La intervención se produjo el 27 de septiembre y este jueves se ha condenado a ambos a 1 año y 6 meses de cárcel.

En el caso de uno de los inmigrantes, se decreta la expulsión a Marruecos; en el otro, se tiene que confirmar que, tal y como expone su defensa, presenta arraigo en España.

A los dos los detuvo la UIP en la tarde del 27 de septiembre en posesión de algo más de 50 gramos de hachís y 105 euros fraccionados en distintos billetes.

El trapicheo en los asentamientos

Esa detención se llevó a cabo en un periodo en el que se puso en evidencia la existencia de trapicheo de droga en los distintos asentamientos que fueron finalmente desmantelados.

Cuando fueron detenidos, los dos marroquíes no quisieron reconocer los hechos, porque conllevaba a su expulsión, por lo que ingresaron en prisión.

Hoy, ante las evidencias, se han conformado con la pena dispuesta tras un acuerdo entre las partes, Fiscalía y Defensa.

Los dos fueron sorprendidos en la zona de las duchas colocadas en el antiguo asentamiento del Guano. Al resultar sospechosos para los agentes, se procedió a su arresto.

Juicios alusivos a la entrada masiva

Esta condena es una más de las que han sido dictadas esta misma semana que tienen a inmigrantes como protagonistas, todos ellos relacionados con la entrada masiva de finales de julio.

La mayoría de los casos son por enfrentamientos o revueltas, pero en este tuvo que ver con la venta de droga en pequeñas cantidades. Un negocio que se aprovechó de la elevada concentración de personas en estos puntos.

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La Jefatura Superior ha confirmado este jueves el final del operativo desarrollado por la UCRIF, concretando que entre esas personas había 10 menores. Vivían hacinados y en situación de precariedad, sometidos a formas de intimidación, violencia y explotación.

La casa patera es la de mayores dimensiones que se ha localizado hasta la fecha, lo que requirió “de un importante despliegue policial debido a la complejidad del lugar donde se encuentra el inmueble”, ha explicado la Jefatura en una nota. Era la casa de los horrores.

Hay un detenido, un vecino de Ceuta, considerado como “el principal responsable de una organización criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración y otras actividades delictivas”.

Entramado criminal bajo investigación y menores mordidos por perros

La operación se enmarca en una investigación policial contra un entramado criminal al que se le atribuyen presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración, contra los derechos de los trabajadores, lesiones y explotación laboral de menores.

“Las pesquisas policiales han permitido obtener indicios de que algunos menores alojados en el inmueble podrían haber sido víctimas de agresiones físicas, incluyendo lesiones ocasionadas por mordeduras de un perro”, exponen.

Asimismo, los agentes investigan la posible explotación laboral, tanto de menores como mayores de edad, que habrían sido utilizados para realizar diferentes tareas y trabajos, aprovechándose de su situación de necesidad y vulnerabilidad.

La peligrosidad del operativo

La intervención policial se desarrolló en el Príncipe, en una zona de especial complejidad. A las dificultades derivadas de la ubicación del inmueble se ha sumado la peligrosidad atribuida a la organización criminal, cuyos integrantes cuentan con numerosos antecedentes policiales.

Durante el operativo los agentes localizaron a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores de edad no acompañados, lo que suma un total de 74 personas alojadas en el inmueble investigado.

Al detenido se le imputan delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra los derechos de los trabajadores, lesiones a menor y explotación laboral de menores

Intensificación de la presión policial

“El elevado número de personas localizadas durante la intervención se enmarca en un contexto de intensificación de la presión policial, que ha acabado con el desalojo de los asentamientos en la playa Benítez y El Trampolín”, explica la Policía.

“El desmantelamiento de los asentamientos ha propiciado el desplazamiento de una parte de los migrantes que permanecían en ellos hacia otros puntos de la ciudad, entre ellos el Príncipe. Ante esta situación, la Policía Nacional mantiene una intensa actividad operativa, tanto en las inmediaciones como en la misma barriada”, concreta.

“La operación ha supuesto, además, un importante golpe a la infraestructura logística del entramado criminal, que mantenía alojadas a numerosas personas en el inmueble a la espera de una oportunidad para facilitar su traslado irregular a la península”, añade.

“La investigación se ha desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de inmigrantes”.

De la casa patera a la filiación

La Policía sacó a todos los inmigrantes de la casa patera y procedió a su traslado al CATE para ser filiados.

