Los agentes de servicio llegaron a tiempo en la ruta del Estrecho para interceptar una embarcación que estaba semihundida. Dos de los ocupantes ya estaban en el agua, los otros dos seguían a bordo.

A riesgo del naufragio, la intervención del Servicio Marítimo fue decisiva para evitar lo que hubiera sido una tragedia.

Los rescatados estaban intentando alertar vía llamada telefónica al 112 para solicitar ayuda. Ya se encontraba el Servicio Marítimo en ruta para ejecutar un rescate in extremis.

A punto de hundirse

La embarcación, de pequeñas dimensiones, estaba a punto de hundirse cuando la Guardia Civil auxilió y rescató a los cuatro inmigrantes trasladándolos a la base. El peso que soportaba y las condiciones de esta pequeña goma hicieron temer lo peor.

Se sospecha que el grupo había partido de Benítez con la intención de alcanzar las costas peninsulares en una ruta más de la hilera de pases clandestinos que se están llevando a cabo desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Esta intervención no es aislada. Todo lo contrario, en poco más de dos meses, el Servicio Marítimo ha interceptado al menos 100 embarcaciones entre pequeñas gomas, phantom, kayaks… Es un no parar. Son servicios diarios que evidencian un trabajo que no sale en los medios de comunicación para demostrar la presión a la que se enfrentan los agentes.

Rutas clandestinas sin freno

La salida de embarcaciones es constante, se trata de una ruta clandestina sin freno desde las costas de Ceuta a las peninsulares.

Desde la entrada masiva el repunte es brutal. Las salidas son diarias y en muchas ocasiones marcadas por el riesgo debido a la cantidad de escapadas que se producen a riesgo de que se produzcan auténticas tragedias.

Y detrás de todo esto asoma la picaresca de quienes ganan dinero a costa de traficar con estos pases.

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En un comunicado, denuncia que la ciudad continúa sufriendo las consecuencias de una crisis sin precedentes, y apunta a la “incapacidad” del Gobierno de Pedro Sánchez por ofrecer una respuesta “eficaz, contundente y definitiva”.

Sin obviar las críticas también al presidente local, Juan Vivas, el dirigente de Vox en la ciudad, Juan Sergio Redondo, etiqueta estos 3 meses como los equivalentes a “noventa días de abandono, improvisación, incompetencia y cobardía política, durante los cuales los ceutíes han tenido que soportar las consecuencias de una catástrofe que pudo y debió evitarse”, explica.

“Han pasado tres meses y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible que una ciudad española, frontera sur de Europa, haya podido verse sometida a semejante situación sin que ninguno de sus responsables políticos haya asumido todavía una sola responsabilidad?”.

Para el dirigente de Vox, lo ocurrido el pasado 30 de julio no puede analizarse como un episodio aislado, sino como “la culminación de décadas de dejación de funciones, de renuncias políticas y de una irresponsable política de apaciguamiento frente a Marruecos”.

 La crisis previa de 2021 que de nada sirvió

Ya hubo una crisis previa, la de mayo de 2021. Pero, lamenta Vox, esa experiencia “no sirvió para adoptar medidas estructurales” que garanticen la seguridad.

“Cinco años después de aquella primera invasión, Ceuta seguía sin disponer de las infraestructuras fronterizas que necesitaba, sin unos espigones capaces de impedir las entradas masivas y sin una estrategia de prevención y respuesta a la altura de las amenazas que se cernían sobre nuestra ciudad. Y lo más grave es que quienes tenían la obligación de actuar conocían perfectamente nuestra vulnerabilidad”.

Vox apunta como “principal culpable” de todo esto al presidente Pedro Sánchez, aunque desliza críticas a Vivas por no haber impulsado “una respuesta eficaz a nuestras vulnerabilidades fronterizas”. Lo dice a pesar de conocer que la institución municipal no tiene competencias en la materia.

Redondo critica que Vivas sea presentado como “el gran defensor de Ceuta” cuando, mantiene, “sigue sin poder explicar por qué nuestra ciudad continúa expuesta a las mismas amenazas. No se puede premiar políticamente el fracaso ni transformar la incompetencia en heroicidad mediante propaganda”, denuncia.

El desgaste de la ciudadanía

La formación política expone también el “desgaste para la ciudad, sus vecinos, su actividad económica y los profesionales encargados de garantizar la seguridad” que ha supuesto la entrada masiva.

Redondo ha querido destacar especialmente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. “Si Ceuta no ha sufrido consecuencias todavía más graves, ha sido gracias al sacrificio, la profesionalidad y la entrega de nuestros policías, guardias civiles y militares, que han tenido que suplir sobre el terreno las carencias de quienes debían dirigir políticamente esta crisis”, indica.

"Ni una sola represalia contra quienes han cumplido con su deber"

En este sentido, el presidente de Vox ha advertido de que su formación no aceptará que los profesionales que han intervenido en los dispositivos de seguridad terminen pagando las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus superiores políticos. “Ni una sola represalia contra quienes han cumplido con su deber. Quienes deben dar explicaciones no son nuestros agentes ni nuestros militares, sino los responsables políticos que han permitido llegar hasta aquí”.

