El joven, que presentaba una herida con abundante sangrado, tuvo que recibir una primera asistencia sanitaria en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Otero y posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE).

Una reyerta de menores

Según las manifestaciones del propio afectado, la agresión se produjo durante un enfrentamiento en el que habría participado un grupo de menores, entre ellos varios jóvenes inmigrantes.

El apuñalado, que reside en un centro de acogida, habría sido agredido por otros menores que también formarían parte del grupo implicado en la reyerta.

Acudió por su propio pie al centro de salud

Uno de los aspectos que ha llamado la atención es que el menor consiguió desplazarse por sus propios medios hasta el SUAP de Otero después de lo ocurrido, pese a la lesión y al sangrado que presentaba.

Una vez allí, los sanitarios le prestaron una primera asistencia y, ante la herida por arma blanca, se decidió su traslado en ambulancia al Hospital Universitario para continuar con la atención médica.

En observación

El joven permanece en observación para comprobar su evolución y descartar que la lesión pueda derivar en algún tipo de complicación.

El menor pertenece a un recurso de acogida del SAMU. Según relatan testigos, su comportamiento y actitud tras llegar al centro sanitario hicieron sospechar que podría haber consumido algún tipo de sustancia, un hecho que, por el momento, no ha sido confirmado.

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Asimismo, también ha tratado el miedo, la incertidumbre y la percepción de inseguridad, junto con los retos y oportunidades para una convivencia positiva. Además, ha hecho espacio para todas aquellas necesidades y propuestas que Ceuta quiere y necesita.

La conversación ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, David de la Encina, la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco Valverde, y la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina Pavón.

Construcción de la Paz

Medina ha explicado que en el mes de enero ya visitó la ciudad para impartir una conferencia sobre su línea de investigación: la resolución de conflictos y herramientas de la psicología para la construcción de la paz.

“A raíz de la entrada masiva de personas en el que ocurrió a finales de julio, mi percepción conjuntamente con el colegio es que esto terminará, pero va a dejar mucho impacto en la ciudad y va a dejar una sociedad seguramente muy dividida y polarizada”, ha expresado el catedrático.

Asimismo, ha incidido en la necesidad que han percibido de crear una jornada tanto de diagnóstico de la situación actual como para hacer propuestas de hacia dónde avanzar y de “normalización”.

Objetivo de ‘Ceuta en común’

“La idea es entender cuál es la situación actual y establecer una agenda de temas y de iniciativas que podamos poner en marcha de cara a los próximos meses y a los próximos años”, ha explicado Medina.

A su vez, ha recalcado que “los datos que tenía el colegio es que ya había listas de espera en los profesionales de la psicología. Por lo tanto, a nivel de base ya se detectaba un problema de salud mental aquí”.

Asimismo, Medina ha asegurado que la entrada masiva de inmigrantes ha agravado la situación existente: “Se ve que hay mucho miedo, hay crisis de ansiedad, mucha gente tiene temor a salir a la calle o a hacer actividades con los niños”.

Los asistentes a esta mesa redonda deben quedarse, tal y como Medina ha explicado, con varios niveles.

En primer lugar, el impacto que ha tenido en las personas a nivel individual y en los distintos sistemas, es decir, “en la propia vida en la calle, en los colegios, en el sistema de salud, en los diferentes sistemas que tiene la ciudad y la sociedad”.

En segundo lugar, “la gente tiene que entender el impacto”, pero esta vez en la propia polarización y la cohesión en la ciudad: “Da la sensación de que estamos en una sociedad polarizada, pero a veces todavía yo no soy capaz de distinguir la polarización, porque puede haber múltiples polarizaciones entre el centro y la periferia, entre distintos barrios a la vez con distintas necesidades”.

“Entonces puede haber muchas y diferentes polarizaciones que habrá que entender y creo que es necesario establecer medidas para que eso se entienda, se detecten las necesidades y se aborde”, ha concluido Medina.