Posteriormente ingresaron en carpas de Loma Colmenar en donde permanecerán a la vista de la evolución que vayan teniendo sus expedientes.

Esta operación se suma a las cuantiosas realizadas por CNP y Guardia Civil todas ellas para erradicar la presencia de viviendas patera.

La entrada La casa patera de los horrores: 74 inmigrantes hacinados, algunos mordidos por perros, otros explotados aparece primero en El Faro de Ceuta.

Los dos activistas, un hombre y una mujer, son, de momento los únicos detenidos en el marco de la investigación seguida por la presunta implicación de esta ONG “en la incitación a inmigrantes para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad”. La detención del hombre se llevó a cabo en la zona del centro por parte de componentes de Información.

Este dato lo facilitó el Instituto Armado a primera hora de la mañana, puntualizando que en ese momento no se habían producido detenciones. Ahora ya se confirma, a las casi dos de la tarde por fuentes del operativo, que hay dos.

Registros efectuados en dos zonas

Sí que, en el transcurso de los registros efectuados, los agentes se llevaron gran cantidad de material del interior de las naves en las que se produjeron las incursiones bajo mandato judicial.

Material guardado en cajas y bolsas que debía ser objeto de análisis por parte de los investigadores.

Además, en el caso del Tarajal, indicaron a los activistas que allí estaban que debían entregar sus teléfonos móviles, siendo trasladados del lugar, pero no en calidad de detenidos.

Investigación abierta tras denuncias presentadas

La investigación continúa abierta y se lleva a cabo tras las denuncias presentadas en juzgados de Ceuta por ataques a fuerzas de seguridad con el empleo de spray de gas pimienta o lanzamiento de artefactos contra guardias civiles o policías, además de militares.

Esas investigaciones fueron asumidas en Ceuta, ordenándose la apertura de indagaciones para confirmar los datos y estando parcialmente secretas.

Se investigaba, de hecho, quién podía estar facilitando estos elementos a inmigrantes llegados tras la entrada masiva y con qué intención.

Precisamente Vox se ha pronunciado hoy solicitando que se investigue quiénes están detrás de esas oenegés.

Lo que se indaga, 8 investigados y el origen de la operación

Además de las dos personas detenidas hay 8 investigadas.

Las infraestructuras registradas son usadas por No Name Kitchen y Brigadas de Apoyo Mutuo.

La Guardia Civil fue encomendada a través de los agentes de Información y Policía Judicial a investigar el posible empleo y entrega de instrumentos considerados peligrosos por parte de inmigrantes. Se indica tanto botes de spray de pimienta como armas blancas.

La Guardia Civil ha intervenido material que analiza, teléfonos y cuenta con declaraciones previas de testigos y fotografías. También podrá analizar ordenadores y dispositivos de las entidades sociales.

Los agentes han registrado todo en busca de cualquier elemento que sostuviera las sospechas.

La orden judicial viene avalada por el juzgado número 3 que ha autorizado las incursiones de los agentes. Además hay investigaciones sobre este asunto en el número 6.

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La ahora condenada exculpó en instrucción a su progenitora, asumiendo la culpa por el pase de drogas que fue frenado por la Benemérita en el puerto, precisamente cuando se iba a producir el embarque.

La joven ha sido condenada a 3 años y 10 meses de prisión después de ser sorprendida con hachís en el coche modelo Mercedes, que arrojó un peso inicial de 64 kilos, pero que finalmente quedó fijado en 59.

La droga estaba escondida en un doble fondo practicado en el maletero del vehículo, que quedó decomisado por los agentes. 

La operación en el puerto que llevó a cabo la Guardia Civil

Madre e hija habían embarcado a primera hora con destino hacia Algeciras, pero antes de ocupar el ferry, los agentes procedieron al registro del coche que ocupaban tras haber sido marcado por el can especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

El vehículo fue conducido a las instalaciones del garaje de la Unidad, en donde los guardias civiles de servicio procedieron a realizar un reconocimiento exhaustivo del coche.

Como resultado de la minuciosa inspección, se logró localizar un doble fondo practicado en el interior del maletero, diseñado para eludir los controles policiales, toda la droga.

Condena tras reconocer el pase de drogas

Hoy, ha sido conducida al juzgado la joven implicada en el pase, quien ha reconocido los hechos y aceptado la pena impuesta por conformidad entre las partes, todo ello por la comisión de un delito contra la salud pública.