Vox insiste en que la crisis de Ceuta debe abordarse fundamentalmente como una cuestión de soberanía, integridad territorial y seguridad nacional. “Durante tres meses han intentado convencernos de que estábamos ante un problema humanitario y asistencial, cuando lo que se ha puesto en cuestión es la capacidad del Estado para controlar sus propias fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Para el dirigente de Vox, la respuesta pasa por recuperar el control efectivo del territorio, reforzar de manera permanente la presencia policial y militar, acometer las infraestructuras de protección fronteriza pendientes y ejecutar las expulsiones que legalmente correspondan. “Ceuta no necesita más declaraciones de solidaridad ni más visitas institucionales. Necesita decisiones, autoridad, seguridad y un Gobierno dispuesto a defender cada metro cuadrado de territorio español”.

Responsabilidades políticas

Finalmente, Redondo ha denunciado la ausencia de responsabilidades políticas tras una crisis que, a su juicio, debería haber provocado una profunda revisión de la actuación de todas las administraciones implicadas.

“Lo verdaderamente escandaloso es que, tres meses después, quienes no supieron prevenir la invasión, quienes fueron incapaces de reaccionar durante sus primeras horas y quienes han demostrado su incompetencia durante su gestión continúan ocupando sus despachos como si nada hubiera sucedido”.

“Que nadie se equivoque. Los ceutíes no vamos a olvidar lo que ocurrió el 30 de julio, ni el miedo, ni la incertidumbre, ni el abandono que padecimos. No vamos a permitir que se pase página sin responsabilidades y, mucho menos, que quienes contribuyeron a este desastre pretendan presentarse ahora como nuestros salvadores”.

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Un inmigrante recibió un disparo en un pie, teniendo que ser tratado en el hospital universitario. Es el CNP el que investiga lo sucedido, siendo un episodio que se enlaza con otros casos registrados con anterioridad, con inmigrantes heridos por disparos, como ocurrió a finales de agosto.

Fue entonces cuando dos jóvenes de Marruecos fueron alcanzados por disparos de pistola de aire comprimido. A pesar de las actuaciones policiales, la población migrante que se encuentra en el Príncipe es elevada, tanto los que pernoctan en la calle como los que siguen ocultos en pisos patera tanto del propio Príncipe Alfonso como Felipe.

Los agentes tratan de esclarecer lo que rodea a este caso para lo que será necesario la declaración de la víctima.

Reyertas de madrugada en Gran Vía, antiguo hospital y el puerto

Este ha sido el suceso más grave ocurrido en esta pasada madrugada en la que también se han registrado incidentes que han derivado en la movilización de recursos policiales tras llamadas al 112, teléfono único de emergencias.

De nuevo se tuvo que intervenir en el club Los Delfines ante la entrada de inmigrantes saltando el vallado. No es la primera intervención de este tipo. Además, patrullas de la Policía tuvieron que intervenir en la Gran Vía ante una pelea entre varios inmigrantes, que viene a sumarse a las que se están repitiendo en estos últimos días.

La finalización de la Marina Española, a la altura del antiguo hospital de la Cruz Roja, fue otro de los puntos a donde tuvo que acudir la Policía para contener una reyerta entre inmigrantes.

Otra, también de madrugada, se produjo en el asentamiento del puerto, teniendo que derivarse una ambulancia hacia una de las carpas ubicada en el Muelle de la Puntilla en donde, tras un enfrentamiento, uno de los acogidos había resultado herido.

Detención por resistencia

En otra de las intervenciones, la Policía Local detuvo a un inmigrante por resistencia y acometida contra uno de los agentes.

Esta hilera de sucesos se suma a los que están ocurriendo prácticamente a diario, relacionados de manera directa con la población migrante que se encuentra en la ciudad tras la entrada masiva.

Las incidencias registradas en el 112 se han disparado. Son datos objetivos ajenos a cualquier valoración política. Es inseguridad pura y dura, no subjetiva como la interpreta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La misma tiene repercusiones después a nivel judicial y policial, debido a la absorción de recursos. Esta situación ha provocado que se desaconseje la celebración en los montes de la Mochila. De hecho, se tiene constancia de que solo 7 familias han decidido acampar acudiendo a García Aldave y una caseta se ha instalado en Aranguren.

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Y lo ha hecho en forma de sentencia, condenándole por un delito continuado de hurto en grado de tentativa a 18 meses de prisión, así como a indemnizar a la empresa Carrefour con 537 euros.

En sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, deniega el beneficio de la suspensión de condena, decretando cinco días para entrar voluntariamente en prisión.

La pena impuesta es la máxima que recoge el Código Penal para este tipo de delitos, decisión que se ha sustentado en la hoja histórico penal del acusado, a quien le constan dos condenas por delitos leves los días 19 y 1 de junio de 2026 y otra condena por un delito de hurto el 20 de marzo de este año; además de otras seis condenas por delitos varios.

“Su trayectoria delictiva denota que pretende hacer del hurto su medio de vida y su total indiferencia por el patrimonio ajeno”, sentencia su señoría.

Los hechos recogidos en sentencia: el vicio de hacerse con altavoces

En el caso de marras, el ahora condenado acudió en distintas ocasiones durante el mes de septiembre de este año al establecimiento Carrefour, en donde se apoderó, quitando previamente la alarma, de varios altavoces expuestos para su venta, ocultándolos entre sus prendas y abandonando el local tras rebasar la línea de cajas sin abonar su importe.

El día 16 de septiembre, a las 09:34 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 149 euros y ese mismo día, sobre las 21:08 horas, de otro valorado en 299,99 euros.

El día 23 de septiembre, a las 19:14 horas, se apoderó de un altavoz valorado en 89 euros.

El día 26 de septiembre, sobre las 11:45 horas, cogió otro altavoz valorado en 149 euros, que ocultó bajo sus prendas y con el que rebasó nuevamente la línea de cajas sin efectuar su pago.

