Desde CCOO queremos ser claros: nadie niega que puedan existir casos puntuales de uso indebido del sistema. Pero convertir la excepción en categoría, insinuando que el absentismo responde a una práctica extendida de fraude, es una irresponsabilidad política y social. Es, además, profundamente injusto con la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que, como el propio PP reconoce, cumplen escrupulosamente con sus obligaciones.

El verdadero problema no es el fraude, sino las condiciones laborales. Jornadas prolongadas, ritmos de trabajo intensivos, falta de prevención de riesgos y precariedad estructural son factores que explican el aumento de las incapacidades temporales. Reducir esta realidad compleja a una cuestión de control y sospecha es una simplificación interesada que evita abordar las causas de fondo.

El PP habla de cifras millonarias, pero omite deliberadamente el coste humano detrás de esas estadísticas. Cada baja laboral responde a una situación médica acreditada, evaluada por profesionales sanitarios. Cuestionar de forma sistemática estas decisiones supone erosionar la confianza en el sistema público de salud y en los mecanismos de protección social. Resulta especialmente preocupante que se utilice el argumento del fraude para justificar un mayor control sobre las personas trabajadoras. La propuesta de intensificar la vigilancia, incluso mediante detectives, no refuerza el sistema: lo deteriora. Genera un clima de desconfianza que afecta directamente a quienes realmente están enfermos y necesitan recuperarse sin presiones.

"Si realmente se quiere reducir el absentismo, hay que actuar sobre sus causas: mejorar la prevención de riesgos laborales, reforzar la atención primaria y la salud laboral, reducir la temporalidad y la precariedad, y garantizar condiciones de trabajo dignas"

Desde Comisiones Obreras defendemos otra vía. Si realmente se quiere reducir el absentismo, hay que actuar sobre sus causas: mejorar la prevención de riesgos laborales, reforzar la atención primaria y la salud laboral, reducir la temporalidad y la precariedad, y garantizar condiciones de trabajo dignas. Eso sí es eficaz. Eso sí protege a los trabajadores y también a las empresas.

En cuanto a la interoperabilidad de datos o la reincorporación progresiva, son herramientas que ya existen o están en desarrollo en muchos ámbitos, pero siempre deben aplicarse bajo criterios médicos y con pleno respeto a los derechos laborales. No pueden convertirse en instrumentos de presión para acortar indebidamente los procesos de recuperación.

El Partido Popular plantea un falso dilema entre proteger el sistema y confiar en los trabajadores. Para CCOO, no hay contradicción: el sistema se fortalece precisamente cuando protege a quienes lo necesitan sin criminalizarlos.

Ceuta necesita un debate serio sobre el empleo y la salud laboral, no titulares que estigmatizan a la clase trabajadora. Combatir el fraude no puede ser la coartada para debilitar derechos ni para desviar la atención de los verdaderos problemas del mercado laboral.

Porque cuando se cuestiona a quien está de baja, no se está defendiendo el sistema: se está poniendo en duda el derecho a la salud.

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El elemental principio de equidad que debe informar de manera inexcusable los actos de administración de justicia ha sido sustituido por la más absoluta y descontrolada arbitrariedad.

Así, hechos de idéntica naturaleza son tratados de forma radicalmente diferente. Lo que en unos casos se convierte en sanciones exageradamente “ejemplares” de meses de empleo y sueldo, en otros casos se perciben como cuestiones menores saldadas con sanciones prácticamente testimoniales.

La sonrojante diferencia, no encuentra su fundamento en las circunstancias objetivas, sino en el grado de afinidad de sus autores con el “clan del gerente”.

La dirección de la empresa ha dividido la plantilla en dos bloques claramente diferenciados. Quienes gozan del favor del triunvirato que compone la gerencia, son tratados con mimo, comprensión y cariño resultando siempre inmunes ante cualquier adversidad. Los que no aceptan la sumisión como pauta de comportamiento, son escrutados, perseguidos y castigados con un rigor tan extremo como incomprensiblemente injusto.

Los ascensos de categoría, los puestos y horarios más cómodos, e incluso incrementos retributivos encubiertos, siempre recaen sobre quienes gozan del favor de ese fáctico poder instituido (al margen de la ley, los estatutos y el convenio colectivo), que campa a sus anchas por la empresa ante una pasividad que provoca auténtico estupor.