No ha sido necesario celebrar juicio, toda vez que se ha aplicado la figura jurídica de la conformidad lo que implica que la pena señalada es algo menor que la inicialmente contemplada en el escrito de calificación fiscal provisional.

La entrada Condenada una joven que intentó cruzar de Ceuta a Algeciras con 59 kilos de hachís aparece primero en El Faro de Ceuta.

Es el dato que ha facilitado el Instituto Armado sobre el operativo que se ha llevado a cabo en dos zonas distintas: una, un local en la parte de la Almadraba y otra, en una nave del Tarajal.

 

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Las entradas y registros que se han llevado a cabo lo han sido con mandamientos judiciales en el marco de una investigación desarrollada por el Instituto Armado, en la que han participado componentes de Policía Judicial e Información.

Todo ello tras analizar informaciones sobre la implicación de “una supuesta ONG” en esas prácticas, mediante empleo de spray pimienta. Se han denunciado ataques de esta guisa a militares y a miembros de fuerzas de seguridad.

Dos registros en infraestructuras

De momento la Guardia Civil indica que no hay detenidos, pero este medio ha podido comprobar cómo del registro llevado a cabo en la zona de la Almadraba hacia Reyes Católicos han sido trasladados tres inmigrantes.

De mayor envergadura ha sido la actuación en las naves del Tarajal, en donde había varios miembros de una ONG fuera del local. Todos, tras hacer entrega de sus teléfonos móviles, han sido conducidos por los agentes del Instituto Armado, quienes han clausurado la nave.

Labores de las oenegés

La investigación no está cerrada, por lo que se espera más datos sobre la misma, pero, sobre todo, saber si los integrantes de la ONG quedan detenidos o investigados, o solo se va a proceder a su identificación en dependencias del Instituto Armado. De momento, oficialmente, se indica que no se ha procedido a ninguna detención.

Este medio ha visto cómo todos eran trasladados por la Benemérita del lugar, sin tener posesión de sus celulares.

En los dos registros se ha sacado material en cajas. Desde hace tiempo estas oenegés, entre ellas la de No Name Kitchen, atienden a los inmigrantes en el lugar dando comidas o curando heridas. Las informaciones recibidas por la Guardia Civil han derivado en esta actuación.

El objeto de la investigación

Durante la entrada masiva que se produjo a finales de julio, ha habido varias denuncias en redes sociales tendentes a cuestionar la labor de oenegés, centrándose de manera más concreta en la que opera precisamente en la nave que ha sido objeto de registro en la zona de la Almadraba.

Quedaba todo en comentarios y acusaciones en redes, pero no en una investigación como la desarrollada esta madrugada por el Instituto Armado.

La misma se ha centrado de manera específica en la información recibida y valorada en el ámbito interno de la Guardia Civil sobre incitación a los ataques a las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de los inmigrantes.

Para entender este movimiento de la Benemérita hay que analizar lo denunciado semanas y meses atrás: sucesos en los que las fuerzas de seguridad o militares terminaron siendo atacados por empleo de este tipo de spray o cócteles molotov realizados de manera casera.

La labor de los activistas

Los activistas que han sido trasladados desde el Tarajal son conocidos en Ceuta porque han estado en los distintos desalojos de inmigrantes protestando por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad o grabándolas para documentar cómo se llevaban a cabo.

De hecho, en el último ejecutado en el Tarajal, denunciaron la labor de la Policía en las interceptaciones de los menores que se encontraban en el asentamiento que fue desmantelado del lugar.

Además, recientemente denunciaron la falta de derechos para inmigrantes que forman parte del colectivo LGTB, indicando que no estaban siendo protegidos.

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La historia de este varón terminó con el descubrimiento de la droga en un servicio llevado a cabo en la tarde del pasado 3 de julio en el Tarajal, tras un registro corporal. Este jueves, se le condenaba a 1 año de cárcel por delito contra la salud pública, quedando suspendida dicha pena durante dos años.

Es esta una nueva historia de una mula del hachís, de uno de esos enlaces que usan las redes de pase de hachís para seguir alimentando el negocio.

Cuando los guardias civiles lo vieron, sospecharon que llevaba algo en el cuerpo por su apariencia. Efectivamente, tanto en los muslos como en los brazos llevaba adosada la narcótica sustancia.

