveniente por encima de cualquier consideración o requisito establecido a tal fin, hubieran abonado o no todas ellas una cantidad de dinero con ese propósito”, mantiene como probado la Audiencia.

Esta es la gran diferencia que se desliza en la sentencia de las actuaciones de los acusados, pero sobre todo de López, en las dos promociones de Loma Colmenar, cobrando peso en el ámbito delictivo la de las 317.

Los trabajadores de Emvicesa y el “deficiente funcionamiento” de la sociedad

 Para la Audiencia, “no se ha podido determinar aunque tampoco descartarse” que los trabajadores de Emvicesa hubieran realizado “actuación consciente alguna tendente a que esas personas que se trató de hacer aparecer mediante esa publicación que habían sido designadas de una manera formal y definitiva como beneficiarias y las que aparecían en los 304 documentos titulados como contrato de arrendamiento, firmados solo por López como aquellas a las que se cederían los inmuebles temporalmente a cambio de una cantidad mensual de dinero como renta, lo fueran al margen de los criterios o sin cumplir los requisitos que hubieran debido guiar la decisión o mediando, sin más, cualquier compensación económica para que fueran incluidas como tales, justificada o injustificadamente”.

Para la Sala, “con independencia de que hubieran actuado o no de acuerdo con Antonio López o de que pudieran ser conscientes de qué estaba haciendo el mismo para procurar ese tipo de designaciones de beneficiarios de los inmuebles”, la actuación de los trabajadores así como el desarrollo de su función en general “estaba condicionado por el deficiente funcionamiento general de Emvicesa y la absoluta falta de control de su actuación en todo lo que concierne a los procedimientos encaminados al desarrollo de su labor en lo relacionado con las viviendas de protección oficial”.

La trama que organizó López para dar viviendas y los cobros

 La Audiencia considera probado que Antonio López “se puso de acuerdo” con tres intermediarios -uno de ellos no enjuiciado-, “y de una forma que no ha podido determinarse en todos sus extremos, con el objeto de que estos últimos le transmitieran las peticiones que les hicieran llegar interesados en que los mismos o personas de su entorno fueran designadas como beneficiarias de viviendas de protección oficial en Ceuta prescindiendo en mayor o menor medida de las previsiones establecidas para adoptar una decisión a tal fin y a cambio de una cantidad de dinero, cuyo destinatario final era, en todo o en parte, el señor López, contando con la colaboración, falta de control o desconocimiento de los demás que debieran tomar parte en los procedimientos encaminados a ello y aprovechándose en todo caso de las funciones que desempeñó en Emvicesa, la Ciudad y su Comisión Local de Vivienda”.

La Sala no ha podido determinar si todos los inmuebles eran los de la promoción de las 170, los de las 317 o ambas.

“En algunas ocasiones, cuando menos, en las que esas personas que pedían que se les acabara designando a ellas u otras como beneficiarias de los inmuebles a cambio de una cantidad de dinero solicitaban que se les diera algún tipo de garantía de la operación realizada en las condiciones antes indicadas, se les entregó un documento en papel, atribuido a Antonio López con independencia de que lo firmara siempre él o no, pero, en todo caso, con el beneplácito del mismo, en el que se indicaba, como poco, que, en el ejercicio de las funciones que desempeñaba, se comprometía a instarlo ante el organismo encargado de decidir al respecto en el seno de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.

“Como consecuencia de la aceptación por Antonio López, cuando menos, de algunas de las peticiones de ciertas personas que se le hicieron llegar por la vía antes indicada para conseguir que las mismas u otras fueran designadas, a cambio de abonar una cantidad variable de dinero, como beneficiarias de viviendas de protección, López percibió una suma que no ha podido determinarse pero que en caso alguno fue inferior a 15.000 euros”.

Se citan expresamente casos de abonos de dinero para intentar obtener una vivienda: 6.000, 12.000, 8.000, 9.500…; montantes entregados a intermediarios para figurar finalmente en el listado y que son considerados probados por el tribunal del máximo órgano judicial en nuestra ciudad.

Son hechos, un total de 17, en los que se asocia directamente a López con los intermediarios y el cobro final en metálico que, en algunas ocasiones, tuvo que ser devuelto o en otros no queda demostrado que se efectuara.

El patrimonio de López, las operaciones económicas y el origen del dinero

En sentencia, la Sala enumera la relación de operaciones económicas realizadas por el que fuera máximo responsable político en materia de vivienda, deslizando sombras no confirmadas sobre el origen del dinero empleado.

Alude, por ejemplo, a la adquisición mediante compraventa de un sobreático en la calle Isidoro Martínez y plaza de garaje, declarándose el precio de dichos bienes y derechos en 150.000 euros, “no obstante lo cual, ello ya se había convenido previamente, abonándose antes por Antonio López a la entidad vendedora, cuando menos, la cantidad de 86.190,65 euros”.

“No ha podido determinarse, aunque tampoco descartarse, que el resto del precio se hubiera abonado antes de julio de 2010 con independencia de que, cuando menos formalmente, Antonio López se subrogara en el préstamo hipotecario concedido previamente a la entidad vendedora”.

“No ha podido determinarse, aunque tampoco descartarse, que el origen del dinero con el que se abonó el precio de compra pudiera encontrarse en cantidades abonadas por personas que pretendían que ellas u otras relacionadas con las mismas fueran designadas como beneficiarias de viviendas de protección oficial prescindiendo total o parcialmente de las exigencias establecidas a tal fin”.

