El joven, que presentaba una herida con abundante sangrado, tuvo que recibir una primera asistencia sanitaria en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Otero y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Una reyerta de menores

Según las manifestaciones del propio afectado, la agresión se produjo durante un enfrentamiento en el que habría participado un grupo de menores, entre ellos varios jóvenes inmigrantes.

El apuñalado, que reside en un centro de acogida, habría sido agredido por otros menores que también formarían parte del grupo implicado en la reyerta.

Acudió por su propio pie al centro de salud

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que el menor consiguió desplazarse por sus propios medios hasta el SUAP de Otero después de lo ocurrido, pese a la lesión y al sangrado que presentaba.

Una vez allí, los sanitarios le prestaron una primera asistencia y, ante la herida por arma blanca, se decidió su traslado en ambulancia al Hospital Universitario para continuar con la atención médica.

En observación

El joven permanece en observación para comprobar su evolución y descartar que la lesión pueda derivar en algún tipo de complicación.

El menor pertenece a un recurso de acogida del SAMU. Según relatan testigos, su comportamiento y actitud tras llegar al centro sanitario hicieron sospechar que podría haber consumido algún tipo de sustancia, un hecho que, por el momento, no ha sido confirmado.

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Así, en el asentamiento de inmigrantes del puerto y en el de Loma Colmenar, hay menores acogidos que están conviviendo con adultos bajo las mismas normas y sin ningún tipo de garantías que preserve la aplicación de las leyes específicas para quienes no han alcanzado la mayoría de edad.

La situación resulta especialmente preocupante porque estos jóvenes, que todavía no han alcanzado la mayoría de edad, permanecen en espacios donde se aplican las mismas normas para todos. 

Sin responsables y menores deambulando

No están integrados en los centros específicos de protección de menores y, según relatan a El Faro, tampoco cuentan con profesionales que se encarguen directamente de atender sus necesidades.

Y, por supuesto, el curso escolar o la formación que todo menor tiene derecho a recibir no ha empezado para ellos.

En el puerto, algunos de los adolescentes entrevistados aseguran tener 17 años, otro 14. Cuando se les pregunta dónde duermen señalan las instalaciones del asentamiento y reconocen que comparten espacios con personas adultas.

Además, también hay menores deambulando por las inmediaciones que no tienen pulsera y afirman seguir durmiendo en la calle. El Faro ha podido hablar hoy con uno de ellos que ha preferido no salir en cámara. 

Bajo las mismas normas

Los testimonios recogidos por este periódico describen una situación de convivencia en la que no existe una separación efectiva entre menores y mayores.

Los propios jóvenes reconocen que hay muchos adolescentes en el asentamiento y que también se encuentran en el campamento de Loma Colmenar. Todos son centros bajo control del Gobierno de España.

Uno de los menores que duerme en este asentamiento, en Loma Colmenar, explica que, si un menor llega después de las ocho de la tarde, debe dormir en la calle, como un adulto.

Una norma que, según su relato, se aplica sin tener en cuenta que se trata de adolescentes que deberían tener una protección en condición de menor.

Falta de espacios

La falta de espacios diferenciados y de personal encargado de supervisar a estos jóvenes se suma a las dificultades comunicación, ya que varios de ellos apenas hablan español.

“Estamos atrapados aquí, queremos ir al centro de la ciudad, no queremos quedarnos aquí porque hay gentes mayores que nosotros, queremos aprender el idioma, queremos muchas cosas”, han transmitido a El Faro a través de un mensaje de WhatsApp tras mantener una conversación en persona con ellos a las puertas del asentamiento del puerto.

Dentro del asentamiento viven como un adulto más. No están filiados, por lo que quedan en un limbo a la hora de concretarse oficialmente que son menores. Tienen la pulsera de formar parte de ese campamento, pero no se encuentran en los centros de menores.

Relatan que cada día que pasa se les promete que su situación administrativa comenzará a regularse, pero pasan las semanas y no se materializa.

Y aquí siguen, en Loma Colmenar, conviviendo con adultos, al igual que en el puerto. 

26 menores en Loma Colmenar, unos 32 en el puerto

Según datos a los que ha tenido acceso El Faro, en Loma Colmenar habría 26 menores, en un principio eran 88. En el puerto habría una cifra estimada de 32 menores.

En ambos espacios se repetiría el mismo escenario: adolescentes alojados junto a adultos, sin una separación específica y pendientes de que se regularice su situación.

Están en los campamentos que han sido habilitados como recursos temporales por el Gobierno de España.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que aseguran que no han sido filiados. Es decir, permanecen en el asentamiento sin que, según relatan, se haya completado el procedimiento para recoger oficialmente sus datos y su condición de menores.

Disponen de pulsera

Disponen de una pulsera que los identifica como residentes del campamento, pero no cuentan con documentación que, según manifiestan, les permita avanzar hacia su incorporación al sistema de protección.

