Nos deja una persona buena que siempre puso el corazón en la profesión a la que dedicó su vida y a través de la cual se hizo un nombre en la ciudad, con Hadú y "su" Villa Jovita, el barrio "con olor a mar" del que nunca se mudó, como zonas de referencia a la hora de repasar las anécdotas de aquel docente "de la vieja escuela", de "tiza y pizarra", que tanta huella dejó en quienes ocuparon los pupitres a los que dirigió lecciones, regañinas y, sobre todo, pasión por enseñar.

Caballa "hasta la médula" y autonomista convencido, nunca albergó rencor hacia nadie. Su mujer y sus hijos no olvidan la sentencia que en todo momento presidió la educación que quiso transmitir en casa: "Todo es de todos". Hoy, "don Gregorio" es de Ceuta. Su Ceuta.

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Los servicios de seguridad nacional habían desmantelado el 11 de mayo, en coordinación con los servicios de la Dirección General de Vigilancia del Territorio, una red criminal dedicada a la violación de sistemas de tratamiento automatizado de datos bancarios y su explotación en transacciones comerciales y operaciones de compra en internet, según agregaron las mismas fuentes.

Las investigaciones realizadas en este caso permitieron la detención de los dos acusados implicados en estos hechos criminales.

Los sospechosos fueron puestos a disposición judicial para ser investigados bajo la supervisión de la fiscalía competente para determinar los entresijos de este caso, mientras que continúan las investigaciones para detener a los demás cómplices, concluyó la misma fuente.

Robo y comprar por internet

La automatización permite a los bancos conectar sistemas informáticos y reducir las tareas manuales. Esto, a su vez, reduce la carga de trabajo de los empleados, ayudándoles a sentirse más satisfechos y productivos al disponer de los datos y el tiempo que necesitan para ofrecer la mejor experiencia posible a los clientes.

Aunque cada uno de estos tratamientos de datos se encuentran protegidos por diversos sistemas, existen redes criminales organizadas con el objetivo de burlar todas las medidas de seguridad para hacerse con el control de los datos bancarios y poder perpetrar así desvío de cantidades y otras operaciones fraudulentas que se traducen en un robo a los clientes y a las entidades bancarias que velan por sus cuentas y ahorros depositados en las mismas.

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Es necesario subrayar que la gran mayoría de los futbolistas que participan en las competiciones organizadas por la Territorial ceutí, son menores de edad, por tanto, es fundamental que se les brinde el ejemplo de los valores esenciales en el deporte, como el respeto al adversario y el compañerismo.

Por ello, la RFFCE reiteró en su última Junta Directiva celebrada este mes de abril, la importancia de aplicar el Protocolo de Actuación Efectiva contra la Violencia Verbal, a tenor de los últimos episodios vividos en las gradas.

Este protocolo implica la interrupción de los encuentros ante cualquier insulto o agresión verbal hacia los rivales y árbitros.

Para lograrlo, el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, en coordinación con los Comités Arbitrales de las Federaciones Territoriales, elaboraron un Protocolo de Actuación Efectiva contra la Violencia Verbal, para combatir las amenazas, insultos y las manifestaciones racistas, xenófobas, sexistas e intolerantes.

El Protocolo que propone la RFFCE se compone de tres medidas:

La primera consiste en detener el partido en caso de violencia verbal continuada, comunicándolo a los responsables de los equipos y advirtiendo a los autores para que cesen su actitud.
Si persiste la violencia verbal, se procederá a la suspensión temporal del partido, invitando a los equipos a retirarse a los vestuarios, repitiendo los mensajes.
Finalmente, si los autores de los actos de violencia verbal no son expulsados o se reproducen tales actos, el colegiado acordará la suspensión definitiva del partido.

