Añade que hay una “alta probabilidad” de que se transformen en operativas y lleven a cabo un ataque terrorista, bien de manera autónoma o como parte de planes del Daesh

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se muestra preocupada por el “aumento significativo” del número de menciones a España en la propaganda yihadista, un tipo de terrorismo que ha desbancado al de ETA por primera vez en este tribunal especial, según la Memoria de la Fiscalía de 2015.

El apartado dedicado a la Audiencia Nacional dedica mucho espacio al terrorismo yihadista, cuyas causas abiertas en 2015 (179) han crecido un 69 % en relación con las iniciadas en 2014, hasta el punto de que, destaca la memoria, “por primera vez las investigaciones por terrorismo yihadista superan con creces a las iniciadas en relación con la organización terrorista ETA y su entorno”.

El terrorismo representa el 40 % de los casos abiertos en la Audiencia Nacional en 2015, con 331 nuevas diligencias sobre estos delitos (19 más que el año anterior) de un total de 808 nuevas causas abiertas en el tribunal.

La memoria atribuye este aumento al incremento de la actividad de investigación ante la irrupción del Estado Islámico en el panorama del terrorismo internacional.

Dentro de su análisis de este fenómeno, la Fiscalía muestra su preocupación por las menciones a España en la propaganda yihadista, sobre todo en una campaña lanzada por el Estado Islámico contra los gobiernos de los países del Magreb, donde se menciona el territorio de “Al Andalus” o incluso ciertas ciudades españolas como objetivo.

De hecho, se alerta de la existencia dentro de la estructura de Dáesh de un grupo llamado “Al Andalus” que tendría como objetivo específico ataques en España, uno de cuyos miembros fue detenido en Polonia cuando iba a volver para atentar.

La principal amenaza yihadista, explica la memoria, proviene de los llamados FTF españoles (“foreign fighters” o combatientes extranjeros) que han regresado a España de combatir en territorios como Siria o Irak.

En total, se han identificado unas 150 personas que se han desplazado desde España a esos países, de los que aproximadamente 25 han fallecido allí. Se han identificado más de una veintena de individuos retornados y la mayor parte están investigados o en prisión preventiva.

También preocupa la presencia de estructuras logísticas, principalmente en Madrid, Cataluña, Ceuta y Melilla, para captar combatientes, ya que hay una “alta probabilidad” de que se transformen en operativas y lleven a cabo un ataque terrorista, bien de manera autónoma o como parte de planes del Daesh.

Otro de los fenómenos que inquieta es la consolidación del Estado Islámico en distintos países del Magreb, donde esta organización y Al Qaeda pugnan por el poder en el Norte de África, así como su asentamiento en Libia.

La Fiscalía destaca que estas son investigaciones complejas, tanto porque se trata de delitos de riesgo, se ejecutan por internet y además requieren de testigos protegidos, confidentes o agentes encubiertos virtuales.

Por ello, cree “absolutamente necesario” aumentar “a la mayor urgencia” los efectivos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para disponer de más fiscales especializados en la investigación de estos crímenes.

Según la memoria, en 2015, se detuvo a 207 personas por delitos de terrorismo: 94 por terrorismo yihadista, 69 por terrorismo de ETA y su entorno, 33 por terrorismo anarquista y 11 por “terrorismo independentista radical”.

En cuanto al etarra, la Fiscalía destaca que nada indica que ETA vaya a retornar a las acciones armadas, pero tampoco que se vaya a disolver pronto, sino que pretende “perpetuarse como un agente político” mientras mantiene sus estructuras clandestinas en Francia.

Finalmente se refiere al terrorismo anarquista, representado por los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), cuya capacidad operativa se ha mermado en España gracias a las operaciones policiales contra él.

La Audiencia Nacional también lleva los casos relacionados con el crimen organizado a escala internacional, en particular la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de personas, que se han ido incrementando en los últimos años.

La investigación de la criminalidad socioeconómica es otra de las competencias que está experimentado un importante crecimiento de asuntos.

La cifra de diligencias previas incoadas de estos últimos delitos ascienden a 95, lo que supone el 11,7% de la cifra total de las iniciadas por los órganos judiciales de la Audiencia Nacional (95 de 808), aunque otras las investiga la Fiscalía Anticorrupción.