Las declaraciones del vigilante y un policía nacional

Esta última sustracción fue advertida por el vigilante de seguridad del establecimiento, quien interceptó al acusado y recuperó el altavoz, quedando el mismo en poder de Carrefour.

Era un auténtico vicio hacerse siempre con esos elementos. En el relato de hechos probados se describen cuatro acciones, todas ellas próximas en el tiempo, con la misma dinámica, lugar y circunstancias.

Se trata de sustracciones que individualmente no superan los 400 euros. Tres fueron consumadas y la última intentada, “si bien el que tengan un grado distinto de ejecución no es obstáculo para apreciar la continuidad delictiva”, mantiene su señoría.

La condena se ha basado en las testificales del vigilante de seguridad y de un agente de Policía Nacional. “Son plenamente creíbles por cuanto no existe ningún motivo para dudar o intuir que los testigos mienten. Además, fueron testimonios detallados, coherentes, complementarios y persistentes”, explica en sentencia.

Ocultaba los altavoces entre sus prendas tras quitar las alarmas

El vigilante contó que se dieron cuenta de la dinámica del acusado porque apareció una caja de un altavoz vacío, revisaron las cámaras y lo identificaron. Lo que hacía era anular la alarma y pasar por la línea de caja con el altavoz oculto entre las prendas.

El policía nacional que declaró aseveró que él vio las grabaciones de las cámaras del día de los hechos y de las ocasiones anteriores.

Frente a la contundencia de la prueba de cargo, el acusado ni siquiera compareció en el juicio, que pudo celebrarse en ausencia al ser la pena solicitada menor de dos años.

Si bien es cierto que hubo una incidencia en la descarga de las grabaciones y algunas no se pudieron recuperar al haber transcurrido el tiempo, esto no quitó credibilidad a los testigos de cargo, “máxime cuando el último altavoz fue hallado en posesión del acusado”.

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Pero lejos de pareceres y opiniones, sobre la mesa están los datos objetivos. Y no son precisamente nada condescendientes con la normalidad deseada o la garantía de una seguridad en Ceuta. Más bien demuestran todo lo contrario.

En los dos últimos días se han registrado incidencias, todas constatadas de manera oficial, que se resumen en altercados, denuncias, peleas y agresiones.

No son impresiones políticas, sino narraciones de sucesos que han quedado registrados y han movilizado recursos policiales para atenderlos. Los partes dejan muestra de una verdad que pone en evidencia que esa tranquilidad no es tal.

La Ciudad mantiene que no se puede garantizar la seguridad, Delegación todo lo contrario. Frente a dos bloques enfrentados, la calle dice esto, el resumen de sucesos que comprenden solo un espacio temporal muy concreto, el previo al día 1 de noviembre.

Peleas y enfrentamientos con participación de elevado número de personas

En estos dos últimos días, además de la jornada de hoy, las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir en cuantiosos sucesos relacionados con inmigrantes que se encuentran, o no, en los recursos temporales habilitados por la administración.

Así, en el Muelle de Poniente, la Policía tuvo que actuar ante un enfrentamiento entre un grupo de aproximadamente quince personas, con lanzamiento de piedras incluido.

Hubo también peleas en Benítez, Miguel Arruda y Puyuelo Domenech con participación de grupos numerosos.

Tal y como confirman fuentes policiales, tuvieron que intervenir en Pasaje Recreo Bajo por una reyerta entre varias personas con posesión de arma blanca, pero también en el Príncipe Alfonso, antiguo Poblado Legionario, Los Rosales y Canalejas, en estos casos por agresiones entre varios implicados.

Agresiones

La Policía también incluye en el grueso de intervenciones de estos dos últimos días y la jornada de hoy, los servicios por agresiones a una mujer en la carretera de Montesa por un individuo que tapaba su rostro o las peleas generadas en zonas como la playa de la Almadraba.

La hilera de servicios expone la narración de una situación al límite en materia de seguridad, con sucesos en los que participan grupos numerosos de personas que constan en situación irregular en la ciudad o registrados en los asentamientos. Así, la Policía tuvo que intervenir en las inmediaciones del colegio Príncipe Felipe y en el zoco del Príncipe Alfonso, por acumulación de inmigrantes en escenarios de tensión.

Se intervino también en la ⁠Avenida de Madrid por acoso a vecinos por parte de grupos que les pedían dinero o comida, a lo que se suman los incidentes denunciados en el entorno de la plaza vieja o Reyes Católicos, en donde a los enfrentamientos se suman las molestias provocadas a dueños o clientes de establecimientos.

Incidentes con entradas en el fuerte del Príncipe, entre otros

En la avenida ⁠Juan de Borbón se tuvo que actuar por incidentes en las inmediaciones de establecimientos comerciales y molestias a trabajadores y vigilantes.

Estos sucesos han dejado también daños materiales como los ocurridos en vehículos para acceder a su interior, viviendas o cuartillos para lograr entrar o en puntos concretos como el club Los Delfines, en donde dos personas saltaron el vallado y entraron, o el fuerte del Príncipe Alfonso en donde, de nuevo, se detectó la presencia de inmigrantes.

También se registraron cuantiosas peticiones de presencia policial por la cantidad de inmigrantes durmiendo o permaneciendo en inmuebles, aparcamientos y espacios públicos en distintas zonas de la ciudad.

Y ahí se incluyen prácticamente todas las barriadas, desde Loma Margarita hasta Juan Carlos I, Hernán Cortés o ⁠Miramar Alto, además de la cuesta del Hacho.

