El PP respalda la modificación del contrato de la limpieza

El respaldo único del PP fue suficiente ayer para respaldar la pertinencia de modificar el contrato con la empresa Trace, en base al cual percibirán 1,3 millones más al año.

El órgano competente para esa modificación es la Consejería de Hacienda, por lo que ayer únicamente se llevaba a Pleno la consideración de la pertinencia o no de una modificación contra la que bramó, unida, toda la oposición.
A partir de esa modificación, Trace deberá incrementar sus jornadas laborales en 11.000 más, así como la maquinaria de que dispone. Como contraprestación, percibirá 1,3 millones de euros más, por lo que en términos globales el contrato pasará de costar 11,5 a 12,8 millones para el próximo año.
Este punto, el primero incluido en el pleno ordinario del mes, se abordó con polémica incluida después de que la secretaria general reconociera durante el debate político que el expediente está “inconcluso” ya que aún no se había decidido sobre su viabilidad jurídica. Detalle que exaltó a la oposición y forzó la intervención del presidente Vivas quien recordó que lo que se estaba debatiendo era una forma de ‘calar’ la postura que, sobre este asunto, tenían los demás partidos, ya que “aquí no se resuelve la modificación porque el Pleno no es el órgano competente”, insistió.
La decisión de ese aumento se llevará a cabo si cumple con todos los requisitos legales establecidos. Tanto el presidente Vivas como el consejero competente, Emilio Carreira, aseguraron que de aparecer la más mínima sombra de viabilidad jurídica el asunto sería paralizado.
El Gobierno ha interpretado la inclusión de este punto en el orden del día de la sesión ordinaria del mes como una “medida de transparencia”, quedando la aprobación supeditada a la culminación del expediente, “que aún debe completarse con trámites como la audiencia del adjudicatario y otros requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”, explicó el Ejecutivo.
Carreira defendió la gestión en este asunto en el hecho de que esta medida no se ha adoptado ‘a lo loco’, sino analizando primero la situación de limpieza habida y estableciendo, después, las posibles soluciones que cabían. “Había una necesidad de establecer mejoras”, explicó en su intervención el consejero Emilio Carreira, por lo que se efectuó un análisis previo a la hora de poder perfilar qué era necesario para reconducir el nivel de limpieza viaria perdido.
Aludió al escaso “civismo medioambiental” como una de las causas que ha llevado al empeoramiento del nivel de limpieza, así como a la situación económica que provocó una menor inversión en este ámbito que imposibilitó, por ejemplo, que la anterior concesionaria, Urbaser, pudiera siquiera presentarse. “Hubo que practicar ajustes y se adoptaron medidas que ahora intentamos reconducir”, apuntó, justificando así la mayor disponibilidad económica para sustentar una inyección a Trace, tras un periodo de “penuria” económica que no de “torpeza” política. Carreira defendió que durante todo este tiempo se ha estado controlando la manera de actuar a la empresa, firmando así las certificaciones, “porque aquí hay técnicos que controlan, aquí no todos miran a otro lado”.
El planteamiento del PP chocó con los de la oposición, explicados cada uno a su manera. Uno de los más críticos y puntillosos fue el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui, quien encuadró el dinero de más que quiere darse a Trace con la menor cuantía económica que se destina al programa de alojamiento alternativo, a las becas o al IMIS.
Para Aróstegui que la “ciudad está sucia” es un hecho reconocido por todos; no tanto lo son las causas de esta mayor precariedad en los servicios de limpieza. Instó de hecho al Gobierno a “analizar” el grado de cumplimiento del contrato por parte de Trace, en vez de despachar “en renglón y medio” que las causas de la menor limpieza no son imputables a la empresa. “No hay ninguna explicación sobre qué está pasando”, lamentó el concejal, quien criticó la “santificación” dada a la empresa y las causas buscadas para motivar la degradación: “que hay más gaviotas, el tráfico en la frontera y el verano”, ironizó. “Hablamos de 1,3 millones largos, 10 a