El pasado jueves 11 de octubre, un episodio más se sumó a la lista negra de la sanidad ceutí. Una madre que llevaba cuatro meses esperando una cita, llevaba a su hijo a consulta con el hematólogo. El crío, que padece un trastorno hematológico, está pendiente de una intervención quirúrgica y por ello se hace necesaria la previa atención con el especialista indicado.

El estupor se da cuando el doctor (de iniciales A.C.), se niega con rotundidad a atender al niño alegando órdenes de dirección y lo deriva a un hematólogo pediatra de Sevilla. Este dato, ciertamente desagradable, se hace más difícil de entender sabiendo que este mismo médico ya atendió al pequeño en otra ocasión anterior a través de la sanidad privada sin poner obstáculo alguno.

Además del triste detalle de no atender al chiquillo con la demora que ello supone, añadida a los meses que acumulan, hay abiertas varias cuestiones importantes a resolver: ¿Por qué esa orden de dirección? ¿El primer pediatra que atendió al niño cometió una negligencia derivándolo al doctor A.C.? Y en caso afirmativo… ¿cómo y por qué no se dio cuenta ningún administrativo de tal error en ejercicio de sus funciones?

La cadena burocrática de la seguridad social ceutí ha vuelto a quedar en evidencia. El número de padres que han aguantado incongruencias de este tipo es preocupante, elevándose la cifra a la máxima potencia si añadimos los casos que afectan exclusivamente a adultos. Se evidencia pues, una carencia de calidad que afecta directamente o indirectamente a la salud de los ceutíes.

Ante tales despropósitos, sólo cabe exigir soluciones y no basta con las tradicionales hojas de reclamaciones que suelen quedar en papel mojado. Ha de darse visibilidad a los problemas aprovechando los medios disponibles. Si bien se ha de apoyar frente a injusticias a todos los profesionales de la sanidad que realizan una labor encomiable, se deben eliminar los procedimientos dañinos en pos de una mejora continua y necesaria del sistema.

En lo que se refiere a este caso concreto, aunque se da por imposible la reparación del daño provocado, se hace ineludible la toma de medidas de los responsables sobre la cuestión. Es vital que errores de este calado se corrijan para que no vuelvan a ocurrir en perjuicio de menores de edad dando lugar, como en este caso, a lo que debe ser considerado como un verdadero escándalo.

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