Un diseño de un programa que llevaba no solamente el asumir directamente el coste de la reforma de la antigua Facultad, sino también la cesión de uso de distintos edificios para que por parte del Ministerio se pudiera llevar a cabo la inversión concreta que permitiera incrementar las plazas escolares en Ceuta, que tan necesitado está de ellos.
Por un lado, está la cesión de uso de tres edificios concretos: las antiguas sedes de la Biblioteca Pública, de la Casa de la Juventud y del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En el caso de las antiguas Biblioteca Pública y Casa de la Juventud, las mismas forman parte de un nuevo colegio de infantil y primaria al que se añade igualmente el centro de educación permanente de adultos Edrissis.
Y es precisamente el antiguo centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia el que se reforma para que allí se ubique el nuevo centro de educación permanente de adultos.
Y, luego, en el caso de la antigua Facultad, fue el Gobierno de Vivas el que decidió acometer de manera directa su reforma, porque al ser propiedad de la Ciudad tras la cesión de la Universidad de Granada, se entendía que era más rápido, desde el punto de vista administrativo, para acometer la obra. Una inversión que, en un principio, iba a ser destinada para un Instituto de Enseñanza Secundaria y luego a un centro de infantil y primaria, con lo cual se vieron obligados a diseñar un nuevo proyecto.

La propiedad sigue siendo de la Ciudad Autónoma

Todas las cesiones que ha realizado la Ciudad al Ministerio de Educación y Cultura para que se pudiera llevar a cabo esta inversión que permitirá la construcción de mil trescientas nuevas plazas escolares permiten que el Ayuntamiento quien continúe siendo el titular de todos estos inmuebles y que la cesión a la Administración General del Estado es para que el Ministerio los utilice mientras sean equipamientos educativos. Por lo tanto, la antigua Facultad, el antiguo centro asociado de la UNED y parte del solar del nuevo colegio del Polígono Avenida de Africa pertenecen directamente a la Ciudad Autónoma.

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Al margen de los múltiples programas y ayudas que gestiona el organismo público, también sostiene un alto porcentaje de las plazas creadas en Ceuta en residencias y centros de día. El salto cuantitativo en esa parcela se traduce, a día de hoy, en la financiación de 117 plazas, lo que equivale a multiplicar por casi cinco las 24 que costeaba en 2012, hace  tan sólo tres años.
Aunque el director provincial del Imserso, Alfonso Grande, asume que “los esfuerzos, aunque grandes, nunca son suficientes”, la inversión destinada a sostener esa atención también se ha disparado, con el consiguiente impacto positivo sobre los beneficiarios. La aportación estatal ha escalado así desde los 272.078 euros de 2012 hasta los algo más de 2 millones de euros hasta los que asciende ahora el presupuesto global.
Parte de ese montante sirve para mantener el convenio rubricado hace años con los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. En 2014, de hecho, se prorrogó el concierto por el que el organismo estatal colabora en la financiación de hasta 24 plazas residenciales para mayores. Ampliado hasta diciembre de 2016, moviliza una inversión de 272.000 euros. Esa misma organización reserva otras 12 plazas residenciales y seis de centro de día para personas con discapacidad intelectual que el Imserso financia con otra inyección de 246.000 euros anuales.
El fuerte incremento en el número de plazas lo aporta la Fundación Gerón, que abrió sus puertas en julio y a la que el Imserso respalda con 1,4 millones anuales para costear 55 plazas residenciales y otras diez de centro de día. El resto hasta completar el listado de 117 forman parte del convenio suscrito en febrero de 2014 con la asociación Cocemfe (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Ceuta), presupuestado en 86,688 euros al año.

