Música, cultura, baile...

Amigos de la Historia y el Patrimonio Militar tendrá 61.000 euros de subvención y Amigos de los vehículos de época, 39.000. La FAMPA (41.000), Beber de Cine (4.000), la Tertulia Flamenca (26.000), las Escuelas de Baile de Lesmes, Allegro, Weil y Founaud (1.500 en cada caso), la asociaciones fotográficas Miradas (5.000) y de Ceuta (3.000), Scouts (4.500), ‘Séptimo Infierno’ (3.000) y la Agrupación Nuestro Padre Jesús Caído (6.000) se cuentan igualmente entre los favorecidos.
En el ámbito de Sanidad, 532.975 euros se dedicarán a la subvención nominativa al Psiquiátrico San Francisco de Asís y por encima de 100.000 euros estarán las del Colegio de Veterinarios (110.000), Cruz Roja para el Centro de Día de Alzheimer (160.000), y Autismo (170.000). De inferior cuantía son las de la Asociación Asperger (33.000), Acción por la Visión Infantil (7.000), TDAH Ceuta (25.000), Comunidad Gatuna (20.000), la Protectora de Animales (75.000), ACMUMA (45.800), AECC (82.250), Fibromialgia (25.000) y la Cooperativa del Taxi (12.000).
Medio Ambiente dedicará 3,5 millones de euros a la subvención a la FPAV que mantiene las Brigadas Verdes, 97.000 más a esa entidad para actividades propias de sus asociaciones vecinales vinculadas y 10.000 para la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla.
El Área de Servicios Urbanos y Patrimonio Natural contempla en sus cuentas para el próximo ejercicio un total de cinco subvenciones para 2020: las más cuantiosas son las dirigidas a la Asociación de Estudios y Conservación de Animales Marinos (15.000) y a la Fundación Museo del Mar (11.000 euros), por delante de la de la Sociedad de Cazadores, Pescadores y Silvestristas (10.000); la Sociedad de Estudios Ornitológicos (5.000) y la Federación de Caza (3.500).
Desde Juventud y Deportes se respaldará con una subvención de 12.000 euros a Septem Frates, con 20.000 al Consejo de la Juventud, con 2.000 al Instituto Mediterráneo de las Culturas y con 5.000 al IES Almina.

Los convenios públicos sostienen de manera directa más de 300 empleos

Solo los departamentos de Asuntos Sociales y Sanidad sostienen más de 150 puestos de trabajo directamente relacionados con las subvenciones que conceden a distintas entidades y asociaciones cuantificados en términos de “personas que formalizan o conservan relación contractual con la entidad subvencionada para el desarrollo del objeto del convenio”. Solo las Brigadas Verdes, por ejemplo, aportan una cantidad similar.
Asuntos Sociales cifra en cuatro los puestos de trabajo que sostiene la subvención que recibe Cáritas, cinco la dirigida al Banco de Alimentos, uno con Septem Solidaria, cuatro en la Casa de Acogida de las Adoratrices, seis a través de Digmun, cuatro vía Cruz Blanca Coordinación de Alimentos, uno en el Proyecto ICI de Cruz Roja y cuatro más en el Centro del Mayor, quince con la Fundación Eduardo Gallardo, ocho con Síndrome de Down y 39 en Plena Inclusión.
Las subvenciones con ADEN, APASCIDE y ACEFEP sostienen siete, seis y nueve empleos, como los de COCEMFE (9) y AFA (9). Tres se mantienen a través de ALCER y 9 de ACEPAS. El CERMI directamente aporta un trabajador y 3 PROI. Otra media docena aportan las subvenciones a ACEFAM y Cruz Roja para Puntos de Encuentro.
En el caso de la Consejería de Sanidad, que no lo detalla en la memoria de todas sus subvenciones, son al menos 8 empleos los que mantienen sus subvenciones: uno en la Asociación Ceutí de Mujeres Mastectomizadas (ACMUMA), dos en la de Fibromialgia, otros tantos en la AECC, dos más en Asperger y uno a través de la que recibe la Protectora de Animales.