Entradas en buques, ocultos dentro de camiones o salidas en embarcaciones con intervención de la Guardia Civil

En el entorno portuario y marítimo, se han producido intentos de acceso irregular a embarcaciones en las instalaciones portuarias y detección de varios inmigrantes tratando de introducirse en un camión de transporte de residuos que se dirigía hacia la Península.

No solo ha tenido que intervenir la Policía Local, Nacional o Portuaria, de igual forma la Guardia Civil tuvo que actuar ante el aviso del hundimiento de una embarcación que había salido de Benítez y cuyos ocupantes alertaban que entraba agua.

⁠La Guardia Civil localizó posteriormente la embarcación semisumergida con cuatro personas adultas a bordo, que tuvieron que ser rescatadas. También actuaron con cinco personas mojadas tras un intento de acceso a un buque, solicitándose asistencia.

Agresión a patrullas militares

A toda esta hilera de sucesos se suma una nueva agresión contra patrullas militares en la barriada del Sarchal. Allí lanzaron piedras a los que se encuentran desplegados a la altura de la rotonda.

Hay varios casos similares que se encuentran judicializados y que se han sucedido en diferentes puntos de la ciudad.

Esta hilera de estadísticas policiales alude solo a estos dos últimos días, recogen partes objetivos a los que puede tener acceso tanto la Delegación del Gobierno como la Ciudad.

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Paralelamente, 34 personas permanecen hospitalizadas en Castilla-La Mancha, 15 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI), según los datos difundidos este sábado por las autoridades regionales.

La emergencia ha entrado en una nueva fase, marcada por la atención a los heridos y a sus familiares, la recuperación de los restos y las pertenencias de los viajeros, y el avance de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro.

En Urda, la localidad toledana que se ha convertido en el epicentro de la tragedia, vecinos, autoridades y familiares se han reunido para rendir homenaje a las víctimas en una misa funeral presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro.

Mientras tanto, la investigación mantiene el foco en la actuación del Centro de Regulación y Control de Adif en Atocha después de que se produjera una incidencia en el sistema de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La circulación ferroviaria y los desplazamientos entre Madrid y Andalucía siguen condicionados por las consecuencias del accidente de tren.

69 fallecidos y 36 víctimas identificadas

El balance oficial del accidente ferroviario de Urda continúa en 69 fallecidos, según el Centro Integrado de Datos (CID). El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado las 69 autopsias, un paso fundamental para avanzar en la identificación de las personas que perdieron la vida en el siniestro.

Los datos facilitados el viernes 30 de octubre indicaban que 36 de los fallecidos habían sido identificados. De ese total, se había comunicado oficialmente la identificación a 27 familias, correspondientes a 18 hombres y nueve mujeres. Las notificaciones restantes debían realizarse con la mayor celeridad posible, de acuerdo con la información del CID.

Hasta ese momento, todas las identificaciones se habían efectuado mediante huellas dactilares, a través del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Al mismo tiempo, los especialistas trabajan con muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas para completar las comprobaciones pendientes.

El proceso está siendo desarrollado por un amplio equipo de profesionales. En las tareas participan médicos forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, técnicos de autopsia, especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a los servicios de Criminalística y Policía Judicial.

También se ha dispuesto apoyo psicológico para atender a las personas afectadas por la tragedia. La Unidad Militar de Emergencias (UME), por su parte, ha prestado apoyo logístico al Instituto de Medicina Legal para facilitar la gestión de los fallecidos y las labores de asistencia médico-forense.

67 denuncias por desaparición siguen activas

La búsqueda de personas desaparecidas continúa siendo una de las principales preocupaciones tras el accidente de tren de Toledo. Según el balance difundido por el Centro Integrado de Datos, las oficinas de las comandancias de la Guardia Civil de Toledo, Madrid, Sevilla, Logroño y Ciudad Real habían recogido 72 denuncias de familiares y allegados relacionadas con el siniestro.

De ellas, 38 se presentaron en Toledo, 24 en Madrid, ocho en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño.

Cinco personas habían sido localizadas con vida, por lo que se mantenían activas 67 denuncias por desaparición. Entre estas últimas figuraban 14 correspondientes a ciudadanos extranjeros de Argentina, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, México, República Checa, Túnez y Venezuela.

La identificación de las víctimas requiere un trabajo coordinado entre los diferentes organismos implicados, con el objetivo de proporcionar información confirmada a las familias y evitar que tengan que afrontar más incertidumbre de la necesaria en unas circunstancias especialmente dolorosas.

Desciende a 34 el número de heridos ingresados

La situación de los supervivientes también ha registrado avances. El Gobierno de Castilla-La Mancha informó este sábado de que el número de personas hospitalizadas en la comunidad autónoma había descendido a 34 pacientes, después de que se produjeran 76 altas del total de 110 personas que ingresaron en centros hospitalarios de la región.

De los pacientes que continúan ingresados, 15 permanecen en la UCI y 19 están en camas convencionales. Los heridos están repartidos entre hospitales de Toledo, Alcázar de San Juan, Ciudad Real y Albacete.

A este balance se suman otras siete personas ingresadas en centros médicos de la Comunidad de Madrid, según la información facilitada en el balance general de la emergencia.

La evolución de los heridos constituye una de las principales prioridades de los servicios sanitarios, que mantienen la atención a las personas afectadas por el accidente de tren. La reducción del número de hospitalizados refleja que algunos pacientes han podido abandonar los centros médicos, aunque una parte de los supervivientes continúa necesitando cuidados especializados.

