Siempre en cuestión la hucha de las pensiones, o mejor dicho, en peligro en manos de pirómanos del dinero público; y lo que es peor, a sabiendas de que la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo es Celia Villalobos, consumada jugadora del Candy Crush mientras la Administración Pública le paga su extraordinario, por poco frecuente, salario de política incombustible. Es de temer que nada bueno, o al menos concienzudamente elaborado, salga de esa comisión.

El modelo español de pensiones públicas es distributivo, es decir, entre todos los trabajadores actuales se pagan las pensiones de ahora, y los números rojos indican que las cotizaciones de los trabajadores no son suficientes para pagar a los que en este momento reciben esas pensiones; por lo que es necesario o la disminución de las mismas, o el aumento de ingresos de la partida destinada a este gasto. Es decir, o cotizamos más durante más tiempo, o aumentamos los impuestos y destinamos lo recaudado a tal fin, o disminuye el importe de las pensiones, o abandonamos a la gente a su suerte mercantilizando las pensiones y que cada uno se las apañe. Postura última que parece apoyar el Gobierno, todo un retrato de la sociedad.

Existe otra vía nada explotada. Hay ciertas partidas presupuestarias que deberían ser intocables: educación, sanidad, salarios públicos, seguridad, pensiones… Y otras tantas que deberían desaparecer íntegramente antes que menguar cualquiera de las anteriores: subvenciones a partidos políticos, sindicatos, prebendas a cualquier tipo de entretenimiento y espectáculo, a las televisiones; y, cómo no, elaborar una ley de responsabilidades políticas donde el despilfarro sea perseguido por la justicia: nada de aeropuertos fantasmas, proyectos faraónicos, coches oficiales, líneas de AVE deficitarias, retratos de lujo, la utilización de recursos públicos para actos de partido, etc.

Gobernar es cuestión de prioridades que fotografían a quien ejerce el gobierno, y la pasividad ante esa lista de preferencias, dibujan a la sociedad. Si el Gobierno elige dar una cantidad de dinero público a los sindicatos, por ejemplo, para que desaparezca como producto inflamable en una pira, lo está sustrayendo del aumento de pensiones a los más débiles… y así, caso tras caso, llegamos a la aparente conclusión de que el Gobierno toma decisiones para sostenerse en el poder, y no por el interés general de los ciudadanos.

El silencio de la mayoría de los actores sociales obedece a cierto bienestar de esas instituciones que, de una forma u otra, en su mayoría son remuneradas. Y aunque la paz social debe ser una prioridad para cualquier gobierno, esta no debe alcanzarse apagando fuegos con la manguera del dinero público, sino evitando actuar como pirómano con ese dinero público.

El hablar de “esfuerzos presupuestarios” para la subida del 0,25% en las pensiones, cuando se derrocha a manos abiertas en muchas otras partidas presupuestarias, no deja de ser un agravio grosero, fundamentalmente a nuestros mayores, que cansados de haberlo dado todo, apenas les queda aliento con el que gritar, y mucho menos, dinero con el que pagar.