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Los investigadores han dedicado las primeras horas tras su arresto, la madrugada de ayer, a “confirmar o no su participación en los hechos de los que hemos tenido conocimiento durante el último mes, cinco o seis sucesos en los que siempre se habla de lo mismo: amenazas, agresiones y robos con violencia sobre menores que viven en el Puerto o inmigrantes del CETI, pero sin que por el momento exista un nexo de unión entre ellos”, refirió Garrido durante el acto de presentación de los seis inspectores que, en prácticas, acaban de sumarse a la plantilla de la Jefatura Superior.

El delito de odio está ligado, según el Ministerio del Interior, a “cualquier infracción penal”, incluidas contra las personas o las propiedades, en la que la víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija “por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia” a un determinado grupo.

El segundo factor que debe darse es que dicho colectivo grupo tiene que “estar basado en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar”.

Aunque Garrido limitó la posible vinculación de los detenidos con hechos delictivos contra las víctimas migrantes a sucesos acontecidos durante aproximadamente “el último mes”, la Fiscalía de Ceuta ya acordó formalmente a mediados de enero incoar diligencias de investigación en relación con la denuncia de varios menores extranjeros no acompañados (MENA) que en Navidad declararon haber sido víctimas de una agresión con “bates y palos de hierro” por parte de “tres adultos” de la ciudad que, además, les habrían amenazado con volver “cada viernes” para darles “la misma paliza”.

Según adelantó entonces este periódico, cuatro de las presuntas víctimas trasladaron los hechos al personal del Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta (PREMECE) que terminó su trabajo en la calle la semana pasada y que a su vez los puso en conocimiento del Área de Menores, que interpuso una denuncia. Posteriormente el colectivo ‘Maakum’ ha dado también la voz de alarma, aunque el Gobierno local llegó a negar que tuviese credibilidad.

Las claves

Hechos “Un poco de todo” El jefe superior de la Policía Nacional, Andrés Martín Garrido, explicó ayer que las investigaciones relacionadas con los seis detenidos les relacionan en principio con la comisión de presuntos delitos de amenazas, agresiones y robos con violencia (“un poco de todo”) sobre menores extranjeros no acompañados residentes en el Puerto y acogidos en el CETI.

Víctimas ¿Delito de odio? La definición de ‘delitos de odio’ que usan los distintos Estados que recogen esta figura en sus legislaciones coincide en identificar éstos como actos criminales con dos elementos básicos: que constituya una infracción penal y que sea producto de un prejuicio del autor hacia la víctima por pertenecer a un colectivo vulnerable.

Diligencias A disposición judicial Los tres adultos arrestados pasarán hoy a disposición judicial. Los tres menores de edad que también han sido detenidos han quedado en libertad a la espera de verse con la Fiscalía especializada.

Un año en el Puerto

El Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Me-nores Extranjeros Solos termina su trabajo de campo

El ‘Equipo Drari’ del Proyecto de Prevención de la Delincuencia de Menores Extranjeros Solos en las calles de Ceuta (PREMECE) que el Área de Menores de la Ciudad implantó el año pasado de la mano del Observatorio Criminológico del Sistema Penal ante la Inmigración (OCSPI) de la Universidad de Málaga terminó el jueves de la semana pasada su trabajo en la calle.

A principios de este mes, la profesora titular de Derecho Penal y Criminología de la UMA Elisa García-España y la socióloga con experiencia en investigación y trabajo social en inmigración y refugio Jacqueline Carvalho presentaron en el XIII Congreso Español de Sociología un balance cualitativo y cuantitativo de su ejecución.
Solo durante 2018 lograron que 36 menores dejaran la zona portuaria, que 21 aceptasen entrar en el Centro de Realojo Temporal de ‘La Esperanza’ y que 15 volviesen a Marruecos con sus familias.