El Gobierno autonómico mantiene el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de emergencia, situación operativa 1, para la provincia de Toledo. La decisión se produjo después de que el viernes se rebajara el nivel de la emergencia desde la situación operativa 2.

Asimismo, continúa funcionando en Toledo el Centro de Atención a Familiares, ubicado en la Casa Sacerdotal. En estas instalaciones se ofrecen recursos de traslado, avituallamiento y asistencia psicológica a quienes necesitan apoyo tras el accidente.

Durante este sábado, 27 profesionales de Renfe, Iryo, el Instituto de Medicina Legal, Cruz Roja, el Colegio de Trabajadores Sociales y Cáritas prestaban atención psicológica en el centro. También se había incorporado un equipo fijo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, integrado por un médico y una enfermera.

Urda celebra una misa funeral por las víctimas

La localidad de Urda ha vivido este sábado una de las jornadas más emotivas desde el accidente ferroviario. Centenares de vecinos, familiares de las víctimas y representantes institucionales se han congregado en la iglesia parroquial para participar en una misa funeral por las 69 personas fallecidas.

La ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, y ha contado con la presencia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, conocido como el Cristo de Urda. La imagen, que solo abandona su basílica en dos ocasiones al año, ha sido engalanada con decenas de rosas como gesto de recuerdo y apoyo a las víctimas.

Durante la homilía, el arzobispo ha trasladado un mensaje de acompañamiento a los familiares y ha subrayado la importancia de mantener el apoyo social a quienes han sufrido pérdidas irreparables.

Cerro también ha agradecido la labor de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios y los voluntarios que acudieron a ayudar tras el siniestro. En medio del dolor, ha destacado la solidaridad y la entrega de quienes participaron en las tareas de asistencia.

La ceremonia ha concluido con la bendición apostólica enviada por el papa León XIV, cuyo mensaje de pésame ha sido leído por el obispo auxiliar de Toledo, César García Magán. El texto trasladaba las condolencias del pontífice a las familias de los fallecidos, expresaba sus deseos de recuperación para los heridos y animaba a los equipos de rescate a continuar con su trabajo de socorro y asistencia.

El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha reconocido el profundo impacto psicológico que está sufriendo el municipio, una localidad de unos 2.500 habitantes. Los vecinos que participaron en las primeras tareas de ayuda también han explicado las dificultades para asimilar lo sucedido una vez superada la urgencia inicial.

La Catedral de Toledo acogerá otro funeral

El arzobispo de Toledo ha anunciado que la Catedral de Toledo celebrará próximamente otro funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario. La intención es reunir a representantes de toda la provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha y abrir la convocatoria a personas de otros puntos de España especialmente afectados por la tragedia.

Francisco Cerro ha señalado que quieren invitar también a las comunidades de Sevilla y Madrid, aunque ha recordado que en distintas ciudades se están organizando ceremonias religiosas propias para honrar a los fallecidos.

La fecha todavía no está definida, ya que la Iglesia quiere coordinar la convocatoria con las autoridades correspondientes. El objetivo es que se convierta en un acto abierto a todas las personas que deseen compartir el dolor de las familias y acompañarlas en este momento.

La misa de Urda ha servido, además, para reconocer el papel de los vecinos que se movilizaron desde los primeros momentos. Algunos acudieron al pabellón para colaborar en la atención a los heridos, mientras que otros se desplazaron hasta la zona del accidente de tren para prestar ayuda en circunstancias especialmente difíciles.

La Guardia Civil identifica al propietario de un dron

La investigación sobre el accidente ferroviario también ha tenido que hacer frente a una incidencia relacionada con la grabación de imágenes en la zona del siniestro.

La Guardia Civil ha identificado al propietario de un dron que fue detectado durante la tarde de este sábado mientras grababa en el área del accidente. La intervención fue realizada por el equipo especializado en drones y contradrones del Instituto Armado.

Las autoridades han recordado que existe una resolución judicial que prohíbe la toma y difusión de imágenes de la zona del accidente de tren. El vuelo no autorizado de aeronaves no tripuladas puede constituir una infracción administrativa e incluso derivar en responsabilidad penal, dependiendo de las circunstancias.

La Guardia Civil ha pedido respeto al trabajo que desarrollan los agentes y los servicios de emergencia, que continúan con las labores de investigación, recuperación de enseres y retirada del material siniestrado.

Los trabajos sobre el terreno avanzan con la coordinación de los distintos equipos implicados. Tras las comprobaciones realizadas en los vagones afectados, los investigadores han señalado que no quedan más restos biológicos pendientes de localizar entre los convoyes siniestrados.

La retirada de los restos de los trenes y la recuperación de las pertenencias de los pasajeros forman parte de las actuaciones que permitirán completar las tareas en la zona cero y facilitar que los objetos recuperados puedan ser devueltos a sus propietarios.

El centro de control de Atocha, en el foco de la investigación

Una de las principales líneas de investigación del accidente ferroviario de Urda se centra en el funcionamiento del Centro de Regulación y Control de Adif en Atocha y en las decisiones adoptadas después de que fallara el sistema de seguridad LZB.

Según la cronología expuesta por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el sistema dejó de funcionar a las 8:31 horas en un tramo de 63 kilómetros de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, debido a un problema de comunicación entre equipos informáticos de la central situada en la estación de Urda.

La incidencia provocó que los trenes se detuvieran y que la circulación pasara a desarrollarse en condiciones degradadas. En esas circunstancias, la gestión correspondía al centro de control de Atocha y entraban en funcionamiento sistemas alternativos de señalización y frenado.

