Ceuta, líder de la insostenibilidad

El Instituto Nacional de Estadística acaba de hacer públicos los resultados definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida, correspondiente al año 2009. En el apartado de los problemas que sufren los hogares españoles destaca los malos resultados de nuestra ciudad, ocupando la primera posición en todas las variables analizadas: luz natural insuficiente, ruidos, contaminación y otros problemas ambientales y delincuencia. Uno de los datos sobre el que queremos llamar la atención es la recuperación del primer puesto como la ciudad más ruidosa de España. De igual modo, nos inquieta que Ceuta, junto a Melilla (considerados de manera conjunta en las estadísticas de INE), sea considerada por sus propios ciudadanos como la más afectada por problemas de índole medioambiental.
Esta estadística constituye un claro contraste con la imagen idílica de la ciudad que nos quieren transmitir nuestros responsables políticos. Si a esto le sumamos los pésimos índices sociales que nos señala como la ciudad con la más acentuada desigualdad social, el mayor número de personas bajo el umbral de la pobreza relativa y con el índice más alto de desempleo, hay que declarar con rotundidad que somos el territorio más insostenible de España, en sus aspectos económicos, ambientales y sociales.
Ante la rotundidad de los datos que vamos conociendo sobre la verdadera realidad de Ceuta consideramos que ya es hora de abordar con seriedad una situación que podría llevar al colapso de la ciudad y a su definitiva inhabitabilidad. La ciudadanía debe tomar conciencia de la gravedad de la situación y, sin caer en dramatismos y catastrofismos, reclamar un nuevo modelo de ciudad basado en el concepto de equilibrio. Ceuta no puede seguir dándole la espalda a un hecho incuestionable: la capacidad de carga del sistema ecológico, económico y social se encuentra ampliamente desbordada ante el empuje de un nivel de población desproporcionado a nuestro tamaño. Antes de seguir creciendo desde los puntos de vista urbanístico y poblacional  deberíamos establecer los niveles máximos de tolerancia para un territorio frágil y cargado de valores naturales, culturales y paisajísticos. Una vez establecido estos niveles se deberían discutir las medidas políticas para alcanzarlos, a la vez que estamos obligados a trabajar para conseguir un equilibrio en el acceso a la riqueza, la dotación de infraestructuras y los equipamientos básicos.
Actualmente, resulta evidente que nos encontramos ante un grave desequilibrio en cuanto a la demanda y la oferta de ciertos equipamientos como guarderías, colegios, centros sanitarios, culturales o judiciales. La situación ha llegado a tal extremo que las secciones sindicales del sector educativo, junto a las asociaciones de padres de alumnos, han comenzado una campaña de protesta para reclamar la construcción de nuevos centros educativos. La respuesta de la administración central ha sido admitir el problema y proponer medidas paliativas como instalar módulos prefabricados donde alojar a parte del alumnado, así como reclamar a la Ciudad Autónoma la liberación de suelo para la dotación de nuevos colegios e institutos para los que parece existir consignación presupuestaria. Esta reclamación no sentó nada bien al gobierno de la Ciudad, provocando el acostumbrado tira y afloja a la hora de asumir responsabilidades políticas por una situación que demuestra a priori la falta de previsión y planificación de nuestras autoridades. Para intentar salvar la cara ante la opinión pública se ha celebrado una sesión monográfica del Pleno de la Asamblea con la intención de buscar soluciones a la falta de suelo. Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el inicio de los trámites para la adquisición al Ministerio de Defensa de ciertas parcelas en las que ubicar los centros educativos reclamados por la comunidad educativa.  
La adquisición de terrenos militares para la dotación de equipamientos públicos merece algunos comentarios. El primero tiene que ver con la falta de previsión de las administraciones a la hora de disponer de suelo en el cual construir inmuebles destinados a satisfacer necesidades básicas de la población. La cuestión no estriba sólo en escasez de planificación, sino también de gestión urbanística. El dato que confirma esta afirmación es el grado de ejecución del vigente PGOU, aprobado en 1992, y ejecutado en aproximadamente un 30 %. Triste balance para un plan que ha tenido más de dieciocho años de vigencia. En este tiempo, la preocupación no se ha centrado en reducir el déficit de equipamiento, más bien el interés se ha limitado a satisfacer la expansión del sector privado de la construcción de viviendas. Con ello se ha agudizado el desequilibrio entre número de viviendas y las dotaciones necesarias para cumplir con las expectativas ciudadanas de contar con unos servicios públicos acordes a un país europeo. El interés privado se ha impuesto sobre el general siguiendo la lógica capitalista que favorece la especulación urbanística por encima de la búsqueda de una armoniosa articulación del territorio.
Hablando de especulación, no llegamos a entender cómo las propias administraciones recurren a tácticas pseudo-especulativas para incrementar su capítulo de ingresos. Los ciudadanos nos quedamos perplejos ante las maniobras de compra-venta de parcelas pertenecientes al Estado, es decir, adscritas al patrimonio público de todos los españoles. Desde nuestro punto de vista, las administraciones públicas deberían reintegrar la propiedad de los terrenos que ya no necesitan al Ministerio de Hacienda o directamente a los municipios para atender las necesidades dotacionales más perentorias. Todo menos obligar a los ayuntamientos a suscribir costosos créditos financieros que lastran aún más las maltrechas cuentas públicas. No obstante, en el caso de nuestra ciudad, consideramos una garantía para la conservación del patrimonio natural y cultural que amplias zonas de Ceuta sigan perteneciendo al Ministerio de Defensa, evitando de este modo las habituales recalificaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en buena parte de España.
La falta de suelo está dando lugar a una serie de fenómenos que observamos con preocupación. El ansia de mantener el crecimiento urbanístico a toda costa, lleva a la administración a idear formulas para seguir creciendo, ya sea mediante la densificación del tejido urbano, el aumento de la edificabilidad que se logra elevando la altura de los nuevos edificios o la ocupación de zonas consideradas no urbanizables o que no deberían serlo por su interés ecológico. Ya William H.Whyte, en su obra “El paisaje final”, nos advirtió sobre la estrategia de internarse en parajes de valor natural con proyectos etiquetados de “buenos” usos. Esto está pasando con la construcción de la nueva prisión, vendida como un revulsivo para el empleo y la economía local, o proyectos que se están tramitando en estos momentos, vendidos como ejemplos de la colaboración público-privada que generan productividad, en otras palabras, beneficio a sus promotores. Curiosamente todos estos proyectos de construcción, entre ellos el nuevo centro de menores en Calamocarro o la Residencia de Mayores de Santo Ángel en las faldas del Monte Hacho, se localizan fuera del núcleo urbano consolidado y en sitios de elevado interés medioambiental.
A nosotros poco nos importa que el uso de estos inmuebles sea social, sanitario o de cualquier otra índole, ya que en definitiva supone la ocupación de territorio y, con ello, la pérdida de paisaje, hábitat y biodiversidad. Y cuando además sabemos que es la puerta para justificar en el futuro otros usos no tan loables.
Ha llegado la hora de parar las máquinas y detenerse a reflexionar. Nuestra misión futura tiene que ser, como propuso Lewis Mumford, “rectificar los resultados de una voracidad insistente y remodelar un contorno que sido envilecido por el exceso de confianza en los planes mecánicos”.