El suceso se produjo en las proximidades de la gasolinera Carranza. El agente, que se encontraba fuera de servicio, recibió puñetazos en el rostro y patadas antes de que los presuntos autores huyeran en dirección a la zona del puerto. Habían querido robarle.

El propio agente colaboró con los funcionarios de la Policía Nacional que acudieron al lugar, facilitando información sobre las características de los individuos, lo que permitió orientar la búsqueda hacia distintos puntos próximos al lugar de los hechos.

Los agentes localizaron a dos adultos y un menor ocultos en las escaleras que comunican la rotonda de la avenida de España con la barriada Junta de Obras del Puerto.

Decisiones judiciales

La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión de los dos adultos implicados en el intento de atraco a este guardia civil que, aun estando fuera de servicio, se identificó como tal.

El menor que los acompañaba quedó a la espera de juicio. Todos son de los llegados a la ciudad con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio. Este asalto fue abortado por el propio agente y la Policía Nacional.

Los delitos por los que ha estado investigado el menor son, además del intento de robo, un delito de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y resistencia a los policías nacionales que intervinieron en esta detención.

Medidas aplicadas

De momento, sobre este caso se conoce solo la condena del menor que deberá cumplir medidas de vigilancia y control bajo supervisión del área de menores. En concreto, seis meses de libertad vigilada, un año de prohibición de aproximación al agente e indemnización de 200 euros.

Este suceso se enmarcó en la oleada de casos ocurridos este verano -y todavía hoy- de episodios asociados a la entrada masiva de inmigrantes.

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La magistrada titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 1 de Ceuta dejó el procedimiento visto para sentencia tras la celebración de la vista oral.

El acusado no compareció en el juicio, pese a haber sido citado legalmente, por lo que el Ministerio Fiscal solicitó que la vista se celebrara en su ausencia. La petición fue atendida y el procedimiento continuó con la práctica de la prueba testifical.

Durante la sesión declararon agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que intervinieron en los hechos. Según explicó uno de los policías locales, recibieron un aviso de la Policía Nacional, que tenía a una persona detenida por haber sido sorprendida presuntamente conduciendo sin carné.

Los agentes acudieron para realizarle las pruebas de alcohol y drogas, pero, según su testimonio, el hombre se negó reiteradamente a someterse a ellas, pese a que se lo solicitaron hasta en tres ocasiones.

Una intervención en la barriada Juan Carlos I

Por su parte, un agente de la Policía Nacional relató que se dirigían a atender un servicio comisionado por la sala cuando circulaban en motocicleta por la zona de Juan Carlos I.

Según explicó, reconocieron al hombre porque ya habían protagonizado varias intervenciones con él. Al percatarse de la presencia policial, habría intentado esquivarlos, aunque finalmente consiguieron interceptarlo y detenerlo.

El mismo agente indicó que, durante el cacheo, encontraron al hombre pequeñas cantidades de hachís y cocaína. Según su apreciación, la cantidad intervenida podría estar destinada al consumo propio.

Este hallazgo fue relatado durante el juicio por el policía, aunque el objeto principal de la vista era la presunta conducción sin permiso y la negativa a realizar las pruebas.

Fiscalía y Defensa mantienen posturas enfrentadas

Una vez practicada la prueba testifical, la representante del Ministerio Fiscal mantuvo su escrito de acusación y solicitó una pena de hasta dos años de prisión.

Además, interesó que, en caso de recaer una condena, la pena se cumpliera en prisión, al señalar que el acusado cuenta con antecedentes penales por hechos de la misma naturaleza.

La Defensa solicitó la libre absolución de su representado. Su argumento principal fue que, a su juicio, durante el juicio no quedó acreditado que el acusado fuera quien conducía la motocicleta en el momento de los hechos, por lo que cuestionó uno de los elementos fundamentales de la acusación.

Con las posiciones de ambas partes expuestas y la prueba testifical practicada, el procedimiento quedó visto para sentencia, a la espera de que la magistrada resuelva sobre la responsabilidad penal del acusado.