Esta manera de funcionar resulta repugnante y repudiable en todos los casos; pero tratándose de una empresa pública, resulta absolutamente intolerable. A usted, señor presidente, le corresponde la responsabilidad de poner fin a este auténtico disparate. Poner orden en Servilimpce no es ya una opción, sino una obligación inaplazable.

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CCOO ha estado, está y estará siempre donde se defienden los derechos de los trabajadores: en la mesa de negociación. Abandonar ese espacio puede ser una opción legítima, pero no es la nuestra. Nuestra responsabilidad como organización sindical es permanecer, debatir, confrontar y exigir mejoras hasta el último minuto, independientemente de las dificultades o de la actitud de la Administración.

La reunión celebrada abordaba cuestiones de enorme relevancia para los profesionales sanitarios, como la Oferta de Empleo Público 2026, una oferta con 396 plazas para el Ingesa, la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos en relación con los ceses tras la OPE, y el anteproyecto de presupuesto del Ingesa.

Son asuntos que afectan directamente a la estabilidad laboral, al futuro de cientos de trabajadores y a la calidad del sistema sanitario en Ceuta. Renunciar a participar en ese debate supone, a nuestro juicio, dejar sin voz a los trabajadores en cuestiones clave.

En relación con la jornada laboral de 35 horas, CCOO mantiene una posición clara, coherente y trabajada desde la base. Durante las últimas semanas, nuestros delegados han participado activamente en asambleas con los trabajadores para recoger propuestas reales y viables. Fruto de ese trabajo, hemos trasladado formalmente al Ingesa y a la Delegación del Gobierno una propuesta concreta que incluye el cierre de los centros de salud los sábados, adecuación de la jornada de 35 horas al personal del 061 y SUAP y el refuerzo de este este servicio los sábados, así como, el incremento de efectivos en plantas y servicios hospitalarios.

Frente a posiciones basadas en el gesto o la confrontación puntual, CCOO apuesta por una estrategia sostenida de negociación, movilización si es necesaria, y construcción de soluciones realistas que puedan aplicarse.

Permanecer en la Mesa no significa aceptar imposiciones; significa plantar cara desde dentro, exigir transparencia, defender cada derecho y no abandonar el terreno donde se toman las decisiones. CCOO seguirá trabajando con responsabilidad, firmeza y compromiso, priorizando siempre los intereses de los trabajadores por encima de cualquier estrategia sindical basada en la confrontación estéril. Porque los derechos no se defienden levantándose de la mesa, sino peleándolos en ella.

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Ya en el curso anterior, las dos profesoras que componían su equipo directivo habían presentado su dimisión. Era el primer síntoma de que algo no funcionaba. Las dos designadas para este curso, también han presentado su dimisión. El hartazgo del profesorado lo llevó a convocar una sesión extraordinaria del Claustro para intentar hacerle recapacitar y “volver a la normalidad. Se celebró en el mes de febrero. Y no sirvió para nada. Como anécdota ilustrativa de lo que allí sucede, en esa sesión, se obligó al profesorado a intervenir por orden alfabético (sin duda una interesante aportación al derecho administrativo). La obstinación en el error siguió causando estragos en la plantilla. Ya desesperados, en el mes de abril, presentaron al Servicio de Inspección una “petición de amparo y mediación”, en la que, tras una descripción de la situación, decían sentirse “cohibidos, tensos y no escuchados”. El escrito venía avalado por 39 firmas (incluyendo personal laboral).

