La sentencia, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, anula la resolución de la Administración que denegaba el abono de esta indemnización durante el periodo de convalecencia.

La Dirección General de la Policía había justificado la detracción económica en que el funcionario no se encontraba físicamente en Ceuta durante su baja médica, pese a contar con la correspondiente autorización administrativa para permanecer fuera de su destino.

Sin embargo, el tribunal ha dado la razón a los servicios jurídicos del SUP y ha rechazado esta interpretación de la Administración.

La resolución judicial establece que el derecho a percibir la indemnización por residencia está vinculado a la toma de posesión de la plaza de destino y no puede desaparecer por una ausencia temporal justificada.

La baja médica no supone perder el derecho al plus

En este sentido, el fallo considera que un funcionario que se encuentra en situación de incapacidad temporal continúa en servicio activo, por lo que mantiene el derecho a percibir las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo.

Esta circunstancia impide que la Administración pueda retirar el plus de residencia por el mero hecho de que el agente tenga que permanecer temporalmente fuera de la ciudad en la que está destinado.

La resolución también aclara que la indemnización por residencia se mantiene mientras el policía conserve su destino y no se produzca un cese definitivo acompañado del correspondiente traslado de domicilio.

Por tanto, las ausencias temporales motivadas por una baja médica, las vacaciones o las comisiones de servicio no justifican, por sí solas, la supresión de este concepto retributivo.

Además de anular la resolución impugnada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condena a la Dirección General de la Policía a devolver al agente la totalidad de las cantidades que le fueron detraídas durante los meses de convalecencia.

A esta cantidad deberán añadirse los correspondientes intereses legales, calculados desde la reclamación presentada previamente por la vía administrativa.

El SUP destaca la importancia de la sentencia

Desde el Sindicato Unificado de Policía han valorado muy positivamente el pronunciamiento judicial, al considerar que supone un respaldo a los derechos económicos de los funcionarios destinados en territorios que perciben indemnización por residencia, como es el caso de Ceuta.

La organización sindical entiende que la sentencia constituye un importante precedente frente al criterio restrictivo que, según denuncia, venía aplicando la Administración en estos casos.

El SUP sostiene que ningún agente debe sufrir una merma de sus derechos económicos por encontrarse de baja médica y necesitar trasladarse temporalmente fuera de su localidad de destino para afrontar su recuperación.

Con este fallo, los servicios jurídicos del sindicato consiguen que la Dirección General de la Policía tenga que restituir las cantidades retiradas al funcionario afectado, al quedar reconocido judicialmente su derecho a mantener el plus de residencia durante todo el periodo de incapacidad temporal.

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El acusado, a través de videoconferencia, reconoció los hechos y aceptó la pena de seis meses de prisión. Una pena que le quedará suspendida por un plazo de dos años, tiempo en el que no podrá volver a delinquir.

En la responsabilidad civil estaba fijada la devolución del coche, pero se señaló que el vehículo ya había quedado retenido por las autoridades cuando fue detenido.

La condena se produce después de que el acusado se quedara con un vehículo de la marca Cupra que tenía contratado mediante un sistema de arrendamiento con opción de compra con la entidad Volkswagen Financial Services France.

Dejó de pagar las cuotas del vehículo

Según los hechos recogidos en la causa, el acusado concertó con la entidad financiera, a través de la sociedad EURL LARA ELEC, de la que era representante, un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre un turismo marca Cupra, modelo León e-Hybrid, con matrícula francesa.

Sin embargo, a partir de enero de 2025 dejó de abonar las cuotas pactadas. Esta situación llevó a la entidad propietaria a resolver el contrato el 27 de mayo de ese mismo año y a requerirle para que devolviera el vehículo.

Pese a ello, y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, el hombre mantuvo el coche en su poder y se negó a devolverlo a su legítimo propietario, Volkswagen Financial Services France. Esta actuación ocasionó un perjuicio económico cifrado en 8.986,63 euros.

Interceptado cuando iba a embarcar hacia Algeciras

Los hechos tuvieron un nuevo episodio el pasado 24 de agosto, sobre las 23:45 horas. El acusado se disponía a embarcar en el Puerto de Ceuta con destino a Algeciras, conduciendo el vehículo objeto de la denuncia.

En ese momento fue interceptado por agentes de la Guardia Civil, que comprobaron que sobre el turismo pesaba un señalamiento SIS de Francia por sustracción o extravío.