Uno de los jóvenes relata que, cuando llegó, le comunicaron que en aproximadamente siete días sería trasladado a un centro para completar los trámites. Sin embargo, asegura que han transcurrido semanas y continúa en el mismo lugar.

“Todos los días me dicen que mañana”

“Todos los días me dicen que mañana voy al centro a filiar, pero nada”, explica un menor que convive con adultos en Loma Colmenar a través de otro compañero que ayuda con la traducción.

Los adolescentes siguen esperando una respuesta que les permita salir de los campamentos y acceder a los recursos que correspondan a su edad.

Mientras tanto, continúan viviendo como un adulto más, sometidos a las mismas condiciones y normas, en una situación administrativa que, según denuncian, permanece estancada.

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Lo hicieron bordeando el espigón, a nado o incluso a la carrera. Fue un ataque a la integridad territorial de todo un país mediante el cruce por Ceuta. Una merma directa de la seguridad nacional.

La asociación, conformada por varios abogados de nuestra ciudad, ha pedido oficialmente que ese decreto se saque del cajón, se ponga en práctica, para que así puedan efectuarse “expulsiones de forma sumaria”.

Con ese decreto se pretendía acortar procedimientos y acelerar las expulsiones, así como facilitar los retornos de los marroquíes llegados a Ceuta. Ese documento quedó frenado bajo la excusa de dudas jurídicas que debían ser solventadas. Nunca se llevó a Consejo de Ministros, al mismo en el que había sido anunciado para su aprobación.

El decreto ley del que nada ya se habla

Ese real decreto-ley con la que el Gobierno pretendía agilizar las expulsiones de inmigrantes preveía un endurecimiento de las condiciones de acceso al procedimiento de asilo y limita el derecho de permanencia en España de determinados solicitantes de protección internacional.

Tendría efectos sobre expedientes aún sin resolver desde el pasado 30 de julio, cuando comenzó la crisis de Ceuta.

Reduce los tiempos para recurrir resoluciones desfavorables y establece excepciones al derecho de permanencia mientras se mantenga la situación de interés para la seguridad nacional declarada en la ciudad autónoma, en vigor hasta el 31 de diciembre.

Medidas extraordinarias

Ese decreto recogía varias medidas extraordinarias que afectan no solo al proceso administrativo, sino también a la fase judicial de los expedientes de protección internacional de migrantes.

Contempla la inadmisión de solicitudes de protección internacional presentadas más de siete días hábiles después de la notificación de una orden de devolución, expulsión o denegación de entrada, salvo que existan nuevas circunstancias relevantes para su evaluación.

Prevé también la pérdida del derecho de permanencia para los inmigrantes que sean considerados un peligro para el orden público o la seguridad nacional, para quienes presenten una segunda solicitud de asilo o para aquellos que formulen nuevas peticiones con el objetivo de retrasar una expulsión. En algunos de estos supuestos, la pérdida del derecho se produciría de forma automática.

"El principio de no devolución no podrá ser invocado" en determinados casos relacionados con la seguridad nacional, el orden público o cuando existan resoluciones judiciales firmes desfavorables.

Lo que pide la asociación Salvemos Ceuta

En septiembre de este año, el Ministerio del Interior asumía el impulso de poner en marcha dicho decreto a modo de nueva regulación aplicada a una situación extraordinaria.

La asociación Salvemos Ceuta reclama que se aplique el reglamento europeo, teniendo como referencia que Marruecos es un país seguro.

Hay tres pilares básicos por los que pelea la asociación. El primero lograr que el anunciado refuerzo de la frontera tanto personal como material se lleve a cabo para que no vuelva a suceder el mismo problema. Que sea una infraestructura que no solo garantice la seguridad de Ceuta, sino que sirva para mandar un mensaje al otro lado, a Marruecos.

Otro de los puntos por los que pelea Salvemos Ceuta es la cuestión de los expedientes de expulsión, ante la lentitud de estos trámites.

Y por último, figura su personación en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer lo ocurrido en la entrada masiva, en una instrucción que lleva la jueza María Tardón.

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Ahora mismo la ciudad se ha convertido en una especie de gran CETI con distintos campamentos abiertos. Una visión que es lamentada por muchos ceutíes, aunque negada por el Gobierno de España, que insiste en contrarrestar esa concepción.

La ministra Saiz ha explicado en su intervención este lunes en Barcelona en el foro World in Progress (WIP) de Prisa que desmontar estas plazas extraordinarias "será una señal muy importante" de que vuelve la normalidad en Ceuta meses después de la entrada masiva.

7.500 plazas habilitadas

Saiz ha reivindicado que, tras la crisis, se pasó de 500 plazas de acogida temporal a las más de 7.500 actuales, que se irán desmontando porque gran parte de los expedientes de retorno ya no deben concluirse, porque muchos de ellos ya han vuelto a Marruecos.