El personal del ‘Equipo Drari’ realizó más de 2.000 asistencias en materia de higiene y pequeñas curas, participó en cerca de medio centenar de atenciones sanitarias, hizo 25 acompañamientos de protección legal, organizó casi treinta actividades educativas y promovió otras 25 de ocio.

“Los desafíos de este programa”, concluyeron García-España y Carvalho, “fueron y siguen siendo muchos por la alta movilidad de los menores, los retos metodológicos para recopilar datos que plantea intervenir en un entorno tan difícil, la falta de medios, etcétera, pero a pesar de ellos consideramos que el programa se ha implementado de manera adecuada y satisfactoria a lo largo de 2018”.

Desde su punto de vista el ‘Equipo Drari’, una vez “consolidado como un grupo de adultos referentes en las calles de Ceuta”, permitió “proteger y comprender mejor la realidad local de los menores como otro brazo de la Administración para conseguir que el sistema de protección sea más efectivo con la colaboración de los agentes clave de la ciudad”.

“Este tipo de proyecto es esencial para tener un diagnóstico real y actualizado de la situación de los menores en situaciones de calle lejos de los prejuicios y los rumores frecuentes en la opinión pública y los medios de comunicación”, valoraron sus coordinadoras.

Las trabajadoras del ‘Drari’ involucraron a las Fuerzas de Seguridad en su labor, tanto en las jornadas que se organizaron como a pie de calle con el propósito de que policías y menores pudieran “conocerse y cambiar sus imágenes preconcebidas”.

“El resultado es que los menores pueden reconocer mejor las funciones de la Policía y su autoridad, así como comunicarse con ellos si lo necesitan”.

El programa organizó un seminario internacional para intercambiar experiencias entre la policía de Estocolmo y la de Ceuta, ya que algunos menores “siguen cruzando fronteras una vez en la península española y llegan hasta Suecia”. Precisamente el marco de cooperación existente entre los Servicios Sociales y la policía en Estocolmo fue el que “inspiró la colaboración entre la Policía Local de Ceuta y el ‘Equipo Drari”.

Menores solos expuestos a “todo tipo de oportunidades disruptivas” y sin referentes

El Área de Menores de la Ciudad Autónoma no solo ha trasladado a la Fiscalía y a la Policía Nacional las denuncias que algunos menores extranjeros no acompañados han realizado durante los últimos meses como supuestas víctimas de agresiones, sino también el contexto de explotación del en el que caen o corren el riesgo de verse a manos de grupos más o menos organizados de otros migrantes adultos que les utilizan para la comisión de delitos.

Uno de los motores del proyecto de atención al colectivo de niños de la calle asentado en el Puerto, que habitualmente ronda los 30 ó 40 integrantes, fue precisamente que “sin familiares adultos que los protejan, sin referentes pro-sociales que pongan límites a sus comportamientos y los acompañen adecuadamente en su crecimiento personal, sin hábitos de alimentación e higiene adecuados y expuestos a todo tipo de oportunidades disruptivas”, acaban visibilizados “como peligrosos” y como fuente de desasosiego y alarma entre los ceutíes.

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El presupuesto máximo para la ejecución del contrato, que comenzaría a ejecutarse si no hay contratiempos a partir de junio y durante toda la segunda mitad de este año relevando a los ‘iglús’ de Hadu, se eleva a 854.736 euros.

La empresa adjudicataria deberá garantizar “una asistencia y tratamiento especializado a los menores” con las atenciones de “alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias, sociales, de formación, aprendizaje y psicopedagógicas que sean necesarias para su desarrollo integral en un ambiente lo más parecido al hogar familiar dentro de las características del centro para posibilitar su integración social y laboral”.

Instalaciones “acreditadas”

Las instalaciones tendrán que estar “acreditadas por la entidad pública competente en el territorio en el que se encuentren ubicadas” y disponer de plazas vacantes suficientes.