Convivencia y cohesión social

“Yo ahora mismo la percepción que tengo es únicamente de la zona centro. He llegado esta mañana y la única diferencia es que esto es una ciudad tomada militarmente, o sea, que te encuentras con mucha Policía Nacional y te encuentras con mucho ejército y eso es una diferencia con respecto a la anterior”, ha explicado Medina comparando ambas veces de este año que ha visitado la tierra caballa.

“Creo que la clave está en lo que está pasando en los barrios y también en lo que las minorías, y puede haber varias, perciben de la propia situación actual. Las situaciones de polarización, sobre todo en una sociedad como esta que es tan singular, es muy difícil identificar quién es el otro, porque el otro a veces es alguien que está aquí”, ha desarrollado Medina.

Asimismo, ha aclarado que “en estos casos es muy difícil saber quién es uno, quién es el otro, y yo puedo entender que esta situación lo que ha hecho ha sido simplificar el otro, y cualquier persona de la ciudad puede ser etiquetada como un adversario, como un enemigo, como alguien que ha venido a hacerte daño o como un invasor cuando lleva aquí, a lo mejor con su familia, 200 años”.

“Creo que el reto sería que vuelva a la situación de origen. Sabemos que esta sociedad va a ser singular, pero lo que no podemos es dejarla sin hacer nada. El tiempo en este tipo de fenómenos no va nunca a tu favor, lo único que hace es ralentizar los procesos y en algunos casos agudizarlos, pero la no intervención es algo que no se debería permitir”, ha finalizado el catedrático, Francisco José Medina Díaz.

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Los miembros de esta comunidad aseguran que la ONG Luna Blanca ha obstaculizado el desarrollo de las clases de los menores que acuden al centro por las tardes, al utilizar parte de sus dependencias para almacenar alimentos y material destinado a sus labores. 

Malestar de toda la comunidad

Miembors de la comunidad de la mezquita han trasladado a El Faro el malestar de los padres y madres de los alumnos, que han elaborado un escrito para hacer pública su denuncia y reclamar una solución.

Aunque los alimentos ya han sido retirados de las instalaciones, la asociación continúa teniendo presencia, algo que la comunidad considera incompatible con el uso educativo y religioso del espacio dados los últimos acontecimientos y el malestar creado.

“Luna blanca ha coaccionado”

“Luna Blanca ha coaccionado la entrada de los niños al colegio”, ha denunciado la comunidad de la mezquita Sidi Embarek y el colegio Abi al Hassan Acharri quien recuerda que los problemas se hicieron notables con el comienzo de las clases, el pasado 5 de octubre, un inicio que se vio obligado a retrasarse precisamente por esta situación.

Según su relato, la comunidad había permitido previamente que la asociación utilizara temporalmente parte de las dependencias para guardar alimentos, debido a las circunstancias que se estaban viviendo tras la invasión.

Sin embargo, sostiene que la situación se prolongó más de lo previsto y que tuvieron que insistir para que se retiraran los productos.

Una entrada al colegio obstaculizada

El miembro de la comunidad asegura que uno de los episodios más tensos se produjo coincidiendo con el inicio de las clases. Según denuncia, vehículos de reparto de Luna Blanca llegaron a estacionarse en plena entrada del colegio, dificultando el acceso de los menores.

“Los niños han empezado el colegio y han coaccionado la entrada”, han manifestado, quien asegura disponer de fotografías y vídeos que documentan lo sucedido.

El escrito elaborado por los padres y madres recoge también su preocupación por estos hechos. En él denuncian “esta coacción y vulneración del derecho a la educación” y describen una situación que califican de insostenible.

Un enfrentamiento verbal

Los miembros de la comunidad aseguran que se produjo un enfrentamiento verbal en la puerta del centro, que requirió la intervención de la Policía Nacional y la Policía Local.

Además, sostienen que los menores se vieron expuestos a un ambiente de tensión e intimidación que no debería producirse en un espacio destinado a su formación.