El protocolo contempla que no se autorice la circulación de un tren por un tramo ocupado por otro, salvo mediante el procedimiento de marcha a la vista, que establece una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora para permitir detener el convoy ante cualquier obstáculo.

Sin embargo, de acuerdo con la cronología facilitada por el ministro, a las 8:36 horas se autorizó al AVE 2080 a reanudar la marcha con normalidad. Cinco minutos después, a las 8:41 horas, se autorizó al Iryo 6066 a hacer lo mismo, aunque este último tren no pudo arrancar y permaneció detenido.

A las 8:48 horas, el Iryo comunicó al centro de control que no podía reanudar la marcha. El centro recibió el aviso, pero, según el relato de los hechos expuesto por Puente, no adoptó ninguna actuación. El AVE ya había iniciado su recorrido y continuó avanzando hasta colisionar con el Iryo en torno a las 8:53 horas.

El ministro ha calificado de errónea la decisión de autorizar la circulación del AVE en esas circunstancias, aunque las responsabilidades y las causas definitivas deben determinarse mediante la investigación correspondiente.

Entre las cuestiones pendientes figuran el origen de la incidencia en el sistema LZB, la claridad de los protocolos de actuación, la formación de los trabajadores y los mecanismos de verificación de las decisiones adoptadas desde el centro de control.

El sistema LZB, instalado en la línea Madrid-Sevilla, está previsto que sea sustituido por el sistema europeo ERTMS, cuya entrada en funcionamiento en esta línea se había situado a principios de 2027, según las explicaciones ofrecidas por el ministro.

La alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa afectada

Las consecuencias del accidente de tren también se extienden al transporte de viajeros. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía continúa suspendida, mientras las restricciones y la reorganización de los desplazamientos afectan a quienes tenían previsto viajar durante el puente de Todos los Santos.

La interrupción del servicio ha complicado los planes de numerosos pasajeros y obliga a buscar alternativas para realizar trayectos entre ambas zonas. Renfe mantiene afectada la venta de billetes para este recorrido hasta diciembre, según la información facilitada en el balance de la situación.

La recuperación de la normalidad dependerá de la evolución de los trabajos en la zona del siniestro y de las condiciones que permitan restablecer la circulación con garantías.

La tragedia de Urda deja, por el momento, 69 fallecidos, decenas de heridos y numerosas familias pendientes de recibir información definitiva sobre sus seres queridos. Mientras avanzan las identificaciones y la investigación, los homenajes celebrados en la localidad toledana y en otros puntos de España reflejan la dimensión humana de un accidente que ha sacudido al país y ha abierto nuevas preguntas sobre la seguridad y la gestión de la alta velocidad ferroviaria.

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La "gravedad del altercado" ha requerido la personación e intervención de efectivos de la Policía Nacional en las instalaciones del hospital para "socorrer y prestar auxilio" a las profesionales sanitarias, quienes ya han confirmado al sindicato que procederán a interponer la correspondiente denuncia judicial contra el agresor.

Esta agresión confirma "los peores presagios" de CSIF

Ante estos "intolerables hechos", CSIF ha activado de manera inmediata su protocolo frente a agresiones, poniendo a entera disposición de las enfermeras afectadas todos sus recursos, incluyendo asistencia jurídica y apoyo psicológico, al tiempo que les traslada todo su respaldo y les desea una pronta recuperación.

Para la central sindical, este grave suceso "confirma los peores presagios y demuestra que la denuncia pública realizada por CSIF hace apenas unos días estaba plenamente fundamentada".

El sindicato insiste en que la reciente retirada de las patrullas militares que custodiaban el perímetro del Hospital Universitario ha sido una decisión "precipitada e irresponsable", que ha restado un "elemento disuasorio" clave en una infraestructura crítica y sin alternativa en la ciudad.

CSIF reclama al Ingesa y la Delegación "que se revierta la reducción de efectivos de seguridad"

"Hace tan solo unos días alertábamos del peligro de desproteger el hospital ante el aumento de incidentes violentos, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón de la peor manera posible: con nuevas compañeras agredidas", denuncian desde el sector de Sanidad de CSIF Ceuta.

Por todo ello, CSIF vuelve a exigir al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y a la Delegación del Gobierno medidas urgentes y contundentes.

El sindicato reclama "que se revierta la reducción de efectivos de seguridad, se restablezca el apoyo perimetral y se garantice, de una vez por todas, un entorno de trabajo seguro donde ningún profesional sanitario vea amenazada su integridad física por acudir a su puesto de trabajo".

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Los hechos se produjeron a la altura de Parques Argentina, cuando los funcionarios se dirigían a la comisaría de San Juan de Dios.

Los policías observaron cómo un individuo arrebataba de manera violenta de la oreja un teléfono móvil a una mujer y, acto seguido, le propinaba un guantazo.

Ante lo que estaban presenciando, los dos agentes de la UPR no dudaron en intervenir pese a encontrarse fuera de servicio, identificándose como policías y procediendo a controlar la situación.

La actuación permitió detener al individuo y evitar que el episodio pudiera ir a mayores.

Posteriormente, los agentes pudieron comprobar que el hombre y la mujer eran pareja, por lo que los hechos fueron puestos en conocimiento de los servicios policiales correspondientes.

El detenido se encuentra en situación irregular

El arrestado es un ciudadano marroquí que se encuentra en Ceuta en situación irregular, según las comprobaciones realizadas tras su identificación. La mujer, por su parte, cuenta con DNI español.