Los retornos voluntarios son considerados por el Gobierno como expedientes cumplidos, aunque no se hayan finalizado.

"Hay una importante cifra de retornos a Marruecos de unas 13.000 personas. Esos son expedientes que ya no tienen que concluirse porque se han producido esos retornos", ha dicho Saiz, quien ha destacado la colaboración con las entidades sociales que han gestionado estos centros de acogida.

La respuesta humanitaria

La portavoz del Ejecutivo ha defendido la respuesta del Gobierno en Ceuta ante los que querían una respuesta desde el odio: "El gobierno de España, la respuesta que ha dado desde el primer momento, la ha dado desde algo tan elemental como la legalidad, por supuesto, pero también la humanidad".

“Estamos trabajando para que se vayan desmontando de la manera más rápida. El Estado ya estaba en Ceuta, teníamos un centro de estancia temporal, que es un centro humanitario”, ha dicho.

“Hay una importante cifra de retornos, son expedientes que no tienen que concluirse”, ha explicado la ministra.

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La iniciativa ha sido anunciada por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, durante su comparecencia para presentar el proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad para 2027.

La propuesta se enmarca en las medidas que el Ejecutivo local pretende impulsar para reforzar la seguridad y la protección de la frontera, recurriendo a herramientas tecnológicas que permitan disponer de información anticipada sobre posibles movimientos o acontecimientos en el entorno de Ceuta.

Para financiar este tipo de actuaciones, la Ciudad contempla una partida específica dentro de un fondo estratégico que busca dar respuesta tanto a las necesidades extraordinarias derivadas de la emergencia como a futuros proyectos considerados prioritarios.

Un fondo de 4,3 millones para seguridad y proyectos estratégicos

Según ha detallado Chandiramani, la Consejería de Hacienda ha articulado un fondo denominado 'Ceuta no se rinde', dotado con 4,3 millones de euros. Esta cantidad permitirá afrontar los gastos extraordinarios que puedan continuar generándose a partir del próximo 1 de enero como consecuencia de la situación de emergencia.

No obstante, la partida también tendrá una finalidad de carácter estratégico. Entre sus objetivos figura financiar iniciativas relacionadas con el crecimiento económico, la seguridad y el reforzamiento de la frontera. Para desarrollar estos proyectos, el Gobierno local contará con la participación de Procesa.

Es precisamente en el ámbito de la seguridad fronteriza donde se sitúa el posible desarrollo del nuevo mecanismo de alerta temprana, una iniciativa que todavía se encuentra en fase de estudio y sobre la que el Ejecutivo no ha concretado, por el momento, plazos ni características técnicas.

Inteligencia Artificial para anticiparse a posibles situaciones en la frontera

La intención es aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial para disponer de un sistema capaz de proporcionar información sobre lo que sucede en el entorno de la ciudad.

El objetivo sería contar con herramientas que permitan identificar posibles movimientos de personas hacia la frontera y anticiparse a escenarios que puedan comprometer la seguridad.

Durante su intervención, la consejera explicó que la Administración General del Estado ya dispone de mecanismos para recibir este tipo de avisos, mientras que el Gobierno de Ceuta considera conveniente desarrollar también un sistema propio que permita contar con una alerta temprana ante posibles acercamientos a la frontera.

Chandiramani no quiso avanzar más detalles sobre cómo se articularía esta herramienta, al tratarse todavía de una iniciativa que está siendo analizada. Sí quiso dejar claro que la propuesta no responde a una falta de confianza en los organismos estatales que ya trabajan en materia de seguridad e inteligencia.

En este sentido, manifestó la confianza del Gobierno local en instituciones como el CNI, así como en los responsables de Defensa y en los cuerpos policiales, entre ellos la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, defendió la conveniencia de ampliar los mecanismos de protección disponibles: “Cuantas más medidas de protección tengamos, mejor”.

A partir de la dotación presupuestaria prevista, la Ciudad estudiará qué sistemas de alerta temprana podrían implantarse y qué soluciones tecnológicas resultarían más adecuadas para cumplir esa función.

Una apuesta que, según la consejera, es viable en el contexto tecnológico actual y que persigue ofrecer mayores garantías de seguridad y tranquilidad a los ciudadanos de Ceuta.

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Los agentes de servicio llegaron a tiempo en la ruta del Estrecho para interceptar una embarcación que estaba semihundida. Dos de los ocupantes ya estaban en el agua, los otros dos seguían a bordo.

A riesgo del naufragio, la intervención del Servicio Marítimo fue decisiva para evitar lo que hubiera sido una tragedia.

Los rescatados estaban intentando alertar vía llamada telefónica al 112 para solicitar ayuda. Ya se encontraba el Servicio Marítimo en ruta para ejecutar un rescate in extremis.