Medidas de refuerzo

La RFFCE reforzará sus instalaciones con más personal y contará con vigilancia en determinados partidos para tener una mayor seguridad.
De igual modo, la Territorial ceutí continuará con su campaña para transmitir y fomentar el juego limpio en el Fútbol Base, con los saludos iniciales antes del comienzo de cada encuentro y saludos al final en los partidos de la Base (Campaña #SaludosRFFCE).
Por último, la RFFCE recuerda que la participación de los Entrenadores es una parte fundamental en este proceso de enseñanza, donde debe primar el buen comportamiento sobre los resultados.

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Los tres tendrán que responder en el Juzgado de Estepona (Málaga) de un delito de tenencia ilícita de armas. Además ‘Piolín’ tiene causas pendientes en todos los juzgados de Ceuta y una orden de entrada en prisión en vigor que debe cumplir, al margen de la decisión que adopte hoy la autoridad judicial en la que pesan factores como la reiteración delictiva o el riesgo de fuga ya que ha estado prácticamente un año escondido.

Los componentes de la UDYCO de Ceuta que lideraron esta detención contaron con apoyo operativo y de seguridad de unidades de la Península en el momento de la entrada en un apartamento de una urbanización de la Costa del Sol en donde sospechaban que se ocultaba ‘Piolín’.

Señalado como la cabeza visible de una de las bandas criminales en la ciudad que querían controlar el negocio del narcotráfico, mantuvo una lucha a muerte con la dirigida por el apodado ‘Tayena’, asesinado el pasado 12 de abril después de ser tiroteado en San Roque.

Un operativo conocido por pocos agentes que ha terminado con éxito

Tal y como han confirmado fuentes policiales a El Faro, dentro del apartamento los agentes sorprendieron a Ismael M.A. y otros dos jóvenes, quienes no pudieron escapar ni abandonar el lugar a tiempo de intentar una burla al cordón policial dispuesto. No opusieron resistencia y las detenciones fueron ‘limpias’.

El operativo era conocido por unos pocos agentes de la Jefatura Superior, se había mantenido en el más absoluto silencio para que la operación terminara con éxito, llevándose a cabo controles y manejándose informaciones sobre la ruta que podría estar siguiendo ‘Piolín’ para evitar la presión constante con controles casi a diario en las barriadas de Ceuta que podían servirle de ocultación.

En el apartamento, además de procederse a la detención de estas tres personas se encontró un arma y escasas pertenencias personales, lo que apunta a que la estancia de estas tres personas iba a ser breve. El arma estaba cargada y capacitada para disparar.

A los tres detenidos se les vincula con su tenencia ilícita al margen de que contra ‘Piolín’ existen causas abiertas por todo tipo de delitos de los que tendrá que responder en los diferentes juzgados de Ceuta.

Todos ellos están asociados a los negocios del tráfico de drogas y a delitos asociados al empleo de armas, debiendo responder por ejemplo por los tiros efectuados contra la vivienda de la madre de ‘Tayena’ en el Príncipe en pleno desarrollo de la ‘Operación Plomo’ o por el crimen del adolescente Ibrahim Bufelham, al haber sido denunciado en el juzgado por estos hechos. Meses después, concretamente en verano, se retiraría la denuncia pero eso no impide que tenga que declarar sobre los hechos y su situación aquella fatídica noche.

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Se han convocado para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial con 32, 53 y 43 integrantes en cada una de ellas.

En cada bolsa se constituirá un cupo de reserva formado por los aspirantes que, cumpliendo los requisitos, no hayan sido seleccionados como titulares, según ha informado CCOO-Justicia.

En todas se reservará el 7% para personas con una discapacidad de grado igual o superior al 33%. Quienes deseen participar por ese cupo deberán indicarlo en la solicitud.

En caso de que no haya suficientes solicitantes para cubrir las plazas previstas para personas con grado de discapacidad, dichas plazas serán cubiertas por aspirantes del sistema de acceso general, por estricto orden de puntuación.

Los candidatos deberán figurar inscritos en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de trabajo o mejora del mismo, excepto los que se encuentren trabajando como interinos en la Administración de Justicia.