"La Dirección Provincial ante una situación indisimulablemente anómala no ha tomado ninguna medida. Lo que equivale, en la práctica, a tomar partido por la Directora en un incomprensible ejercicio de corporativismo malentendido"

Las actuaciones de la Dirección Provincial se han limitado a una serie de entrevistas, selectivas y desordenadas, con el inspector de referencia, sin consecuencia alguna. Y un estudio de riesgos psicosociales (consistente en entrevistas anónimas) llevado a cabo por la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales cuyos resultados no se conocen. Dicho de otro modo, la Dirección Provincial ante una situación indisimulablemente anómala no ha tomado ninguna medida. Lo que equivale, en la práctica, a tomar partido por la Directora en un incomprensible ejercicio de corporativismo malentendido, que deja al claustro sumido en la más injusta indefensión. En un conflicto asimétrico (como es el caso) la imparcialidad es complicidad con el más poderoso. Cualquier profesional que se haya interesado por el tratamiento de los casos de acoso escolar, sabe perfectamente que la indiferencia de las instituciones es, en realidad, un instrumento de poder del acosador. Baste este símil para entender la infame posición de la Dirección Provincial. Bueno, para ser precisos en la información, sí se ha producido una novedad. Suponemos que, con el informe favorable de la inspección educativa, ahora, las funciones de Jefa de Estudios las desempeña una profesora interina con un mes de antigüedad en el centro. El acceso del profesorado interino a la función directiva es una auténtica innovación (aún desconocemos si se consolidará y extenderá a otros casos o se trata sólo de una “experiencia piloto”).

"Cuando una profesora con más de veinte años de antigüedad en el centro, profesional intachable, está en su casa de baja, medicándose y conteniendo las lágrimas a duras penas, en lugar de estar atendiendo con dedicación y entusiasmo a sus alumnos como ha hecho toda su vida, la Dirección Provincial no puede esconderse"

Mientras todo esto sucede, y la Dirección Provincial se afana en ganar tiempo para que las vacaciones de verano “resuelvan el problema”, las víctimas siguen sufriendo. Esto es lo que quizá los responsables ministeriales, carentes de sensibilidad, no llegan a comprender. Un ejemplo. Cuando una profesora con más de veinte años de antigüedad en el centro, profesional intachable, está en su casa de baja, medicándose y conteniendo las lágrimas a duras penas, en lugar de estar atendiendo con dedicación y entusiasmo a sus alumnos como ha hecho toda su vida, la Dirección Provincial no puede esconderse. ¿Quién se ocupa de esas lágrimas?

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El ganador de la prueba fue Yassin Soliman Jalid, quien logró imponerse con una puntuación superior a los 15.000 puntos, destacando especialmente por la captura de un mero de 6,5 kilogramos, una de las piezas más relevantes de la competición.

"Gracias a este primer puesto, Yassin Soliman Jalid tendrá el honor de representar a la Ciudad Autónoma de Ceuta en el próximo Campeonato de España"

Desde Comisiones Obreras (CCOO), queremos trasladar nuestra más sincera felicitación a nuestro compañero de Servilimpce por este importante logro deportivo. Su esfuerzo, dedicación y compromiso han quedado reflejados en este triunfo conseguido en el campeonato autonómico de Ceuta.

Gracias a este primer puesto, Yassin Soliman Jalid tendrá el honor de representar a la Ciudad Autónoma de Ceuta en el próximo Campeonato de España, llevando consigo el nombre de nuestra ciudad y el orgullo de todos sus compañeros.

Desde CCOO le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y reiteramos nuestro reconocimiento por este merecido triunfo.

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CCOO apoyó, con entusiasmo y si reservas, el proceso de municipalización. Estábamos absolutamente convencidos de que todo serían ventajas para la Ciudad en general, y para los trabajadores en particular. Una empresa guiada por el interés general exclusivamente, con una plantilla muy amplia y abundantes recursos económicos, podría y debería haber dado un cambio radical a la situación en la que estábamos, secuestrados por los intereses de una empresa privada que impedían funcionar al nivel de calidad exigido por la población.

Sin embargo, hoy, tenemos que reconocer con una enorme frustración, que las cosas no funcionan. No significa esta afirmación que estemos arrepentidos de haber brindado nuestro apoyo incondicional al Gobierno, sino que, sencillamente, este Gobierno no está a la altura de este reto. Y lo explicaremos.

El principal problema de la antecesora Trace era que funcionaba bajo el mando tiránico de una “organización” que controlaba todos los ámbitos de gestión y todos los resortes poder atendiendo a sus más que dudosos y particulares intereses. Todos confiábamos en que el nuevo contexto de relaciones laborales, determinado por las propias características de las administraciones públicas, supusiera el cese de este tipo de prácticas incompatibles con los valores y principios democráticos y constitucionales. Pero no ha sucedido así. La “organización” sigue imponiendo su poder impunemente ante la complacencia y con la complicidad del Gobierno.