La intervención se produjo de manera prácticamente casual, cuando los dos agentes se encontraban camino de su puesto de trabajo. Al observar la agresión, actuaron de inmediato y procedieron a la detención del hombre.

El arrestado fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género, quedando a disposición de la Policía Nacional para la práctica de las correspondientes diligencias antes de su puesta a disposición judicial.

Una intervención fuera de servicio

La actuación de los dos agentes de la UPR, una unidad especializada en la prevención y reacción ante situaciones que puedan alterar la seguridad ciudadana, permitió intervenir rápidamente ante unos hechos que se estaban produciendo en plena vía pública.

Los funcionarios tuvieron que actuar pese a no encontrarse en ese momento realizando servicio, ya que se dirigían a incorporarse a su puesto en la comisaría de San Juan de Dios.

La rápida intervención permitió controlar al presunto agresor y proceder posteriormente a su arresto.

Ahora serán las diligencias policiales y judiciales las que determinen las circunstancias concretas de lo sucedido y las posibles responsabilidades penales del detenido.

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Bajo el pretexto de solicitar apoyo para “Eliska, la niña bailarina”, los ciberdelincuentes intentan engañar a los usuarios para que accedan a un enlace fraudulento y tomen el control de sus dispositivos móviles.

¿En qué consiste la estafa de “Eliska, la niña bailarina”?

Las autoridades han aclarado de forma contundente que la niña bailarina en realidad no existe y que la petición de voto es únicamente un señuelo diseñado para cometer una estafa.

El engaño comienza al recibir un mensaje en el que se pide participar o votar en un supuesto concurso.

Al hacer clic en el enlace adjunto, el usuario pone en riesgo la seguridad de su teléfono móvil, lo que permite a los atacantes obtener acceso no autorizado al dispositivo.

El modus operandi: suplantación de contactos de confianza

El elemento central que hace especialmente peligrosa a esta campaña de ciberdelincuencia es la suplantación de identidad. Los atacantes no envían el mensaje desde números desconocidos, sino que utilizan las cuentas comprometidas de personas que la víctima ya tiene guardadas en su agenda telefónica, como su madre, su pareja o su hermano.

Al recibir la notificación desde la cuenta de alguien de total confianza, la persona baja la guardia e ingresa al enlace. Una vez que los ciberdelincuentes se apoderan del dispositivo o de la cuenta, el sistema malicioso vuelve a enviar automáticamente el mensaje fraudulento a toda la lista de contactos del afectado, generando una cadena de mensajes fraudulentos que se propaga masivamente.

Recomendaciones clave de la Policía Nacional para evitar la estafa

Para frenar la propagación de este fraude en WhatsApp y proteger la información confidencial, la Policía Nacional enfatiza las siguientes pautas fundamentales de prevención:

• No hacer clic en enlaces sospechosos: evita abrir vínculos recibidos por mensajería, incluso si provienen de contactos conocidos.
• Proteger datos confidenciales: nunca compartas datos personales o bancarios, códigos de verificación ni tu número de teléfono.
• Verificar la autenticidad por otra vía: si tienes dudas sobre un mensaje recibido de un familiar o amigo, contacta directamente con esa persona mediante una llamada telefónica u otro medio alternativo antes de pulsar cualquier enlace.

Medidas de ciberseguridad adicionales y cómo actuar si has sido víctima

Además de actuar con precaución, la Policía Nacional sugiere adoptar medidas activas para reforzar la ciberseguridad en las aplicaciones de mensajería. Entre ellas destaca la activación de la verificación en dos pasos, una herramienta imprescindible para bloquear accesos no autorizados a la cuenta.

Asimismo, se recomienda mantener siempre actualizado el sistema operativo del teléfono móvil.

En caso de haber caído en el engaño y ser víctima de esta estafa, las autoridades recuerdan que es primordial interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional.

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Se le impuso una sanción de 12 días de pérdida de haberes con suspensión de funciones como autor de una falta grave, consistente en una falta de subordinación al no atender la orden de su jefe, capitán de Policía Judicial.

Los hechos a los que hace referencia esta sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, se retrotraen al 1 de diciembre de 2022.

El capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta había reunido en su despacho al recurrente, quien en ese momento era sargento 1º, y a otros dos agentes -un hombre y una mujer-, todos ellos de la Unidad.

El objetivo era exponer lo actuado en cumplimiento de una investigación tras la denuncia de un ciudadano acerca de lo que pudiera suponer un supuesto delito de estafa.

En esta reunión se expuso lo actuado hasta esa fecha y se determinaron las líneas de investigación que se iban a seguir, debiéndose contactar con el presidente de la Asociación Democrática de Guardias Civiles, así como recabar información de las empresas que supuestamente se estaban dedicando a ejercer funciones publicitarias bajo nombre de la asociación.

Tras pedirse la práctica de una serie de diligencias por una de las agentes, el por aquel entonces sargento 1º propuso que se lanzasen ya las diligencias al juzgado para ir adelantando, estando de acuerdo en la solicitud de dos mandamientos judiciales referidos a la titularidad de una cuenta bancaria y una cuenta de correo electrónico, ambas asociadas al investigado.

Fue entonces cuando la agente de la Guardia Civil procedió a disfrutar de un periodo de disfrute de vacaciones, asuntos propios y descanso semanal, por lo que no se incorporaba hasta el día 28 de diciembre.