El sistema explotado por las redes para colar hachís en pequeñas cantidades

El llamado J.N.F. reconoció los hechos y aceptó la condena impuesta, una más alusiva a la cadena de pases que siguen este tipo de prácticas, colando pequeñas cantidades de droga, pero utilizando todo tipo de perfiles, también adolescentes o madres con bebés. 

Esa cadena de mulas del hachís usa el paso fronterizo o el puerto para este modo de proceder delictivo.

Otra condena por pase de hachís en coche

Esta misma semana se ha dictado otra condena por tráfico de drogas, pero esta vez por el pase de 55 kilos de hachís en un coche que pretendía el embarque de Ceuta hacia Algeciras.

El acusado reconoció los hechos, aceptando una pena de 3 años y 11 meses de prisión. Se confesó cabeza de turco, pero terminó reconociendo el delito contra la salud pública y la sentencia condenatoria que le llevará a estar más tiempo entre rejas.

En su caso, fue detenido por la Guardia Civil el pasado 13 de septiembre.

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En la misma se ha ejecutado desde las seis de esta madrugada una entrada y registro con mandamiento judicial.

Agentes de Policía Judicial y GRS han entrado en la nave en donde han llevado a cabo una inspección exhaustiva durante más de hora y media.

En esas instalaciones es en donde frecuentan la entrega de comidas y asistencia miembros de oenegés. La Benemérita ha entrado en el lugar tras una información sobre prácticas de esta entidad.

Del interior los agentes han sacado a varios inmigrantes que se encontraban dentro de esta nave que ha sido ampliamente registrada.

La entidad No Name Kitchen actúa en esta zona y ha sido señalada en otras ocasiones por polémicas en redes sociales en cuanto a reparto de productos a inmigrantes que pudieran tener un empleo anómalo. Se les acusó de usar gas pimienta para entregar a los inmigrantes con motivo de la entrada masiva de julio.

Las instalaciones han sido registradas al detalle desde primera hora de esta mañana, habiéndose visto movimientos de agentes en la parte superior del edificio ubicado entre la Almadraba y Reyes Católicos.

También se ha informado de la entrada en una nave del Tarajal, en donde ha intervenido la Benemérita con cuantiosos efectivos.

FaroTV ha sido testigo del traslado de tres inmigrantes en un celular del Instituto Armado en el caso de la incursión en la zona de Almadraba. De las naves se ha llevado a varios miembros de ONG.

Operación desde la madrugada

La operación desarrollada por la Guardia Civil ha comenzado pasadas las seis de la madrugada y ha contado con un gran despliegue de agentes de los GRS que han blindado todo el perímetro que rodea a esta nave, en la zona de Almadraba subida hacia Reyes Católicos.

Con agentes del juzgado, han entrado en la nave para proceder a su registro al detalle también en la parte superior, en la azotea.

Allí se ha visto a los guardias civiles registrar la zona con empleo de linternas y analizar hasta recovecos en busca de pruebas.

Han establecido un perímetro de seguridad en todo el entorno del espacio que ha sido objeto de este registro controlado por la Guardia Civil.

La incursión forma parte de las operaciones efectuadas por las fuerzas de seguridad tras la entrada masiva de final de julio.

Registros bajo mandamiento judicial

Los registros llevados a cabo se han efectuado bajo mandamiento judicial, controlados por el juzgado que investiga los hechos tras una denuncia contra prácticas de esta ONG.

Ha sido a las 6.30 cuando han entrado los miembros del juzgado para garantizar el desarrollo del operativo con todas las garantías judiciales.

Numerosos efectivos de los GRS han garantizado la vigilancia externa.

Esta operación se suma a otras de la Guardia Civil como la localización desarrollo pisos patera en barrios como el Príncipe o en plena calle Real.

Los agentes están registrando hasta la azotea del inmueble, viéndose una constante entrada y salida de agentes en el lugar.

Los inmigrantes que han sacado y llevado en un celular estaban dentro de la nave.

Marcha de Policía Judicial con material

Pasadas las ocho de esta mañana, los agentes de Policía Judicial han abandonado el lugar con varias bolsas con material procedente del interior de la nave objeto de registro.

Dos miembros de la oenegé han salido hasta la puerta con los agentes, en donde estaban siendo informados de gestiones.

Tras casi dos horas de registro ha finalizado la operación abandonando el lugar cuantiosos GRS.