"Existen peones que son elevados a 'superior categoría' sin tener que demostrar mérito alguno, mientras esta vía de promoción personal queda cerrada para otros de por vida. ¿De qué depende todo esto? Sencillamente del grado de afinidad, colaboración o sumisión a la 'organización' que, además, extiende sus tentáculos a todos los rincones"

El “modus operandi” de esta peculiar “organización” resulta tan sencillo como eficaz. En todas las empresas (esta no es una excepción) existen destinos, puestos de trabajo o categorías que son mucho más apetecibles que otras. Por ejemplo, existen peones que pasan su jornada de siete horas a la intemperie, subiendo y bajando cuestas, mientras otros, de idéntica categoría y mismo sueldo, disfrutan del privilegio de estar a cubierto, sentados y relajados en la base. Existen peones que son elevados a “superior categoría” sin tener que demostrar mérito alguno, mientras esta vía de promoción personal queda cerrada para otros de por vida. ¿De qué depende todo esto? Sencillamente del grado de afinidad, colaboración o sumisión a la “organización” que, además, extiende sus tentáculos a todos los rincones. A quienes forman parte activa de la “organización” o practican servil sumisión (cada uno por un motivo diferente) se les disculpan los errores, se justifican las ausencias, se minimizan y perdonan las faltas; sin embargo, a aquellos trabajadores que no aceptan la sumisión como norma, se les aplican todas las normas habidas y por haber con rigor extremo y hasta con saña “para que aprendan quien manda aquí”. Es una forma como otra cualquiera de amedrentar y amenazar. La percepción general en toda la plantilla es que “si quieres que en esta empresa ye vaya bien, arrímate a la “organización” y cobíjate bajo su sombra. Este hecho provoca un enorme malestar. No son muchos los que están dispuestos a expresarlo públicamente por miedo a las represalias; pero todo el mundo sabe que es así. Y esta situación genera una enorme desmotivación. No es fácil soportar impasible tantas injusticias como se cometen diariamente en Servilimpce. El ambiente trabajo es pésimo y la calidad del servicio que prestamos se resiente por ello.

Éramos muchos (entre ellos CCOO) los que confiábamos en el cambio. Pensamos que en esta nueva empresa prevalecería el mérito y la capacidad de los trabajadores para la promoción profesional; la objetividad y ecuanimidad a la hora de asignar turnos y destinos; y la imparcialidad y la equidad a la hora impartir justicia. Desgraciadamente, todo sigue igual. La “organización sigue ejerciendo su poder de manera implacable. El Gobierno se ha desentendido por completo de intervenir y corregir esta anomalía. No sabemos si le ha faltado voluntad, valentía o inteligencia para impulsar el cambio (o una mezcla de las tres cosas); pero lo cierto es que estamos en Trace, pero con otro nombre.

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Se han acostumbrado a llamar “diálogo” a la renuncia, “responsabilidad” a la claudicación. Han convertido la representación sindical en moneda de cambio: representación a cambio de silencio, presencia a cambio de sumisión. Y mientras tanto, el ruido de los conflictos reales —los despidos, las precariedades, los abusos— se apaga, como si fuera un eco incómodo que se prefiere no escuchar.

Pero el sindicalismo no nació para callar. Nació para desafiar, para defender derechos, aunque incomoden, para decir “no” cuando todo empuja al “sí”. Los trabajadores no necesitan delegados que se sienten con el patrón a cambio de promesas, sino compañeros que compartan su lucha, que conozcan el suelo que pisan y el miedo que enfrentan.

"El sindicalismo de despacho podrá dar titulares y favores, pero nunca dignidad. Lo que de verdad sostiene este movimiento no son los acuerdos fáciles, sino la coherencia, la decencia y la palabra que no se vende. Porque cuando un sindicato elige el silencio, no solo traiciona a sus compañeros: traiciona la historia"

El sindicalismo de despacho podrá dar titulares y favores, pero nunca dignidad. Lo que de verdad sostiene este movimiento no son los acuerdos fáciles, sino la coherencia, la decencia y la palabra que no se vende. Porque cuando un sindicato elige el silencio, no solo traiciona a sus compañeros: traiciona la historia, la que se escribió con huelgas, despidos y calles llenas de gente que no se rendía.