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En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, únicamente se considera probado que el pasado 28 de junio, en el interior del establecimiento comercial Carrefour, el acusado fue sorprendido por los vigilantes de seguridad cuando se encontraba bebiendo una de las botellas del comercio.

¿Pretendía pagarla después?, ¿se comprobó ese extremo? “Solo se ha acreditado que el acusado entró en el establecimiento, se bebió una botella y fue detenido por los vigilantes de seguridad, quienes no le ofrecieron la posibilidad de abonarla porque supusieron que no lo iba hacer”, concluye su señoría.

Ahí precisamente está la clave que ha llevado a que se dicte una sentencia absolutoria. Una cosa es beber, pero querer pagar después o, directamente, hacer un ‘simpa’.

“No se puede saber si el acusado tenía o no intención de abonar la botella en la línea de caja. En este aspecto hubiese sido interesante saber si realmente llevaba dinero para hacer frente a ese pago”, expone la magistrada.

Las grabaciones y los testimonios confusos

La principal prueba vino constituida por las grabaciones que, en este caso, tuvieron un valor innegable en la medida en que permiten observar los hechos tal y como ocurrieron.

Pues bien, esas grabaciones “sorprendentemente” mostraron una versión de los hechos totalmente distinta a los reflejados en el atestado inicial y en el escrito de acusación.

Fueron reproducidas al inicio de la vista y en las mismas se apreciaba al acusado entrando en el pasillo de bodega del supermercado, paseándose, deambulando de forma vacilante, sin una dirección definida hasta coger una botella.

En ese momento, desenrosca el tapón y empieza a bebérsela. Tal cual. En la grabación que se visionó a petición de la Defensa, se aprecia la llegada de un vigilante de seguridad que instó al acusado a que abandonase voluntariamente el lugar.

En la secuencia se muestra al vigilante quitándole la botella al acusado y tratando de retenerlo. Este se revuelve, cae al suelo y ahí continúa “su lucha” por no ser detenido para, a continuación, llegar otro vigilante y entre ambos reducirlo hasta llevárselo a rastras del lugar.

Declaraciones que no casan con lo que se apreció en las grabaciones

Según la declaración policial del vigilante de seguridad, el acusado cogió una botella de Ron Legendario, le quitó la alarma de seguridad y se marchó con la misma en la mano hacia la línea de caja, cuando traspasó la línea de caja sin pagar la botella, los vigilantes le dieron el alto y lo retuvieron.

En ese momento el acusado empezó a gritar y amenazarlos, acometiendo con violencia, por lo que tuvieron que reducirlo, utilizando la mínima fuerza indispensable, engrilletándolo por seguridad.

Tal y como se recoge en sentencia, ese relato “dista sustancialmente de lo que objetivamente se desprende de las grabaciones, lo que devalúa sustancialmente el testimonio del vigilante de seguridad, quien modificó su declaración en el plenario, especialmente después de visionar en juicio las cámaras. A mayor abundamiento, no supo explicar la modificación deliberada del relato inicial”, expone su señoría.

En el plenario, el vigilante dijo que vieron al acusado abrir una botella de alcohol y empezó a beber dentro del establecimiento, lo interceptó y le dijo que lo acompañase porque era reincidente. Lo redujeron entre dos compañeros, los empujó, insultó y amenazó, pero no hubo ni puñetazos, ni patadas.

Beber dentro del establecimiento es sustracción; comer, no

A preguntas del Ministerio Fiscal, aseveró que el mero hecho de consumir alcohol dentro del establecimiento supone una sustracción, que no ocurre lo mismo con otros productos, que se puede comer incluso dentro del establecimiento, siempre y cuando luego lo pasen por la caja, en donde se les invita a que lo abonen.

Un agente de Policía Nacional declaró que fueron avisados para personarse en el establecimiento Carrefour, en donde el vigilante les informó que el acusado había intentado salir del establecimiento sin abonar una botella de alcohol.

No escuchó ninguna amenaza de muerte en su presencia, aunque recalcó que el acusado estaba muy ebrio.