La nave ha quedado cerrada, pero con los miembros de las ONG en su interior.

Registros en una nave del Tarajal

De forma paralela a la actuación llevada a cabo en la nave próxima a la Almadraba se ha ejecutado un registro en una nave del Tarajal.

Los agentes han cortado la vía de acceso y han procedido a un registro al detalle de toda esta infraestructura.

Miembros de la oenegé que trabajan en la zona estaban sentados frente a la nave.

Los agentes les han pedido los teléfonos móviles que han ido metiendo en cajas para posteriormente ir llevándose uno a uno.

Registros en una nave del Tarajal

Además, del interior del local han sacado bolsas con material que será objeto de análisis.

Agentes de Policía Judicial contaban con apoyo de seguridad de los GRS en todo el lugar.

Los integrantes de la oenegé han sido trasladados por la Guardia Civil desde el Tarajal después de hacerles entrega de sus móviles.

Además, han sacado pertenencias del interior de la nave dentro de cajas.

Pasadas las nueve de la mañana los agentes han cerrado dos locales y han abandonado el lugar.

La entrada La Guardia Civil registra una nave usada por una oenegé y localiza inmigrantes aparece primero en El Faro de Ceuta.

Tanto que puede tumbar la que se consideró investigación estrella para la UDYCO, un referente a nivel no solo policial sino también mediático. 

La clave radica en si prospera el incidente de nulidad de actuaciones que ha sido presentado por la defensa de M.Ch.B., considerado como uno de los cabecillas de la trama que dio pie a la Operación Ares, realizada por la UDYCO de la Policía Nacional.

A él se la llamo el jefe de los túneles, el patrón de los patrones. Ahora está preso preventivo.

Su letrado, Fidel Rodríguez Márquez, sostiene sus alegaciones en el choque que asoma entre la UDYCO y la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil que se vio salpicada por unos seguimientos realizados a dos de sus agentes más especializados que habían sido encomendados a la búsqueda de fuentes.

Si el juez resuelve a favor, se estaría ante uno de los mayores escándalos en las investigaciones desarrolladas.

Los agentes “desconocidos” que eran miembros de la UCO

Rodríguez Márquez pone el foco en las aseveraciones que efectuó la UDYCO en un informe y que posteriormente fueron tomadas como base para justificar la adopción de medidas “que se reputan, de origen, viciadas de insalvable nulidad, por cuanto responden a hechos mendaces, dicho sea, siempre con el debido respeto y en términos de estricta defensa”, expone en el escrito notificado a la Audiencia a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro.

La clave de toda esta historia que puede terminar con un auténtico escándalo radica en el oficio que figura en la investigación de la UDYCO y cuyo contenido se conoció cuando ya se había procedido al desarrollo de la fase estelar del operativo con cuantiosas detenciones en la ciudad y el posterior descubrimiento del segundo narcotúnel.

En el mismo, el responsable de la investigación detalla a petición del juez instructor el seguimiento que hizo la UDYCO a los considerados cabecillas de esta trama, el guardia civil jubilado, A.A., y M.Ch.B.

Ambos se reunieron en la Península con dos agentes de la UCO a los que la Policía identificó en sus seguimientos de forma constante como “desconocido 1” y “desconocido 2”. La UDYCO los vigilaba, hizo fotos y las plasmó en los resúmenes que iba haciendo de todos sus operativos.

Para el letrado, esa condición de “desconocidos” se corresponde a una “premisa fáctica que, dicho sea siempre con el debido respeto y en términos de estricta defensa, se reputa mendaz, toda vez que tales sujetos no serían en absoluto desconocidos para el grupo investigador a cargo de confeccionar el oficio”.

Ahí radica la gravedad de todo, la clave que puede tumbar una de las investigaciones estrella de la UDYCO -o la más- si prospera y es atendido este incidente de nulidad. 

Búsqueda de fuentes, no comisión de delitos

Esa conclusión, ese convencimiento de que la UDYCO sabía que los “desconocidos” eran en verdad agentes de UCO y no cooperadores en un pretendido ilícito penal aunque no se le dijera así al juez instructor, se alcanza tras las declaraciones ofrecidas a principios de este mes de octubre por agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil que declararon como testigos en la Audiencia Nacional.

Así, el teniente coronel de la UCO, que apareció en una fotografía captada por la UDYCO de ese encuentro, reconoció haber asistido al mismo, pero encuadrando esa reunión en una mera entrevista para buscar colaboradores con la Unidad Central Operativa.