Los ingresos se producirán por resolución administrativa de acogimiento residencial, ejerciendo el director del Centro de destino la guarda de los menores y manteniendo la Ciudad Autónoma su tutela.

La atención a los jóvenes deberá “responder a las necesidades propias derivadas de su procedencia y su identidad cultural, lingüística, religiosa, etcétera, inspirándose en los principios de convivencia, integración y normalización, sin prácticas segregadoras o discriminatorias”.

Si alguno de los jóvenes acogidos se fugase los hechos deberán “denunciarse” ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dar parte igualmente al Área de Menores de Ceuta.

Tras colocar módulos prefabricados en los bajos de ‘La Esperanza’ en noviembre, la Consejería de Sanidad llevaba meses esperando que la de Hacienda tramitase esta licitación para poder “ampliar la capacidad del sistema de protección” y poder “atender adecuadamente a los menores que actualmente se encuentran en nuestros Centros, así como a todos aquellos que continúen llegando en el número que sea, disponiendo de espacios e instalaciones adecuados para alojar decorosamente a los menores que están llegando continuamente y solventar de manera inmediata la situación de saturación que se está produciendo”.

La adjudicación de las plazas se realizará asignando los lotes básicos de 15 plazas a cada una de las ofertas que hayan obtenido la mejor puntuación total en la clasificación por orden decreciente (criterio económico y criterios de calidad), por ser las mejores en relación calidad-precio para la Administración, hasta la adjudicación del total.

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Más de 6,1 millones en Personal en las Facultades caballas

Con 752 alumnos estimados en los distintos Grados de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología y 510 en la de Ciencias de la Salud, en la que uno de los retos pendientes es desdoblar las clases de Enfermería para ajustar su número de alumnos a los máximos establecidos por la propia universidad, la UGR prevé desembolsar en 2019 un total de 6,1 millones de euros para cubrir sus gastos de Personal en la ciudad autónoma y apenas 306.000 euros en Gasto Corriente, casi la mitad en facturas “estructurales” del Campus.
El presupuesto de la institución nazarí en Ceuta es sensiblemente inferior al que tiene en Melilla (10,04 millones), aunque también lo son las aportaciones que recibe de las Administraciones autonómicas respectivas, que en el caso del Ejecutivo de Juan José Imbroda superarán los 2,5 millones.
De la Ciudad Autónoma de Ceuta, a la que siempre se valora su inversión para rehabilitar el antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz como Campus se esperan 138.600 euros para el Laboratorio Multidisciplinar que se va a habilitar en el inmueble anexo y 60.000 euros para “actividades conjuntas”, aunque en este último caso el grado de fiabilidad se cifra inferior al 25%. El Presupuesto de la UGR no computa los 300.000 euros que el PP aprobó ‘in extremis’ derivar a la institución nazarí el año próximo.

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Los seleccionados compaginarán su formación en las aulas con la sala de ventas, donde podrán poner en práctica sus conocimientos teóricos durante dos cursos (primero dos días en el supermercado y tres en clase, el año siguiente, en principio, al revés). Además, percibirán una beca equivalente a aproximadamente la mitad del Salario Mínimo Interprofesional y entrarán, por así decirlo, en la ‘cantera’ de Carrefour para llegar a conseguir un empleo.

El director provincial de Educación, Javier Martínez; el director del IES, Javier Pérez; y el jefe de la Inspección, Carlos Cornax, por parte del Ministerio; y María José Copano, Eduardo Ortega y Flor Díaz, por la de Carrefour, han rubricado el acuerdo, el primer convenio de esta modalidad que se realiza en Ceuta y en el que ambas partes se han reconocido el “esfuerzo” y las “facilidades” que han puesto para que pudiera prosperar.

Martínez y Pérez han agradecido a la empresa su involucración en una ciudad con un tejido productivo limitado en número y tamaño y han deseado que este sea el primero de otros muchos acuerdos similares con esta misma compañía u otras para implementar y desarrollar la apuesta “estratégica” del Ministerio por la FP en general y la Dual en particular.