A punto de hundirse

La embarcación, de pequeñas dimensiones, estaba a punto de hundirse cuando la Guardia Civil auxilió y rescató a los cuatro inmigrantes trasladándolos a la base. El peso que soportaba y las condiciones de esta pequeña goma hicieron temer lo peor.

Se sospecha que el grupo había partido de Benítez con la intención de alcanzar las costas peninsulares en una ruta más de la hilera de pases clandestinos que se están llevando a cabo desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Esta intervención no es aislada. Todo lo contrario, en poco más de dos meses, el Servicio Marítimo ha interceptado al menos 100 embarcaciones entre pequeñas gomas, phantom, kayaks… Es un no parar. Son servicios diarios que evidencian un trabajo que no sale en los medios de comunicación para demostrar la presión a la que se enfrentan los agentes.

Rutas clandestinas sin freno

La salida de embarcaciones es constante, se trata de una ruta clandestina sin freno desde las costas de Ceuta a las peninsulares.

Desde la entrada masiva el repunte es brutal. Las salidas son diarias y en muchas ocasiones marcadas por el riesgo debido a la cantidad de escapadas que se producen a riesgo de que se produzcan auténticas tragedias.

Y detrás de todo esto asoma la picaresca de quienes ganan dinero a costa de traficar con estos pases.

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Una entrada que puso en jaque la seguridad de todo el país, pero cuyo esclarecimiento parece toparse con trabas más que con facilidades.

¿Quiénes conocieron las alertas y de qué forma actuaron? Esa es una de las claves para entender las consecuencias posteriores de una invasión que no solo ha tenido graves consecuencias económicas para la ciudad, sino también emocionales.

El último auto dictado por la jueza Tardón está plagado de mensajes que dan lugar a interpretaciones sobre el discurrir de la investigación y las serias dificultades que están asomando en el camino.

Trabas derivadas de la falta de información para avanzar en las investigaciones bajo la excusa de lo comprometido, de lo secreto.

Las vagas respuestas del CNI y la ocultación de identidades en la Guardia Civil

Tardón ha pedido que se desclasifiquen más informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), toda vez que sigue habiendo dudas no esclarecidas lo que impide que se pueda acceder a información relevante.

La única posibilidad de dar ese paso es pedir al Consejo de Ministros que actúe cooperando con la administración de Justicia, salvaguardando lo que afecte a la seguridad nacional. Una seguridad que, en el caso de esta investigación, ha quedado dañada.

“¿A qué personas, organismos e instituciones se informó por parte del CNI de las informaciones que se hubieran obtenido, en qué momento y cuál fue el procedimiento empleado para ello?”.

Esto preguntó Tardón, pero todavía desconoce quién es el etiquetado como «punto de contacto» de la UCE-3 de la Guardia Civil para llamarlo a declarar. Para la propia jueza “resulta incomprensible” no conocer la identidad de esos agentes con quienes el CNI tuvo contacto por WhatsApp los días 27, 28 y 29 de julio.

Que no se haya atendido la petición de su señoría supone un lastre en la investigación, una piedra en el camino para Tardón. “Impide poder conocer la identificación de tales funcionarios a los que esta instrucción debe poder llamar a declarar, puesto que su testimonio resulta esencial para su esclarecimiento”, recoge en el último auto notificado a las partes.

El contenido de las informaciones

No se sabe quiénes son esos agentes, pero es que tampoco se sabe el contenido de las comunicaciones y contactos que mantuvo el CNI con el que fuera jefe del gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, sobre asuntos relacionados con la seguridad alusivos al 30 y 31 de julio.

Ni contenidos, pero tampoco fechas. Y eso es lo que precisamente quiere conocer su señoría.

Siendo esto grave, más aún es el bloqueo que existe en torno a un asunto que interesa: lo que sabía Marruecos y los contactos que mantenía con España.

 ¿Qué sabía Marruecos?

“¿Mantiene el Centro Nacional de Inteligencia contacto habitual con los Servicios de Inteligencia marroquíes en relación con las diferentes cuestiones respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el Reino de Marruecos, y especialmente, se comparten avisos o alertas sobre posibles movimientos de presión migratoria hacia la frontera española?”, preguntó Tardón al CNI.

“En caso afirmativo, ¿tienen lugar de forma periódica y habitual o de forma ocasional en relación con momentos o sucesos concretos?”, añadió.

A estas alturas de la investigación, el CNI ha facilitado una respuesta escueta en la que se limita a referir que “mantiene un flujo de intercambio frecuente con los Servicios de Inteligencia de Marruecos sobre diferentes ámbitos, incluyendo el de la inmigración irregular”.

“Respecto de los posibles avisos o alertas se aporta tan sólo una de las más de 20 notas que se dicen dirigidas a la DGED y DGST, cuyo contenido, además, aparece censurado con los mismos tachones que presentaba cuando se incorporó a la documentación desclasificada en el Consejo de Ministros del día 8 de septiembre de 2026”, recoge su señoría.