“Los niños tienen miedo de ir al colegio. Se está vulnerando su derecho fundamental a la educación”, recoge el comunicado. 

Reclaman que Luna Blanca busque otro espacio

La petición de la comunidad es clara: que Luna Blanca deje de utilizar las instalaciones del colegio y busque otro lugar desde el que desarrollar sus actividades de almacenamiento y reparto de alimentos.

Los afectados consideran que, al tratarse de una asociación que depende del Gobierno y recibe financiación pública, debería disponer de un almacén en otro punto de la ciudad, sin interferir en el funcionamiento de la mezquita ni del centro educativo.

“Nosotros queremos recuperar nuestras instalaciones. No se puede dividir el espacio, pertenece a la comunidad de la mezquita”, explica.

En este sentido, el comunicado insiste en que la mezquita no puede quedar bajo el control de una entidad o de una persona concreta, sino que debe conservar su carácter comunitario.

Los padres solicitan medidas

También recuerda que el colegio ofrece clases de árabe y formación en valores, respeto y convivencia a los menores que acuden por las tardes.

Los padres solicitan a las autoridades que adopten medidas para garantizar el acceso libre al centro y plantean incluso la presencia policial durante las entradas y salidas de los alumnos si fuera necesario.

La comunidad asegura estar especialmente dolida por lo sucedido y pide que se intervenga para evitar que vuelvan a repetirse situaciones similares.

El conflicto no está resuelto

Aunque los alimentos ya no permanecen en el colegio, sus integrantes consideran que el conflicto no está resuelto mientras Luna Blanca continúe operando en unas dependencias que forman parte de la comunidad de la mezquita y cuyo objetivo es la formación.

“La diferencia entre la comunidad y esta empresa es que nosotros protegemos a estos niños y le damos clases de árabe, conocimiento, respeto y la convivencia, mientras que ellos protegen sus subvenciones, ya no es sólo el paso, es generar un ambiente de intimidación, el miedo y la tensión y lo peor es que los niños lo ven y lo sufren, esta empresa sabe perfectamente qué hace, no es un error, ni un accidente”. 

“Para hacer un bien”

“Desde que se fue el profesor, historiador e imán Ahmed Liazid de Ceuta, esta ONG quiere abarcar todo Sidi Embarek: mezquita, colegio y el terreno aledaño, comprado por voluntarios y donado para la comunidad de Sidi Embarek para hacer un bien, no para ser aprovechado por una ONG, Luna Blanca, así que estamos dolidos”, ha compartido la comunidad.

“En el 2007 pusimos una denuncia por el tema de entorpecer la actividad. Tuvo lugar una agresión por parte de la ONG Luna Blanca a una de las aulas, fue una agresión a un aula del centro, causando espanto y terror a todos los menores, que no daban crédito a lo que sucedía, teniendo que intervenir otra vez la policía, alertada por algunas madres y padres que estaban esperando la salida de sus hijos”, han concluido.

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Tras ponerse en contacto directo con las profesionales afectadas para conocer de primera mano lo sucedido, la entidad colegial ha constatado que los hechos están protagonizados por un paciente que se encuentra ingresado.

Durante su estancia, el usuario ha mantenido un comportamiento altamente conflictivo, profiriendo insultos diarios a todo el personal, a otros pacientes y a los propios acompañantes.

El deterioro de la situación al que apunta el Colegio de Enfermería culminó en un intento de agresión física que requirió la intervención urgente de los vigilantes de seguridad del centro y de los efectivos de la Policía.

"No se adoptaron medidas preventivas o de contención efectivas"

A pesar de que los hechos habían sido puestos con anterioridad en conocimiento de la dirección del centro y de los responsables médicos por parte de la supervisión, "no se adoptaron medidas preventivas o de contención efectivas", según el órgano colegial.

"Ante las informaciones sesgadas y los rumores aparecidos en algunos medios" a los que alude el Colegio de Enfermería considera imprescindible aclarar que este incidente "no guarda relación alguna con la población migrante ni con la falta de presencia militar".