Y eso, por mucho que algunos lo olviden, sigue siendo nuestra herencia y nuestra obligación. No hay pacto que valga más que la dignidad del trabajo. No hay asiento que merezca tanto como la conciencia tranquila de haber defendido lo que es justo.

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Pues algo así es lo que está pasando con la reforma de la justicia y la implantación de los Tribunales de Instancia. Quienes vivimos y sufrimos diariamente este fiasco de reforma estamos ya hartos y hartas de leer y escuchar declaraciones del ministro o de diferentes consejeros de comunidades autónomas transferidas, loando las grandes virtudes de la LO 1/2025 y su consiguiente implantación de los Tribunales de Instancia. Es su criatura, ¿qué esperábamos? Hasta aquí poco nos sorprende, pues raras veces oímos de boca de un político que la ha cagado soberanamente.

El problema radica en que son otros compañeros y compañeras quienes, lejos de reconocer su error, pretenden ahora alzarse como “salvadores de la patria”. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con algunas de las organizaciones sindicales firmantes del preacuerdo de julio de 2024 y que posteriormente ratificaron con la firma del Acuerdo en enero del año 2025. Efectivamente, nos referimos al acuerdo que allanó y legitimó la implantación de los tribunales de instancia actuales.

Hace ya varios días nos encontramos con la noticia de que el Ministerio de Justicia ha convocado la comisión de seguimiento de ese fatídico acuerdo para mañana, día 8 de abril (algo bastante poco habitual, teniendo en cuenta que, según el propio acuerdo, debería reunirse mensualmente y, que sepamos, solo se ha reunido en dos ocasiones).

Ahora sí, ahora que ya han transcurrido meses y meses desde su implantación efectiva (9, 6 o 3, dependiendo de la fase), ahora sí que se va a reunir la comisión de seguimiento, supuestamente gracias a que uno de los sindicatos firmantes -según informa- lo solicitó expresamente. Sensu contrario, podría deducirse que no se han reunido desde el pasado mes de julio porque no lo han considerado necesario...

Como sabéis, y si no os lo recordamos, CCOO no formamos parte de esa comisión de seguimiento por cuanto NO somos firmantes del Acuerdo. Por lo tanto, no vamos a participar ni como miembros de pleno derecho ni como invitados (con voz, pero sin voto). No vaya a ser que alguien ajeno a este fiasco suelte cuatro verdades..... O, peor aún, no vaya a ser que podamos informar a todo el colectivo de lo que realmente allí se cuece.

"A CCOO no nos hace falta ninguna encuesta para recabar los problemas, puesto que los vemos día a día en las visitas a los centros de trabajo y en el contacto directo con vosotras y vosotros. Pero vemos positivo que otras organizaciones sindicales recaben estos datos de la manera que mejor consideren, así que os animamos a participar. Ojalá así se den cuenta de la porquería de acuerdo que firmaron y rectifiquen"

Incluso alguna de las organizaciones sindicales firmantes ha colgado en su web, al menos para algunos territorios, una encuesta sobre la implantación de los tribunales de instancia, para recabar todos los problemas detectados y denunciarlos en la Comisión de Seguimiento Nacional con el Ministerio de Justicia (es curioso que en algunos ámbitos territoriales sí esté colgada y en otros no, cuando la reunión de la comisión de seguimiento es estatal). Eso está muy bien, la verdad; es una buena iniciativa. A CCOO no nos hace falta ninguna encuesta para recabar los problemas, puesto que los vemos día a día en las visitas a los centros de trabajo y en el contacto directo con vosotras y vosotros. Pero vemos positivo que otras organizaciones sindicales recaben estos datos de la manera que mejor consideren, así que os animamos a participar. Ojalá así se den cuenta de la porquería de acuerdo que firmaron y rectifiquen.

Porque rectificar es de sabios y más vale tarde que nunca. Cuando el pasado 23 de julio se reunió esta comisión de seguimiento del acuerdo para hacer seguimiento de la implantación de la Ley de Eficiencia, parece ser que todavía no se habían dado cuenta del alcance de lo que habían hecho. Queremos suponer que fue por ese motivo por el que el Ministerio calificó el encuentro -literalmente- como “celebrado en un clima de entendimiento y cooperación”.

