Uno mira el orden del día del pleno de hoy y parece que no ha ocurrido nada en esta ciudad durante el último mes. Se tratarán asuntos como algunas contrataciones públicas, la promoción de la lectura, de arrecifes, de autobuses urbanos o de becas y artistas locales…

 

Una treintena de imputados, dos diputadas y consejeras dimitidas, un diputado en libertad con cargos, viajes apresurados a Madrid, plenos suspendidos y ni un solo eco en la Asamblea de Ceuta. Nadie quería dar ocasión para hablar del tema que, al parecer, se ha convertido en tabú.

 

Bueno, uno: Ciudadanos lleva una propuesta mediante la que pretende que el Reglamento de la Asamblea, al hilo de la política nacional y de la actualidad local, recoja alguna línea roja que determine la pérdida de la condición de diputado –o al menos su suspensión- cuando, por delitos de corrupción, alguno de sus miembros se viera –escojan Uds.- bien imputado, bien procesado, bien acusado… Era más el interés que teníamos en encontrar el punto de consenso que en fijar, en pleno debate, dónde poner la línea y sus efectos. La Asamblea tenía que pronunciarse sobre la corrupción política, no cuando los hechos ocurren en otras esquinas, sino cuando le toca a ella.

 

Un portavoz nos ha llamado “cobardes” –los valientes son ellos-, y otro “oportunistas”. Y los dos han coincidido en el mensaje dirigido a este pequeño partido tan escaso de diputados: “Cállese” ha dicho el segundo y “Que te calles” el primero. Expresiones ambas, además, de un hondo sentimiento democrático y de respeto a los que modestamente representamos al pueblo de Ceuta. Aquí, al parecer, sólo hablan ELLOS.

 

Tanto, que alguno ha dado todo tipo de explicaciones –sin límite de tiempo- aunque nadie se las haya pedido. Excusatio non petita… decían los antiguos.

 

Respetamos la presunción de inocencia de los imputados más de lo que lo hacen los que, sin corresponderles, proclaman ya su inocencia. Juegan a ser dioses cuando no son ni jueces. Ellos ya les han juzgado. Amén.

 

Y ni jurados de honor, ni linchamientos, ni tribunales de la Inquisición. Son los jueces, no los corrillos de barrio, los que califican a un ciudadano como imputado o procesado, o como acusado. Y, finalmente, los que te declaran culpable o, como dicen los entendidos, no culpable. Porque, insisto, a los maestros, con una mera acusación por abuso de menores, se les separa de sus alumnos. Y se cierra el restaurante simplemente con la sospecha de intoxicar a sus clientes. Los políticos, cuando un juez los deja libres con cargos, pueden seguir manejando documentación reservada y teniendo acceso a funcionarios y despachos.

El Reglamento de la Asamblea ni siquiera va a suspender a sus diputados, ya estén imputados o acusados y ya lo sean por los más graves delitos. Por lo visto, dicen los juristas de los que disponemos, no se puede.

 

Y eso que ya lo hace: prevé la suspensión de funciones a los diputados por hasta dos meses. Eso sí, por mal comportamiento.