Fue por tanto un encuentro autorizado por sus superiores que se realiza siempre siguiendo protocolos de seguridad para garantizar la trazabilidad de la información.

Esa reunión fue señalada por la UCO como de trabajo, una reunión con una fuente en la que el guardia civil jubilado realizaba las labores de intermediación para conseguir que la UCO contactara con M.Ch.B.

La UDYCO, en cambio, lo consideró como la planificación de una actividad ilícita.

“Se trataba de una reunión con una fuente y no de una conversación relativa a cometer un ilícito tal y como los agentes de UDYCO quieren hacer ver”, se expone en el incidente de nulidad remitido a la Audiencia Nacional para su estudio.

Medidas de investigación que nacen de una información errónea 

“Ya desde este momento se hace ostensible cómo los presupuestos y premisas de los que se sirve el oficio no son tales ni ostentan la entidad o tintes penales que se pretenden hacer valer en el mismo; pese a ello, fueron precisamente tales presupuestos y premisas falaces los que permitieron la adopción de unas medidas de investigación que se reputaron activas durante todo un año sin, como vemos, respetar las debidas garantías o indicios de criminalidad para su adopción y posterior mantenimiento”, expone en este incidente de nulidad.

Durante un año se autorizaron o prorrogaron las prácticas de diligencias o medidas en base a un razonamiento erróneo o viciado. Es lo que mantiene la defensa del llamado jefe de los túneles.

La UCO se ciñe a que esa reunión era de captación de fuentes, no de organización de delitos. Se estaba hablando para trabajar, no en el marco de algo criminal sino al contrario, en el marco de una colaboración.

La clave está en esta cuestión: ¿Sabía la UDYCO que eran agentes de UCO los que estaba fotografiando? La unidad de élite dice que sí.

“No resulta cierto en absoluto manifestar o referir de forma continuada en el oficio expuesto que estos varones resultan hasta el momento desconocidos. Presupuesto y premisas empleados nuevamente para sostener unas medidas de investigación que por lo expuesto se reputan viciadas de una irreparable nulidad, que pesa sobre las mismas de origen y desde el momento más primigenio de su adopción inicial”, se recoge en el escrito.

Cuándo se supo que la UCO tenía estas reuniones

Otra cuestión importante es cuándo se supo todo esto. Según las declaraciones de los agentes de la UCO, a mediados de abril habrían trasladado a UDYCO lo que eran, pero el juez instructor no tuvo conocimiento de ello.

Son reuniones “normales”, declaró un capitán. Todas grabadas y para hablar de trabajo y operativas para esclarecer delitos, no para cometerlos.

El comandante de la UCO que prestó declaración lo hizo para sostener que sus agentes mantuvieron esa reunión bajo conocimiento de los jefes. Eran agentes, no personas afines a los narcos. Se contactaría poco después con el jefe de UDYCO para decirle que lo que habían grabado sus hombres era una reunión de trabajo, bien alejada de cualquier atisbo de corrupción.

El 15 de abril, mucho antes de desarrollarse la operación del narcotúnel, la UDYCO sabía la identidad de los “desconocidos” y la base de ese encuentro, pero en oficios posteriores siguió sin señalarlos como miembros de UCO y aludiendo a una presunta participación activa de índole criminal.

El detalle conocido sobre la identidad de los agentes y verdadera naturaleza –en ningún modo ilícita– se habría ocultado, de acuerdo con este incidente de nulidad, mientras se seguía avanzando en investigaciones, solicitando medidas restrictivas de derechos contra personas que fueron posteriormente detenidas.

Se estaría ante una “intolerable ocultación de información por parte de UDYCO al órgano judicial instructor, arrastrándose una actuación ilícita por ser contraria a principios procesales”, se expone en el documento. 

Merma de garantías procesales

Una merma, también, del deber de información, “sin poner a disposición de la autoridad judicial todo resultado o información obtenidos en el seno de cualquier investigación de hechos” y de garantías procesales.

“¿De qué datos objetivos, accesibles a terceros y con base real sobre la comisión del hecho delictivo, contamos en el presente procedimiento al tiempo de solicitarse las sucesivas autorizaciones y prórrogas de medidas tan sumamente restrictivas de derechos fundamentales?”, se pregunta la defensa.