Esta alerta había sido activada a raíz de la denuncia presentada por la entidad perjudicada, después de que el acusado no devolviera el vehículo una vez resuelto el contrato de arrendamiento.

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La operación figura en la Memoria General de los Presupuestos de 2027 y abre la puerta a una posible transformación de un espacio que actualmente se ha convertido en un importante foco de acumulación de residuos.

La situación de estos terrenos añade una dimensión especialmente relevante al proyecto. Arcos Quebrados se ha convertido en un auténtico vertedero, donde la Ciudad tiene que intervenir para retirar miles de toneladas de basura.

Una situación que supone un problema para el entorno y para los vecinos, y que hace especialmente interesante la posibilidad de dar a estos terrenos un uso planificado, ordenado y beneficioso para la barriada.

La adquisición permitiría, según recoge la memoria presupuestaria, abordar actuaciones de urbanización, construcción de nuevos viales, creación de equipamientos sociales y promoción de viviendas públicas.

De esta forma, la operación podría servir para cambiar el destino de una superficie actualmente degradada y convertirla en un espacio destinado a mejorar las infraestructuras y los servicios de la zona.

De un vertedero a un espacio con utilidad para los vecinos

La importancia de esta iniciativa va más allá de la propia compra de los terrenos. La posibilidad de ordenar urbanísticamente una superficie de más de 30.000 metros cuadrados permitiría plantear una intervención de mayor alcance en un entorno que arrastra problemas relacionados con la acumulación de residuos y la degradación del espacio.

La retirada de basura supone un esfuerzo para los servicios municipales, que tienen que destinar recursos a limpiar una zona en la que se acumulan grandes cantidades de desperdicios.

Por ello, una actuación que permita recuperar el terreno y asignarle usos concretos podría representar una solución más duradera que las intervenciones periódicas de limpieza, siempre que el futuro desarrollo incluya medidas para evitar que vuelvan a producirse vertidos.

Para los residentes de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe y el entorno de Arcos Quebrados, el proyecto podría traducirse en mejores conexiones, nuevos servicios y oportunidades de acceso a vivienda pública.

La memoria, no obstante, todavía no detalla cómo se distribuirían esos usos ni qué instalaciones se construirían, por lo que habrá que esperar a que la Ciudad concrete la planificación.

La adquisición está en fase de tramitación

La memoria presupuestaria señala que la Administración se encuentra actualmente en fase de tramitación para adquirir la parcela. Sin embargo, todavía no ofrece detalles sobre la titularidad de los terrenos, su delimitación exacta ni el coste que podría alcanzar la operación. Estos aspectos quedan pendientes de los trabajos de valoración y tasación que deben determinar el importe necesario para completar la adquisición.

Uno de los elementos más llamativos de la operación aparece en su reflejo presupuestario. La partida destinada a esta iniciativa cuenta inicialmente con una dotación de un euro, una cantidad que no representa el precio de compra de los terrenos ni el coste total del proyecto.

La memoria explica que se incorpora ese importe simbólico para poder transferir posteriormente el crédito necesario, una vez que hayan finalizado los trabajos de valoración y tasación.

De esta manera, la cuantía definitiva de la adquisición todavía no está concretada. La Ciudad deberá conocer primero el resultado de esa valoración para determinar cuánto dinero será necesario incorporar al presupuesto. Por ahora, el documento no establece una cifra económica para la compra ni detalla cuándo podría formalizarse.

Viales, equipamientos sociales y viviendas públicas

La actuación aparece recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, según especifica la memoria. Entre los objetivos señalados se encuentra la construcción de nuevos viales, una intervención que permitiría desarrollar la urbanización de la parcela y mejorar la ordenación de este espacio.

La creación de conexiones viarias podría resultar especialmente relevante para un entorno que necesita una planificación adecuada de sus accesos y comunicaciones.

A ello se sumaría la creación de equipamientos sociales, aunque la memoria no identifica qué tipo de instalaciones se contemplan, qué servicios podrían albergar ni a qué población irían dirigidos. Se trata, por tanto, de una posibilidad recogida en la planificación presupuestaria, pero todavía sin un desarrollo concreto conocido.

La tercera línea de actuación mencionada es la construcción de viviendas públicas. Sin embargo, el documento no concreta el número de inmuebles que podrían levantarse, sus características, el régimen de acceso o los plazos previstos. Tampoco especifica si existe ya una planificación residencial detallada o si esta deberá definirse en fases posteriores.

