• El Gobierno da por cumplidos gran parte de los mismos y en la reunión estará la consejera de Presidencia, Mabel Deu

El Gobierno da por cumplidos gran parte de los acuerdos alcanzados en enero pasado en la Conferencia de Presidentes y cree que los resultados de estos seis meses de esfuerzo conjunto con las comunidades autónomas son buenos y que han trabajado de forma coordinada y eficaz. Ese es el balance que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, presentará hoy a los consejeros de Presidencia, en el marco del comité preparatorio, de impulso y de seguimiento de la Conferencia de Presidentes. Por parte de nuestra ciudad estará la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mabel Deu. Justo seis meses después de que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, se reuniera todo el día en el Senado con los presidentes de las comunidades -Cataluña y el País Vasco no acudieron- y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Sáenz de Santamaría presidirá hoy un encuentro para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos. Fuentes del Gobierno han asegurado que los resultados pueden considerarse “buenos”, con un elevado nivel de cumplimiento de los acuerdos. Son resultados compartidos fruto de un esfuerzo conjunto y de la “excelente” disposición de las administraciones autonómicas y también locales, para hacer posibles los avances obtenidos, dicen. De hecho, el Ejecutivo da por satisfechos gran parte de los once pactos principales que se alcanzaron el 17 de enero, como el de crear grupos de expertos para estudiar las financiaciones autonómica y local o la situación de la dependencia. También se ha materializado el compromiso de reformar el reglamento de la Conferencia, con un nuevo texto, publicado en el BOE el 23 de marzo, que establece la novedad de elaborar un informe anual sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones. No obstante, y como muestra de la “voluntad de colaboración” que inspiró la Conferencia, cumplidos los primeros seis meses desde su celebración, hoy se presentará un análisis preliminar de seguimiento de las principales actuaciones realizadas en este periodo. Análisis que se elaboró a iniciativa de la Secretaria Permanente de la Conferencia de Presidentes y que fue remitido a las comunidades para que efectuaran las aportaciones que considerasen oportunas, que el Gobierno ha tomado en consideración en la redacción final, en la que se destaca también “el talante negociador y el espíritu colaborativo” de las autonomías.

Celeridad en la solución de muchos de los acuerdos

En aquellos compromisos para los que no se fijaron plazos, el informe subraya “la celeridad” con las que se han creado, constituido o reunido los órganos necesarios para su puesta en marcha o para el progreso de los acuerdos. Ya se han cumplido los acuerdos relativos a protección civil, con la constitución el 29 de marzo del Consejo Nacional y una reunión en mayo de su comisión permanente, y de violencia de género y educación, con la celebración de sendos debates monográficos en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado el 9 y 27 de marzo. También se da por realizado el compromiso de aumentar la participación de las comunidades en los asuntos de la UE, o el de crear un grupo de trabajo para la tarjeta social. Los acuerdos sobre políticas activas y empleo público registran “un elevado nivel de cumplimiento y unos resultados tangibles”, asegura el informe, que pone como aval el aumento de las tasas de reposición, que ha propiciado la mayor convocatoria de empleo público desde 2008, con casi 30.000 efectivos, y el avance hacia la estabilización de los interinos. De igual manera, el documento señala que el problema demográfico ya forma parte de la agenda política de las comunidades y del Gobierno, que creó la figura del Comisionado frente al reto demográfico, que trabaja en la estrategia encomendada. Tal y como se acordó, se ha abierto además a las comunidades la participación en el desarrollo reglamentario que actualmente se está tramitando para la protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica respecto al bono social eléctrico.