Adquirió también mediante compraventa la edificación sita en la calle Cervantes número 32 de Cádiz, lo que se documentó mediante una escritura pública otorgada el día 28/09/2010, en la que se declaró que el precio de la misma era 180.000 euros.

El día 27/09/2010 la entidad Caja de Ahorros del Mediterráneo convino con López la concesión de un préstamo no hipotecario por importe de 210.000, a restituir en un interés pactado en 84 pagos mensuales, entregándose para el pago del precio de la edificación un cheque por importe de 180.000 euros tras ello, que se hizo efectivo.

“No ha podido determinarse, aunque tampoco descartarse, que al menos una parte del dinero con el que se amortizó el préstamo antes referido pudiera tener su origen en cantidades abonadas por personas que pretendían que ellas u otras relacionadas con las mismas fueran designadas como beneficiarias de viviendas de protección oficial prescindiendo total o parcialmente de las exigencias establecidas a tal fin”.

Las mismas dudas se establecen en la compraventa de inmuebles en Marbella, ya que “no ha podido determinarse, aunque tampoco descartarse, que el dinero con el que se ha ido amortizando” el préstamo solicitado para ese abono “pudiera haber tenido su origen en cantidades abonadas por personas que pretendían que ellas u otras relacionadas con las mismas fueran designadas como beneficiarias de viviendas de protección oficial prescindiendo total o parcialmente de las exigencias establecidas a tal fin”, repite la Sala en la relación de hechos probados.

Esas mismas dudas se repiten en otros bienes, no en todos, que forman parte o lo formaron del patrimonio de López, tanto en viviendas como en coches, tal es el caso de un vehículo de la marca Porsche, modelo Boxster, que se importó a Ceuta por el precio de 53.261,25 euros, o parcelas de terreno sin construir, amén de acciones de Gas Natural o participaciones de Cam Capital además de Telefónica. Hasta 28 puntos respecto de su patrimonio son analizados por la Sala.

 Los hitos procesales: tardanza en la vista y cooperación de los acusados

La Audiencia enumera los hitos procesales de una causa, resaltando cómo las actuaciones indagatorias propias de la instrucción fueron muy numerosas y no especialmente sencillas.

“La causa se dirigió inicialmente a un número muy elevado de personas por unos hechos que si bien tenían relación entre sí, la posición de las mismas en el conjunto de todos ellos era muy diferente”, indica.

Hubo una abstención del magistrado titular del juzgado en el que se tramitó la causa, se recusó a la magistrada que la instruyó, se interpusieron recursos, hubo prórrogas de plazos para presentar escritos, se recusó al tribunal de la Audiencia… así hasta llegar a la fase estelar de la vista que pudo empezar a celebrarse en octubre de 2023, finalizando en diciembre.

En sentencia se hace mención a la hilera de acusados que sí han colaborado para el esclarecimiento de los hechos.

Los ofrecimientos, peticiones y aceptación de dinero para designar beneficiarios

En esta historia del mediático caso Emvicesa cobra relevancia la demostración de los ofrecimientos, solicitudes y aceptaciones de dinero para designar beneficiarios de VPO.

El tribunal se ha detenido en el análisis de la declaración de López y, sobre todo, en el careo que tuvo con el policía portuario acusado de intermediario y condenado por ello.

“Su intervención se caracterizó por ser muy detallada en muchos extremos durante el turno de preguntas de su propio letrado, que fue el primero que se llevó a cabo. Ello contrastó muy patentemente por la manera tan difusa en la que explicó los detalles del proceso encaminado a determinar los beneficiarios de las viviendas de protección oficial tantas veces referidas, lo que es muy llamativo ante el papel de especial transcendencia que se atribuyó en todo ello a pesar de conceder no menos protagonismo a la Comisión Local de Vivienda”, expone el tribunal.

“No puede dejarse de tomar en consideración, por otra parte, la actitud mantenida por el acusado a partir de una determinada actuación llevada a cabo durante el juicio oral. En la sesión de la tarde del día que declaró y al hilo de unas declaraciones que chocarían con lo expuesto previamente por otro acusado, el policía portuario, se dispuso por este Tribunal a instancia del Ministerio Fiscal un careo entre ambos. No sólo tiene que destacarse sobre el mismo que se negara a tener intervención alguna en él a pesar de las manifestaciones incriminadoras que” el policía “le dirigió durante su intervención, que no fue precisamente breve, pues se prolongó alrededor de 35 minutos”.

“Además de ello, frente a lo que había venido haciendo antes, accediendo a responder a todo lo que le preguntó el Ministerio Fiscal tras hacerlo su letrado, rechazó seguir haciéndolo tras concluir aquel, oyendo impasiblemente las cuestiones que tanto este último como la acusación particular le quisieron dirigir para luego seguir contestando a lo que ya los abogados de otros acusados le inquirieron”, expone el tribunal.

La historia del caso Emvicesa está contada, pero no en su totalidad. Se sabe lo que ha concluido la Audiencia, pero se avecinan las resoluciones de instancias superiores así como las valoraciones de quienes se llevaron la pena de telediario, como se le llama, pero han obtenido otra bien distinta en el ámbito judicial.

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