Una oportunidad para cambiar la imagen de Arcos Quebrados

La adquisición de los más de 30.000 metros cuadrados constituye, en esta fase, el paso previo para poder desarrollar las actuaciones descritas. La memoria presupuestaria recoge los usos previstos para el suelo, pero no permite determinar todavía la dimensión final de la operación ni cuándo podrían comenzar las obras de urbanización o edificación.

La posible transformación de estos terrenos adquiere una relevancia especial por la situación que presenta actualmente Arcos Quebrados. Frente a un espacio marcado por la acumulación de basura y la necesidad de continuas actuaciones de limpieza, la planificación de viales, equipamientos y viviendas permitiría plantear un futuro con una utilidad directa para los vecinos.

Para que ese cambio sea efectivo, será importante que el desarrollo urbanístico vaya acompañado de soluciones que impidan que el lugar vuelva a convertirse en un punto de vertidos incontrolados.

La iniciativa se incluye en un Plan de Inversiones que contempla para 2027 una dotación global de 31,83 millones de euros, repartida entre inversiones reales y transferencias y aportaciones de capital.

La memoria también recoge una programación conjunta para el periodo 2027-2029 de más de 95,5 millones de euros. Estas cantidades corresponden al conjunto del plan y no deben confundirse con el presupuesto específico de la parcela, que todavía está pendiente de determinar.

Mejora en las barriadas

En el mismo apartado dedicado a las barriadas e infraestructuras urbanas, la memoria recoge otras intervenciones, como las actuaciones de mejora del entorno urbano derivadas de los acontecimientos del 30 y 31 de julio, con un importe estimado de cuatro millones de euros, además de trabajos de renovación del pavimento y mejoras en infraestructuras de la ciudad.

La operación abre así la puerta a una futura intervención sobre una superficie superior a los 30.000 metros cuadrados, con posibles usos residenciales, sociales y de infraestructura viaria. En el caso de Arcos Quebrados, el interés del proyecto reside también en la posibilidad de recuperar un espacio que hoy obliga a la Ciudad a destinar recursos a la retirada de miles de toneladas de basura. E

l desarrollo dependerá ahora de que concluyan los trámites de adquisición y tasación y de que se concreten la financiación, los proyectos y los plazos. El objetivo sería pasar de un terreno degradado y problemático a un espacio ordenado, útil y pensado para mejorar la vida de los vecinos.

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Iván reside actualmente en la capital alavesa, donde cursa el Grado en Ingeniería en Automoción en la prestigiosa Escuela de Ingeniería de Vitoria de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Atraído por un programa académico especializado y único, el talento caballa no tardó en ser elegido para incorporarse a uno de los proyectos de alto rendimiento más ambiciosos del campus: el Formula Student Vitoria (FSVitoria).

El ADN de un deportista al servicio de la alta ingeniería

FSVitoria es un equipo de competición formado por unos 50 estudiantes que diseñan, fabrican y desarrollan desde cero monoplazas de carreras 100% eléctricos. En este entorno tan competitivo, la mentalidad de un deportista de fondo como Iván resulta un pilar fundamental.

La disciplina aprendida sobre las dos ruedas y la resistencia en pruebas de montaña extrema se traducen ahora en precisión dentro del box: optimizar componentes mecánicos, trabajar bajo la presión de la telemetría y ajustar la dinámica del coche para arañar décimas al cronómetro.

Tras el hito que supuso el lanzamiento del primer prototipo del equipo (el Bizkor 01) en 2021, la escudería ha evolucionado de forma meteórica apostando por chasis monocasco de fibra de carbono y sistemas avanzados de tracción integral (4WD) con motores independientes en cada rueda.

Un calendario internacional de primer nivel

La temporada actual presenta el reto más exigente en la historia del proyecto. Viajarán por todo el continente para poner a prueba su última creación tecnológica: el Bizkor RS26.

Este nuevo monoplaza eléctrico, que incorpora un paquete aerodinámico completamente rediseñado y una transmisión evolucionada, medirá sus fuerzas con las mejores universidades del mundo en tres templos de la velocidad:

• Silverstone (Reino Unido): El trazado británico acoge la mítica cita de la Formula Student UK, un escenario clásico donde el equipo vitoriano ya sabe lo que es cosechar éxitos.
• Hockenheim (Alemania): Considerada la prueba reina a escala mundial (Formula Student Germany), donde se citan los desarrollos de ingeniería más avanzados del planeta.
• Lyon (Francia): El gran debut del equipo en tierras galas, un circuito técnico que pondrá a prueba la fiabilidad de las baterías y los sistemas del coche.