 La orden del capitán que fue cuestionada

Tal y como consta en la sentencia, el capitán jefe de la Unidad de Policía Judicial, para no demorar innecesariamente la instrucción del procedimiento, ordenó al sargento 1º que fuese el instructor de las diligencias, “oponiéndose a ello, expresando que lo firmasen los otros dos guardias civiles” ya “que él no iba a firmar como instructor las diligencias, manteniendo, de forma determinada y contundente, que únicamente se responsabilizaría de las que faltasen por realizar”.

Esa orden la dio delante del ahora condenado y los dos agentes de la Unidad que estaban encomendados a esta investigación.

El recurso interpuesto se centró en que “la resolución funda el reproche disciplinario en una valoración probatoria sesgada e ilógica, que atiende en exclusiva al parte del capitán jefe de la Unidad y prescinde de la prueba de descargo, esto es, de las declaraciones de los dos testigos presenciales, única prueba objetiva de contraste, que corroboran la versión del recurrente y desmienten el elemento nuclear del reproche”.

Añade que “los dos testigos presenciales coinciden en que el recurrente solo se negó a firmar las diligencias practicadas por ellos”.

La base de la sentencia: se opuso o no a cumplir una orden

La idea nuclear sobre la que pivota todo el razonamiento del recurso es que el recurrente no se habría negado a asumir la instrucción del atestado, sino solo a firmar, como propias, las diligencias previamente practicadas por los otros dos guardias civiles.

“En apoyo de esta tesis se afirma que la única prueba de cargo es el parte del capitán, siendo así que el citado parte ha sido desmentido por los testigos presenciales”.

Se expone en sentencia que la sentencia recurrida consideraba probado que la orden del capitán de PJ perseguía no demorar innecesariamente la instrucción del atestado del que estaban conociendo hasta ese momento estos tres agentes, destinados también en la UOPJ.

Las declaraciones de todos los implicados

En las declaraciones, la guardia civil que se iba a ausentar de vacaciones declaró que el capitán ordenó al sargento 1º “que se hiciera cargo de la instrucción de las diligencias”, negándose el recurrente hasta en dos ocasiones “porque decía que ya se habían encargado la guardia y su compañero” y porque tenía mucho trabajo.

En similares términos, el otro guardia civil presente declaró que el capitán ordenó al sargento 1º que se hiciera cargo de las diligencias y que las firmase, negándose el recurrente.

“En definitiva y como se puede apreciar, ni la única prueba de cargo fue el parte del capitán (ampliamente ratificado con todas las garantías procedimentales), ni las declaraciones de los testigos presenciales, por más que se trate de enfatizar lo que de favorecedor pudieran tener a los intereses del recurrente, tienen el sentido exculpatorio o de descargo que se les pretende atribuir, pues sus relatos prácticamente en nada difieren de lo denunciado por su superior”, recoge el tribunal.

“Ha existido, pues, actividad probatoria de cargo -y la hay más que sobrada-, que se ha practicado con todas las garantías y sin vulneración de derechos fundamentales, por lo que constituye material probatorio legítimo para sostener el juicio de autoría”, añade.

“El juicio lógico seguido por el Tribunal de instancia satisface las reglas más rigurosas de la sana crítica y la experiencia, de ahí que deba afirmarse que la sentencia recurrida ha respetado el contenido material del derecho a la presunción de inocencia”.

Las bases de la resolución adoptada

“La orden no consistió en firmar lo hecho por otros. Lo que se ordenó, ante la ausencia prolongada por permiso oficial de una guardia civil y para no demorar innecesariamente la finalización del atestado, fue algo tan razonable y lógico como que el sargento 1º se hiciese cargo de las diligencias”.

“Ignoramos qué diligencias integraban el atestado, en qué estado se encontraban y cuál era su naturaleza, pues no han sido incorporadas a las actuaciones, pero como acertadamente mantiene el instructor del expediente sancionador en su propuesta de resolución, teniendo en cuenta la acreditada experiencia y formación del Sargento 1º en la especialidad de Policía Judicial, disponía de suficientes recursos en cuanto a la forma en que, una vez que se hubiese hecho cargo de la instrucción de las diligencias, podría incorporar a las mismas lo actuado por los otros guardias civiles, toda vez que en ningún momento se ha dicho que no fueran diligencias que no se podrían reproducir”, concreta.

“Bien podría haber optado por realizarlas por sí mismo, bien por asumirlas mediante un traspaso de las diligencias ya confeccionadas, mediante la comparecencia de los actuantes hasta ese momento, o con cualquier otro modo reconocido en derecho”.

“Solo excusa al subordinado de la obligación del cumplimiento de una orden cuando esta entrañe la ejecución de actos manifiestamente contrarios a las leyes o los usos de la guerra, o cuando constituyan un delito”, expone.

La orden no era “ilegítima ni arbitraria”

“El recurrente no solo mantuvo una abierta y manifiesta oposición al cumplimiento de dicha orden, que tuvo que ser reiterada hasta en dos ocasiones, imponiendo su propio y particular criterio sobre el de su superior, sino que además se produjo en presencia de dos guardias, lo que confiere al comportamiento del suboficial sancionado la gravedad requerida para incardinar los hechos en la falta grave del artículo 8.5 LORDGC”.

“La orden no era ilegítima ni arbitraria, como juiciosamente ha razonado el Tribunal de instancia. Lo que indudablemente es contrario a cualquier concepción de la disciplina es entender que el cumplimiento de las órdenes de los superiores se limita a los supuestos en los que el subordinado esté de acuerdo con ellas, pudiendo negarse a su cumplimiento, como hizo el recurrente, cuando la orden no se corresponde con su propio y particular criterio”, mantiene en sentencia el tribunal.

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