Pero ya han pasado muchos meses y, lejos de mejorar, cada vez estamos constatando más arbitrariedades y vulneraciones de derechos. Por eso, de verdad esperamos que los compañeros de CSIF, STAJ, UGT y CIGA abran los ojos de una vez por todas, reconozcan con toda humildad que se equivocaron al firmar lo que firmaron dando carta blanca a la Administración para la implantación de los Tribunales de Instancia, y denuncien (rescindan, rompan) el acuerdo, dejando así de estar vinculados al compromiso de mantener la paz social, como consta en el punto 11 del mismo. Que, dicho sea de paso, parece ser el único punto del acuerdo que se está cumpliendo de verdad y que explica por qué, a pesar de todo lo que están haciendo con nuestro colectivo, los sindicatos que ostentan el 80% de la representación sindical de ese mismo colectivo no convocan ningún tipo de movilización.

De momento, todos se han limitado a lanzar hojas informativas despotricando de la Administración, quejándose de los Tribunales de Instancia, maldiciendo las arbitrariedades, criticando cómo se ha llevado a cabo la negociación de las relaciones de puestos de trabajo, bla, bla, bla, bla, bla. Eso sí, ellos, que han firmado el acuerdo que dio la tranquilidad absoluta a la Administración para hacer lo que les venga en gana, no tienen la culpa de nada ni responsabilidad ninguna.....

MENOS VOCIFERAR Y MÁS ACTUAR

¡¡¡YA ESTÁ BIEN DE NADAR Y GUARDAR LA ROPA!!

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Esto es exactamente lo que sucede en nuestra Ciudad con la educación. De nada sirve denunciar una y otra vez los enormes problemas estructurales que afectan a un sistema educativo ya de por sí deformado como consecuencia de su marginalidad originalidad (competencia residual del Ministerio por defecto). La sociedad ceutí, y con ella todas las instituciones, han llegado a la conclusión de que no se puede hacer más de lo que se hace y que, al fin y al cabo, tampoco está tan mal. Dicho de otro modo, todo el mundo ha perdido el interés en resolver los problemas educativos.

La administración local, atrincherada durante los últimos veinte años en el socorrido “no somos competentes” ha renunciado, no sólo a colaborar, sino incluso a cumplir con sus obligaciones básicas (el deplorable estado de los colegios es una prueba irrefutable de su manifiesto desinterés).

La administración del estado (el MEFP), esta sí competente, ha decidido cronificar la desidia como única estrategia política y abandonarse a una estéril inercia administrativa incapaz de intervenir con un mínimo de audacia para cambiar nada. La actitud de todos los partidos que han gobernado, y de todas las personas que han ocupado cargos de responsabilidad, es perfectamente intercambiable, salvo leves matices diferenciadores que en nada alteran los desajustes estructurales. Nadie tiene el más mínimo interés en lo que aquí sucede. Sólo esta falta de interés puede explicar hechos como el sucedido recientemente en relación con el anuncio del cese del Director Provincial del MEFP en Ceuta.

"Pero ha sido mucho peor. A los tres días, y a través de un solo medio de comunicación, nos hemos enterado de que el cese ha sido revocado. Nadie ha dicho una sola palabra. Según explica el medio de comunicación que, al menos de momento, parece conocer las interioridades del bochorno, existe una profunda discrepancia entre la Delegación del Gobierno de Ceuta y el equipo ministerial, saldada, por ahora, con el mantenimiento en el cargo del Director Provincial"

La semana pasada se anuncia (publicado en todos los medios de comunicación locales) el cese del actual Director Provincial y el nombre de su sustituto. Una decisión que requería, al menos, una explicación que nadie se molestó en transmitir. Las designaciones políticas disponen de un amplio margen de discrecionalidad que nadie puede (ni debe) discutir. En este caso, el único requisito exigido para ser elegido como Director Provincial es ser funcionario en activo del Grupo A1. Pero en un sistema democrático, la discrecionalidad no debe confundirse nunca con la arbitrariedad. Quien toma decisiones tiene la obligación democrática de explicarlas a la ciudadanía. ¿Qué argumentos motivaron el anunciado relevo? Absoluto silencio por parte de todos los implicados.