La historia de Iván Jiménez de Torres es el claro ejemplo de cómo la juventud ceutí derriba fronteras geográficas para liderar proyectos tecnológicos de vanguardia.

Desde las exigentes rutas de ciclismo en Ceuta hasta el asfalto de los circuitos europeos de Fórmula 1, este futuro ingeniero de automoción ya rueda en la pole position.

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La acusada aceptó seis meses de prisión y al pago de una multa durante otros seis meses, con una cuota diaria de seis euros.

En caso de impago de la multa, la sentencia contempla un día de responsabilidad personal subsidiaria cada dos cuotas no satisfechas. No obstante, la pena de prisión ha quedado suspendida durante un periodo de dos años, condicionado a que la condenada no vuelva a delinquir durante ese plazo.

Los hechos se remontan al cumplimiento de una medida de libertad vigilada que impedía a la mujer abandonar Ceuta sin autorización judicial.

La acusada tenía antecedentes penales por una condena firme dictada el 21 de marzo de 2019 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le impuso cinco años de prisión por un delito de terrorismo en su modalidad de captación de miembros.

Una medida de libertad vigilada de cuatro años

Tras aquella condena, la mujer quedó sujeta a una medida de libertad vigilada durante cuatro años, acordada mediante auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de septiembre de 2021.

Entre las obligaciones impuestas figuraba la prohibición de ausentarse del lugar de residencia o de un territorio determinado sin contar con autorización del juez o tribunal.

El mantenimiento de esta medida fue acordado posteriormente mediante distintas resoluciones judiciales, concretamente los autos de 21 de julio de 2023, 16 de julio de 2024 y 24 de febrero de 2025. La acusada conocía, por tanto, que seguía vigente la restricción que le impedía salir de Ceuta sin permiso judicial.

Según los hechos declarados probados, el 17 de noviembre de este año, plenamente consciente de esta prohibición, presentó un escrito ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para solicitar autorización con la que poder abandonar temporalmente la ciudad.

Una supuesta cita médica en Granada

Para justificar su petición, la mujer alegó que necesitaba acudir a una supuesta consulta médica en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Sin embargo, de acuerdo con la resolución judicial, la cita médica alegada era falsa y la acusada aportó un documento íntegramente falsificado para respaldar su solicitud.

La sentencia considera acreditado que la mujer actuó con pleno conocimiento de la falsedad del documento que presentó ante la Audiencia Nacional, con el propósito de conseguir una excepción a la medida judicial que le impedía salir de Ceuta.

Finalmente, tras reconocer los hechos y aceptar la condena, la acusada ha sido sentenciada por falsedad documental a seis meses de prisión y una multa, cuya pena privativa de libertad queda suspendida durante dos años, siempre que no vuelva a cometer ningún delito en ese periodo.

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En esta ocasión, el operativo se centró en la zona de San Antonio, donde agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), acompañados por militares que utilizaron un dron para apoyar las labores de vigilancia, peinaron diferentes espacios en busca de personas en situación irregular.

Localizado un marroquí que no acudió a la entrevista de asilo

Durante las labores de búsqueda, los agentes consiguieron localizar a un ciudadano marroquí en la parte trasera de la Residencia Gerón. Se trata de un hombre que ya había sido detenido hace aproximadamente un mes y que fue trasladado entonces al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CATE) para iniciar los trámites relacionados con su petición de asilo.

Sin embargo, según la información recabada, el inmigrante no acudió posteriormente a la entrevista prevista para continuar con el procedimiento de solicitud de protección internacional, por lo que su situación administrativa estaba pendiente de comprobar.

Tras ser localizado, fue trasladado hasta un vehículo de la Policía Nacional, desde donde los agentes lo condujeron nuevamente al CATE para verificar su situación y comprobar si ya cuenta con una posible orden de expulsión.

Los vecinos denuncian la presencia de prostitutas por las noches

El dispositivo también se desarrolló en una zona sobre la que los vecinos han trasladado varias quejas por la presencia de mujeres que, según denuncian, ejercen la prostitución durante las horas nocturnas.

Los agentes también realizaron comprobaciones en este sentido, con la intención de localizar a estas mujeres y verificar las denuncias recibidas por los residentes del entorno.

No obstante, por el momento no se ha podido localizar a ninguna de ellas durante la intervención policial desarrollada en este punto de San Antonio.

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Un total de once bomberos han participado en esta competición, que combina deporte, compañerismo y espíritu competitivo, “unas cualidades muy presentes en los profesionales del SEIS de Ceuta”.