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El dato, desglosado en la memoria de la Dirección General de Ordenación del Juego que elabora el Ministerio del Interior, no ha sido inmune a la crisis económica pero supone un pellizco de los 29.032 millones de euros contabilizados a nivel nacional. De hecho, si la cantidad se repartiese entre los casi 85.000 habitantes que dan forma al último padrón ­municipal se traduciría en un desembolso de 425 euros per cápita, a la cabeza del país y aún mayor en realidad porque esa cifra de población incluye a los menores de edad, que tienen por ley vetado el acceso a la industria del azar.
El negocio de la suerte reparte sus tentaciones entre un buen puñado de canales. La tarta, según el balance de Interior, se la reparten en Ceuta los sorteos que controla el Estado, los cupones que emite la ONCE o los bingos repartidos por la ciudad, pero el dato final lo engordan también,y de qué forma a tenor de las estadísticas oficiales, las más de 200 máquinas tragaperras o el Casino, uno de los 46 que al cierre de 2014 tenía censados el Gobierno.
Los canales más tradicionales para intentar ingresar por la vía rápida en las listas de millonarios son, por su historia centenaria, las Loterías y Apuestas del Estado. En la Lotería Nacional, ya sea por el tirón de Navidad o en cualquiera de las citas semanales, invirtieron el año pasado los ceutíes 2,32 millones de euros. La confianza que confiere se traduce en un síntoma elocuente: es de los pocos juegos de azar que lograron cerrar el año pasado con mayor recaudación en Ceuta que en 2013, un pírrico 0,17 por ciento pero en al menos en positivo. A cambio, la ciudad se vio agraciada con 1,14 millones de euros en premios, casi un 4 por ciento menos que en el ejercicio precedente. La suerte es caprichosa y no entiende de inversiones.
También controlada por las arcas estatales, la Lotería Primitiva y sus múltiples variedades (El Gordo, Bonoloto y Euromillones) lograron atraer aún más atención: en total, 5,71 millones de euros, de los que se recuperaron en premios 1,52 millones. Pero la parcela a la que peor le sienta el paso de los años es a las otrora reinas indiscutibles de las apuestas, las deportivas. La Quiniela, y su aún poco conocida versión Quinigol, ejerció el año pasado como imán para los 1,42 millones de euros desembolsados por los ceutíes. Sin embargo, la que en su día fuera pasión generalizada por el 1, la x y el 2 ha retrocedido casi un 30 por ciento desde 2012, cuando el volumen de capital jugado bordeaba los 2 millones de euros en Ceuta. Se confirma, de nuevo, que los premios no determinan el lugar en el que colocar el dinero, porque la Quiniela sí que repartió entre enero y diciembre del año anterior un 4,64 por ciento más en premios, hasta colocar el listón por encima de los 740.000 euros. La última de las apuestas controladas por el Estado, las hípicas (Loto Turf y Quíntuple Plus) tampoco remonta: apenas suma 11.435 euros en la ciudad.
Los cupones de la ONCE son también un valor seguro. A lo largo de 2014 movieron unos 2 millones de euros, aunque Interior no contabiliza en su último informe los datos de los años precedentes y es imposible analizar su evolución. Los premios bordearon el millón de euros.
En silencio, quienes devoran la mayor porción de esos 36 millones de euros son dos gigantes. Los cartones vendidos en los diez bingos que pueblan la ciudad y el tintineo de monedas al caer en alguna de las 227 máquinas bautizadas un día como tragaperras recaudaron, en conjunto, casi 21 millones de euros, casi a partes iguales de algo más de diez millones. El negocio de estas últimas debe de ser tan pujante que de 2012 a 2013 su presencia en bares y otros establecimientos se disparó, según los datos del Ministerio del Interior, un contundente 40 por ciento.
La última pata que sustenta el negocio es el Casino de Ceuta. La Memoria de 2014 estima que por sus mesas se movieron ese año 2,47 millones de euros, mientras que sus máquinas se tragaron otros 430.000. Ambas parcelas arrojan crecimientos superiores al 10 por ciento anual.

Casi 36.000 euros en propinas en el Casino...

Los empleados del Casino de Ceuta se repartieron 35.753 euros en propinas a lo largo de 2014. La cifra, como todo en la vida, se presta a múltiples interpretaciones. Si se compara con 2013 parece que los jugadores que se acercan hasta el Parque del Mediterráneo son ahora más espléndidos, porque entonces su generosidad no pasó de los 33.500 euros. Si se opta por ver la botella medio vacía, en 2011, cuando la crisis aún no había desvelado la peor de sus caras, es cifra traducida en fichas de colores estaba cómodamente instalada por encima de los 80.000. En total, por el Casino pasaron el año pasado 17.780 personas para jugar en sus 7 mesas y 13 máquinas.