Se trata, por el contrario, según el órgano colegial, de un problema estricto de seguridad asistencial originado por la conducta hostil de un paciente reincidente.

El Colegio de Enfermería pone a disposición su servicio de asesoría jurídica

Asimismo, el Colegio de Enfermería ha puesto a disposición de ambas enfermeras los servicios de asesoramiento jurídico y soporte psicológico de la institución; del mismo modo, la Junta Colegial mantiene abierto su acompañamiento para cualquier necesidad futura.

Por último, el Colegio vuelve a alzar la voz para denunciar que la violencia verbal y física contra los profesionales sanitarios es absolutamente intolerable.

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La organización ha considerado inaceptable que la plantilla siga esperando soluciones mientras se discuten unas condiciones de participación que, según sostiene CSIF, ya habían sido acordadas.

Sustitución de las reuniones

CSIF ha recordado que, al sustituirse las anteriores reuniones de bolsa por la mesa negociadora, se acordó la asistencia del presidente y del secretario del comité de empresa, además de un representante por cada sindicato presente en dicho comité.

Ese acuerdo habría sido aprobado por todos los asistentes. La organización está recabando el acta para documentar su contenido y subraya que la asistencia por razón de un cargo del comité no debe confundirse automáticamente con puestos adicionales de representación sindical.

El artículo 45 del convenio establece, para la comisión que negocia la cobertura de plazas, igual número de miembros por sindicato representado en el comité de empresa y voto ponderado según su representatividad.

La fuerza electoral de cada organización se refleja en el peso del voto; no permite modificar unilateralmente las condiciones de participación acordadas.

Según ha denunciado CSIF, UGT y CCOO acudieron con tres personas cada una, mientras que CSIF y UNT asistieron con una por organización.

Ante la controversia sobre la composición, la empresa decidió levantarse de la mesa y no iniciar la reunión. Esa decisión fue empresarial; la crítica de CSIF se dirige a la actuación sindical que generó y mantuvo la discrepancia.

En su comunicado, CCOO ha reconocido que condicionó el inicio de la negociación a resolver previamente la composición de la mesa. Aunque niega una intención de bloqueo, el resultado es que los asuntos de la plantilla quedaron sin tratar. Afirmar que se quiere negociar no basta si no se contribuye a resolver una controversia que impide comenzar.

CSIF sostiene que esta discrepancia era conocida y exige a ambas centrales que dejen de trasladar sus consecuencias a los trabajadores.

“Si alguna organización pretende modificar el acuerdo, debe plantearlo por los cauces correspondientes y formalizar una solución. Lo que no puede hacerse es mantener toda la agenda laboral pendiente de una disputa de representación”, así lo ha expresado CSIF en su comunicado.

Entre los asuntos que quedaron sin abordar figuran la cobertura de plazas, los festivos de 2027, el descanso de doce horas entre jornadas, las instalaciones, los presupuestos y las ayudas sociales. Son cuestiones que afectan al empleo, al descanso y a la economía familiar, y “no pueden seguir relegadas”.

Especialmente preocupante es la situación de las ayudas sociales de 2025 y 2026, que siguen sin abonarse. Según la información trasladada a CSIF, su tramitación requiere completar la revisión de solicitudes y los pasos administrativos necesarios para incorporarlas a nómina.

Existe el riesgo de que tampoco puedan cobrarse en noviembre. Lo sucedido hoy no explica por sí solo todos los retrasos anteriores, pero controversias como esta añaden demoras cuando el margen para completar los trámites se reduce.

CSIF considera inadmisible que la plantilla y sus familias continúen esperando mientras sus representantes no resuelven las condiciones para sentarse a trabajar.

El sindicato ha exigido convocar inmediatamente al órgano encargado de revisar las ayudas, sin supeditar ese trabajo al desacuerdo sobre otras reuniones.

Asimismo, ha reclamado una nueva convocatoria urgente de la mesa, con los acuerdos previos y las condiciones de asistencia expresamente comunicados.