La versión del acusado: bebedor, pero pagador

El protagonista de toda esta historia negó las amenazas, insultos y agresiones. Admitió que entró en el establecimiento, abrió la botella de Ron Legendario y se la bebió, pero su intención era pagarla, ya que llevaba dinero. Una versión alternativa que es “compatible con las grabaciones”, expone la magistrada.

“De la prueba practicada solo ha quedado acreditado que el acusado entró en evidente estado de embriaguez en el pasillo de dodega de Carrefour, abrió una botella y empezó a bebérsela, siendo interrumpido por el vigilante de seguridad”, se recoge en sentencia.

“Se desconoce qué botella fue la que se bebió, pero del vídeo se desprende que no fue una botella con sistema de alarma”, tal y como se recogió en el escrito de acusación.

“Tampoco se puede saber si el acusado tenía o no intención de abonar la botella en la línea de caja. En este aspecto hubiese sido interesante saber si realmente el acusado llevaba dinero para hacer frente a ese pago”, mantiene.

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Y lo ha hecho en forma de sentencia, condenándole por un delito continuado de hurto en grado de tentativa a 18 meses de prisión, así como a indemnizar a la empresa Carrefour con 537 euros.

En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, deniega el beneficio de la suspensión de condena, decretando cinco días para entrar voluntariamente en prisión.

La pena impuesta es la máxima que recoge el Código Penal para este tipo de delitos, decisión que se ha sustentado en la hoja histórico penal del acusado, a quien le constan dos condenas por delitos leves los días 19 y 1 de junio de 2026 y otra condena por un delito de hurto el 20 de marzo de este año; además de otras seis condenas por delitos varios.

“Su trayectoria delictiva denota que pretende hacer del hurto su medio de vida y su total indiferencia por el patrimonio ajeno”, sentencia su señoría.

Los hechos recogidos en sentencia: el vicio de hacerse con altavoces

En el caso de marras, el ahora condenado acudió en distintas ocasiones durante el mes de septiembre de este año al establecimiento Carrefour, en donde se apoderó, quitando previamente la alarma, de varios altavoces expuestos para su venta, ocultándolos entre sus prendas y abandonando el local tras rebasar la línea de cajas sin abonar su importe.

El día 16 de septiembre, a las 09:34 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 149 euros y ese mismo día, sobre las 21:08 horas, de otro valorado en 299,99 euros.

El día 23 de septiembre, a las 19:14 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 89 euros.

El día 26 de septiembre, sobre las 11:45 horas, cogió otro altavoz valorado en 149 euros, que ocultó bajo sus prendas y con el que rebasó nuevamente la línea de cajas sin efectuar su pago.

Las declaraciones del vigilante y un policía nacional

Esta última sustracción fue advertida por el vigilante de seguridad del establecimiento, quien interceptó al acusado y recuperó el altavoz, quedando el mismo en poder de Carrefour.

Era un auténtico vicio hacerse siempre con esos elementos. En el relato de hechos probados se describen cuatro acciones, todas ellas próximas en el tiempo, con la misma dinámica, lugar y circunstancias.

Se trata de sustracciones que individualmente no superan los 400 euros. Tres fueron consumadas y la última intentada, “si bien el que tengan un grado distinto de ejecución no es obstáculo para apreciar la continuidad delictiva”, mantiene su señoría.

La condena se ha basado en las testificales del vigilante de seguridad y de un agente de Policía Nacional. “Son plenamente creíbles por cuanto no existe ningún motivo para dudar o intuir que los testigos mienten. Además, fueron testimonios detallados, coherentes, complementarios y persistentes”, explica en sentencia.

Ocultaba los altavoces entre sus prendas tras quitar las alarmas

El vigilante contó que se dieron cuenta de la dinámica del acusado porque apareció una caja de un altavoz vacío, revisaron las cámaras y lo identificaron. Lo que hacía era anular la alarma y pasar por la línea de caja con el altavoz oculto entre las prendas.