Hasta el momento, la jueza no tiene referencias concretas a cómo era ese flujo de intercambio de datos entre los agentes españoles y los servicios de inteligencia de Marruecos. A estas alturas de la investigación se desconoce qué contenidos se intercambiaron entre servicios y qué alertas concretas tenía el vecino país sobre lo que estaba sucediendo.

Los grupos de Facebook y WhatsApp que movieron todo

Por esto mismo, Tardón quiere la desclasificación de las notas emitidas y recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia respecto de la inmigración irregular de entrada en España desde el reino de Marruecos que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio.

Quiere saber esto, pero también la identidad de los titulares de los grupos de WhatsApp y Facebook desde los que se estuvo fomentando la entrada masiva de personas en Ceuta.

La búsqueda de la verdad que persigue la Audiencia Nacional no se antoja fácil toda vez que los datos de envergadura para avanzar son difíciles de obtener.

Qué personas sabían y qué

Tardón ha vuelto a pedir la desclasificación de informes al considerar que saber su contenido es “imprescindible”, más si cabe cuando se trata de conocer qué personas pudieron tener conocimiento “personal y muy relevante” de los hechos investigados.

“La información cuya desclasificación se interesa presenta una relación directa, inmediata y objetiva con el objeto del procedimiento, resultando imprescindible para la averiguación de la verdad material y para el ejercicio efectivo de la potestad jurisdiccional constitucionalmente atribuida a los Jueces y Tribunales”, expone Tardón.

Los límites de lo judicial y lo secreto

“La jurisprudencia constitucional ha venido señalando de forma reiterada que el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución comprende el derecho de los órganos jurisdiccionales a disponer de los medios necesarios para cumplir la función constitucional que les ha sido encomendada, resultando incompatible con dicho mandato la existencia de ámbitos exentos de control jurisdiccional cuando se encuentran en juego la persecución de ilícitos penales y la averiguación judicial de los hechos”, considera.

La jueza habla claro en este último auto sobre hasta dónde deben establecerse las líneas de lo que se protege como secreto cuando es determinante para averiguar hechos de tanta relevancia como los ocurridos en Ceuta, al ponerse en el punto de mira la seguridad nacional, la de todo un país.

“Las potestades constitucionalmente atribuidas a Jueces y Tribunales no pueden quedar subordinadas a decisiones unilaterales de otros poderes del Estado cuando ello determine la imposibilidad material de practicar diligencias esenciales para una investigación penal en curso”, advierte Tardón.

“Ciertamente, el ordenamiento reconoce la existencia de intereses públicos dignos de especial protección, entre ellos los vinculados a la defensa nacional, la seguridad del Estado o la actividad de inteligencia; sin embargo, tales intereses no operan en un plano de prevalencia automática frente a la función jurisdiccional, sino que exigen una ponderación individualizada en cada caso concreto”, recoge.

“Cuando la información interesada presenta una relación directa, objetiva y relevante con los hechos investigados, y cuando además no existen fuentes alternativas que permitan alcanzar el mismo resultado probatorio, el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia adquiere su máxima intensidad, legitimando que el órgano instructor promueva los mecanismos legalmente previstos para hacer posible el acceso jurisdiccional a dicha información”, reseña.

¿Quieren todos los poderes saber la verdad?

La clave radica en qué se persigue aquí. ¿Quieren todos los poderes saber la verdad?, ¿existe una cooperación para ello?, ¿hasta dónde llega el límite de lo secreto cuando sobre la mesa se están poniendo cuestiones de estado?

El recelo de los servicios de inteligencia es claro, deben proteger lo suyo ante injerencias de otros países. Pero en este caso el límite entre la protección y el poder avanzar en una investigación es clave.

“La eventual clasificación de la información solicitada como materia secreta o reservada no constituye un obstáculo jurídico absoluto que impida a este órgano judicial promover su desclasificación cuando resulte necesaria para la investigación de hechos presuntamente delictivos”, recoge su señoría en el auto.

“La doctrina sentada por el Tribunal Supremo en las Sentencias del Pleno de la Sala Tercera de 4 de abril de 1997 parte precisamente de la premisa contraria: la existencia de materias clasificadas constituye una institución legítima de protección de intereses esenciales del Estado, pero ello no elimina la necesidad de someter las decisiones adoptadas en este ámbito a los principios constitucionales que rigen la actuación de todos los poderes públicos ni excluye la intervención jurisdiccional cuando resulte necesaria para preservar derechos, intereses o funciones constitucionalmente protegidos”, apunta.

“No puede extraerse la conclusión de que la declaración de secreto oficial genere un espacio inmune al control jurisdiccional o permita excluir de forma absoluta el conocimiento de información imprescindible para una investigación penal”, concreta.