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Estaba presupuestado en casi 280.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos se extendía durante tres años. En la actualidad el servicio lo presta Ecoceuta, que cuenta con instalaciones en el Muelle Alfau.
Las bases del contrato estipulaban que el punto limpio debía hacerse cargo de la recepción de los residuos originados en domicilios particulares que por su naturaleza no pudieran ser depositados en los contenedores de recogida de basura tradicionales, como electrodomésticos, equipos informáticos y de telecomunicaciones, herramientas, juguetes, maquinaria o incluso aparatos médicos. También debía gestionar aquéllos que puedan arrojarse a los contenedores de reciclaje (papel y cartón, vidrios o envases de plástico, bricks y metálicos, todos ellos concebidos como envases ligeros). Su competencia incluye también la recepción de aceites minerales.
Entre las obligaciones de la empresa adjudicataria figuraba contar con un punto limpio móvil e itinerante que albergara contenedores en su interior y que recorriera las distintas barriadas para recoger los residuos y, al mismo tiempo, concienciar al ciudadano de la necesidad de fomentar la reutilización de envases.

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Será a partir de las 18:30 en el Salón de Actos de la Asamblea en un acto que ayer convocó Antonio Nepomuceno, portavoz de Plataforma por la Transparencia, fuerza que en las últimas elecciones autonómicas concurrió en alianza con Izquierda Unida.
Será la primera asamblea que el movimiento celebre en Ceuta, concebida como “una primera toma de contacto” y con el objetivo de “comunicar y explicar” a sus simpatizantes el modelo de organización que pretenden impulsar. “Queremos detallar quiénes somos, a quiénes y cómo se dirige ‘Ahora en común’ para buscar la confluencia social por el cambio, y puede asistir todo el mundo”, detallaba ayer Nepomuceno en un comunicado. El orden del día analizará las posibles confluencias con otros partidos de la ciudad, el modelo organizativo o los grupos de trabajo en los que se articulará.
La iniciativa, subraya la organización, “es libre y puede participar o asistir quien quiera y tenga interés, no hay ningún compromiso personal, es la primera toma de contacto en Ceuta. Este acto busca la confluencia entre la sociedad y partidos políticos que se sumen a la petición del cambio social auspiciada por los movimientos del 15M en su máxima como modelo democrático. En el primer acto se iniciarán las bases constituyentes donde comunicar primero qué es ‘Ahora en común’, la comunión y la didáctica que acompaña a esta plataforma ciudadana que busca la unión de todas las fuerzas políticas y sociales que se comprometan con el modelo de cambio que originariamente nació con el espíritu del 15M y cómo llevar ese espíritu social y democrático a la sociedad ceutí”, añaden.
De  momento, y por el “compromiso de confluencia”, forman ya parte de esa opción Izquierda Unida y Plataforma por la Transparencia. “Todos los que se animen y entusiasmen con el valor político de pueblo hacia el pueblo, gobernando de abajo arriba” están llamados a sumarse al proyecto, insisten sus coordinadores, que además recuerdan que “‘Ahora en común’ no es un partido político, sino un movimiento social como es ‘Ahora Madrid’ y tantas plataformas ciudadanas que decidieron alzar el valor del movimiento 15M”.