También no haber sido sancionados por falta muy grave en los tres últimos años y haberse presentado al primer ejercicio de las pruebas selectivas, del cuerpo al que se opte, de cualquiera de las dos últimas convocatorias de oposiciones.

Los postulados también debe tener el título de Bachiller para la bolsa de Tramitación Procesal y Administrativa; el de ESO o equivalente para el de Auxilio Judicial y titulación superior para la de Gestión Procesal y Administrativa.

Los aspirantes a la bolsa del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa deberán acreditar experiencias prácticas en mecanografía o en medios ofimáticos.

Para formar parte de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos que se convocan se deberá rellenar y presentar la solicitud a través del asistente que estará disponible en el portal en Internet del Ministerio de Justicia.

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Tras la marcha de Carolina Darias, cuyo balance de gestión es, según el Satse, "muy negativo", la organización sindical confía en que el nuevo ministro sea un “revulsivo” que logre que la sanidad pública y sus profesionales se conviertan en "una verdadera prioridad" para el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Algo que no ha sucedido a pesar de todos los compromisos adquiridos durante la pandemia del Covid-19", considera el colectivo.

En primer lugar, el Sindicato de Enfermería demanda a Miñones que "trabaje en el seno del Gobierno para lograr el incremento del gasto público destinado a la sanidad"; ya que el actual porcentaje, inferior al 7%, "es absolutamente insuficiente y se sitúa por debajo de distintos países de nuestro entorno que dedican en torno al 10 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB)".

Asimismo, Satse espera que el nuevo ministro de Sanidad "no sea como su antecesora en el cargo" y posibilite que su partido, el PSOE, "no bloquee la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados".

Esta, recordó, ya se encuentra pendiente del debate de las enmiendas parciales por parte los partidos políticos en la Comisión de Sanidad.

“El ministro debe propiciar que su partido apoye una ley que solo busca garantizar la seguridad asistencial de las personas en los centros sanitarios y sociosanitarios a través de una asignación máxima de pacientes por enfermera, y que, una vez aprobada, nos convertirá en un país pionero a nivel mundial a la hora de mejorar la atención sanitaria y cuidados que se presta al conjunto de la sociedad”, apuntan desde la sindical.

De otro lado, el Sindicato de Enfermería subraya la urgente necesidad de que Sanidad y las consejerías de Salud autonómicas pongan en marcha las actuaciones imprescindibles para reducir las listas de espera y mejorar la Atención Primaria de nuestro país.

Con este objetivo, Satse ha elaborado dos documentos estratégicos que ha trasladado ya al Ministerio y a las consejerías al objeto de que pongan en marcha las medidas propuestas.

En el caso de las enfermeras y fisioterapeutas, pide al nuevo titular de Sanidad que propicie que su Gobierno modifique el Estatuto Básico del Empleado Público para que estos profesionales sea incluidos en un Grupo A, sin subgrupos, dentro de la administración pública, y pueda acabar así "la grave situación de discriminación y desigualdad que sufren desde hace muchos años".

Otras demandas que el Sindicato de Enfermería traslada a José Manuel Miñones son la posibilidad de que las enfermeras puedan acceder a la jubilación anticipada y voluntaria, ya que sus condiciones laborales son especialmente penosas, peligrosas e insalubres; la aprobación de una Ley que luche contra las agresiones en el ámbito sanitario, y la puesta en marcha de un Plan de
estabilidad y retorno de los profesionales que se han visto obligados a emigrar en los últimos años a otros países en busca de unas mejores condiciones.

Por último, Satse muestra su plena disposición y disponibilidad a colaborar, de manera leal y en positivo con el nuevo ministro de Sanidad para mejorar el sistema sanitario y la atención y cuidados que se presta a más de 47 millones de personas.

“Confiamos en poder tener con José Manuel Miñones una relación fluida y constructiva, algo que no fue posible con Carolina Darias debido a su falta de proyecto sanitario para nuestro país y su nulo compromiso con las 400.000 enfermeras y fisioterapeutas que hacen posible el día a día de los centros sanitarios”, concluye el comunicado facilitado por el sindicato.