CSIF exige a UGT y CCOO que dejen de bloquear la negociación y permitan avanzar. “Los trabajadores no necesitan otra explicación sobre por qué no se ha negociado: necesitan acuerdos, mejoras y sus ayudas tramitadas a tiempo. Representarles obliga a poner esos objetivos por encima de cualquier disputa por los puestos en una mesa”, así lo ha expresado CSIF.

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El suceso se produjo en las proximidades de la gasolinera Carranza. El agente, que se encontraba fuera de servicio, recibió puñetazos en el rostro y patadas antes de que los presuntos autores huyeran en dirección a la zona del puerto. Habían querido robarle.

El propio agente colaboró con los funcionarios de la Policía Nacional que acudieron al lugar, facilitando información sobre las características de los individuos, lo que permitió orientar la búsqueda hacia distintos puntos próximos al lugar de los hechos.

Los agentes localizaron a dos adultos y un menor ocultos en las escaleras que comunican la rotonda de la avenida de España con la barriada Junta de Obras del Puerto.

Decisiones judiciales

La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión de los dos adultos implicados en el intento de atraco a este guardia civil que, aun estando fuera de servicio, se identificó como tal.

El menor que los acompañaba quedó a la espera de juicio. Todos son de los llegados a la ciudad con motivo de la entrada masiva del pasado 30 de julio. Este asalto fue abortado por el propio agente y la Policía Nacional.

Los delitos por los que ha estado investigado el menor son, además del intento de robo, un delito de atentado contra agente de la autoridad, lesiones y resistencia a los policías nacionales que intervinieron en esta detención.

Medidas aplicadas

De momento, sobre este caso se conoce solo la condena del menor que deberá cumplir medidas de vigilancia y control bajo supervisión del área de menores. En concreto, seis meses de libertad vigilada, un año de prohibición de aproximación al agente e indemnización de 200 euros.

Este suceso se enmarcó en la oleada de casos ocurridos este verano -y todavía hoy- de episodios asociados a la entrada masiva de inmigrantes.

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Así, en el asentamiento de inmigrantes del puerto y en el de Loma Colmenar, hay menores acogidos que están conviviendo con adultos bajo las mismas normas y sin ningún tipo de garantías que preserve la aplicación de las leyes específicas para quienes no han alcanzado la mayoría de edad.

La situación resulta especialmente preocupante porque estos jóvenes, que todavía no han alcanzado la mayoría de edad, permanecen en espacios donde se aplican las mismas normas para todos. 

Sin responsables y menores deambulando

No están integrados en los centros específicos de protección de menores y, según relatan a El Faro, tampoco cuentan con profesionales que se encarguen directamente de atender sus necesidades.

Y, por supuesto, el curso escolar o la formación que todo menor tiene derecho a recibir no ha empezado para ellos.

En el puerto, algunos de los adolescentes entrevistados aseguran tener 17 años, otro 14. Cuando se les pregunta dónde duermen señalan las instalaciones del asentamiento y reconocen que comparten espacios con personas adultas.

Además, también hay menores deambulando por las inmediaciones que no tienen pulsera y afirman seguir durmiendo en la calle. El Faro ha podido hablar hoy con uno de ellos que ha preferido no salir en cámara. 

Bajo las mismas normas

Los testimonios recogidos por este periódico describen una situación de convivencia en la que no existe una separación efectiva entre menores y mayores.

Los propios jóvenes reconocen que hay muchos adolescentes en el asentamiento y que también se encuentran en el campamento de Loma Colmenar. Todos son centros bajo control del Gobierno de España.

Uno de los menores que duerme en este asentamiento, en Loma Colmenar, explica que, si un menor llega después de las ocho de la tarde, debe dormir en la calle, como un adulto.

Una norma que, según su relato, se aplica sin tener en cuenta que se trata de adolescentes que deberían tener una protección en condición de menor.

