Una prisión sin empleados públicos de prisiones es cualquier cosa menos una prisión, como pudo comprobarse recientemente cuando el inmaculado centro penitenciario de Málaga II, tras concienzudas deliberaciones de nuestros gestores políticos, “albergó” provisionalmente a inmigrantes, siendo atendido por otros profesionales no penitenciarios, perdiendo todo su lustre inicial, por decirlo amablemente.

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. ¿Les suena? Les voy a dar una pista: aparece en un texto muy citado, que se celebra todos los años entre grandes fastos, muy poco leído y mucho menos conocido, como pasa con el famoso Don Quijote de la Mancha: la vigente Constitución española de 1978, concretamente, el artículo 25.2., incluido en el importantísimo Título I, De los derechos y deberes fundamentales. Sí, he escrito bien, fundamentales.

Este mandato constitucional supone ante todo que el tiempo pasado entre rejas en nuestro país tenga una finalidad más formativa o inclusiva que punitiva, exclusiva o de “protección social” (apartando a los delincuentes de nuestras calles), lo cual nos ha convertido en un referente mundial penitenciario, un ejemplo a seguir, dicen. Ya lo saben: estamos en la pole position de méritos en donación de órganos, de creatividad o talento no político, también en éxitos deportivos y, como apuntábamos anteriormente, para sorpresa o desconocimiento de propios y extraños, nuestro sistema penitenciario es, o debería ser, un ejemplo internacional de segundas oportunidades. La llamada reeducación penitenciaria es como un triángulo formado por tres lados necesarios: los intern@s, los “reeducadores” (que incluye al personal penitenciario, ONGs…) y la sociedad reinsertadora o, en su caso, insertadora de los que nunca estuvieron socialmente insertados. No hace falta decir que si alguna de las tres partes no colabora, participa o realiza eficazmente su papel reeducador, la segunda oportunidad fracasa, se convierte en papel mojado constitucional o en declaración de buenas intenciones para justificar medallitas de algunos o para confeccionar repetitivos discursos ministeriales tan cansinos como ficticios. En otra ocasión se podría reflexionar constructivamente sobre la labor de reclusos y sociedad en este apasionante mandato constitucional de ayudar entre todos a que formen parte los ex-convictos de una sociedad más abierta y tolerante, sin exclusión social, apostando por un mundo más libre, igualitario, mejorando la convivencia. Qué duda cabe de que nos haríamos merecedores de los altos niveles de civilización proclamados. Hoy quisiera acordarme de nosotros, un servicio público tan olvidado como poco valorado: los empleados públicos penitenciarios españoles. Pero, ¿qué se conoce de nosotros, los que trabajamos entre muros? ¿Qué percepción social predomina? ¿Somos diferentes a lo que aparece en morbosas películas americanas o en expresos de medianoche?

¿Sabe la sociedad que siendo empleados públicos, de la Administración General del Estado (AGE), pertenecemos al Ministerio del Interior? ¿Es consciente la opinión pública de que la Administración nos trata como a la Cenicienta? Sólo salimos en los medios cuando se escapa algún interno por medio de una sábana o de un permiso o cuando Urdangarín va a tener contactos reales el sábado sabadete.

¿Le importa a alguien que seamos los que más agravios comparativos sufrimos, siendo los grandes marginados dentro del Ministerio o de la AGE? ¿Sabe algún mortal que somos los carceleros uno de los colectivos de la Administración con más titulados universitarios, compuesto por trabajadores competentes-resolutivos acostumbrados a hacer su trabajo con gran profesionalidad a pesar de los gestores políticos de turno?

¿Alguien se ha planteado alguna vez que las únicas herramientas diarias que empleamos en nuestras cárceles son el bolígrafo, el sentido común y el respeto a la legalidad frente a delincuentes o presuntos delincuentes? ¿Quién se ha preocupado hasta la fecha de las graves carencias de personal, las numerosas agresiones o falta de seguridad, las tremendas carencias formativas, preventivas, organizativas, retributivas que sufrimos los penitenciarios, los que tenemos el mandato constitucional fundamental de reeducar personas que entran como delincuentes o presuntos delincuentes en nuestros establecimientos y que deberían salir como ciudadanos reinsertables dispuestos a formar parte de esta sociedad?

¿A quién le importa este secular abandono? Necesitamos sin demora la ayuda de la sociedad civil, de la gente de a pie, de las instituciones para que nos apoyen en nuestras imparables reivindicaciones frente a ignorantes, indolentes y prepotentes gobernantes (antes del PP, ahora con el PSOE) para mejorar las condiciones de trabajo, pues si mejoramos nosotros, salimos beneficiados todos, mejora la sociedad entera. Lograremos con más personal, medios y justas retribuciones que las segundas oportunidades se conviertan en realidad, en nuestras primeras prioridades.

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