Vivas les ha agradecido que hayan conseguido que el nombre de Ceuta brille en una cita deportiva de ámbito europeo. También ha aprovechado la ocasión para destacar la labor imprescindible que realizan a diario en beneficio de Ceuta y de los ceutíes, especialmente durante estos tres últimos meses desde la invasión del 30 de julio.

Reconocimiento a la labor de los bomberos

En la recepción han estado presentes los consejeros de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, y de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, además del jefe accidental del SEIS, Jorge Pacheco.

En una entrevista concedida a este periódico después de proclamarse campeones, los bomberos señalaron que se llevaron a casa no solo el primer puesto, sino también la enorme satisfacción y alegría de haber disputado un campeonato europeo con personas con las que hacía quince años que no jugaban.

“Algunos de nosotros hemos jugado más de 16 años en el Club Natación Caballa a waterpolo. Incluso cuatro o cinco de nosotros hemos estado muchos años jugando en primera división”, explicó Juan Ramón León, uno de los participantes.

Una amistad forjada durante 16 años

El campeonato fue escenario de la victoria ceutí, pero también propició el reencuentro de un equipo que había compartido 16 años de trayectoria deportiva. “Somos amigos de toda la vida, compañeros de trabajo y amigos”, destacaron.

“Hemos estado 16 años jugando juntos, viajando todos los fines de semana y disputando campeonatos de todos los colores. Además, cuando tú entras en el agua, ves a uno y sabes lo que va a hacer, y sabes lo que va a hacer el otro. Eso es una ventaja muy grande”, explicó León.

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El acusado, conducido por la Policía Nacional desde la prisión, donde se encuentra desde que ocurrieron los hechos, reconoció su culpa y aceptó una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, así como el pago de una multa de un mes, con una cuota diaria de cinco euros, por un delito leve de lesiones.

La pena quedó sustituida por la expulsión de España durante un periodo de cinco años. Es otro de los ciudadanos marroquíes que entró de manera irregular durante la avalancha registrada a finales de julio.

Golpeó al menor para robarle diez euros

Los hechos ocurrieron sobre las 18:00 horas en las inmediaciones de un parque infantil situado en la avenida Cañonera Dato, junto a la Estación Marítima.

El condenado se acercó a un menor de 15 años, también marroquí, y, con la intención de apoderarse de los diez euros que llevaba, comenzó a golpearle repetidamente en la cara.

El asalto no llegó a consumarse porque un agente de la Policía Nacional que se encontraba de servicio en las proximidades sorprendió la agresión e intervino inmediatamente. Su actuación permitió frustrar el robo y detener al acusado.

Como consecuencia de los golpes, el menor sufrió un enrojecimiento en la parte derecha del rostro. Las lesiones precisaron una única asistencia facultativa y dos días para su curación, sin que quedaran secuelas.

En prisión provisional desde agosto

El acusado permanecía en prisión provisional desde el 28 de agosto de 2026, situación en la que se encontraba desde que fue detenido por estos hechos.

La cifra de expulsiones supera las 500 personas, según los datos recogidos en el balance al que hace referencia esta información. Entre los delitos que han dado lugar a estas condenas figuran varios atentados contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como contra militares que participaron en las actuaciones desarrolladas durante aquellos días.

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La magistrada titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 1 de Ceuta dejó el procedimiento visto para sentencia tras la celebración de la vista oral.

El acusado no compareció en el juicio, pese a haber sido citado legalmente, por lo que el Ministerio Fiscal solicitó que la vista se celebrara en su ausencia. La petición fue atendida y el procedimiento continuó con la práctica de la prueba testifical.

Durante la sesión declararon agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que intervinieron en los hechos. Según explicó uno de los policías locales, recibieron un aviso de la Policía Nacional, que tenía a una persona detenida por haber sido sorprendida presuntamente conduciendo sin carné.

Los agentes acudieron para realizarle las pruebas de alcohol y drogas, pero, según su testimonio, el hombre se negó reiteradamente a someterse a ellas, pese a que se lo solicitaron hasta en tres ocasiones.

Una intervención en la barriada Juan Carlos I

Por su parte, un agente de la Policía Nacional relató que se dirigían a atender un servicio comisionado por la sala cuando circulaban en motocicleta por la zona de Juan Carlos I.

Según explicó, reconocieron al hombre porque ya habían protagonizado varias intervenciones con él. Al percatarse de la presencia policial, habría intentado esquivarlos, aunque finalmente consiguieron interceptarlo y detenerlo.

