Bipolaridad política en un solo acto

Con el Partido Socialista hemos perdido hace tiempo toda nuestra capacidad para la sorpresa. La posición manifestada por el secretario general del PSOE en relación a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en la que se rechaza el nombramiento de tres viceconsejeros al considerarse que el Gobierno de la Ciudad Autónoma debe tener una estructura similar a un ayuntamiento –con un máximo de ocho concejales, y todos electos–, deja estupefacto a cualquiera.

José Antonio Carracao cree que lo que está en juego es simplemente “una defensa del Partido Popular” y nos pide que acatemos la sentencia. Pero a la vez es capaz de afirmar que no está de acuerdo con equiparar a Ceuta con un ayuntamiento más, y hasta hace compatible esta última afirmación con “ponerse al servicio” del demandante, el sindicato UGT. Todo un ejercicio de esquizofrenia política; una suerte de bipolaridad que este mago de la res pública es capaz de articular en un único discurso. Porque lo que nos viene a decir el secretario general del PSOE es que asumamos una sentencia construida sobre la base de que no somos más que un ayuntamiento–como el de San Roque o el de Villanueva de la Serena– pero que no renunciemos al Estatuto de Autonomía. Es decir, debemos asumir que no somos más que un ayuntamiento y luego defender que somos una autonomía. ¡Toda una argumentación digna de un asesor de las Cortes Generales!
Y todo esto dicho por quien hace unas pocas semanas defendía que la Ciudad Autónoma asumiera educación y sanidad –como antes nos había hablado de asumir otras competencias como la pesca–.  De este modo, Carracao nos pide que mantengamos nuestras competencias de ayuntamiento, el resto de las propias de las Comunidades Autónomas que tenemos asumidas y establecidas en el Estatuto (menores, salud pública, transporte, asistencia social, consumo, agua, montes, juego…), que añadamos a éstas otras como –ahí es nada– educación, sanidad y servicios sociales (Imserso), y que para ello dispongamos de una estructura de gobierno de ocho concejales, como si fuéramos el ayuntamiento de Gaucín. Paradójicamente estas propuestas fueron formuladas en una ponencia que llevaba por título ‘Ganarse el encaje territorial’. Y desde luego que el encaje que defiende el PSOE es innovador. Lo malo es que es tan novedoso como incomprensible, contradictorio e ineficaz.
Este prócer de la asesoría, capaz de servir a la causa de la entidad local mientras defiende la autonómica, no quiere ver que, en efecto, aquí está en juego mucho que el nombramiento de unas determinadas personas. Porque asumir la sentencia no solo es defender un traje de ayuntamiento para un cuerpo de comunidad autónoma. Es decir que no existe un Estatuto de Autonomía –que es Ley Orgánica– que no atribuye la dirección de las competencias de la Ciudad Autónoma (no Ayuntamiento) a ocho concejales electos, sino que dice que “el Consejo de Gobierno (no Junta de Gobierno local) ostenta las funciones ejecutivas y administrativas de la ciudad de Ceuta”, que éste “está integrado por el presidente (no alcalde) y los consejeros (no concejales)” y que “los miembros del Consejo serán nombrados y separados libremente por el presidente, dando cuenta a la Asamblea” (no el Pleno del Ayuntamiento). Y más allá de esto, parece lógico pensar que si la Ciudad de Ceuta ostenta todas las competencias de un ayuntamiento y todas las autonómicas que le atribuye el Estatuto, y si, por su carácter autonómico, puede asumir –con los límites constitucional y legalmente establecidos– todas las que no tiene (desde educación a sanidad, pasando por justicia, empleo, servicios sociales y costas, por poner algunos ejemplos) no puede estar limitado a hacerlo con la misma estructura que quien solo tiene las primeras competencias. Y esto no es hacer una defensa del propio Partido Popular.
No se quiere dar cuenta tampoco Carracao que la argumentación de la sentencia sería válida para que quedaran en un limbo los trabajadores de la Ciudad en los departamento de competencias autonómicas, para no estar en la Conferencia de Presidentes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni el resto de órgano de diálogo entre los gobiernos central y autonómicos, para no recibir fuentes de financiación propias de las comunidades autónomas como el Fondo de Compensación Interterritorial o el Fondo de Suficiencia, para no poder desarrollar la normativa estatal con reglamentos… Y esto tampoco es hacer una defensa del Partido Popular.
Tan insigne asesor no quiere ver que ha habido sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) en sentido contrario ni que la vigente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no nos equipara con un ayuntamiento, sino que establece que “la organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de Ceuta y Melilla” se regulan “de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos” y “por las normas de desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas”. Es cierto que el Juzgado de lo Contencioso no tiene en cuenta este argumento por haber entrado en vigor la norma con posterioridad a los nombramientos, pero si lo que le preocupa a Carracao es la eficacia de los documentos que firmen los miembros no electos del Gobierno, bastaría con proponer, por ejemplo, que se les cesara y se les volviera a nombrar. Si es que de verdad lo que se defiende es el carácter autonómico de la Ciudad.
Y si eso es lo que se piensa, lo que se debe hacer es poner sus medios al servicio de otra causa, la de reforzar legalmente esta cuestión para evitar –no que se tumben unos nombramientos– sino los peligros antes descritos. Y debe saber Carracao que, precisamente, él asesora a una institución con funciones legislativas. Y, créanos, si fuera necesario, con la ley se acababan todas las dudas.
Eso es lo que se esperaría de alguien coherente y consecuente e incluso simplemente de un ceutí, pero el secretario general del PSOE, tanto que critica el “cortoplacismo”, no es capaz de ver más allá de la sentencia y se aferra a ella sin importarle las consecuencias.
Porque, en realidad, a Carracao le importa tres pepinos todo esto, a él solo le preocupa meterle un gol al Gobierno. Aunque no sea reglamentario o sea en propia meta. Por eso se pone al servicio de todo aquel al que vea goleador, porque en realidad ese es el único partido que le preocupa. Él sirve a su propia causa. Pero la incoherencia delata.