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La decisión adoptada por el Consejo de Gobierno no es menor: implica revocar y dejar sin efecto la aprobación inicial del texto que ya recibió el visto bueno del Pleno de la Asamblea hace justo un año, en agosto de 2014. No se partirá de cero, puntualizó ayer el portavoz, Jacob Hachuel, sino que a partir del proyecto que se suponía casi cerrado se abre ahora un nuevo periodo que “lo actualizará, lo enriquecerá” y, defendió el consejero, “se hará con más consenso”.
Pregunta recurrente: ¿por qué? Según detalló ayer Hachuel, esa sorprendente marcha atrás asienta su justificación en el “elevado número de alegaciones con fundamento” y “sugerencias” que la Consejería de Fomento ha recibido en los últimos meses por parte de organizaciones políticas y entidades ciudadanas. Sería, enfatizó, una puerta abierta del Gobierno al entendimiento, sobre todo con el resto de fuerzas políticas tras la nueva composición de la Asamblea surgida de las urnas el pasado mes de mayo. “Estamos dispuestos a escuchar a todo el que tenga algo que decir en positivo”, aclaró Hachuel.
No era el único argumento a favor del borrón y cuenta nueva.  El Gobierno habría escuchado también las voces de constructores y promotores, preocupados por la paralización en la concesión y autorización de licencias hasta que el nuevo PGOU viera la luz. Revocada la aprobación inicial, esas peticiones se regirán ahora por el documento anterior, el de los años 90, de forma que la maquinaria administrativa puede comenzar a alimentarse de nuevo. Y eso, en épocas de reactivación económica y presumible superación del túnel de la crisis, es una oportunidad que la Ciudad parece no estar dispuesta a desaprovechar. “Creemos que se dinamizará la actividad. No podemos desaprovechar la ocasión que brinda ahora la financiación bancaria, que está dispuesta a conceder de nuevo créditos. No podemos bloquear a los constructores ni obstaculizar la revitalización de la economía”, confirmó.
El Ejecutivo, tras sopesar esos condicionantes, no ordena volver literalmente a la casilla de salida, pero casi. El nuevo PGOU, una vez incorporadas esas sugerencias ­–de  las que el consejero no detalló número ni naturaleza para ser tan determinantes– , tendrá que recorrer la misma senda del ahora revocado: exposición pública y, sobre todo, nuevo trámite de aprobación en Pleno. Traducido en hojas de calendario, Hachuel auguró que la aprobación inicial del documento ya reformado debería estar finiquitada en el plazo de un año. La versión definitiva, la que se supone que no admitirá más retoques y debería tener larga vida, vería la luz a los 24 meses. Es decir, dos años completos contados a partir de ahora.
“Tendremos el mejor PGOU para esta ciudad”, insistió ayer Hachuel antes de defender que el Gobierno del que forma parte pensó “que el documento era el mejor, pero tras recibir tantas sugerencias y tan acertadas” ha decidido echar el freno y accionar la marcha atrás.
El documento ahora revisable fue elaborado por Prointec, una empresa de dimensión nacional con la que la Ciudad ha trabajado durante los siete últimos años. A principios de 2015, la por entonces consejera de Fomento, Susana Román, adelantó que su departamento confiaba en aceptar el máximo de alegaciones propuestas siempre  que respetaran la filosofía general del proyecto. De hecho, los técnicos municipales analizaron durante meses esas sugerencias presentadas por partidos y asociaciones para darles respuesta.
Las recomendaciones se recogieron en una oficina que se abrió con ese fin en el edificio Ceuta Center en septiembre de 2014. Cerrado el plazo para presentarlas, se estudiaron y se trasladaron a Madrid para que el Ministerio de Fomento, que es quien ostenta la competencia de la aprobación final, diese su veredicto. Tendrá que volver a hacerlo.

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Una vez aprobado en el pleno de finales de julio el expediente de modificación de crédito, la Administración central considera que tiene “fondos suficientes” para no “agotar el plazo” de diciembre que aconseja Madrid y optará por ingresar esa cantidad  a los funcionarios y al resto del personal del sector público local “cuanto antes”.  
Según confirmó ayer el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, la Ciudad haría frente así ya al 50 por ciento de aquella paga suprimida, dejando la otra mitad restante para ser abonada a lo largo de 2016. El consejero de Presidencia, Gobernación y Empleo ponía de esa forma fecha al anuncio que ya hizo hace una semana, también tras el Consejo de Gobierno, de que la Administración local seguiría la senda anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la Mesa Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. En esa reunión, comunicó a los representantes sindicales que los trabajadores públicos recuperarían antes de acabar 2015 parte de la paga extraordinaria anulada hace ahora dos años y medio, y que también verán incrementados sus ingresos en un 1 por ciento durante el próximo ejercicio. Además, se aprobó elevar el límite en la tasa de reposición (el número de plazas por jubilaciones o vacantes por otros motivos que pueden ser convocadas mediante oposición) en los servicios considerados básicos y la reinstauración de otros beneficios como los días de libre disposición.
CCOO había reclamado al propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que abriese un proceso de negociación con los sindicatos con el fin de trasladar a los empleados del sector público local de “manera inmediata” los pactos alcanzados en la Mesa de la Función Pública. El sindicato llegó a pedir  al presidente Vivas un calendario de reuniones para aplicar  a los trabajadores de la Administración local, que considera “también damnificados en su día”, los acuerdos suscritos a nivel nacional.
Montoro especificó la pasada semana que el 50 por ciento que aún quedaría por cobrar de esa paga de 2012 se repartiría durante 2016 en dos abonos diferentes: un 25 por ciento en torno al mes de marzo y otro tanto en septiembre. Así lo recibirá la plantilla de la Administración central, pero en el caso de las autonómicas y locales depende de lo que determinen sus órganos de gobierno en función, principalmente, de su capacidad presupuestaria.