“Una interpretación de tal naturaleza resultaría difícilmente conciliable con los artículos 24 y 117 de la Constitución, en la medida en que permitiría que la mera decisión administrativa de clasificar determinada documentación produjese, de hecho, una limitación insuperable de la potestad jurisdiccional de investigar delitos”.

Hay un precedente con la desclasificación de anteriores documentos bajo autorización del Consejo de Ministros. Algo que “pone en evidencia” que conocer esos datos “resulta plenamente compatible con las exigencias de la seguridad y la defensa del Estado”.

“La cuestión no consiste en determinar si la documentación objeto de solicitud puede estar válidamente clasificada, sino en valorar si, atendidas las concretas circunstancias concurrentes, el mantenimiento de dicha clasificación resulta compatible con las exigencias derivadas de una investigación penal en curso respecto de hechos de singular relevancia institucional y jurídica”.

“En el presente caso, la información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado, pues la misma se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento y la autoría de ese ataque a la seguridad del Estado es lo que pretende averiguarse con la investigación en curso”, considera.

Pero hay más, es que esa información resulta indispensable para que se puedan esclarecer los hechos, ya que pueden ayudar a determinar “qué autoridades conocían y desde qué momento la convocatoria de entrada masiva del día 30 de julio”.

Ayudará a saber “qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del reino de Marruecos”.

“No existen otros medios de investigación menos gravosos para obtenerla, como lo demuestra la insuficiencia de los dos requerimientos previos. Todo ello sin perjuicio de las cautelas que el Consejo de Ministros estime procedentes para preservar la información no relacionada con el objeto del procedimiento”.

El 27 de octubre, Tardón dio 15 días al Gobierno para desclasificar informes y obtener los datos que necesita para continuar. Ya se ha consumido casi la mitad del tiempo. La postura del Gobierno es delicada, más aún cuando su gestión de la crisis está en el punto de mira.

Y no solo en base a puras críticas de otros partidos, sino a las declaraciones que se han ido conociendo de testigos que señalan a las alertas que se trasladaron a los ministerios y a cómo Interior era consciente de la presión previa a la entrada masiva que ya sufría la ciudad.

La gestión del Gobierno de España y el papel que jugó Marruecos son actores de peso y envergadura suficientes como para convertir este asunto en el de mayor relevancia judicial del momento.

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En un comunicado, denuncia que la ciudad continúa sufriendo las consecuencias de una crisis sin precedentes, y apunta a la “incapacidad” del Gobierno de Pedro Sánchez por ofrecer una respuesta “eficaz, contundente y definitiva”.

Sin obviar las críticas también al presidente local, Juan Vivas, el dirigente de Vox en la ciudad, Juan Sergio Redondo, etiqueta estos 3 meses como los equivalentes a “noventa días de abandono, improvisación, incompetencia y cobardía política, durante los cuales los ceutíes han tenido que soportar las consecuencias de una catástrofe que pudo y debió evitarse”, explica.

“Han pasado tres meses y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo es posible que una ciudad española, frontera sur de Europa, haya podido verse sometida a semejante situación sin que ninguno de sus responsables políticos haya asumido todavía una sola responsabilidad?”.

Para el dirigente de Vox, lo ocurrido el pasado 30 de julio no puede analizarse como un episodio aislado, sino como “la culminación de décadas de dejación de funciones, de renuncias políticas y de una irresponsable política de apaciguamiento frente a Marruecos”.

 La crisis previa de 2021 que de nada sirvió

Ya hubo una crisis previa, la de mayo de 2021. Pero, lamenta Vox, esa experiencia “no sirvió para adoptar medidas estructurales” que garanticen la seguridad.

“Cinco años después de aquella primera invasión, Ceuta seguía sin disponer de las infraestructuras fronterizas que necesitaba, sin unos espigones capaces de impedir las entradas masivas y sin una estrategia de prevención y respuesta a la altura de las amenazas que se cernían sobre nuestra ciudad. Y lo más grave es que quienes tenían la obligación de actuar conocían perfectamente nuestra vulnerabilidad”.

Vox apunta como “principal culpable” de todo esto al presidente Pedro Sánchez, aunque desliza críticas a Vivas por no haber impulsado “una respuesta eficaz a nuestras vulnerabilidades fronterizas”. Lo dice a pesar de conocer que la institución municipal no tiene competencias en la materia.

Redondo critica que Vivas sea presentado como “el gran defensor de Ceuta” cuando, mantiene, “sigue sin poder explicar por qué nuestra ciudad continúa expuesta a las mismas amenazas. No se puede premiar políticamente el fracaso ni transformar la incompetencia en heroicidad mediante propaganda”, denuncia.

El desgaste de la ciudadanía

La formación política expone también el “desgaste para la ciudad, sus vecinos, su actividad económica y los profesionales encargados de garantizar la seguridad” que ha supuesto la entrada masiva.