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El presidente del Comité de Empresa, Mustafa Mohamed, ha lamentado que en la FPAV alegan "problemas económicos" y no dan ninguna "garantía" ni de que vayan a pagar ni de cuánto ni de cuándo. "Ellos reciben un dinero que debe ir a nóminas, indumentaria.... No entendemos, no lo vemos por ningún lado", ha reconocido.

García Segado dijo a principios de mes que, a la espera de las auditorías que encargadas sobre la gestión de su antecesor, Juan Moreno, había pedido a la Ciudad que este mes hiciese su transferencia el día 20 y no el 25 para aliviar las tensiones de Tesorería, que se negó a cuantificar.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel, ha negado que hubiese problema alguno pero Mohamed ha reconocido que hace un año que los 154 trabajadores no reciben ni la indumentaria de trabajo prescrita. "No vamos a entrar en la gestión porque lo nuestro es trabajar y cobrar pero no entendemos las disputas internas", ha resumido.

"Nos hemos reunido y no nos dan garantías, por lo que si seguimos sin cobrar emprenderemos acciones judiciales y mayores movilizaciones", ha avanzado el presidente del Comité, que no ha querido entrar en "las cuentas" de la Federación.

El PP ya ha enmendado su propio Presupuesto de la Ciudad para 2015 con 100.000 euros adicionales para las Brigadas Verdes.

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Gastos “inflados” artificialmente para mantener la “red clientelar”

Manuel Hernández y José María Mas han explicado que los socialistas harían, si gobiernan tras las elecciones de mayo, un Presupuesto “radicalmente distinto” porque el preparado por el PP es “una mentira” y una “vergüenza” de carácter “electoralista” que tiene los ingresos y los gastos “inflados” artificialmente para mantener la “red clientelar” que a su juicio sostiene el PP desde la Administración a costa, sobre todo, de “subvenciones”.

Así, el Grupo Parlamentario Socialista se ha propuesto introducir “más democracia” en la gestión de las cuentas públicas intentando impedir, por ejemplo, que el Ejecutivo de Vivas pueda hacer trasvases de partidas de inversión sin dar cuenta al Pleno o hacer reconocimientos extrajudiciales de deudas que no pasen por la Asamblea.

En el plano estrictamente “económico”, el PSOE ha querido hacer un ejercicio de pragmatismo para, sin tocar los ingresos previstos por el PP, proponer políticas más eficientes que permitirían recortar gastos de funcionamiento y ganar 13,8 millones de margen de maniobra que irían, sobre todo, a financiar un Plan de Empleo juvenil y otro para mayores de 55 años (un total de 7,7 millones).

Según Hernández, los socialistas dedicarían 3,6 millones a poner en marcha un plan de construcción de viviendas protegidas y un millón a suplementar las partidas del IMIS o Alojamiento Alternativo. Otro tanto se dedicaría a complementar las actuaciones de la Ciudad en zonas “infradotadas” en materia de equipamientos como Benzú o Los Rosales y 400.000 euros, a políticas de ayudas educativas “capaces de garantizar la igualdad de oportunidades”.

Más a largo plazo, Más ha explicado que si tuviesen responsabilidades de Gobierno desde el PSOE introducirían una reforma a fondo del IPSI que acercase su funcionamiento al del IVA y que lo hiciese más “competitivo” para atraer empresas capaces de generar empleo. “No puede ser que Melilla tenga un marco fiscal más atractivo”, ha comparado el diputado autonómico, partidario también de reestructurar el sector público periférico para, sin destruir “ni un puesto de trabajo”, hacerlo más “competitivo”, sobre todo en sociedades “como Emvicesa” en las que a su juicio actualmente sus costes laborales no son acordes con su volumen de trabajo y su rendimiento a la sociedad.