Falta de espacios

La falta de espacios diferenciados y de personal encargado de supervisar a estos jóvenes se suma a las dificultades comunicación, ya que varios de ellos apenas hablan español.

“Estamos atrapados aquí, queremos ir al centro de la ciudad, no queremos quedarnos aquí porque hay gentes mayores que nosotros, queremos aprender el idioma, queremos muchas cosas”, han transmitido a El Faro a través de un mensaje de WhatsApp tras mantener una conversación en persona con ellos a las puertas del asentamiento del puerto.

Dentro del asentamiento viven como un adulto más. No están filiados, por lo que quedan en un limbo a la hora de concretarse oficialmente que son menores. Tienen la pulsera de formar parte de ese campamento, pero no se encuentran en los centros de menores.

Relatan que cada día que pasa se les promete que su situación administrativa comenzará a regularse, pero pasan las semanas y no se materializa.

Y aquí siguen, en Loma Colmenar, conviviendo con adultos, al igual que en el puerto. 

26 menores en Loma Colmenar, unos 32 en el puerto

Según datos a los que ha tenido acceso El Faro, en Loma Colmenar habría 26 menores, en un principio eran 88. En el puerto habría una cifra estimada de 32 menores.

En ambos espacios se repetiría el mismo escenario: adolescentes alojados junto a adultos, sin una separación específica y pendientes de que se regularice su situación.

Están en los campamentos que han sido habilitados como recursos temporales por el Gobierno de España.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que aseguran que no han sido filiados. Es decir, permanecen en el asentamiento sin que, según relatan, se haya completado el procedimiento para recoger oficialmente sus datos y su condición de menores.

Disponen de pulsera

Disponen de una pulsera que los identifica como residentes del campamento, pero no cuentan con documentación que, según manifiestan, les permita avanzar hacia su incorporación al sistema de protección.

Uno de los jóvenes relata que, cuando llegó, le comunicaron que en aproximadamente siete días sería trasladado a un centro para completar los trámites. Sin embargo, asegura que han transcurrido semanas y continúa en el mismo lugar.

“Todos los días me dicen que mañana”

“Todos los días me dicen que mañana voy al centro a filiar, pero nada”, explica un menor que convive con adultos en Loma Colmenar a través de otro compañero que ayuda con la traducción.

Los adolescentes siguen esperando una respuesta que les permita salir de los campamentos y acceder a los recursos que correspondan a su edad.

Mientras tanto, continúan viviendo como un adulto más, sometidos a las mismas condiciones y normas, en una situación administrativa que, según denuncian, permanece estancada.

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La magistrada titular de la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 1 de Ceuta dejó el procedimiento visto para sentencia tras la celebración de la vista oral.

El acusado no compareció en el juicio, pese a haber sido citado legalmente, por lo que el Ministerio Fiscal solicitó que la vista se celebrara en su ausencia. La petición fue atendida y el procedimiento continuó con la práctica de la prueba testifical.

Durante la sesión declararon agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que intervinieron en los hechos. Según explicó uno de los policías locales, recibieron un aviso de la Policía Nacional, que tenía a una persona detenida por haber sido sorprendida presuntamente conduciendo sin carné.

Los agentes acudieron para realizarle las pruebas de alcohol y drogas, pero, según su testimonio, el hombre se negó reiteradamente a someterse a ellas, pese a que se lo solicitaron hasta en tres ocasiones.

Una intervención en la barriada Juan Carlos I

Por su parte, un agente de la Policía Nacional relató que se dirigían a atender un servicio comisionado por la sala cuando circulaban en motocicleta por la zona de Juan Carlos I.

Según explicó, reconocieron al hombre porque ya habían protagonizado varias intervenciones con él. Al percatarse de la presencia policial, habría intentado esquivarlos, aunque finalmente consiguieron interceptarlo y detenerlo.

El mismo agente indicó que, durante el cacheo, encontraron al hombre pequeñas cantidades de hachís y cocaína. Según su apreciación, la cantidad intervenida podría estar destinada al consumo propio.