El policía nacional que declaró aseveró que él vio las grabaciones de las cámaras del día de los hechos y de las ocasiones anteriores.

Frente a la contundencia de la prueba de cargo, el acusado ni siquiera compareció en el juicio, que pudo celebrarse en ausencia al ser la pena solicitada menor de dos años.

Si bien es cierto que hubo una incidencia en la descarga de las grabaciones y algunas no se pudieron recuperar al haber transcurrido el tiempo, esto no quitó credibilidad a los testigos de cargo, “máxime cuando el último altavoz fue hallado en posesión del acusado”.

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La celebración llega este año en un contexto marcado por la presión que atraviesa Ceuta. Una situación que, según trasladan los representantes de la agrupación, exige humanidad y coordinación, pero también el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, incluidos los ciudadanos que residen en la ciudad autónoma.

El presidente de la agrupación, Manuel Jurado Carmona, ha aprovechado esta jornada para reivindicar el papel de los jóvenes abogados, recordando que su trabajo no se limita a la defensa de los derechos ante los tribunales.

 

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También implica estar presentes cuando la ciudad necesita respaldo, defensa y representación. En este sentido, ha subrayado que la abogacía joven debe contribuir desde sus competencias a responder a las necesidades de la sociedad ceutí.

El mensaje centra también la atención en el esfuerzo que realizan diariamente estos profesionales, que deben compaginar guardias, juicios, plazos y numerosas responsabilidades. La situación actual está suponiendo una carga extraordinaria para el colectivo, aunque también está poniendo de manifiesto su vocación y compromiso con el ejercicio de la profesión.

Jornadas y proyectos aplazados

La situación que atraviesa Ceuta también ha tenido consecuencias en la actividad interna de la agrupación. Para este curso estaban previstas distintas iniciativas, entre ellas jornadas formativas, encuentros y proyectos dirigidos a los jóvenes profesionales. Sin embargo, las circunstancias actuales y las obligaciones derivadas del ejercicio de la abogacía han obligado a suspender o aplazar algunas de estas actividades.

Pese a ello, la organización asegura que mantiene intactas su ilusión y sus ganas de seguir trabajando por el colectivo. La intención es retomar estas iniciativas cuando las circunstancias lo permitan, sin renunciar a los objetivos formativos y de representación que forman parte de su actividad.

La agrupación ha querido trasladar igualmente a las distintas instituciones su plena disposición para colaborar y coordinar esfuerzos, contribuyendo desde el ámbito de sus competencias a garantizar una asistencia jurídica digna, cercana y respetuosa con los derechos de todas las personas.

En su mensaje con motivo de esta jornada, los jóvenes abogados han reivindicado que no representan únicamente el futuro de la profesión, sino también su presente. Por ello, han reafirmado su voluntad de continuar trabajando por sus compañeros, por la justicia y por Ceuta, manteniendo la vocación, la responsabilidad y el compromiso que, aseguran, definen su labor.

La conmemoración concluye así con una reivindicación del papel de las nuevas generaciones de abogados en la sociedad ceutí, especialmente en un momento en el que la asistencia jurídica y la defensa de los derechos adquieren una relevancia especial.

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Se le impuso una sanción de 12 días de pérdida de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta grave, consistente en una falta de subordinación al no atender la orden de su jefe, capitán de Policía Judicial.

Los hechos a los que hace referencia esta sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se retrotraen al 1 de diciembre de 2022.

El capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta había reunido en su despacho al recurrente, quien en ese momento era sargento 1º, y a otros dos agentes -un hombre y una mujer-, todos ellos de la Unidad.

El objetivo era exponer lo actuado en cumplimiento de una investigación tras la denuncia de un ciudadano acerca de lo que pudiera suponer un supuesto delito de estafa.

En esta reunión se expuso lo actuado hasta esa fecha y se determinaron las líneas de investigación que se iban a seguir, debiéndose contactar con el presidente de la Asociación Democrática de Guardias Civiles, así como recabar información de las empresas que supuestamente se estaban dedicando a ejercer funciones publicitarias bajo nombre de la asociación.