lo largo del contrato, 24 si se prorroga, y no es una cuestión menor, por lo que pedimos que este tema se deje sobre la mesa”, propuso la coalición; petición ésta que fue avalada por los demás grupos políticos sin éxito. “Este expediente hace aguas por todas partes”, advirtió, criticando el hecho de que la modificación pretendida no haya siquiera pasado por Contratación o que sea el único contrato que debe mejorarse porque ahora la situación económica es supuestamente mejor mientras que el resto no se tocan. “¿Por causa de la crisis solo modifican un contrato?”, se preguntó. Para Caballas detrás de esta pretendida mejora económica para Trace hay “un error tremendo” que repercute mejoras en una “empresa neófita, desconocida, aliada con una de Almería rodeada de escándalos y que ha tardado 9 meses en disponer de todos los vehículos por lo que se le sancionó”, recordó. Una empresa que “se permitió el lujo de ofertar un 10% menos” y que habría bajado la plantilla en al menos 28 trabajadores obteniendo, no obstante, el premio de ese incremento económico. Reconociendo que podía ser “mal pensado”, Aróstegui dudó de que pudiera ser la propia empresa la que estaba provocando la suciedad para forzar a la Ciudad a que dé más dinero. “Es mejor esperar, hacer las cosas bien, legal y correctamente porque aprobar este expediente es como tirarse sin paracaídas”, espetó.
Para los localistas es cierto que la ciudad presenta un estado de suciedad “alarmante” pero también que el Gobierno “no ha sabido responder por qué ni cómo se resuelve de forma solvente”. Para Aróstegui el “enjuague” del Gobierno de Vivas para superar esa coyuntura “poniendo más dinero” no respeta los límites legales que coartan cualquier modificación de un contrato. “Esto hace aguas por todas partes, del primer papel al último, sálvese quien pueda, desde el informe del consejero de Medio Ambiente que no pide modificar el contrato hasta el de la secretaria general, que da vergüenza. La técnico de Medio Ambiente, la redactora del Pliego, no ha escrito ni una línea sobre los posibles errores u omisiones”, lamentó.
Por su parte el diputado del PSOE José María Mas denunció que no se cumple a rajatabla el contrato y lamentó, al igual que también lo hizo la diputada no adscrita, Fatima Hamed, la mala redacción de los pliegos originarios que permitieron la concesión del servicio a Trace. Ironizó además el socialista con que se justifique dar más dinero a Trace por el aumento de gaviotas tras el cierre del vertedero.
Hamed, que dibujó una ciudad “repugnantemente sucia” relacionó la modificación del contrato con la teoría del fruto del árbol envenenado. Como buena abogada advirtió de que siendo “origen malo” (el contrato y el pliego) la “modificación” que se quiera hacer también lo será. Hamed informó además a los presentes de que hay vecinos de barriadas que se plantean acudir a los tribunales iniciando así una vía judicial por el mal servicio de limpieza recibido. También dijo que acudirá al Tribunal de Cuentas para que se examine el contrato. “¿Qué ha cambiado en la ciudad para que haya que limpiar más?”, se preguntó Hamed, encuadrando todo este escenario en una “película de Berlanga”.
No se olvidó la diputada no adscrita de los extrabajadores de Contenur a los que se les sigue manteniendo unas condiciones discriminatorias respecto a los de Trace que procedieron de Urbaser.

Los criterios de la secretaria general y del interventor, de peso

Fueron más claves que nunca las opiniones vertidas por la secretaria general, Dolores Pastilla, y el interventor Caminero. La primera, tras reconocer que el expediente estaba “inconcluso” y que solamente había informado sobre los pasos que hay que dar para modificar un contrato, no sobre si se ha hecho o se puede hacer lo que se pretende: elevar la cuantía de la concesión. Por su parte el interventor indicó que las razones esgrimidas para la modificación del contrato sí cumplen la Ley.
Con la modificación del contrato de limpieza pública viaria, el número total de servicios pasará de 48.423 a 53.244 y el de jornadas laborales, de casi 66.000 a 76.741, un 12 % más. El barrido mecánico de aceras pasará de 682 a 2.709; los baldeos también crecerán de 1.839 al año a 2.781.