El mismo agente indicó que, durante el cacheo, encontraron al hombre pequeñas cantidades de hachís y cocaína. Según su apreciación, la cantidad intervenida podría estar destinada al consumo propio.

Este hallazgo fue relatado durante el juicio por el policía, aunque el objeto principal de la vista era la presunta conducción sin permiso y la negativa a realizar las pruebas.

Fiscalía y Defensa mantienen posturas enfrentadas

Una vez practicada la prueba testifical, la representante del Ministerio Fiscal mantuvo su escrito de acusación y solicitó una pena de hasta dos años de prisión.

Además, interesó que, en caso de recaer una condena, la pena se cumpliera en prisión, al señalar que el acusado cuenta con antecedentes penales por hechos de la misma naturaleza.

La Defensa solicitó la libre absolución de su representado. Su argumento principal fue que, a su juicio, durante el juicio no quedó acreditado que el acusado fuera quien conducía la motocicleta en el momento de los hechos, por lo que cuestionó uno de los elementos fundamentales de la acusación.

Con las posiciones de ambas partes expuestas y la prueba testifical practicada, el procedimiento quedó visto para sentencia, a la espera de que la magistrada resuelva sobre la responsabilidad penal del acusado.

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La iniciativa ha sido anunciada por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, durante su comparecencia para presentar el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad para 2027.

La propuesta se enmarca en las medidas que el Ejecutivo local pretende impulsar para reforzar la seguridad y la protección de la frontera, recurriendo a herramientas tecnológicas que permitan disponer de información anticipada sobre posibles movimientos o acontecimientos en el entorno de Ceuta.

Para financiar este tipo de actuaciones, la Ciudad contempla una partida específica dentro de un fondo estratégico que busca dar respuesta tanto a las necesidades extraordinarias derivadas de la emergencia como a futuros proyectos considerados prioritarios.

Un fondo de 4,3 millones para seguridad y proyectos estratégicos

Según ha detallado Chandiramani, la Consejería de Hacienda ha articulado un fondo denominado 'Ceuta no se rinde', dotado con 4,3 millones de euros. Esta cantidad permitirá afrontar los gastos extraordinarios que puedan continuar generándose a partir del próximo 1 de enero como consecuencia de la situación de emergencia.

No obstante, la partida también tendrá una finalidad de carácter estratégico. Entre sus objetivos figura financiar iniciativas relacionadas con el crecimiento económico, la seguridad y el reforzamiento de la frontera. Para desarrollar estos proyectos, el Gobierno local contará con la participación de Procesa.

Es precisamente en el ámbito de la seguridad fronteriza donde se sitúa el posible desarrollo del nuevo mecanismo de alerta temprana, una iniciativa que todavía se encuentra en fase de estudio y sobre la que el Ejecutivo no ha concretado, por el momento, plazos ni características técnicas.

Inteligencia Artificial para anticiparse a posibles situaciones en la frontera

La intención es aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial para disponer de un sistema capaz de proporcionar información sobre lo que sucede en el entorno de la ciudad.

El objetivo sería contar con herramientas que permitan identificar posibles movimientos de personas hacia la frontera y anticiparse a escenarios que puedan comprometer la seguridad.

Durante su intervención, la consejera explicó que la Administración General del Estado ya dispone de mecanismos para recibir este tipo de avisos, mientras que el Gobierno de Ceuta considera conveniente desarrollar también un sistema propio que permita contar con una alerta temprana ante posibles acercamientos a la frontera.

Chandiramani no quiso avanzar más detalles sobre cómo se articularía esta herramienta, al tratarse todavía de una iniciativa que está siendo analizada. Sí quiso dejar claro que la propuesta no responde a una falta de confianza en los organismos estatales que ya trabajan en materia de seguridad e inteligencia.

En este sentido, manifestó la confianza del Gobierno local en instituciones como el CNI, así como en los responsables de Defensa y en los cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, defendió la conveniencia de ampliar los mecanismos de protección disponibles: “Cuantas más medidas de protección tengamos, mejor”.

A partir de la dotación presupuestaria prevista, la Ciudad estudiará qué sistemas de alerta temprana podrían implantarse y qué soluciones tecnológicas resultarían más adecuadas para cumplir esa función.

Una apuesta que, según la consejera, es viable en el contexto tecnológico actual y que persigue ofrecer mayores garantías de seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de Ceuta.

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