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Se trata de la respuesta de los populares a la convocatoria de huelga indefinida iniciada el lunes 20 de marzo por el  Sindicato Médico Profesional de Ceuta (SMC) ante el silencio del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) que gestiona la sanidad en ambas Ciudades Autónomas.

Así, el órgano, bajo la presidencia del portavoz Javier Maroto y la secretaria general, la senadora por Navarra, Amelia Salanueva, ha escuchado junto con el resto de miembros un informe del portavoz adjunto Javier Arenas sobre la situación.

Esta, ha indicado, ha venido derivada por la queja de los médicos sobre “la falta de diálogo” de Ingesa y la creciente dificultad para captar y fidelizar médicos para las ciudades autónomas que, en su opinión, sitúan a la cola del Sistema Nacional de Salud tanto a Ceuta como a Melilla.

“Todo lo que pasa en Ceuta y Melilla nos interesa a todos los españoles”, ha asegurado. Por ello, el Partido Popular, ha acordado elevar el asunto al Pleno del Senado.

Mientras tanto, en territorio ceutí van ya cinco intensas jornadas de inactividad en las que se han cancelado casi 80 intervenciones quirúrgicas y cerca de 750 consultas programadas.

La solución, insisten, pasa por el diálogo con el Instituto, al que piden de manera incesante se siente a negociar. Una demanda que volverán a reclamar este miércoles 22 de marzo en una concentración organizada frente al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Además, a la problemática que vive el grupo de facultativos de ejercicio mixto, “se ha sumado la situación de los médicos de atención primaria, que irán a huelga el próximo 11 de abril”.

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La Operación Caballa tuvo lugar en agosto de 2022. Quedan más personas por detener

Pero aquella travesía no salió como se esperaba debido a la presencia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en plena ruta clandestina, lo que llevó a que el piloto obligara a los seis inmigrantes a arrojarse al mar teniendo que llegar por sus propios medios hasta el arenal.
La única mujer que formaba parte de esta expedición contó con la ayuda de sus compañeros de travesía para no perecer en el mar. De no ser por ellos no hubiera podido resistir. Hasta aquí llega la historia que ha podido dar pie a una condena judicial por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con la agravante de cometerse con ánimo de lucro y peligro para la vida.
Queda no obstante otra parte de esa crónica en el aire, toda vez que faltan implicados por ser arrestados. Y es que los inmigrantes, tras salvar sus vidas, terminaron retenidos contra su voluntad en una casa a donde fueron trasladados en un coche de los traficantes.
Fue allí donde los encontró la Policía, hallando incluso a la mujer maniatada. Tenían que pagar los 8.000 euros por el pase que nunca llegó a realizarse para poder recuperar su libertad. La fémina, que estaba separada en una habitación del resto, pudo acercarse a una de las ventanas para pedir ayuda, gesto que fue detectado por unos funcionarios policiales que patrullaban por las inmediaciones. Fue así como se puso en marcha la Operación Caballa.
La incursión de la Policía en la casa llevó no solo al hallazgo de estas personas sino también al de un alijo de 21 kilos de hachís, una motocicleta, teléfonos móviles, otros satélites y un GPS. El CNP cree que existía una organización dedicada al tráfico de personas aunque nunca pudo dar con ella.

Al único acusado se le ha podido condenar por tráfico de inmigrantes con agravante

¿Y qué pasó con la embarcación? Esta es otra parte de la historia que queda por esclarecerse. El piloto ahora condenado la atracó en el puerto deportivo y allí, poco después, fue calcinada.
Se trataba de una tipo phantom propiedad del apodado Tayena. Su quema y destrucción en la dársena fue un claro ejemplo de la inseguridad focalizada en este lugar. Así fue eliminada cualquier prueba de la comisión del delito.
El tribunal de la Sección VI dictó la sentencia in voce, contando con la aprobación de las partes y sin posibilidad de recurso. El ya condenado prestó declaración a través de videoconferencia reconociendo los hechos delictivos en los que se vio implicado.
La rápida intervención de la Policía fue determinante para liberar a todos los inmigrantes de lo que puede etiquetarse de secuestro, ya que esa libertad anulada solo podía ser recuperada si se abonaba un dinero que fue solicitó de manera insistente a las familias de estos jóvenes del vecino país.