Redondo ha querido destacar especialmente el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. “Si Ceuta no ha sufrido consecuencias todavía más graves, ha sido gracias al sacrificio, la profesionalidad y la entrega de nuestros policías, guardias civiles y militares, que han tenido que suplir sobre el terreno las carencias de quienes debían dirigir políticamente esta crisis”, indica.

"Ni una sola represalia contra quienes han cumplido con su deber"

En este sentido, el presidente de Vox ha advertido de que su formación no aceptará que los profesionales que han intervenido en los dispositivos de seguridad terminen pagando las consecuencias de las decisiones adoptadas por sus superiores políticos. “Ni una sola represalia contra quienes han cumplido con su deber. Quienes deben dar explicaciones no son nuestros agentes ni nuestros militares, sino los responsables políticos que han permitido llegar hasta aquí”.

Vox insiste en que la crisis de Ceuta debe abordarse fundamentalmente como una cuestión de soberanía, integridad territorial y seguridad nacional. “Durante tres meses han intentado convencernos de que estábamos ante un problema humanitario y asistencial, cuando lo que se ha puesto en cuestión es la capacidad del Estado para controlar sus propias fronteras y garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Para el dirigente de Vox, la respuesta pasa por recuperar el control efectivo del territorio, reforzar de manera permanente la presencia policial y militar, acometer las infraestructuras de protección fronteriza pendientes y ejecutar las expulsiones que legalmente correspondan. “Ceuta no necesita más declaraciones de solidaridad ni más visitas institucionales. Necesita decisiones, autoridad, seguridad y un Gobierno dispuesto a defender cada metro cuadrado de territorio español”.

Responsabilidades políticas

Finalmente, Redondo ha denunciado la ausencia de responsabilidades políticas tras una crisis que, a su juicio, debería haber provocado una profunda revisión de la actuación de todas las administraciones implicadas.

“Lo verdaderamente escandaloso es que, tres meses después, quienes no supieron prevenir la invasión, quienes fueron incapaces de reaccionar durante sus primeras horas y quienes han demostrado su incompetencia durante su gestión continúan ocupando sus despachos como si nada hubiera sucedido”.

“Que nadie se equivoque. Los ceutíes no vamos a olvidar lo que ocurrió el 30 de julio, ni el miedo, ni la incertidumbre, ni el abandono que padecimos. No vamos a permitir que se pase página sin responsabilidades y, mucho menos, que quienes contribuyeron a este desastre pretendan presentarse ahora como nuestros salvadores”.

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Un inmigrante recibió un disparo en un pie, teniendo que ser tratado en el hospital universitario. Es el CNP el que investiga lo sucedido, siendo un episodio que se enlaza con otros casos registrados con anterioridad, con inmigrantes heridos por disparos, como ocurrió a finales de agosto.

Fue entonces cuando dos jóvenes de Marruecos fueron alcanzados por disparos de pistola de aire comprimido. A pesar de las actuaciones policiales, la población migrante que se encuentra en el Príncipe es elevada, tanto los que pernoctan en la calle como los que siguen ocultos en pisos patera tanto del propio Príncipe Alfonso como Felipe.

Los agentes tratan de esclarecer lo que rodea a este caso para lo que será necesario la declaración de la víctima.

Reyertas de madrugada en Gran Vía, antiguo hospital y el puerto

Este ha sido el suceso más grave ocurrido en esta pasada madrugada en la que también se han registrado incidentes que han derivado en la movilización de recursos policiales tras llamadas al 112, teléfono único de emergencias.

De nuevo se tuvo que intervenir en el club Los Delfines ante la entrada de inmigrantes saltando el vallado. No es la primera intervención de este tipo. Además, patrullas de la Policía tuvieron que intervenir en la Gran Vía ante una pelea entre varios inmigrantes, que viene a sumarse a las que se están repitiendo en estos últimos días.

La finalización de la Marina Española, a la altura del antiguo hospital de la Cruz Roja, fue otro de los puntos a donde tuvo que acudir la Policía para contener una reyerta entre inmigrantes.

Otra, también de madrugada, se produjo en el asentamiento del puerto, teniendo que derivarse una ambulancia hacia una de las carpas ubicada en el Muelle de la Puntilla en donde, tras un enfrentamiento, uno de los acogidos había resultado herido.

Detención por resistencia

En otra de las intervenciones, la Policía Local detuvo a un inmigrante por resistencia y acometida contra uno de los agentes.

Esta hilera de sucesos se suma a los que están ocurriendo prácticamente a diario, relacionados de manera directa con la población migrante que se encuentra en la ciudad tras la entrada masiva.