Este hallazgo fue relatado durante el juicio por el policía, aunque el objeto principal de la vista era la presunta conducción sin permiso y la negativa a realizar las pruebas.

Fiscalía y Defensa mantienen posturas enfrentadas

Una vez practicada la prueba testifical, la representante del Ministerio Fiscal mantuvo su escrito de acusación y solicitó una pena de hasta dos años de prisión.

Además, interesó que, en caso de recaer una condena, la pena se cumpliera en prisión, al señalar que el acusado cuenta con antecedentes penales por hechos de la misma naturaleza.

La Defensa solicitó la libre absolución de su representado. Su argumento principal fue que, a su juicio, durante el juicio no quedó acreditado que el acusado fuera quien conducía la motocicleta en el momento de los hechos, por lo que cuestionó uno de los elementos fundamentales de la acusación.

Con las posiciones de ambas partes expuestas y la prueba testifical practicada, el procedimiento quedó visto para sentencia, a la espera de que la magistrada resuelva sobre la responsabilidad penal del acusado.

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La resolución confirma lo que el PP sostuvo desde el primer momento: su candidatura cumple la ley. El PSOE quiso presentar como una simple "consulta" un escrito que solicitaba que se declarase la inelegibilidad de nuestros candidatos. La Junta Electoral ha rechazado esa pretensión, reiteran los populares.

A juicio del PP, el PSOE no buscaba aclarar ninguna duda: "Intentó apartar al Partido Popular de las elecciones del 29 de noviembre por la vía de los despachos. Una maniobra grave, que no ha prosperado y que retrata una forma de entender la política: cuando no pueden rebatir al adversario ante los ciudadanos, tratan de excluirlo".

El PSOE pretende "embarrar el terreno de juego" para evitar dar explicaciones sobre la "falta de recuperación" de la normalidad

Desde el PP de Ceuta no van a dejar que esta operación tape lo que de verdad importa. El PSOE pretende "embarrar el terreno de juego" para evitar explicaciones sobre la "falta de recuperación" de la normalidad, tres meses después de la "negligente" gestión de la crisis de los días 30 y 31 de julio. "Y sigue sin asumir una sola responsabilidad política", espetan los populares.

Tampoco quiere hablar de los problemas que afectan a los ceutíes ni del balance del Gobierno de Pedro Sánchez: la protección de nuestras fronteras, las conexiones y las infraestructuras de transporte, la vivienda, el deterioro de los servicios públicos, la corrupción que rodea a su Gobierno y la utilización partidista de las instituciones, enumera el PP en nota de prensa.

"Ese es el balance que el PSOE intenta tapar con ruido y maniobras. Su denuncia ante la Junta Electoral no ha prosperado: la candidatura del Partido Popular está validada y los ceutíes podrán decidir libremente en las urnas", insisten desde el PP.

"Nosotros seguiremos hablando de lo que preocupa a Ceuta y de las soluciones que necesita. El 29 de noviembre, los ceutíes podrán elegir libremente entre continuar con este Gobierno o abrir una nueva etapa para España y para nuestra ciudad", concluyen los populares en su comunicado.

Cristina Díaz, Abdelhakim Abdeselam y Gonzalo Chamorro asisten al Comité Ejecutivo Nacional del PP

Cristina Díaz y Abdelhakim Abdeselam, candidatos al Senado por el Partido Popular de Ceuta, y Gonzalo Torrado Chamorro, suplente, han asistido este lunes al Comité Ejecutivo Nacional del PP, celebrado en Madrid.

Durante su intervención, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que España necesita "rigor, criterio y capacidad de gestión", y ha llamado a todo el partido a trabajar por la reconstrucción del país. "Mi objetivo no es destruir al rival; mi objetivo es la reconstrucción nacional", ha afirmado.

Feijóo también ha trasladado su apoyo a las víctimas del accidente de Urda, a sus familias y a los trabajadores ferroviarios, y ha reclamado que se conozca toda la información sobre lo ocurrido. Ha pedido una política con responsabilidad y respeto a los ciudadanos, y ha asegurado que los españoles merecen un Gobierno a la altura de sus necesidades.