Pero ha sido mucho peor. A los tres días, y a través de un solo medio de comunicación, nos hemos enterado de que el cese ha sido revocado. Nadie ha dicho una sola palabra. Según explica el medio de comunicación que, al menos de momento, parece conocer las interioridades del bochorno, existe una profunda discrepancia entre la Delegación del Gobierno de Ceuta y el equipo ministerial, saldada, por ahora, con el mantenimiento en el cargo del Director Provincial.

Este lamentable hecho (que se repite por segunda vez en Ceuta) lo que pone de manifiesto es que las razones para designar un Director Provincial de Educación no tienen nada que ver con la educación (que a nadie interesa), sino con otras claves paralelas teñidas de intereses partidistas o personales.

Así entramos en el último trimestre del curso sumidos en la perplejidad, la especulación, el chascarrillo o la comedia, según el estado de ánimo de cada cual, sin saber quién estará al frente de la Dirección Provincial. No pasa nada.  Es más que probable que no le interesa a nadie.

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Hay que aclarar que los operarios de las compañías reciben órdenes directas de sus superiores, en definitiva, de los dueños de las empresas a los que solo les preocupa el lucro y no el servicio que ofrecen a los ciudadanos. Es decir, el llenado máximo del buque se sitúa por encima de las condiciones mínimas de seguridad, accesibilidad y comodidad. No hablamos solo de incomodidad. Hablamos de riesgo. ¿Qué ocurre con una persona mayor, con alguien con movilidad reducida, con una familia que viaja con niños pequeños, cuando tiene que salir encajonada entre chapas, retrovisores y puertas que apenas abren unos centímetros? ¿Qué pasaría en una situación de emergencia, cuando cada segunda cuenta para evacuar la bodega y acceder a las zonas de pasaje? La respuesta es evidente: los tiempos se alargan, el riesgo aumenta y quienes siempre salen peor parados son los más vulnerables.

Esta forma de operar supone, además, un trato injusto hacia la ciudadanía de Ceuta. Para miles de ceutíes, el ferry no es un capricho turístico: es una necesidad básica para trabajar, estudiar, acudir a citas médicas o mantener vínculos familiares. Pagamos billetes que no son precisamente baratos y, a cambio, demasiadas veces se nos ofrece un servicio donde se exprime cada metro cuadrado del buque, pero se racanea en espacio, en personal y en cuidado. Se gestionan los barcos como si fuéramos carga, no personas. Las navieras que operan la línea del Estrecho no pueden proteger sus márgenes comerciales a costa de la seguridad y el respeto a sus pasajeros. No es aceptable que la consigna sea “llenar como sea” y confiar en que “nunca pasa nada”. La prevención no se mide por la estadística de accidentes, sino por el cumplimiento escrupuloso de unas condiciones de estiba, accesibilidad y evacuación que garanticen que, si algo ocurre, las personas pueden salir con rapidez y sin obstáculos añadidos. Desde CCOO de Ceuta reclamamos tres cosas muy sencillas y muy razonables:

• Primero, que las navieras revisen y corrijan de inmediato sus protocolos de embarque de vehículos, garantizando distancias que permitan abrir puertas con normalidad y moverse con seguridad por la bodega.
• Segundo, que las autoridades competentes –portuarias, de transporte y de consumo– refuercen el control y la inspección sobre estas prácticas, porque los derechos de los pasajeros no se defienden solo en los folletos, sino en la realidad del embarque día a día.
• Y tercero, que se escuche la voz de la ciudadanía ceutí, usuaria obligada de esta línea, que merece un servicio digno, seguro y a la altura de la importancia estratégica que tiene la conexión marítima para nuestra ciudad.

Ceuta no puede resignarse a que viajar en ferry siga siendo una experiencia donde la sensación permanente es que “vamos de prestado” en un servicio pensado para la cuenta de resultados, pero no para las personas. La seguridad, la accesibilidad y el respeto no son un extra: son un derecho. Y cuando se vulneran, toca reclamar, organizarse y hacerlo visible. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo.

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