“¿Qué datos merecen el calificativo de “objetivos”, por encontrarse alejados de valoraciones sobre las personas?”.

“La respuesta a ambas preguntas es tan sencilla como descorazonadora en términos procesales: ninguno. No encontramos en las presentes actuaciones dato o información objetiva alguna, alejada de tales valoraciones, hipótesis o conjeturas, realizadas por el Grupo investigador”, sostiene.

La reunión de narcos que no lo era

Cuando se tuvo conocimiento de que los investigadores no estaban controlando una reunión entre narcos, se debió poner en conocimiento de la autoridad judicial.

“Lo contrario ha supuesto prolongar la autorización y prórroga de unas medidas restrictivas de derechos fundamentales, sobre una base que no existe y cuya verdadera naturaleza se ocultó; dicho sea siempre con el debido respeto y en términos de estricta defensa”.

Al tiempo de saberse que los agentes intervenían como captadores de fuentes se tuvo que haber informado al juez.

La defensa solicita en este incidente de nulidad que toda la prueba obtenida a raíz de esta no comunicación de datos aflorados no sea tenida en cuenta, quedando nula, lo que afectaría a oficios de peso.

Que prospere este incidente de nulidad supondría expulsar del procedimiento las pruebas derivadas de las inicialmente consideradas viciadas.

La cronología de lo ocurrido

En el escrito presentado a la Audiencia Nacional se pide acordar la nulidad de las actuaciones derivadas de ese incidente, archivando el caso respecto del considerado jefe de la trama.

En la cronología de lo sucedido figura inicialmente el 2 de abril como fecha en la que se produce el encuentro; el 11 de abril de 2025 la UDYCO conoce que los desconocidos son un teniente y un agente de la UCO.

El 14 se siguen adoptando medidas de control y seguimiento, así durante un año. El 15 el comandante de UCO traslada al jefe de UDYCO quiénes son sus agentes. 

Este incidente de nulidad presentado lo tiene que resolver el Juzgado Central de Instrucción número 6. De prosperar, una parte de las actuaciones quedaría sin efecto, en concreto, el grueso de toda la operación, un año de investigaciones.

Se tiene que revisar si se respetaron todas las garantías, si se obtienen autorizaciones sobre un dato cuya falsedad era conocido por quien lo pidió antes de que el juez resolvería.

“Es patente la conexión de antijuridicidad que inexorablemente arrastra por los mismos cauces de nulidad todas aquellas diligencias instructoras que han sido acordadas y practicadas a raíz de unas medidas de investigación a su vez motivadas sobre una base que no sólo no es real, sino que su verdadera naturaleza, una vez fue conocida, se ocultó deliberadamente a la autoridad judicial, sin permitir ceses o variaciones en unas medidas que por restrictivas de derechos fundamentales, precisan unos cánones reforzados de base indiciaria y motivación que, en el caso de autos, no concurrió ni de la forma más elemental”, se concluye.

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“El Gobierno de España trabaja permanentemente y mantiene su compromiso con Ceuta”, ha querido dejar claro Saiz, quien ha pedido respeto hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las manifestaciones conocidas hoy de Milei.

“Seguimos coordinando todos los esfuerzos para garantizar la atención a las personas, para reforzar la seguridad y para seguir dando una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudad autónoma”, ha insistido la navarra, quien también ha sido abucheada al entrar en la sede de la plaza de los Reyes.

Saiz ha recordado que ya son siete las operaciones de desalojo de asentamientos que se han efectuado, las últimas este pasado domingo en Poblado Regulares, Tarajal y entorno del CETI.

Los datos tras casi 3 meses de la invasión

La ministra ha dado datos estadísticos sobre cuál es la situación actual. “En cuanto a los retornos a Marruecos, desde el 10 de agosto han regresado un total de 12.705 personas, de ellas 12.142 corresponden a retornos voluntarios y son 536 las expulsiones”, ha indicado Saiz.

“Son retornos, expedientes que podríamos decir que efectivamente ya están concluidos, porque se han producido esos retornos a Marruecos”, ha recalcado la ministra, que ha venido así a igualar o equiparar los retornos voluntarios con expedientes finalizados.

“Como saben, estamos trabajando con un horizonte temporal muy claro y es que Ceuta, cuanto antes, siga en el camino de recobrar la normalidad”, ha indicado.