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Según el líder de los socialistas, el cambio que ha experimentado el tránsito fronterizo entre la etapa de Cucurull en la Plaza de los Reyes y la actual con Salvadora Mateos es “palpable” gracias a que la Administración socialista está siendo “lo más eficiente posible” a pesar de que las condiciones “varían día a día”.

“En algún momento había que poner pie en pared: nosotros apoyamos todo lo que esté dentro de la legalidad y lo que se está haciendo lo está”, ha indicado en declaraciones a los medios Hernández, que ha asumido que es imposible lograr la “perfección”, tanto como satisfacer a todas las partes afectadas: residentes en la ciudad, negocios dedicados al comercio atípico, tiendas turísticas, visitantes del país vecino, porteadores…

La parte marroquí de la frontera registra desde primera hora de la mañana larguísimas colas debido a las protestas de las personas que han sido rechazadas al intentar entrar en la ciudad, fundamentalmente según fuentes de la Delegación las mujeres que, pese a estar los martes y jueves reservados para el porteo masculino, pretenden entrar en la ciudad autónoma para recoger mercancías para sacarlas por la frontera ordinaria, algo vetado.

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Los diputados de la Asamblea se reunieron este viernes desde las 10 horas en el Salón de Plenos del Palacio autonómico para celebrar las Juntas Generales de Acemsa, Amgevicesa, Emvicesa, Obimace, Obimasa, el Parque Marítimo del Mediterráneo, Procesa, Puerta de África, RTVCE y Servicios Turísticos.

La mayoría del PP aprobó en solitario en todos los casos con el voto en contra de la oposición en bloque y en apenas sesenta minutos las cuentas anuales, los inventarios de bienes y derechos y los nombramientos de miembros de los Consejos de Administración de todas las empresas públicas.

La cita se hubiera convertido en un asunto de trámite sin debate alguno si no hubiera sido por los generados por Mohamed Ali antes de votar las cuentas de Procesa y Amgevicesa.

El localista interpeló a sus respectivos gerentes, José Diestro y José Luis Fernández Medina, por los proyectos en curso para la barriada del Príncipe, en el primer caso, y por la baremación de las instancias de las aproximadamente 7.000 personas que a principios de año se postularon para entrar en las bolsas de trabajo de la sociedad.

Diestro detalló al localista que la licitación promovida para construir dos pistas de fútbol junto al nuevo Vial del Quemadero está solo a la espera de recibir por correo una oferta más, la que será la decimotercera que se presente, para convocar a la Mesa de Contratación y decidir en base a un solo criterio, el precio.

El proyecto del nuevo Centro Cívico-Social estará terminado sobre el papel “en tres meses” y, por última, está próxima a licitarse la primera parte de la actuación de 6 millones en las redes de saneamiento y agua potable de la barriada, presupuestada en un tercio del total.

La respuesta del gerente llevó a Ali a preguntar a Vivas por qué encarga todo el Plan de Barriadas a Tragsa con la excusa de darle celeridad y no hace lo mismo con estas obras y el presidente alegó que aunque esos proyectos también son “prioritarias” y a pesar de que Tragsa “es eficaz” para ejecutarlos más rápido sin concursos, con el dinero de la Unión Europea, que es el que financia las actuaciones referidas de Procesa a través de los Fondos FEDER del presente Programa Operativo, no se quiere poner en riesgo el “prestigio” cosechado por la institución durante décadas con la gestión de esas partidas.

Al portavoz de Caballas los argumentos del presidente le sonaron a corroboración de que, tal y como viene denunciando desde hace meses, encomendar casi todo a Tragsa eludiendo los concursos y las ventajas de transparencia y ahorro que trae consigo la competencia es, cuando menos, no solo política sino también legalmente cuestionable.

Frente a sus ataques y poco antes de chocar nuevamente con acritud con Aróstegui, Vivas, que da la impresión de estar saturado del debate sobre Tragsa, insistió en defender las virtudes de la colaboración con esa empresa pública, “a la que encomendarle obras de la Administración no es una singularidad de Ceuta”.