Las incidencias registradas en el 112 se han disparado. Son datos objetivos ajenos a cualquier valoración política. Es inseguridad pura y dura, no subjetiva como la interpreta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La misma tiene repercusiones después a nivel judicial y policial, debido a la absorción de recursos. Esta situación ha provocado que se desaconseje la celebración en los montes de la Mochila. De hecho, se tiene constancia de que solo 7 familias han decidido acampar acudiendo a García Aldave y una caseta se ha instalado en Aranguren.

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El marroquí A.N. formuló esa solicitud de protección internacional y se encontraba en uno de los recursos habilitados para inmigrantes en el puerto.

La Policía Nacional lo localizó paseando por Benítez y lo llevó hasta la frontera. Llevaba en su muñeca la pulsera que acredita que ya está filiado y registrado policialmente. También los papeles de la cita para registrar y formalizar su solicitud de protección que mostró a los agentes.

Ahora se encuentra en Casablanca, sin entender cómo ha terminado allí cuando todavía no ha podido realizar siquiera los trámites.

La cita con una obligación de comparecencia que no puede cumplir

En el documento policial que ha trasladado a este periódico se indica textualmente que tenía que comparecer ese 5 de diciembre y que, en el caso de no hacerlo sin aportar una causa justificada, “dejará de tener la condición de solicitante de protección internacional”, perdiendo cualquier derecho, también “el de permanencia” ya que “podrá ser devuelto a su país de origen”.

El problema es que no le han dado ni siquiera la oportunidad de cumplir con este trámite porque ya lo han devuelto a Marruecos.

Indica que lo entregaron por la puerta “al lado de la playa”, con más personas. Es decir, la del espigón.

"Tengo pruebas de que solicité el asilo"

“Tengo pruebas de que solicité asilo”, explica en una entrevista con este periódico, mostrando el documento que le entregó la Policía hace un par de semanas y que mostró a los agentes para que no lo devolvieran a su país. “Sin embargo, fui expulsado a la fuerza”, añade.

Ahora se encuentra en Casablanca. En su expediente para solicitar asilo incluyó motivos económicos y vulnerabilidad sanitaria. Su historia, de hecho, salió publicada en medios de Marruecos cuando su vivienda, como otras, quedó derrumbada.

Este barbero cruzó a Ceuta unos días antes de la entrada masiva. Ahora estaba viviendo en las carpas del puerto a la espera de que sus trámites se resolvieran.

Cómo lo detuvieron

“Había salido temprano a dar un paseo hacia la playa Benítez cuando, pasadas las once de la mañana, me detuvieron. Me dijeron que necesitaban comprobar mis huellas dactilares. Me llevaron al Tarajal y me devolvieron a Marruecos; aunque les mostré mi expediente, no quisieron escuchar”, explica sobre su detención.

“Les supliqué, pero nada. Estoy destrozado por dentro y no sé qué hacer”, añade. En su historial no aparece ninguna vinculación con hechos delictivos que hubieran forzado una expulsión judicial.

Le entregaron teniendo cita para asilo el día 5 de diciembre, sin que su expediente hubiera terminado.

Alejado en autobuses hacia el sur

Cuando llegó a Marruecos, la Policía del vecino país llevó a todos los inmigrantes entregados en autobuses hasta Fquih Ben Salah.

“Salimos a las 17:00 horas y llegamos a las 23:00. Al no tener dinero para regresar a mi ciudad, dormí cerca de la estación hasta la mañana siguiente. Luego me encontré con una mujer mayor que me ayudó a obtener un permiso de viaje, gracias a lo cual pude volver a casa”, explica.

Sus circunstancias para pedir asilo no son meramente económicas, también alude a una situación de vulnerabilidad.

Denuncias de oenegés

Esta misma semana, las oenegés Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes han denunciado redadas policiales en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y la devolución a Marruecos de inmigrantes que, según afirman, tenían recursos pendientes y medidas cautelares en vigor.

Las entidades han constatado el caso de dos ciudadanos yemeníes, uno de ellos identificado como Yaseen S. A. Según la abogada que lleva su caso, ambos fueron trasladados por la fuerza a Youssoufia, a más de 230 kilómetros al sur de Casablanca, despojados de su dinero y pertenencias y detenidos por la Policía marroquí por estancia irregular.

Las entidades afirman que la letrada y otros abogados de la Coordinadora de Barrios advirtieron por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI de que no debían ser devueltos porque el plazo para recurrir seguía abierto y se había presentado un recurso. También señalan que la denegación de protección contaba con el criterio contrario de ACNUR.

La diferencia de esas denuncias y este caso en concreto es que a A.N. ni siquiera ha podido acudir a la cita dada por la Policía para los trámites de asilo. Es decir, a él no se le ha denegado, lo pidió, pero ni siquiera se ha tramitado.

Interior mantiene que todas las devoluciones se están haciendo tras estar denegado el asilo, pero en este caso, ni siquiera se ha esperado a ello.

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