El argumentario de “la nave a flote”

Aunque la anulación a los funcionarios de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 la decretó el Gobierno central, el Ejecutivo local la ha defendido desde entonces como parte del paquete de medidas que tuvo que adoptar Mariano Rajoy cuando pisó la Moncloa para atajar un gasto público imposible de sostener con la caída de ingresos que provocó la crisis. En estos años el mensaje desde el Palacio de la Asamblea ha sido similar: las medidas de ajuste que llegaban desde Madrid, y las que se han aplicado también en Ceuta, han permitido “mantener la nave a flote” pese al fuerte temporal. Traducido, ha sido casi obligatorio apretarse el cinturón, pero se ha destruido el menor empleo público posible y, sobre todo, se ha garantizado la amplia cartera de prestaciones sociales.

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La unidad  ecológica debería haber echado a andar ayer mismo, pero en su estreno se ha cruzado un imprevisto: el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, confirmó tras la reunión del Consejo de Gobierno que el refuerzo en la vigilancia de las viviendas de Loma Colmenar ha obligado a destinar a la zona una patrulla adicional que ha trastocado ese debut.
“Destinamos los recursos a lo más urgente y luego a lo habitual”, destacó el consejero. Entre esas prioridades figurarían, además de la vigilancia de las 317 VPO, el dispositivo de inspección de vehículos en el marco de la Operación Feriante, aún en marcha ayer, y el apoyo al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad implicados en la Operación Paso del Estrecho.
Pese a todo, Hachuel recordó que la Patrulla Medioambiental es sólo “una punta de lanza” en la misión diaria de la Policía Local de velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y puntualizó que el resto de agentes, aunque no estén adscritos a ella, también asumen parte de ese trabajo. Cuando entre en funcionamiento, la nueva unidad tendrá como primera misión patrullar a lo largo de un recorrido ya marcado con anterioridad y que incluirá “los puntos más sensibles” de la ciudad, con especial atención a aquellas zonas susceptibles de convertirse en vertederos incontrolados o puntos de abandono de escombros. Como se anunció en su presentación, también se encargará de controlar que se respeten los horarios en los que se depositan las basuras en los contenedores o la recogida de excrementos.

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Eso es lo que intuye el Gobierno central y así lo constató ayer en Ceuta el subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, desplazado hasta la ciudad para supervisar el  dispositivo que vela desde julio para que el tránsito masivo de magrebíes hacia o desde sus países de origen se produzca de la forma más fluida posible. Tras reunirse con el jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, y con el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, Aguilera tuvo oportunidad de visitar en el mismo puerto el funcionamiento diario y la coordinación entre los efectivos de los diferentes Cuerpos de Seguridad movilizados. Lo hacía un día después de hacer lo propio en Algeciras, el otro punto clave de la OPE.
Los balances y las estadísticas revelan, a juicio de Interior, que la edición 2015 de la Operación  Paso del Estrecho discurre por la senda de la “normalidad”, como repitió el subsecretario en varias ocasiones. Tanto es así que el representante de la Administración central subrayó  que los tiempos de espera hasta ahora en los principales puertos, incluidos los de Ceuta y Algeciras, están siendo “desconocidamente cortos” en relación a años anteriores. “Prácticamente no se tiene memoria de unos periodos de espera tan bajos en salidas  desde la Península hacia Tánger y Ceuta”, insistió. Esa ausencia de grandes aglomeraciones se estaría produciendo pese al repunte del tráfico de vehículos y pasajeros, que en lo que va de OPE ha escalado un 11 y un 16,5 por ciento, respectivamente.
Acompañado durante su visita a Ceuta por el director general de Protección Civil, Juan Antonio Díaz Cruz, Aguilera encontró parte del secreto a esa fluidez en el “gran trabajo” que están realizando todos los integrantes del dispositivo de la OPE. “Hay que destacar la normalidad y la eficacia con la que están trabajando tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional”, alabó.
Ese ejercicio de coordinación, que ha logrado evitar los colapsos, se solapa con un incremento en el tráfico. Conclusión para Interior:  ha existido una “satisfactoria respuesta” durante la Fase de Salida (el tránsito desde Algeciras y Tarifa a Ceuta y Tánger, principalmente), pero el número de visitantes ocasionales constata que la OPE, lejos de desaparecer como se llegó a entrever en 2012 o 2013 por la caída del tráfico, “durará aún bastantes años”. El “esfuerzo excepcional” que Aguilera atribuía ayer a Protección Civil en sus tareas de coordinación sobre el resto de organismos que intervienen incluyó el pasado fin de semana, cuando se suponía que podría registrarse la primera gran avalancha, conexiones por videoconferencias en las que se intercambiaban y se actualizaban datos al momento.
Pese a la sensación de tranquilidad, Interior es consciente de que el momento de “mayor impacto” para Ceuta arranca ahora, cuando la Fase de Retorno haga desfilar por la ciudad hacia Europa a todos los inmigrantes que ya la atravesaron en julio en dirección a Marruecos. “Esperemos que también se desarrolle con toda normalidad”, confió el subsecretario, convencido de que ese flujo tradicional a este lado del Estrecho se dejará sentir aún, “previsiblemente, durante muchos años”.