“No se cuestiona el procedimiento de las encomiendas porque son transparentes y legales pero con los Fondos FEDER se va a usar sistema el tradicional de licitación”, resumió Vivas, que zanjó el tema recordando a Caballas que “aquí estamos para votar las cuentas anuales de Procesa”.

Baremación en Amgevicesa

Por otro lado, el gerente de Amgevicesa, José Luis Fernández Medina, respondió a Caballas que la empresa pública lleva un ritmo “desconocido” por elevado en la baremación de las aproximadamente 7.000 solicitudes que recibió para entrar en sus bolsas de trabajo.

En cifras, su satisfacción se traduce en que durante menos tres meses se han valorado 1.070 instancias a un ritmo de 300 al mes que, según auguró el portavoz de Caballas, Mohamed Ali, hará que no se termine el trabajo “hasta 2020”. En Amgevicesa no son tan pesimistas y esperan que de aquí a final de año pueda estar finiquitado.

El localista ha instado al gerente y al consejero competente, Jacob Hachuel, a destinar más recursos humanos a esta tarea y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, anunció que en la próxima reunión del Consejo de Administración se analizará la cuestión para hacer balance y trazar una previsión "razonable" sobre su horizonte de finalización y la necesidad de medios adicionales.

En declaraciones a este periódico, el consejero de Gobernación que preside el Consejo de Administración explicó que en Amgevicesa se está trabajando “a diario” para avanzar en la valoración de las instancias recibidas, un volumen enorme y desconocido hasta la fecha en la Administración autonómica que es analizado por una Comisión en la que tienen presencia tanto la sociedad como los representantes de la plantilla.

“Es una pena que, pese a que hemos invitado a todos los grupos de la oposición a acudir a esas sesiones de trabajo o a las entrevistas con los candidatos que remite el SEPE para la cobertura de necesidades puntuales de personal, un procedimiento que a veces se ha criticado, nunca se haya presentado ninguno”, lamentó el también portavoz gubernamental.

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Apenas iniciada la obra, Procesa ha contratado por 19.219,97 euros los servicios de la empresa ‘ACL Diseño y Cálculo de Estructuras’ para corregir distintos aspectos del proyecto de “reurbanización de la calle Gran Vía, Plaza de África y calle Jáudenes” elaborado por el arquitecto Ángel Moreno con la “consultoría y asistencia técnica” de Tragsatec, a la que se pagaron 143.560 euros por ello, “por nada” según criticó Caballas.

En cuanto las máquinas se han puesto a trabajar se han puesto de manifiesto múltiples vacíos y errores que la nueva empresa contratada deberá solventar. Según los informes evacuados en Procesa, la necesidad de introducir cambios para “adaptar a la realidad de la estructura existente” el proyecto elaborado viene derivada de que “no era posible” conocer la estructura del aparcamiento subterráneo de la avenida Sánchez-Prados “hasta no demoler el pavimento actual para poder acceder”.

Así, los cálculos proyectados se basaron en meras “suposiciones del estado actual del aparcamiento”, que con motivo de las últimas lluvias ha registrado múltiples filtraciones.

“Hace falta contrastar la realidad del aparcamiento con las estructuras a construir encima de él y, una vez estudiado, tomar las decisiones oportunas sobre la garantía de estabilidad de las mismas”, ha certificado la presidenta del Consejo de Administración de Procesa, Kissy Chandiramani, en la resolución en la que acordó eximir de concurso ese trabajo y adjudicárselo directamente a ‘ACL’ por su “experiencia” en el diseño de “soluciones técnicas” para “estructuras complejas”. En su primer análisis del estado de situación, la empresa ha hallado múltiples elementos a mejorar o cambiar.

En el diseño del jardín vertical ha apreciado que el tratamiento de pintura propuesto para la estructura metálica es “poco apropiado”, que faltan detalles sobre su anclaje y que presenta “suficientes incertidumbres y contradicciones” como para recomendar “una completa supervisión”.