La figura jurídica de la conformidad evita la celebración del juicio tras reconocerse el delito

La Audiencia había señalado para este miércoles el juicio por esta operación que terminó siendo portada de los medios de comunicación aquel agosto de 2022. No fue necesaria la celebración de la vista judicial ya que el propio acusado reconoció la comisión del delito de tráfico de inmigrantes, aceptando por tanto la pena de 5 años acordada entre las partes representadas en este procedimiento. A través de videoconferencia reconoció el delito y se conformó con la sanción dictada por el tribunal de la Sección VI.
De no haberse fijado ese acuerdo se tendría que haber celebrado una vista en la que el acusado se exponía a una mayor pena de cárcel. El reconocimiento de los hechos supone una medida favorable para el acusado.
Quedan otras personas por arrestar en este asunto en el que de nuevo se volvió a poner en riesgo las vidas de personas que son capaces de hipotecar a sus familias por abandonar Marruecos.

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Este martes el sindicato está de aniversario. Nació el 28 de febrero de 1978, cansados los integrantes militares de menor rango de la Policía Armada de los atropellos que sufrían a diario en su labor diaria sin poder oponer defensa alguna ante tanto ultraje laboral.

Desde esta fecha hasta el 21 de noviembre de 1984, cuando se materializó la legalización del SUP y su posterior inscripción en el registro de asociaciones, los afiliados al sindicato ejercían su labor sindical en la clandestinidad, pegando cartelería y repartiendo información sindical, todo ello a hurtadillas, no sin jugarse arrestos por los mandos superiores y en los casos más graves consejos de guerra, expulsiones e incluso entradas en prisión.

La legalización del SUP dio comienzo a una nueva etapa donde los policías solicitaban un Cuerpo policial civil, cansados de un régimen militar, que fuese democrático, donde se dejase atrás en el tiempo todos los hechos narrados anteriormente.

“No queremos dejar de pasar la ocasión para agradecer a todos los integrantes de afiliación del SUP, los que iniciaron el movimiento de creación y todos los posteriores hasta la fecha actual y aquellos futuros afiliados, los cuales depositaron su confianza en esta organización sindical, con la finalidad de que sirviera de altavoz frente a la Administración para dar a conocer y mejorar todas las reivindicaciones que tenía el colectivo de la Policía Nacional”, explica el sindicato.

De los logros más importantes conseguidos por parte del sindicato está el pase de la sanidad pública a la privada; la reclasificación del grupo D de la Administración al grupo C con un incremento monetario en las nóminas, derechos en vacaciones, permisos y licencias; las mejoras en la jornada laboral o las propuestas para un mejor desarrollo laboral policial durante la pandemia del COVID 19.

Desde el sindicato indican que aunque se ha dando cuantiosos avances “no podemos caer en el conformismo”. El SUP se caracteriza “por unas propias señas de identidad, que son el trabajo riguroso y su eficacia, como se ha demostrado durante tantos años. Nos queda mucho por lo que trabajar y lograr mejorar ante los retos que tenemos en el presente y que se nos presentarán en el futuro”.

Y entre los mismos destacan como los más cercanos la culminación de la equiparación, ya que falta por completar un tramo, la reclasificación del Grupo C de la Administración al grupo B, la ampliación de los Catálogos de Puestos de trabajo desfasados y que se completen al 100% o la eliminación del copago farmacéutico, que hace que un policía jubilado pague tres veces más caras las medicinas.

También el acceso a una jubilación anticipada sin detrimento tan considerable en la nómina, mejoras en el protocolo antisuicidios y cumplimentar los vacíos normativos de innumerables situaciones que se encuentran pendientes de regulación.

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