Tras pedirse la práctica de una serie de diligencias por una de las agentes, el por aquel entonces sargento 1º propuso que se lanzasen ya las diligencias al juzgado para ir adelantando, estando de acuerdo en la solicitud de dos mandamientos judiciales referidos a la titularidad de una cuenta bancaria y una cuenta de correo electrónico, ambas asociadas al investigado.

Fue entonces cuando la agente de la Guardia Civil procedió a disfrutar de un periodo de disfrute de vacaciones, asuntos propios y descanso semanal, por lo que no se incorporaba hasta el día 28 de diciembre.

 La orden del capitán que fue cuestionada

Tal y como consta en la sentencia, el capitán jefe de la Unidad de Policía Judicial, para no demorar innecesariamente la instrucción del procedimiento, ordenó al sargento 1º que fuese el instructor de las diligencias, “oponiéndose a ello, expresando que lo firmasen los otros dos guardias civiles” ya “que él no iba a firmar como instructor las diligencias, manteniendo, de forma determinada y contundente, que únicamente se responsabilizaría de las que faltasen por realizar”.

Esa orden la dio delante del ahora condenado y los dos agentes de la Unidad que estaban encomendados a esta investigación.

El recurso interpuesto se centró en que “la resolución funda el reproche disciplinario en una valoración probatoria sesgada e ilógica, que atiende en exclusiva al parte del capitán jefe de la Unidad y prescinde de la prueba de descargo, esto es, de las declaraciones de los dos testigos presenciales, única prueba objetiva de contraste, que corroboran la versión del recurrente y desmienten el elemento nuclear del reproche”.

Añade que “los dos testigos presenciales coinciden en que el recurrente solo se negó a firmar las diligencias practicadas por ellos”.

La base de la sentencia: se opuso o no a cumplir una orden

La idea nuclear sobre la que pivota todo el razonamiento del recurso es que el recurrente no se habría negado a asumir la instrucción del atestado, sino solo a firmar, como propias, las diligencias previamente practicadas por los otros dos guardias civiles.

“En apoyo de esta tesis se afirma que la única prueba de cargo es el parte del capitán, siendo así que el citado parte ha sido desmentido por los testigos presenciales”.

Se expone en sentencia que la sentencia recurrida consideraba probado que la orden del capitán de PJ perseguía no demorar innecesariamente la instrucción del atestado del que estaban conociendo hasta ese momento estos tres agentes, destinados también en la UOPJ.

Las declaraciones de todos los implicados

En las declaraciones, la guardia civil que se iba a ausentar de vacaciones declaró que el capitán ordenó al sargento 1º “que se hiciera cargo de la instrucción de las diligencias”, negándose el recurrente hasta en dos ocasiones “porque decía que ya se habían encargado la guardia y su compañero” y porque tenía mucho trabajo.

En similares términos, el otro guardia civil presente declaró que el capitán ordenó al sargento 1º que se hiciera cargo de las diligencias y que las firmase, negándose el recurrente.

“En definitiva y como se puede apreciar, ni la única prueba de cargo fue el parte del capitán (ampliamente ratificado con todas las garantías procedimentales), ni las declaraciones de los testigos presenciales, por más que se trate de enfatizar lo que de favorecedor pudieran tener a los intereses del recurrente, tienen el sentido exculpatorio o de descargo que se les pretende atribuir, pues sus relatos prácticamente en nada difieren de lo denunciado por su superior”, recoge el tribunal.

“Ha existido, pues, actividad probatoria de cargo -y la hay más que sobrada-, que se ha practicado con todas las garantías y sin vulneración de derechos fundamentales, por lo que constituye material probatorio legítimo para sostener el juicio de autoría”, añade.

“El juicio lógico seguido por el Tribunal de instancia satisface las reglas más rigurosas de la sana crítica y la experiencia, de ahí que deba afirmarse que la sentencia recurrida ha respetado el contenido material del derecho a la presunción de inocencia”.