Desde el PP de Ceuta comparten esa forma de entender la política: con seriedad, trabajo y compromiso con las personas. "Nuestra ciudad necesita que sus problemas se atiendan y que Ceuta cuente en las decisiones del Gobierno de España", sostienen los populares.

El Partido Popular de Ceuta afronta con ilusión y responsabilidad la cita electoral del próximo 29 de noviembre. "Somos un partido unido, con ganas de ganar y con un proyecto para trabajar por Ceuta y por España", subraya el PP.

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Lo hicieron bordeando el espigón, a nado o incluso a la carrera. Fue un ataque a la integridad territorial de todo un país mediante el cruce por Ceuta. Una merma directa de la seguridad nacional.

La asociación, conformada por varios abogados de nuestra ciudad, ha pedido oficialmente que ese decreto se saque del cajón, se ponga en práctica, para que así puedan efectuarse “expulsiones de forma sumaria”.

Con ese decreto se pretendía acortar procedimientos y acelerar las expulsiones, así como facilitar los retornos de los marroquíes llegados a Ceuta. Ese documento quedó frenado bajo la excusa de dudas jurídicas que debían ser solventadas. Nunca se llevó a Consejo de Ministros, al mismo en el que había sido anunciado para su aprobación.

El decreto ley del que nada ya se habla

Ese real decreto-ley con la que el Gobierno pretendía agilizar las expulsiones de inmigrantes preveía un endurecimiento de las condiciones de acceso al procedimiento de asilo y limita el derecho de permanencia en España de determinados solicitantes de protección internacional.

Tendría efectos sobre expedientes aún sin resolver desde el pasado 30 de julio, cuando comenzó la crisis de Ceuta.

Reduce los tiempos para recurrir resoluciones desfavorables y establece excepciones al derecho de permanencia mientras se mantenga la situación de interés para la seguridad nacional declarada en la ciudad autónoma, en vigor hasta el 31 de diciembre.

Medidas extraordinarias

Ese decreto recogía varias medidas extraordinarias que afectan no solo al proceso administrativo, sino también a la fase judicial de los expedientes de protección internacional de migrantes.

Contempla la inadmisión de solicitudes de protección internacional presentadas más de siete días hábiles después de la notificación de una orden de devolución, expulsión o denegación de entrada, salvo que existan nuevas circunstancias relevantes para su evaluación.

Prevé también la pérdida del derecho de permanencia para los inmigrantes que sean considerados un peligro para el orden público o la seguridad nacional, para quienes presenten una segunda solicitud de asilo o para aquellos que formulen nuevas peticiones con el objetivo de retrasar una expulsión. En algunos de estos supuestos, la pérdida del derecho se produciría de forma automática.

"El principio de no devolución no podrá ser invocado" en determinados casos relacionados con la seguridad nacional, el orden público o cuando existan resoluciones judiciales firmes desfavorables.

Lo que pide la asociación Salvemos Ceuta

En septiembre de este año, el Ministerio del Interior asumía el impulso de poner en marcha dicho decreto a modo de nueva regulación aplicada a una situación extraordinaria.

La asociación Salvemos Ceuta reclama que se aplique el reglamento europeo, teniendo como referencia que Marruecos es un país seguro.

Hay tres pilares básicos por los que pelea la asociación. El primero lograr que el anunciado refuerzo de la frontera tanto personal como material se lleve a cabo para que no vuelva a suceder el mismo problema. Que sea una infraestructura que no solo garantice la seguridad de Ceuta, sino que sirva para mandar un mensaje al otro lado, a Marruecos.

Otro de los puntos por los que pelea Salvemos Ceuta es la cuestión de los expedientes de expulsión, ante la lentitud de estos trámites.

Y por último, figura su personación en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer lo ocurrido en la entrada masiva, en una instrucción que lleva la jueza María Tardón.

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