La Mochila, a la vuelta de la esquina

“Y los datos hablan por sí solos. Tenemos un horizonte muy próximo. Sé que el próximo 1 de noviembre la ciudad va a celebrar una fiesta muy importante, la Fiesta de la Mochila, y estamos trabajando para que, insisto, se pueda todo desarrollar en las máximas condiciones de normalidad”.

“En materia de acogida, el Estado cuenta en este momento con 7.477 plazas en recursos temporales de atención humanitaria que se han habilitado y, respecto a los menores, actualmente hay 3.331 menores atendidos en el sistema de protección autonómico”.

Datos de menores y expedientes a Marruecos

“De los menores reubicados en península, 107 lo han sido por reagrupación familiar, 181 se han reubicado en distintas comunidades autónomas en aplicación del artículo 35 de la Ley de Extranjería”, ha indicado.

“Han sido 63 los expedientes remitidos a Marruecos”, ha destacado, aunque de ninguno se ha obtenido respuesta.

“En el ámbito de la seguridad, se han realizado 11.375 patrullas de vigilancia e informativas, con un total de 5.237 efectivos desplegados en la ciudad autónoma. En cuanto a la actividad educativa, la asistencia a clase en los colegios de Ceuta se mantiene en torno al 90%, unos datos que se enmarcan dentro de la normalidad”, ha destacado Saiz.

En el ámbito sanitario, el 83% de los inmigrantes alojados en los recursos temporales están vacunados y de las 211 camas hospitalarias disponibles en la ciudad autónoma, 100 están ocupadas, de las cuales 20 corresponden a personas migrantes”.

La defensa del papel del Gobierno

“La respuesta que estamos dando a la situación de Ceuta, venimos haciéndolo desde el principio, ya me han escuchado decirlo varias veces, se está haciendo desde la legalidad y desde la humanidad”, ha detallado Saiz.

“Es importante que se han recuperado ya la mayor parte de espacios públicos. Era muy importante que la ciudad recuperara el Guano, el Trampolín, las diferentes playas y que indudablemente, eso contribuye a que se recupere por parte de los ceutíes la normalidad”.

La entrada Así está Ceuta tres meses después de la invasión: los datos del Gobierno de España aparece primero en El Faro de Ceuta.

En caso afirmativo, le requiere en un auto que le indique las fechas y tramos horarios concretos.

Tardón indica además que responda sobre si ello motivaría la necesidad de que se produjera algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción de esos buques de Marruecos con los de la Armada española o cualquier otra unidad militar nacional.

La jueza rechaza las diligencias solicitadas por la acusación Iustitia Europa por considerarlas desproporcionadas, si bien considera que se deben practicar otras diligencias concretas y proporcionadas dirigidas a constatar el extremo de la existencia de la referida intrusión y los términos en que pudiera haberse producido.

Sin datos que apunten a una relación de unidades navales marroquíes con la invasión

En su resolución, Tardón recuerda que de lo que consta en las actuaciones “no cabe sino concluir que, por el momento, no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que una eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta tuviera participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos que motivaron la incoación de estas diligencias”.

Tampoco consta hasta la fecha, añade, dato alguno incorporado a la causa que permita sostener que la actuación de eventuales buques de guerra de la Armada del Reino de Marruecos formara parte del mecanismo de organización, facilitación o ejecución de tales hechos.

Las diligencias solicitadas a Defensa a través del JEMAD

Entre las diligencias acordadas, la magistrada también requiere a Defensa, a través del JEMAD, para que le informe de si la mencionada intrusión hubiera motivado la necesidad de que se produjera algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción de los con buques de la Armada española o con cualquier otra unidad militar nacional, o, en su caso, la coincidencia de aquellos con otros navíos españoles pertenecientes a otros Servicios marítimos de vigilancia, salvamento y/o seguridad de titularidad estatal, identificando las unidades navales implicadas, en caso afirmativo.

Pregunta también la juez si existen grabaciones de esas posibles estancias y/o permanencia de buques pertenecientes a la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas y, en caso afirmativo, que las entreguen en su juzgado.

Finalmente, Tardón insta a Defensa a que informe de si desde el día 10 de agosto de 2026 a la fecha de la recepción del oficio judicial acordando la presente medida, se hubiera vuelto a producir la incursión de algún buque de la misma procedencia en las referidas aguas españolas y, en caso afirmativo, de cuáles hubieran sido las circunstancias en que se hubieran producido tal o tales hechos.

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