No salen tampoco bien parados los nuevos accesos al aparcamiento subterráneo, en los que se han detectado “insuficiencias en los cálculos estructurales”, conexiones con las estructuras que no se demolerán “no viables”, “contradicciones entre arquitectura y estructura”, pintura “poco apropiada” para la estructura metálica y, de nuevo, falta de “detalles suficientes para la correcta definición de las estructuras metálicas (placas de anclaje, uniones, etcétera).

La nueva empresa ha detectado distintas "incertidumbres y contradicciones"

El diagnóstico de la propuesta incluida en el proyecto de nuevo monumento a la Orden Trinitaria enfrente de la Asamblea es gua de crudo: “Ni el número ni la distribución de los micropilotes parece adecuada”, advierte ‘ACL’ sobre la actuación planteada para “recuperar y resaltar las ruinas de la antigua Iglesia-Convento”.

Además, alerta de que “existen incertidumbres en relación a lo ajustado de los cálculos” con vigas de coronación de los pórticos que arrojan un esquema “que además de que está sobredimensionado no es constructivo dado que no queda espacio físico entre barras para conseguir un buen hormigonado exento de coqueras y otros defectos”.

Tan es así que “el diseño y cálculo presenta suficientes incertidumbres y contradicciones (sobre todo entre las dos versiones consultadas) como para recomendar una completa supervisión”.

La instalación de las controvertidas nuevas farolas ornamentales de la Gran Vía y las cuatro “fuentes-farola” decorativas que irán en las cuatro esquinas de la Plaza de África exigirá “comprobaciones estructurales asociadas con la cubierta del aparcamiento subterráneo” y se recomienda “hacer un estudio particular de cada báculo, situándolo sobre la planta del estacionamiento o terreno, con el fin de analizar pormenorizadamente cada cimentación”.

‘ACL’ deberá supervisar cálculos y planos de estructuras y detalles constructivos, estudiar catas, prediseñar cimientos y realizar “cuantas visitas sean necesarias” para la ejecución viable de la obra.

"El empotramiento de losa al muro no pudo materializarse"

La empresa que ha contratado Procesa para revisar el proyecto de la Gran Vía considera que el plan para cubrir el centro de transformación con losa es cuestionable.

A su juicio “el sistema de empotramiento al muro existente no puede materializarse en la práctica puesto que ni puede asegurarse el solape ni pueden realizarse perforaciones cerca de los bordes”.

Desde su punto de vista, tras el análisis de este punto concreto del proyecto de construcción elaborado por Moreno, arquitecto de Procesa, con el respaldo y la asistencia encomendada a Tragsatec, “los planos presentan indefiniciones” y “sería preferible anclar armadura únicamente en el eje del muro y considerar la placa como simplemente apoyada”.

En la Marina ya hubo 'sorpresa' con el hormigón

La Ciudad Autónoma no se toparía en la Gran Vía por primera vez con ‘sorpresas’ y problemas a la hora de acometer obras sobre aparcamientos subterráneos. Cuando se hizo el proyecto de La Marina ya sucedió, lo que obligó a tramitar un proyecto complementario para la remodelación del Paseo.

Según explicaron entonces fuentes de la Administración local a este periódico, los estudios patológicos realizados revelaron que dicha capa era “del orden de un 35% menor a lo esperado según los planos del proyecto inicial, con zonas con espesores que llegan a una reducción cercana al 75%”.

Además, “en todos los puntos chequeados en ningún caso se ha llegado al espesor de los 5 centímetros marcado por los planos”. El forjado mostró una “debilitación” desde el punto de vista estructural “frente a cargas puntuales, ya sean vehículos de emergencia o de servicio o cualquier otro tipo de carga puntual”.

“Un menor espesor de hormigón al esperado provoca que la durabilidad de la losa se vea gravemente afectada, ya que el efecto protector que hace el hormigón frente a la armadura se ve alterado y reduce su durabilidad”, advirtieron los técnicos.

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