Las bases de la resolución adoptada

“La orden no consistió en firmar lo hecho por otros. Lo que se ordenó, ante la ausencia prolongada por permiso oficial de una guardia civil y para no demorar innecesariamente la finalización del atestado, fue algo tan razonable y lógico como que el sargento 1º se hiciese cargo de las diligencias”.

“Ignoramos qué diligencias integraban el atestado, en qué estado se encontraban y cuál era su naturaleza, pues no han sido incorporadas a las actuaciones, pero como acertadamente mantiene el instructor del expediente sancionador en su propuesta de resolución, teniendo en cuenta la acreditada experiencia y formación del Sargento 1º en la especialidad de Policía Judicial, disponía de suficientes recursos en cuanto a la forma en que, una vez que se hubiese hecho cargo de la instrucción de las diligencias, podría incorporar a las mismas lo actuado por los otros guardias civiles, toda vez que en ningún momento se ha dicho que no fueran diligencias que no se podrían reproducir”, concreta.

“Bien podría haber optado por realizarlas por sí mismo, bien por asumirlas mediante un traspaso de las diligencias ya confeccionadas, mediante la comparecencia de los actuantes hasta ese momento, o con cualquier otro modo reconocido en derecho”.

“Solo excusa al subordinado de la obligación del cumplimiento de una orden cuando esta entrañe la ejecución de actos manifiestamente contrarios a las leyes o los usos de la guerra, o cuando constituyan un delito”, expone.

La orden no era “ilegítima ni arbitraria”

“El recurrente no solo mantuvo una abierta y manifiesta oposición al cumplimiento de dicha orden, que tuvo que ser reiterada hasta en dos ocasiones, imponiendo su propio y particular criterio sobre el de su superior, sino que además se produjo en presencia de dos guardias, lo que confiere al comportamiento del suboficial sancionado la gravedad requerida para incardinar los hechos en la falta grave del artículo 8.5 LORDGC”.

“La orden no era ilegítima ni arbitraria, como juiciosamente ha razonado el Tribunal de instancia. Lo que indudablemente es contrario a cualquier concepción de la disciplina es entender que el cumplimiento de las órdenes de los superiores se limita a los supuestos en los que el subordinado esté de acuerdo con ellas, pudiendo negarse a su cumplimiento, como hizo el recurrente, cuando la orden no se corresponde con su propio y particular criterio”, mantiene en sentencia el tribunal.

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El acusado, que compareció desde prisión por videoconferencia, reconoció los hechos y aceptó las penas.

La sentencia impone nueve meses de cárcel por el delito continuado de quebrantamiento de condena, seis meses por amenazas y otros 15 meses por un delito contra la integridad moral. Además, establece una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima por cualquier medio durante tres años.

El condenado también deberá abonar 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Los hechos se produjeron pese a que el acusado conocía la vigencia de la orden judicial que le prohibía acercarse a su expareja y comunicarse con ella.

Llamadas y mensajes pese a la prohibición judicial

Según los hechos recogidos en la resolución, el hombre contactó telefónicamente con su expareja el 11 de julio de 2025, a pesar de tener vigente la prohibición de comunicación. Durante la llamada, le dijo que se encontraba en Madrid y que quería verla.

Días después, el 24 de julio de 2025, volvió a contactar con ella y le envió diez mensajes de audio. De acuerdo con la resolución, lo hizo con la intención de incumplir la orden judicial, humillarla e infundirle temor y desasosiego.

En las grabaciones, el acusado profirió insultos, amenazas de muerte y advertencias de violencia extrema. Entre otras expresiones, aseguró: “El día que te coja te voy a matar” y “donde te vea, te voy a atropellar”.

Amenazas de muerte y amenazas de quemarla

Los audios incluían también amenazas de prender fuego a la víctima, así como referencias a la posibilidad de utilizar gasolina. En uno de los mensajes, el hombre afirmó: “Lo único que quiero es que vengas a mí para matarte, quemarte con gasolina”.