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En este sentido, es una opción razonable profesionalmente, una respuesta acertada para el reto de la complejidad de la competencia comunicativa en el siglo XXI”. Así lo cree Fernando Trujillo, profesor del departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación de la UGR en Ceuta, que lamenta que “ningún” centro educativo de la ciudad disponga “aún” de esa herramienta. Lo hace aferrándose al optimismo de ese todavía.
Trujillo firma, bajo el título ‘Un abordaje de la competencia lingüística’, uno de los textos incluidos el monográfico de julio y agosto que la revista ‘Cuadernos de Pedagogía’ acaba de publicar. Además, ha coordinado al “amplio y variado” grupo de profesionales que han llenado “cien páginas dedicadas al estudio, análisis y descripción de Proyectos Lingüísticos de Centro”.
La publicación subraya que “alcanzada la casi plena alfabetización de la ciudadanía, es preciso ahora formar al alumnado en una competencia lingüística compleja, que le permita moverse en la era de la globalización y la digitalización”. Además, destaca que “los PLC articulan todos los recursos y posibilidades que tienen una escuela o un instituto para desarrollar de manera eficaz la competencia lingüística, entendida esta de manera global, en contextos formales e informales, poniendo en juego diversos textos, formatos, soportes y canales”. “Se trata”, resume, “de mucho más que del aprendizaje de un simple código”.
Para el profesor de la institución nazarí la competencia en comunicación lingüística “supone un reto fascinante para cualquier centro educativo” y “de su desarrollo depende en buena medida el éxito o fracaso de cada estudiante, tanto en su etapa escolar como en su vida en sociedad, presente y futura”.
“El PLC”, concreta, “consiste en la creación de un ciclo de mejora que parta de la evaluación y detección de necesidades, contemple la realización de actuaciones específicas de educación lingüística y se cierre con la valoración de los resultados de esas actuaciones para retomar de nuevo el ciclo de mejora”. A su juicio “debe ser ambicioso pero concreto, ajustado a la realidad de los estudiantes y del centro y evaluable y mensurable con los recursos que el propio centro posee”.
El monográfico ha pretendido ser, según su coordinador, “una obra coral en la cual tuvieran cabida desde docentes de Infantil, Primaria y Secundaria hasta la Inspección, desde investigadores de distintas universidades hasta asesores y asesoras de formación, un amplio equipo de expertos de comunidades monolingües y bilingües, voces todas ellas cualificadas, que le dan una amplia variedad de matices y colores al mismo tiempo que un sabor coherente en su acercamiento a la competencia comunicativa a través del PLC”.
La publicación incluye dos artículos que atienden “al bilingüismo, sus logros y sus deficiencias”. Para ello opta por “un juego de contrastes” con dos reconocidos especialistas en educación lingüística y bilingüismo: José Luis Ortega, de la Universidad de Granada, que firma ‘La realidad de la enseñanza bilingüe’, y Francisco Lorenzo, quien da la réplica con ‘Los logros del bilingüismo’.
“Un centro”, ejemplifica varias posibilidades Trujillo, “podría revisar la metodología con la cual se enseña lenguas en el centro para actualizarlas y ajustarlas a las necesidades de su alumnado; podría determinar cómo se coordinan las distintas materias lingüísticas para rentabilizar esfuerzos y maximizar resultados; podría crear vínculos para que las áreas lingüísticas y las no lingüísticas se relacionaran entre sí; podría proponer vías para que las tecnologías de la información y la comunicación fueran un factor de desarrollo de la competencia comunicativa; podría crear situaciones de aprendizaje más allá del espacio escolar, bien con actividades extracurriculares y extraescolares, bien con la participación del centro en programas educativos internacionales (Etwinning, Erasmus, etc.); podría repensar el uso de la biblioteca y otros espacios del centro educativo para que estén al servicio del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje de lenguas; etcétera”.

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