Además de las amenazas contra su integridad física, los mensajes contenían insultos reiterados y expresiones vejatorias, dirigidas a menospreciarla y humillarla. El acusado también amenazó con difundir vídeos y afirmó que disponía de los contactos de personas de su entorno.

El contenido de las grabaciones refleja una sucesión de amenazas, humillaciones e intimidaciones que, según los hechos declarados probados en la resolución, se produjeron pese a la prohibición judicial de mantener cualquier tipo de contacto con la mujer.

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El Tribunal de Instancia número 6 ha acordado la práctica de una serie de diligencias tras admitirse la querella formulada por esta entidad, en el marco de la investigación seguida por ataques a miembros de las Fuerzas Armadas haciendo uso de artefactos como cócteles molotov caseros.

El juzgado ha ordenado librar oficios a la Policía Nacional para recabar los atestados, análisis y grabaciones sobre todos los hechos que han sido denunciados.

Algunos de los atentados recopilados

Figuran entre ellos la emboscada en Benzú, cuando fueron atacadas patrullas del Ejército a pedradas. Se detuvo a algunos de los implicados, que ya fueron condenados y expulsados a Marruecos. Queda uno en prisión preventiva a la espera de juicio.

Hay más episodios denunciados en las Murallas Reales y Villajovita, con lanzamiento de artefactos caseros, además de San Amaro.

En esta última barriada tuvo que intervenir la Guardia Civil tras arrojarse un cóctel molotov casera a una patrulla de las Fuerzas Armadas que se encontraba apostada en el lugar.

Lo que ha acordado el juzgado

El juzgado ha acordado que se remita copia de los atestados, actas con los informes de análisis técnicos y antecedentes relativos a los hechos.

Atendiendo a la solicitud cursada por Hazte Oír, también se ha pedido información sobre los efectos intervenidos y su custodia y, por otro lado, solicita al juzgado que instruye las DP 64/2026 que informe del estado de esa causa y remita las actuaciones relacionadas, para comprobar si hay hechos coincidentes.

Son actuaciones acordadas en el auto del 4 de octubre cuya ejecución ordena ahora la resolución del 28 de octubre.

Notificación a la Fiscalía

Además, en una providencia separada, la jueza del número 6 da dos días a Fiscalía para informar sobre otras diligencias solicitadas por Hazte Oír en su querella: información policial, coordinación de los repartos en Ceuta, subvenciones y pagos públicos a entidades, e identificación de responsables de organizaciones –oenegés– sin inscripción española.

Fiscalía también debe pronunciarse sobre medidas de conservación de pruebas aún pendientes; el juzgado decidirá sobre esas peticiones después.

La querella de Hazte Oír

Hazte Oír ha ido recopilando las distintas informaciones alusivas a sucesos que tienen que ver con ataques a militares, en hechos que se produjeron tras la entrada masiva de finales de julio.

Y no solo por ataques, sino por informaciones como las publicadas sobre colocación de trampas en el Recinto para mermar la efectividad de esas patrullas.

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"Con la inminente entrada del mes de noviembre, crece la preocupación y el malestar entre los trabajadores ante la falta de pronunciamiento por parte del Ministerio, que aún no ha emitido la resolución correspondiente al escrito presentado el pasado 19 de octubre por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en el que se reclamaba una ampliación extraordinaria del plazo para el disfrute de las vacaciones anuales y los días de permiso por asuntos particulares correspondientes al presente año", explican en nota de prensa.

CSIF exige una respuesta urgente del Ministerio

Ante este "persistente silencio", el sindicato ha registrado formalmente este jueves, 29 de octubre, un "escrito de reiteración urgente" ante la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia para exigir que "se rompa el silencio de manera inmediata" y de respuestas a la inquietud de los trabajadores.

"La normativa ordinaria que rige para el personal de la Administración de Justicia sitúa el límite temporal para el disfrute de estos derechos el 31 de enero del año siguiente. Sin embargo, la dilación del Ministerio en resolver la petición formal del sindicato está bloqueando la capacidad de los trabajadores para programar sus descansos y organizar la conciliación familiar, un escenario crítico a falta de dos meses para que expire el año natural", han continuado.

La "sobrecarga" judicial dificulta el disfrute de las vacaciones

Desde CSIF, se incide en que la necesidad de planificar estos descansos "no obedece a un capricho de la plantilla", sino a una "acumulación forzosa de jornadas motivada por la necesidad de la adecuada prestación del servicio".

"El Tribunal de Instancia de Ceuta atraviesa una crisis de dimensiones extraordinarias que ha provocado un incremento exponencial en el número de expedientes judiciales. Para evitar el colapso del servicio público de Justicia en la ciudad autónoma, la plantilla ha tenido que priorizar la tramitación inmediata de los expedientes", ha seguido el comunicado.

Esta "sobrecarga de trabajo", según ha explicado CSIF, ha obligado a los empleados públicos a "anteponer las necesidades del juzgado a sus propios derechos legítimos, viéndose forzados a fraccionar, interrumpir o aplazar sus vacaciones y permisos por asuntos particulares".

El sindicato alerta del riesgo de perder derechos laborales

"Llegados al mes de noviembre, resulta materialmente imposible que la totalidad de la plantilla pueda compaginar la carga de trabajo actual con el disfrute concentrado de los descansos acumulados dentro del estrecho margen que dicta el plazo ordinario (31 de enero)".

Por ello, CSIF advierte de que, "si no se aprueba la flexibilización solicitada, se producirá un embudo organizativo que abocaría a los funcionarios a perder sus derechos laborales por causa de fuerza mayor totalmente ajena a su voluntad, o bien generaría disfunciones severas en la correcta prestación del servicio".

En el escrito remitido el pasado 19 de octubre a la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia y a la Gerencia Territorial de Andalucía, "CSIF fundamentó su petición en el precedente dictado por la propia Dirección General con fecha 6 de noviembre de 2025".

"En aquella ocasión, con motivo de la implantación de los Tribunales de Instancia, se autorizó de manera extraordinaria la extensión del plazo de disfrute hasta el 31 de marzo de 2026".

CSIF reclama ampliar el plazo hasta marzo de 2027

CSIF recuerda que la resolución de 2025 se justificó expresamente por la Dirección General bajo el razonamiento de "compatibilizar la adecuada prestación del Servicio Público de Justicia con el legítimo disfrute de los derechos profesionales de los funcionarios... evitando que la concentración del periodo pueda provocar disfunciones".

Así, CSIF sostiene que la actual situación de excepcionalidad y urgencia que se vive en los juzgados de Ceuta reviste, como mínimo, la misma gravedad que la recogida en dicha resolución.

Por todo ello, el sindicato apela a la" responsabilidad de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia para que rompa su silencio de forma inmediata y dé curso a la solicitud formulada el pasado 19 de octubre".

"La plantilla del Tribunal de Instancia de Ceuta requiere certidumbre y un marco temporal claro (hasta el 31 de marzo de 2027) que les devuelva la posibilidad de planificar sus descansos tras meses de máxima presión laboral y organizativa", concluyen.

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Así lo ha manifestado en un encuentro con periodistas el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que ha explicado que en cumplimiento del pacto europeo de migración y asilo por primera vez los abogados de Ceuta están asumiendo la figura del representante provisional del menor para velar por sus intereses.

"Por parte de algunos abogados tenemos quejas de que todavía hay algunos cientos de menores sin filiar y sin ser tutelados y acogidos y esto es grave", ha comentado el presidente de la Abogacía.

Refuerzo de abogados para tramitar los expedientes de los menores

Salvador González ha recordado que para realizar los trámites que establece la ley para resolver los expedientes de cada inmigrante, sea de asilo o de devolución, se incrementó el número de abogados en Ceuta para estos procesos.

Ha destacado que el trabajo de estos letrados del turno de oficio de Ceuta "se está produciendo con normalidad pero con mucha intensidad y mucho compromiso porque las jornadas son interminables y el número de asuntos que están llevando adelante es muy importante".

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